Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

A mediados del año pasado, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo desató una sádica campaña mediática en contra de Periodismo Sin Fronteras, principalmente contra Eduardo Mackenzie y contra mí, debido a una serie de artículos que publicamos alertando sobre las oscuras maniobras de este “Colectivo” en los casos de Mapiripán, Palacio de Justicia, y otros donde estos abogados, en clara complicidad con miembros de la Fiscalía y jueces, montaban falsos testigos y fabricaban pruebas contra miembros del ejército de Colombia.

Lo que hizo el Colectivo Alvear Restrepo para vengarse, fue valerse de todas las ONG y medios de comunicación amigos suyos, para repicar por toda la red que Periodismo Sin Fronteras era un portal de ultraderecha, amigo de paramilitares y financiado por miembros del ejército. Mentiras descabelladas y fácilmente destruidas por quien desee comprobar nuestras ínfimas –casi inexistentes- finanzas. A lo sumo hemos recibido cerca de 20 dólares en donaciones en toda nuestra existencia.

No contentos con esto, el Colectivo acudió a la poderosa FIDH –Federación Internacional de Derechos Humanos- (una ONG francesa cuya subsidiaria en Colombia es el Colectivo Alvear Restrepo) tratando de darnos el puntillazo final, para lo cual buscó la alianza del presidente Juan Manuel Santos en contra nuestra; algo sencillo porque desde antes de su posesión, periodismosinfronteras.com ha mostrado su desacuerdo con la mayoría de las decisiones de Santos en torno al manejo de la seguridad nacional.

El asunto es que, el 23 de septiembre de 2010, la tunecina Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, le escribió una carta al presidente Juan Manuel Santos acusándonos – a Mackenzie y a mí-  de estar organizando, en unión con “inteligencia militar”, un atentado terrorista en contra de los miembros del Colectivo Alvear Restrepo.

La carta dice, entre otros apartes que: “Quisiéramos recordarle la imprescindible labor que ha realizado el CAJAR en la defensa de los derechos humanos en Colombia y en la lucha contra la impunidad en sus treinta años de existencia. Su rol fue vital en casos como el de la masacre de Mapiripán”.

Luego, uniendo ese “rol vital” en los casos de Mapiripán (y otros), donde ya se hicieron evidentes los delitos del Colectivo, la FIDH le dice al presidente Santos que “el CAJAR recibió de una fuente fidedigna información sobre los preparativos de un atentado contra la vida de un abogado del CAJAR. Según la fuente, estaría involucrada la inteligencia militar”.

Y sin vergüenza alguna nos involucra como parte del complot: “nos preocupa la campaña en curso de difamación contra el CAJAR y la FIDH, a través entre otras de informaciones calumniosas publicadas por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo en el sitio de internet “Periodismo sin Fronteras”, afirmaciones expresamente dirigidas al CAJAR, al igual que a nuestra propia organización, la FIDH. (…)Le solicitamos que su gobierno tome las medidas necesarias para proteger al CAJAR y a sus integrantes contra un eventual atentado”

Y, para hablar del supuesto atentado terrorista planeado por Mackenzie y yo en su contra, con la ayuda de la inteligencia militar, le solicita una reunión urgente entre los miembros del CAJAR y la presidencia de Colombia.

Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, casa Matriz del Colectivo Alvear Restrepo

Ignoramos si tal reunión se llevó a cabo, pero de inmediato le enviamos también una carta al presidente Santos donde le mencionamos que no existe ni una sola denuncia de la FIDH ni del Colectivo contra las atrocidades de las FARC, el ELN y otros terroristas, lo que desvirtúa su afirmación de que rechazan “todo tipo de violencia”.

Acto seguido le hicimos al presidente Santos un recuento de la obvia complicidad de la FIDH con los cobardes asesinatos cometidos por las FARC; por ejemplo el del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y manifestamos que ninguno de los grupos pertenecientes a la FIDH –como el CAJAR- condenó a las FARC. Al contrario, descargaron toda la responsabilidad en el gobierno de Álvaro Uribe.

Le hicimos notar que ni la FIDH, ni el Colectivo condenaron los viles secuestros y asesinatos de los líderes negros de Curvaradó, Chocó: Manuel Moya, Graciano Blandón, y el hijo de éste último. Y mucho menos se manifestaron ante los asesinatos de más de 10 líderes comunitarios que se atrevieron a acusar al cura Giraldo y a Gloria Cuartas por varias masacres cometidas en el Urabá. ¡Cómo iban a decir algo, si el cura y la Cuartas son de la misma camarilla..!

Pero la FIDH sí lamentó la muerte del terrorista Raúl Reyes, a la cual calificó como “un crimen internacional”.

También le recordamos al presidente Santos que la FIDH, casa matriz del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, fue la que montó una terrible campaña de infamia contra Álvaro Uribe Vélez, acusándolo en 2002 –antes de su primera elección como presidente- de ser el “candidato de los paramilitares”, y de tener vínculos con los narcotraficantes.

Le mencionamos que la FIDH organizó en Francia, en marzo de 2002, una gran jornada “académica” donde los conferencistas mostraron a Colombia como una empresa criminal, y a las FARC y el ELN como personas respetuosas de los derechos de los civiles, grupos rebeldes víctimas de los paramilitares.

Miembros de la FIDH

Evidentemente, la FIDH y su entidad satélite, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo han hecho lo imposible para que en Europa prospere la acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el tema de las chuzadas.

Y le comentamos varios casos más cerrando nuestra carta así:

“Nosotros seguiremos observando y glosando a la FIDH y a su “colectivo de abogados” mientras sigan aplicando su política de traición al Derecho y a los Derechos Humanos, de connivencia con los violentos y, al mismo tiempo, de feroz sectarismo contra gobiernos y sociedades democráticas que no capitulan ante las sirenas utópicas de la sociedad igualitaria y del socialismo del siglo XXI. Muy cordialmente, Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo”

No fue sorpresa la respuesta recibida desde la presidencia, el 28 de diciembre de 2010:

En un claro respaldo a la FIDH y al Colectivo Alvear Restrepo, con instrucciones del presidente Santos, el Director del Programa presidencial de DD.HH y DIH, Dr. Hernán Ulloa, nos dice tajantemente  “El Gobierno Nacional ha solicitado un respeto hacia todas las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos que trabajan por el fortalecimiento de la democracia, evitando cualquier tipo de estigmatización o señalamiento en su contra”

En otras palabras, el gobierno nacional nos exigió no volver a denunciar ni a la FIDH ni a su subsidiaria, el Colectivo de

Luis Guillermo Pérez, de Colectivo Alvear Restrepo, Astrid Betancourt y Armand Burguet, del FICIB

Abogados José Alvear Restrepo.

Como evidentemente no le hicimos caso al presidente Santos, en junio de 2011, pocas horas después de que denunciáramos la suplantación por parte de la Fiscalía del único testigo en contra del coronel Plazas Vega, cuyo testimonio –obviamente falso- sirvió para que el oficial fuera condenado a 30 años de prisión, el presidente Santos lanzó un fiero ataque contra los periodistas independientes que nos hemos dedicado a decir la verdad sobre los asuntos que quiere ocultar el gobierno, y sobre los delitos de los defendidos por Santos, como es el caso del Colectivo Alvear Restrepo, la FIDH y otros.

Por un lado, el presidente Santos exigió no señalar a estas ONG violadoras de Derechos Humanos, y por el otro acusó a quienes le desobedecimos, de ser una “mano negra de la extrema derecha”. Nos comparó sin más con las FARC.

Hoy, luego de que se confirmaran nuestras denuncias contra el Colectivo Alvear Restrepo –denuncias que han hecho varios otros periodistas independientes desde otras trincheras- el gobierno le vuelve a dar un espaldarazo a esta ONG que ha quedado descubierta como autora de un rosario de delitos que se agravan porque utilizan a las víctimas como mercancía de desecho.

El Colectivo Alvear Restrepo, supuesta ONG defensora de Derechos Humanos, es totalmente lo contrario, un grupo de violadores de Derechos Humanos auspiciados y dirigidos por la FIDH, que se burlan del dolor de las verdaderas víctimas, que suplantan otras, y que atracan el erario con sus inhumanos montajes.

Al gobierno nacional, con Germán Vargas Lleras como vocero, le parece “satisfactorio” que el Colectivo de bribones regrese parte del multimillonario botín y que reconozca que “se cometieron equivocaciones”.

¿Se cometieron “equivocaciones”..?

¡Por Dios..! ¡Si el Colectivo incurrió en una serie de crímenes que pueden ir desde concierto para delinquir, falsedad procesal, estafa, hasta traición a la patria…!

Y el gobierno de Juan Manuel Santos, por medio de Germán Vargas Lleras, denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por haber recibido dineros de narcotráfico en su campaña política, sale con la babosada cómplice de que le parece “satisfactorio” que el Colectivo regrese parte del dinero que le sustrajeron a la nación.

Por haberse robado una bolsa de leche para alimentar a sus hijos, hay muchísimas mujeres cumpliendo penas de años en las cárceles del país.

Lamentamos tener que denunciar de nuevo estas barbaridades. Asumimos el riesgo de que el presidente Juan Manuel Santos vuelva a acusarnos de pertenecer a una “mano negra” de conjuradores, comparables en crueldad a los terroristas de las FARC.

Fernando Londoño Hoyos

Por Fernando Londoño Hoyos

Octubre 19 de 2011

El Mayor Ordóñez fue durante los años de su Escuela Militar modelo de estudiante, por lo que pudo graduarse con los mayores honores que sus superiores le podían dispensar. Y por sus altas calidades de soldado, de oficial sin tacha y de enamorado de su Ejército, fue ascendiendo entre la admiración de sus compañeros, sus superiores y sus subalternos.

No puede extrañar, a quien conozca siquiera un poco de la vida militar, que con los honores y las responsabilidades llegaron los desafíos académicos y las duras pruebas de los cursos de combate. Mi Mayor fue graduado como contraguerrillero, luego como paracaidista y enseguida como Lancero, que es la crema de nuestro Ejército. Más adelante fue seleccionado para el curso de Comandos y distinguido como Instructor de Lanceros.

Esa sucesión de honores en la formación del guerrero vino acompañada del mayor número de condecoraciones y distinciones que podía recibir un oficial de su edad y su rango. Más de doscientas medallas iluminaron su pecho de combatiente. Conoció todas las fatigas, padeció todos los dolores, asumió todos los peligros. Pero su amor a la Patria lo justificaba con creces.

Muy cerca de Cali, donde trabajaba el Mayor, en el vecindario de casas señoriales de veraneo, merodeaba una cuadrilla de las Farc, integrada por desalmados bien conocidos en la región. El boleteo, la extorsión, la intimidación eran el pan cotidiano de moradores y visitantes. Que por eso acudieron al Mayor Ordóñez en busca de seguridad y de paz.

Una primera operación terminó en fracaso. La gente que padecía estos horrores redobló las súplicas. Y vino una segunda orden, planificada y dispuesta con perfecta técnica militar.

Esta vez hubo éxito. Se estableció contacto a la medianoche y cuatro bandidos fueron dados de baja. El Mayor ordenó asegurar la zona y le comunicó el hecho a la Fiscalía. Los fiscales acudieron, pero prefirieron dejar su tarea para la mañana. Todo estuvo en regla, por supuesto.

Pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y la Fiscalía y los abogados que sabemos encontraron un testigo muy apropiado. El mismo que en su primer testimonio dijo no haber visto nada lo pensó mejor y ya lo recordaba todo. Todo lo que se le pedía que recordara. Los hombres de Ordóñez fueron llamados a juicio por uso excesivo de la fuerza.El General Juan Salcedo Lora acudió al proceso como experto en estrategia y operaciones tácticas. El juez prohibió que se le llamara General. Era una forma de intimidación para su Despacho.

Ignominiosa, la condena al Mayor Ordóñez y sus hombres

Y vino lo más increíble. Ordóñez también fue incluido en el proceso. Porque se encontraron muchas llamadas a la tropa en esas horas. No era para cumplir deberes de mando. Era para instigar a unos criminales, los oficiales y soldados. Y en su contra hubo una prueba final, la que ofrecían todos sus cursos de combate y todas sus condecoraciones. El Ejército había educado a un criminal en potencia, a un asesino que esperaba una oportunidad para matar. Y fue condenado a 46 años de prisión. Sus subalternos, inclusive los que no dispararon un tiro, a 40. El testigo falsario seguirá protegido y todos los oficiales compañeros de Ordóñez tendrán aprendida la lección. Si es delito combatir, es peor delito ordenar que se combata.

El Mayor Ordóñez se pregunta qué le hubiera pasado si archiva las peticiones de la gente que le pidieron protección. Nada, sin duda. Y así, es como termina su relato, esa mañana en que fue detenido, habría podido acompañar al jardín a su hijita de 2 años. La que no verá crecer. La ha perdido para siempre. Como a su esposa, a sus padres, a su Ejército. Solo le quedan el deshonor y la cárcel. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven.

Carta Abierta al Tribunal Superior de Bogotá

La siguiente es una Carta abierta al Tribunal Superior de Bogotá, entidad judicial colombiana que se encargará de decidir si confirma la sentencia de 30 años de cárcel para el coronel Plazas -condena ordenada por la juez María Stella Jara-, o si le concede la libertad al coronel, como el hombre inocente que es.

Esta carta no tiene antecedentes en la Historia de Colombia. Vemos a los más destacados personajes del país exigiéndole a la Justicia Colombiana que respete la Constitución y la Ley, que respete los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, porque todo eso se ha violado para conseguir la injusta prisión de Plazas Vega.

Hubo muchísimos más firmantes, pero por razones de espacio solamente se publicaron algunos. Quedaron otros por fuera.  Más de medio  millón de personas hubiéramos querido rubricar esta carta -incluido este servidor- pero nos sentimos muy bien representados por quienes sí lo hicieron.

Esta es la Carta Abierta publicada hoy en un diario de circulación nacional:

Facsimil de la página publicada en El Tiempo sept. 11 de 2011

Saúl Hernández Bolívar

Por Saúl Hernández

Agosto 30 de 2011

No es un secreto que el TLC con EE. UU. nos ha sido negado por la labor de zapa que algunos sectores de la izquierda han hecho ante el Tío Sam para desprestigiar a Colombia en materia de derechos humanos; más concretamente en lo relativo a la muerte de sindicalistas y a los obstáculos a que, probablemente, se ve sometida la actividad sindical.

Nadie niega que hay crímenes de sindicalistas; valga decir, por su actividad sindical. Pero se ha sembrado, con propósitos políticos y económicos, la noción de que “Colombia es el país más peligroso de la Tierra para el sindicalismo”. Ese mito, y la trama como fue urdido, es lo que viene a develar un sesudo estudio del investigador Libardo Botero Campuzano, un economista experto en lides sindicales que además conoce bien el diablo por dentro, como que fue uno de los más prestantes intelectuales del Moir en los años setenta.

En las más de 400 páginas de ‘El gran fraude’ (se consigue en el sitio web http://www.pensamientocolombia.org) quedan al desnudo las sistemáticas maquinaciones de este engaño, del que trataré de dar algunas claves en estas pocas líneas.

En primer lugar, se ha alimentado el sofisma de que la actividad sindical es una tarea particularmente violentada en el mundo. Sin embargo, fácilmente se desmiente esa hipótesis: la tasa global de homicidios por cada cien mil habitantes (THPCM) es de 8, mientras la de sindicalistas es solo de 0,06. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la THPCM para sindicalistas fue de 4,7 en el 2007, mientras la del país ha rondado los 40 en los últimos años. Claro que por la alharaca que se hace cualquiera creería que es al revés.

En segundo término, tenemos que en las estadísticas de sindicalistas asesinados en Colombia no se suele discriminar el móvil del homicidio con el objeto de abultar el problema. No es comprensible que una muerte por riña o atraco se tenga por igual que una en la que sí mediaron los conflictos por el tema sindical. Tampoco puede pretenderse que en un país con 17.459 homicidios (Forensis 2010), ningún sindicalista sea víctima de la violencia común; todos han de ser producto de violencia antisindical, per se. Hay, por lo menos, una visible distorsión allí.

¿Cuántos de los datos de Iván Cepeda y su ONG MOVICE serán falsos?

Pero si eso parece un desliz menor, hay un tercer aspecto que es prolijamente analizado en el libro: la falta de rigor intelectual y de solvencia moral con que son elaboradas las listas de sindicalistas asesinados por parte de las dos entidades que se han arrogado la tarea de contabilizarlos, la ENS y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ni a ellas ni a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que basa sus informes en esas listas espurias— parece importarles un rábano la autenticidad de las estadísticas con que enlodan el nombre de Colombia.

Las perlas que encontró el investigador Botero son de reír y de llorar al mismo tiempo. Aparte de que muchos registros están incompletos (más de 70 sin nombre; otros, sin lugar de homicidio, sin fecha, sin sindicato al que pertenecía la víctima, etc.), las cifras están claramente infladas con personas que no eran sindicalistas. Y a pesar de que el Estado colombiano ha demostrado esos casos concretos, ninguna de esas entidades ha depurado los datos.

Para la muestra, un caso como de Ripley: en el año 2000, paramilitares sacaron a una educadora de la escuelita donde laboraba en el departamento de Caldas y la asesinaron. Pues bien, a pesar de no ser sindicalista, fue añadida en las bases de datos en compañía de otra supuesta víctima, un tal Juan José Neira. ¿Otro educador asesinado? No, un prócer de la independencia que le da nombre a la escuelita (y al municipio) donde trabajaba la maestra.

Lean el libro, se darán cuenta de que, además de un fraude, todo esto es parte de una gran conspiración contra la democracia colombiana.

Thania Vega

Por Thania Vega

Bogotá, Julio 16 de 2011. Día de la virgen del Carmen. Fecha que difícilmente se borrara de mi memoria  mientras tenga lucidez mental, hoy estamos cumpliendo ya cuatro años de esta terrible INJUSTICIA!

Si, cuatro añosdurante los cuales mi esposo el Coronel Alfonso Plazas ha sido privado de su libertad, el don más preciado que puede tener el ser humano, en los cuales se nos ha robado la vida, no me canso de decirlo,o si no apreciado lector piense por un solo momento todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos cuatro años, cuanto ha viajado, cuánto ha vivido, cuántos sucesos buenos regulares y malos han pasado en su vida en este lapso.

Pues mientras todo eso ha acontecido en su vida, apreciado lector, Alfonso Plazas ha tenido su libertad y su vida paralizadas, sumergido en un proceso creado por un sistema judicial turbio y contaminado, en el cual se ignoró el principio de la cosa juzgada, se le acusó con pruebas deleznables, testigos inventados, y en el cual se le han violado sus derechos más elementales, empezando por el de Presunción de Inocencia y tantos otros que no voy a repetir porque ya son conocidos por la opinión pública.

Cuatro años de ignominia causados por un propósito de venganza de quienes como miembros del M-19 de algún modo estuvieron comprometidos en la toma del Palacio de Justicia y atentaron contra el altar de los jueces. Solo Dios sabe que diferente sería la Justicia en Colombia si ese macabro hecho no hubiera sucedido. No lograron tomarse el poder gracias a la acción del Ejercito de Colombia, pero mataron a la Justicia!

Cuatro años de perversidad causados por los intereses de un colectivo de abogados de extrema izquierda que buscan millonarias indemnizaciones.

Cuatro años de crueldad y de calumnias seguramente auspiciados por los intereses de unos narcotraficantes a quienes les fueron expropiados sus bienes por el coronel Plazas desde su cargo como Director Nacional de Estupefacientes.

El coronel Plazas Vega, en los inicios de su tragedia, auspiciada por la fiscal Ángela maría Buitrago y la juez María Stella Jara, entre otros

En este momento y después de esos cuatro arduos y sufridos años,se han logrado desvirtuar todas y cada una de las supuestas pruebas con las que fue acusado.  Yhoy el país sabe que se le ha condenado sobre una prueba inexistente,que ha  sido  además desmentida por el propio supuesto testigo quien asegura que nunca dio ese testimonio.

Hasta cuando Dios mío? Me pregunto

Con toda la angustia e incertidumbre que alberga mi corazón ya casi sin fuerzas y casi atrapada en la depresión, veo la imperiosa necesidad de la ayuda Divina, confío en su Misericordia para que la justicia humana actúe pronto y del lado de la verdad, y para que estos cuatro años hagan parte de una historia que jamás ha debido suceder, como tantasotras que lamentablemente están viviendo muchos militares y colombianos de bien.

Daniel Coronel (o "Coronell") junto a León Valencia, ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar

Por Jaime Granados Peña

El periodista Daniel Coronell, en su columna de 3 del julio de 2011, como dice el Chavo del 8, “sin querer queriendo”, demostró cómo los argumentos de la entonces fiscal instructora del caso del Coronel Plazas Vega no son dignos de credibilidad, cuando dice ella que el detalle de haber consignado tres veces (sí, tres veces) el apellido “Villarreal” en vez del correcto “Villamizar”, no fue sino un mínimo error de digitación.

El periodista había publicado una versión de la declaración de Édgar Villamizar que no se correspondía con la que está en el expediente del Coronel, lo que puede constituir conducta delictiva. Para justificar esto, el periodista dice ahora que “… El fiscal auxiliar cometió dos errores: Primero, escribió mal el nombre del testigo. En lugar de Villamizar escribió Villareal. En segundo lugar no puso al final de la declaración ese nombre. Por esa razón las primeras dos copias con esos errores fueron firmadas por el exsuboficial Villamizar, quien además escribió su nombre a mano (?) La fiscal Buitrago se alcanzó a percatar del segundo error y le ordenó a su auxiliar volver a imprimir la declaración agregando el nombre del testigo al final, estableciendo que la diligencia continuaría y aclarando que uno de los investigadores acudió en calidad de fotógrafo (?) Decidió guardar esas copias porque temió que si las rompía en semejante lugar podían ser reconstruidas por alguien interesado en conocer la declaración?”.

Muy grave esto, de ser así las cosas, ¡puesto que implicaría que se equivocaron en el verdadero nombre del señor Villamizar en dos actas distintas, en la que quedó efectivamente en el expediente del Coronel Plazas, y la que vinimos a conocer gracias a la pequeña indiscreción del periodista en su anterior nota! Esto deja sin credibilidad alguna la fábula de la mera equivocación en el nombre porque, si se tomaron el trabajo de arreglar la primera acta para corregir el nombre, ¿cómo es posible que vengan a cometer exactamente el mismo error?

Complicando aún más la cosa, se dice que se cambió el primer ejemplar para aclarar que uno de los investigadores venía en calidad de fotógrafo, pero resulta que esa corrección, ¡no quedó en el ejemplar que finalmente se adjuntó al expediente! En efecto, en el ejemplar visible a la nota del periodista, se alcanza a leer claramente “Se tiene apoyo de fotógrafo con los investigadores Efrén González y Pablo Vásquez”. Ello demuestra la falacia de la coartada, puesto que si era verdad que se corregía el ejemplar para aclarar la condición de fotógrafo, ello tenía que haber quedado consignado en la versión que quedó en el expediente del Coronel Plazas, y no en la que se desechaba.

Para rematar, de ser cierta la historia del periodista, muy censurable sería la conducta de la entonces fiscal instructora al conservar la versión “errónea” de la declaración de Villamizar, puesto que los testimonios que obran a un proceso han de ser únicos, tanto en el mundo real como en el tráfico jurídico, esto es, sólo puede subsistir el documento que se adjunta al respectivo expediente, sin que puedan coexistir borradores o versiones distintas de una misma declaración. Peor aún, guardarse ese ejemplar “erróneo”, engavetarlo durante años, y sacarlo justamente a efectos de defenderse dentro del proceso que a ella se le adelantó, puede constituir el punible de falsedad por ocultamiento.

De nuevo, llama la atención que el periodista Coronell diga enfáticamente que la fecha de la declaración del suplantador es el 1º de agosto de 2007 cuando en el ejemplar que reposa en el expediente contra el Coronel Plazas no hay fecha visible. ¿Señor periodista, tiene usted acaso en su poder una tercera declaración del señor Villamizar que no obra al proceso del Coronel? Si es así, hágalo saber inmediatamente.

No conozco el material probatorio del proceso contra la entonces fiscal instructora por dos motivos principales: primero, porque, salvo que uno sea Iván Velásquez, bajo la Ley 906 de 2004, la ley no permite el acceso a los elementos materiales probatorios ni siquiera al apoderado de la víctima, conociéndose estos tan sólo al momento del respectivo descubrimiento; y por la meteórica velocidad con la que fue archivada esa investigación, en buena hora desarchivada en días recientes gracias a la aparición del verdadero Villamizar.

Julio 08 de 2011

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

No es nada fácil hablar de las relaciones de Gloria Cuartas con las FARC, porque quien se atreve se expone a que un miliciano de la guerrilla lo degollé, como ya ha sucedido con varios testigos que tuvieron una muerte horrenda por osar hablar de la siniestra trinidad compuesta por el cura Javier Giraldo, la hermana Clara y la señora Gloria Cuartas, ésta última elevada a la altura de heroína nacional por el hoy presidente Juan Manuel Santos.

Para quienes no lo sepan, Gloria Cuartas Montoya –admirada por el camarada Santos- acaba de ser nombrada directora del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), un importante cargo que le permite gozar de una influencia directa sobre las Juntas de Acción Comunal y otros organismos comunales en la ciudad. Un cargo desde el cual apoyará con jugadas chuecas y profarianas, sin duda alguna, a su camarada Gustavo Petro, el guerrillero terrorista amnistiado que aspira a convertirse en Alcalde de Bogotá.

¿Y quién nombró a Gloria Cuartas en este estratégico puesto..? Nada menos que la alcaldesa encargada, Clara López Obregón, esposa de otro zar de la contratación (Carlos Romero) aún intocado por la justicia gracias a las excelentes relaciones de la doctora Clarita López, sobrina del elenofílico Alfonso López Michelsen, a su vez, padrino político del camarada Santos a quien no le importó que la doctora Clarita hubiera participado del carrusel nauseabundo de la contratación siendo secretaria de gobierno del alcalde Samuel Moreno, y la nombró dándole carta blanca para que el robo de la izquierda a las arcas de la ciudad se mantenga y, de paso, se le dé más juego a las guerrillas comunistas trayendo, como ya se demostrará, a una de las mujeres más malévolas del país (y que el camarada Santos me perdone por contradecirlo).

Gloria Cuartas en campaña para el Senado. Dicen que buscaba la curul para obtener una más segura impunidad

Gloria Cuartas es la más perfecta muestra de la impunidad. Los más temibles criminales sueñan con tener la protección que tiene esta señora por parte de jueces y fiscales; una extraña “estrella” de la buena suerte que hace que a la Cuartas se le precluyan los procesos, los refundan o, lo más terrible, que los testigos en contra suya aparezcan descuartizados flotando en los ríos, con las vísceras desparramadas y a medio devorar por carroñeros de toda índole.

Tan espantoso eso, como el que Gloria Cuartas no pretenda ni siquiera ocultar su militancia arengando en público exigencias para que el presidente Uribe liberara al temible guerrillero de las FARC, el narcoterrorista Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”.

Gloria Cuartas fue acusada muchas veces de desviar recursos del municipio para entregárselos a las FARC. ¡Qué maravillas podrá hacer con presupuestos mucho más importantes desde la dirección del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal –IDPAC-..!

Por supuesto, quienes tuvieron la valentía de denunciarla, terminaron asesinados.

Por ejemplo, Roger Castaño García la denunció ante la Fiscalía y apareció muerto después de que Gloria Cuartas visitara la Fiscalía Cuarta de Medellín. También tenemos a Humberto Antonio Mendoza Castilla, asesinado también después de haber declarado ser testigo de las reuniones de la Cuartas con alias “el Manteco” segundo comandante del Frente V de las FARC, para planear fechorías innombrables.

Igual “mala suerte” corrieron el guerrillero desmovilizado Miguel Custodio Arias, quien además de desenmascarar a Gloria Cuartas, contó que el Partido Comunista y todos sus hijos políticos trabajan mancomunadamente y han patrocinado el accionar terroristas de las FARC desviando recursos públicos hacia las filas de estos asesinos.

John José Uriel Uribe fue asesinado luego de haber denunciado que en el automóvil de la Alcaldía de Apartadó (ocupada por Gloria Cuartas) se cobraban las extorsiones a los comerciantes de la región.

Eucaris Areiza de López también atestiguó y fue horripilantemente masacrada junto a otros ocho campesinos, después de haber testificado ante el Gaula.

Gloria Cuartas junto a Iván Cepeda, congresista e hijo del siniestro Manuel Cepeda -congresista del brazo político de las FARC

Jorge Albeiro Mejía Bedoya, fue degollado luego de haber denunciado cómo Gloria Cuartas había ordenado el asesinato de varios campesinos, y de cómo se había reunido con alias Karina donde se hicieron la promesa mutua de jamás abandonar la lucha armada.

No todos los testigos en contra de Gloria Cuartas han podido ser asesinados. Sigue viva alias Karina, y sigue vivo alias “Samir” ex jefe del Frente V de las FARC, quien relata sobre reuniones de la guerrilla con Gloria Cuartas, señalándola a ella y al cura Giraldo, junto con la hermana Clara, como miembros apoyadores de esta guerrilla comunista.

Así que mientras decenas de personas fueron descuartizadas o degolladas luego de haber acusado a Gloria Cuartas de haber planeado y ordenado –junto a miembros del Partido Comunista- asesinatos selectivos y masacres de sus opositores, la alcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón la premia nombrándola en un cargo público desde el cual –supongo yo- podrá dedicarse a lo que se dedicaba en Apartadó.

El Polo Democrático, comunista hasta los tuétanos no abandona todas las formas de lucha. Gustavo Petro, conocedor del escándalo que pronto sería evidente, se retira del Polo pero no abandona su ideología y, buscando engañar a los votantes bogotanos, intenta proyectar una imagen de decencia y rectitud que no le van. ¿Puede un terrorista que jamás pagó por sus crímenes convertirse de la noche a la mañana en una persona proba..? ¿Puede un despiadado que planeó el asesinato de civiles en la Toma del Palacio de Justicia, lograr que la ciudadanía olvide esos crímenes y voten por él..? Petro cree que sí.

Y Gloria Cuartas también lo cree.

El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal es un botín deseable gracias a la facilidad con la que se pueden desviar recursos importantes hacia donde se desee, ya sea hacia grupos armados o hacia campañas políticas.

Gloria Cuartas es, sin duda alguna, la persona ideal para ese estratégico cargo. Así lo podrán atestiguar alias Karina y alias Samir.

Y así lo puede atestiguar el camarada Santos, quien aseguró con desparpajo que “la grandeza de estas mujeres (se refiere a Gloria Cuartas y otras) será esencial entonces para reconstruir a Colombia” “Su acción ha sido de irrestricto respaldo a la población civil indefensa. La suya ha sido una gestión inquebrantable en favor de la masa de campesinos pobres…”

Santos no se cohíbe de ningún elogio contra esta señora, no se sonroja siquiera al escribir, en septiembre de 1996, cuando ya se sabía ampliamente de los vínculos de Gloria Cuartas con las FARC:

“Es necesario que todos los colombianos reconozcamos el real significado que tiene Gloria Cuartas en el actual panorama de la crisis colombiana.. (..) Su liderazgo es auténticamente popular y su causa, allí en el convulsionado núcleo del Urabá, rebasa los límites nacionales y alcanza significación universal…” (El Tiempo, sep. 13 de 1996)

Vaya, vaya… Ya podemos entender un poco más por qué el tirano de Miraflores es su nuevo mejor amigo. ¿Qué dirán de esto las viudas y huérfanos de los masacrados, esos valientes que se atrevieron a denunciar a Gloria Cuartas y lo pagaron con sus vidas…?

Facsimil del elogioso editorial de Juan Manuel Santos hacia Gloria Cuartas

Julio 03 de 2011

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

Los Protocolos de los sabios de Sión, el violento panfleto antisemita redactado por la policía rusa en 1903 para justificar los pógroms y matanzas antijudías e impedir la democratización del régimen zarista, utilizado después por Hitler y Stalin con los resultados catastróficos que todo el mundo conoce, está hoy siendo difundido masivamente por la radio estatal venezolana. El uso de ese inmundo libelo es una venia más de Hugo Chávez al régimen iraní y a su obsesión por la destrucción de Israel.

En Colombia, un propagandista del “bolivarismo”, descifró bien el mensaje de Caracas y se ha puesto a la tarea de redactar un libelo similar, menos centrado sobre una raza en particular y más enfático sobre ciertas clases sociales, para justificar las peores violencias que deben caer, según él, sobre los “políticos, los empresarios y los líderes de opinión” que se oponen a la gangrena farco-chavista.

El primer capítulo del nuevo pasquín genocida fue publicado muy tranquilamente por Semana, este 25 de junio. Bajo la firma de León Valencia, esa revista anuncia en tono exaltado que hay que ir más lejos que el presidente Santos. Este, en días pasados, lanzó la primera piedra al decir que una “extrema derecha” quiere “sembrar el caos” en Colombia. Valencia exige entonces que se le ponga “un rostro” a esa “extrema derecha” para que los artistas de la Kalashnikov y del anfo sepan con exactitud quienes son los “enemigos del pueblo”.

El ex guerrillero, faro de las minorías extremistas arrimadas hoy al poder, anuncia que él designará los “grupos sociales y políticos concretos” que deben ser señalados con el dedo. Pues parece que ha llegado la hora de ampliar la noción de “paramilitar”. Para ese humanista de pacotilla, paramilitar no es sólo quien monta o financia grupos terroristas, de izquierda o de derecha, sino un mundo social muy vasto. Oigamos la música del señor León Valencia: paramilitares son los civiles que se oponen a una “reconciliación” con las Farc, son los propietarios “de las mejores tierras cafetera y ganaderas”, son los periodistas y los “militantes civiles” que critican a las Ong al servicio de las guerrillas, los que denuncian la justicia corrompida y prevaricadora. Es también el pasado “ejecutivo central” y son los parlamentarios, pues Valencia habla de quienes tuvieron la “influencia decisiva en el Congreso”.

León Valencia invita disimuladamente al crimen de masas

Valencia estima que apoyar las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contra el narco-terrorismo, y sus esfuerzos para desmantelar la maquinaria de matar colombianos, es sostener la “salida militar”. El editorialista de Semana vitupera a las mayorías colombianas por negarse a ver las Farc y el Eln como él las ve: como cándidas “oposiciones y disidencias políticas”.

El hombre cree saber que el culpable de que el país piense de esa manera es el “núcleo duro de la extrema derecha”. Valencia no lo dice pero la conclusión de semejante análisis es más que obvio: esos grupos sociales deben ser exterminados.

El lenguaje de León Valencia recuerda el de Stalin, quien condenó a millones de inocentes a la muerte, al gulag y a la hambruna más despiadada, con sólo señalarlos como ”burgueses”, “kulaks”, “fascistas”, “enemigos del pueblo”, “contra revolucionarios” y hasta “trotskistas-zinovievistas”.

Es, también, el lenguaje de los nazis quienes aniquilaron en sus campos a seis millones de judíos por haber nacido judíos, y por ser vistos, igualmente, como culpables de “amasar grandes fortunas”, como dice hoy León Valencia.

León Valencia hace la amalgama entre criminales confesos y gente honorable, e inventa mentiras truculentas para satanizar  las mayorías democráticas que se oponen y se opondrán siempre a que las Farc, y los fanáticos de la guerra civil permanente y de la miseria del pueblo, se tomen el poder.

“Acusen a sus adversarios de fascismo. Mientras ellos pierden tiempo tratando de justificarse ustedes tendrán todas las posibilidades para lanzarles nuevos ataques”, aconsejaba el jefe estalinista Dimitri Manouilski a los partidos comunistas. ¿No hacen exactamente eso los inventores de la farsa de “la mano negra de extrema derecha” y los que envían a la cárcel a centenas de personas inocentes bajo la acusación de tener “vínculos” con los “paramilitares”?

Así como los comunistas intentan aniquilar a todos los “burgueses” de la tierra, así como los nazis trataron de acabar con todos judíos de la tierra, León Valencia quiere arrasar con los colombianos que honran el legado de los que conquistaron y edificaron las libertades de este país, su sistema social, su economía de libre mercado. El delirio ideológico de Valencia autoriza y justifica lo peor.

Es el lenguaje del totalitarismo, fascista y comunista, apenas disfrazado, que comienza designando a un grupo social como culpable de crímenes, y termina pasando al acto. La gesticulación de León Valencia sobre su  promesa de “identificar la extrema derecha” para reprimirla y aplastarla, en lugar de responder a ella con argumentos, es propaganda nazi o, más exactamente, propaganda fascista-bolchevique.

Lo más sombrío es que ese tipo de literatura, esa invitación disimulada al crimen de masas, se expresa plácidamente en las páginas de una revista que disfruta de la confianza de muchos colombianos. El presidente Santos abrió la caja de Pandora. ¿Quién logrará cerrarla?

27 de junio de 2011

Saúl Hernández Bolívar

Por Saúl Hernández B

Hace una semana, Ricardo Puentes Melo denunció que el Gobierno no le quiere prestar protección pues no creen que corra algún peligro a pesar de que hace unos años su pequeño hijo fue secuestrado -según cuenta- para acallarlo, y de que sus revelaciones y denuncias (en el sitio periodismosinfronteras.com) suelen ser de alto vuelo: él fue quien descubrió que René Guarín Cortés, el principal instigador del juicio al coronel Alfonso Plazas Vega, es un guerrillero amnistiado del M-19, involucrado en secuestros que quedaron impunes.

Puentes acaba de develar algo que ya lucía como un siniestro montaje: ubicó al falso testigo del proceso contra Plazas Vega y lo convenció de acudir a la Procuraduría, donde declaró que no estuvo presente en los hechos del Palacio de Justicia, que no conoce al coronel Plazas, que no entregó declaración alguna a la Fiscalía y que la firma que figura en el acta no es la suya.

Este último asunto es esencial. La Procuraduría ya estableció, mediante examen grafológico, que el (verdadero) cabo retirado del Ejército Édgar Villamizar Espinel no pudo ser el mismo que se apareció de la nada en la Escuela de Caballería, en agosto del 2007, a ‘rendir’ una declaración espuria sobre los hechos del Palacio, que incluso fue refrendada con otro apellido, Villarreal.

Pero aparte de que el supuesto versionado niega haber entregado cualquier declaración sobre hechos que no presenció, hay que advertir que el relato, en sí mismo, es una fantasía que ningún juez del mundo admitiría como prueba. Alguien se inventó el cuento de que hubo que traer a Villamizar y a otros 13 militares desde Granada (Meta) a combatir en el Palacio de Justicia, como si en Bogotá no hubiera soldados suficientes o como si Villamizar fuera una especie de Rambo y sus compañeros, el Seal Team Six que dio de baja a Bin Laden en Paquistán. Pero, en la época, las Fuerzas Armadas no tenían helicópteros para 14 personas ni podían aterrizar en la Escuela de Caballería, como relata el falso Villamizar.

A la izquierda, la firma del suplantador en la supuesta diligencia que recibe la Fiscal Ángela María Buitrago (con la que condenaron a Plazas Vega a 30 años). A la izquierda, la firma del verdadero Edgar Villamizar Espinel

En esa fábula abundan inconsistencias de este tenor; nimiedades, dirán los que están tras esta cuenta de cobro a los militares. Pero no es una nimiedad que la jueza del caso, María Stella Jara, haya desestimado la declaración de otro falso testigo, el también cabo del Ejército Tirso Sáenz, cuando mintió al decir que fueron a dormir a la Escuela de Caballería la noche del 6 de noviembre y regresaron el 7 a la zona del operativo. Versión idéntica a la de Villamizar.

Estando demostrado que eso no es cierto, pues los blindados solo retornaron a la ESCAB el 7, al culminar su intervención en la retoma, la jueza Jara estableció que “… las contradicciones e inconsistencias que se evidenciaron al realizar la valoración individual y conjunta de las declaraciones ofrecidas por Tirso Armando Sáenz Acero hacen imposible tener por ciertas sus afirmaciones; por ello, el juzgado no lo tendrá en cuenta”.

Por eso, es sumamente extraño que se hubiera validado la declaración de Villamizar, también llena de contradicciones e inconsistencias, y acompañada de la misma mentirilla por la que la jueza desechó el testimonio de Sáenz. Y aunque ahora se aduce que hubo otras pruebas contra Plazas, la verdad es que él está condenado por la fantasmagórica versión de Villamizar. Sin ese testimonio, el juicio se cae.

Si antes se pensaba que la recaudación de la prueba no había respetado el debido proceso, lo que está en la palestra ahora es que se trata de un mero artificio. Nada que cause estupor si consideramos que Sáenz denunció, de su puño y letra, que le ofrecieron “beneficios jurídicos y económicos”, incluyendo la reubicación de su familia en el exterior, a cambio de declarar contra Plazas Vega. Por fortuna, tarde o temprano, todo se sabe. Pero es tenebroso ver en lo que anda nuestra justicia.

Junio 21 de 2011

Thania Vega

Por Thania Vega

Otra vez en mis desvelos siento la necesidad de levantarme a escribir.

Es que hoy,  después de escuchar la entrevista en la W  del doctor Ramiro Bejarano, abogado, profesor universitario y reconocido columnista, he quedado estupefacta, y tengo que reconocerlo, adolorida, si es que a mi alma le queda espacio para sentir más dolor.

Hace una semana que nos enteramos a través de los medios de que gracias al periodista Ricardo Puentes,  quien para nosotros se ha convertido en un ángel de la guarda, ya que gracias a sus investigaciones por puro interés en el tema, porque no hay ningún vínculo de otra clase  de nosotros con él, ha descubierto  cosas definitivas y capitales que demuestran el terrible complot que se organizó para condenar al coronel Plazas Vega. Ricardo Puentes descubrió, por ejemplo, que René Guarín el vocero de los llamados desaparecidos fue guerrillero del M-19.

Ricardo Puentes  logró, además, entrevistar al  doctor  Rodríguez Cuenca,  director de Antropología  de la Universidad Nacional, y consiguió que él le revelara que muchos cadáveres no fueron identificados, y que reposan en la morgue de la Fiscalía desde hace muchos años.

Resulta  que ahora  Ricardo Puentes ha encontrado al tan sonado testigo por el cual se condenó, en primera instancia,  al coronel Plazas a 30 años de prisión. Ricardo Puentes ha hecho la investigación que ha debido hacer la llamada “fiscal de hierro”, Ángela María Buitrago. Todo indica que ella no investigó nada pues no tenía la tarea de investigar. Su tarea, presumo, era armar un guión para condenar al coronel Plazas, y así lo hizo.  Pero resulta que, como no hay crimen perfecto, toda esa mentira que acabó con la tranquilidad y la paz de nuestra familia, esa mentira infame  que nos ha causado tanto dolor y tristeza, se ha derrumbado!

No hay que olvidar que en esta farsa son muchos los implicados. La fiscal armó la tramoya  pero fue una juez la que sobre esas acusaciones, débiles y sin pruebas, condenó a 30 años a un inocente.

Han sido innumerables las manifestaciones de la opinión pública a raíz de la noticia de que el cabo Edgar Villamizar acudió a la Procuraduría para decir que él nunca había dado ese testimonio, ni había firmado el documento que presentó la fiscal como “”testimonio” y “prueba” de que Plazas era un genocida. Hemos sentido que la sociedad colombiana ya no “traga entero” y que es absolutamente consciente  de que en este caso  se ha condenando a un inocente. De allí sus manifestaciones de apoyo a nosotros y de alegría por la revelación del señor Villamizar.

Por eso mi asombro y mi dolor son grandes al escuchar al doctor Ramiro Bejarano, quien salió a atacar y a mentir de la manera más increíble ante  un medio de comunicación como W radio. Lleno de furia y de ira atacó al periodista Ricardo Puentes. Llegó a menospreciarlo y a tratarlo con términos muy hirientes por el sólo hecho de que él llevó a Villamizar a dar un testimonio de verdad ante el Procurador General Alejandro Ordóñez.

Ramiro Bejarano, director del DAS durante el gobierno de Ernesto Samper

Ramiro Bejarano dice que él ha tenido en sus manos el proceso. A lo mejor sí, pero haberlo tenido no quiere decir que lo conozca. Bejarano falta a la verdad cuando dice que el testimonio de Villamizar no es la única prueba contra el coronel Plazas. Aunque a él le duela tendría que recordarle que  el fallo de condena firmado por la juez Jara descansa sobre un único argumento: el testimonio del supuesto señor Villamizar. El doctor Bejarano debería leer mejor esa sentencia.  Es más, ese pretendido testimonio de Villamizar  fue desechado por ineficaz en la sentencia dictada por la juez 51 María Cristina Trejos, quien condenó injustamente al general Arias Cabrales por haber dirigido el rescate del palacio de Justicia. Lo que el doctor Bejarano conoce muy bien es la versión que inventó la fiscal Buitrago, no el proceso.

Dice el doctor Bejarano que  lo de Villamizar no es una suplantación. Claro que sí lo es. En su denuncia ante el Procurador General, Villamizar dijo que la firma que aparece en el expediente de la fiscal Buitrago no es su firma. El reitera que él no fue a la Escuela de Caballería. ¡Por favor! Si él no fue a ese lugar y si la fiscal dice que un sujeto se le presentó allí con la cédula de Villamizar, aunque Villamizar no estuvo allí, de lo que se trata es de una suplantación completa y total del señor Villamizar, del verdadero! O que los funcionarios que estaban en ese lugar se  inventaron ese episodio.

Asegura también el famoso columnista que la prueba de que Villamizar sí fue a ese lugar es que lo conocían “en el entorno de ese universo” y que lo reconocieron y lo saludaron quienes acompañaban a la fiscal cuando el hombre llegó a dar su declaración acusatoria pues él había trabajado en la fiscalía. Supongo que el “entorno” eran los dos funcionarios del CTI que eran subalternos de la fiscal, y que también firmaron el  controvertido documento con el señor Bustos, delegado de la Procuraduría. Sería bueno, en mi concepto, que ellos  le cuenten y le expliquen al país cómo fue exactamente esa misteriosa diligencia ya que, curiosamente, en los registros de la guardia de la Escuela de Caballería no aparece la entrada ni la salida de nadie con ese nombre ese día.

¿No cree usted doctor Bejarano que tal recuento es útil?  ¿O es que usted ya habló con ellos? Además, es importante que el doctor Bejarano recuerde que no sólo la firma del documento no coincide con la post firma sino que, al comparar la firma del documento con la del cabo Villamizar en su hoja de vida, y ahora con la de su declaración ante la Procuraduría,  ¡se constata que son diferentes!  Esa no es la firma de Edgar Villamizar. Es normal que Ramiro Bejarano llegue a equivocarse, como le pasó a él, como él lo dice, en el artículo que escribió.  Lo que sería increíble es que el doctor Bejarano cambie de apellido  sin darse cuenta al firmar sus columnas. Si ese fuera el caso tendría que ir a ver un médico.

El eminente columnista también pretende que “hay muchísimas pruebas” contra Plazas. La verdad yo no las conozco. Estoy segura de que no están en el proceso.

Dice el doctor Bejarano que el traslado de Villamizar a Bogotá está demostrado. ¿De qué manera? No conozco esa demostración. Lo que sí sé es que tres superiores de Villamizar declararon en el juicio que él nunca había venido a Bogotá. Uno de ellos se encontraba con él en Granada, Meta, siguiendo por la televisión los trágicos hechos del palacio de justicia. Y ahora el mismo Edgar Villamizar lo confirma.

El doctor Bejarano está molesto y así lo manifestó por que el Procurador Alejandro Ordóñez aceptó el testimonio y le dio credibilidad. A mí me molesta, o mejor, me duele mucho que haya personas como él, como Ramiro Bejarano, cargadas de odio y obnubiladas por  el deseo de que se condene a un inocente que lo único que ha hecho es servir a este país y ser ejemplo para muchos. Dios los perdone, si es que esto tiene perdón.

Junio 21 de 2011