José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Noviembre 22 de 2011.

Colombia no está combatiendo contra ‘llaneros solitarios’. Cada organismo creado durante los 80 años de historia por el PC2 tiene un papel.

Repetidos informes reportan que alias ‘Timochenko’, nuevo jefe de las Farc, “desde joven se involucró con la izquierda, al entrar a las Juventudes Comunistas (Juco)”.

En El Espectador, Lisandro Duque certifica que alias ‘Alfonso Cano’ militó en las juventudes del Partido Comunista: “ambos fuimos miembros de la Juco en los setentas”, dijo.

Una hagiografía que intentó construir Hugo García (El Espectador) sobre Manuel e Iván Cepeda nos recuerda que Manuel y Yira, padres de Iván, “se conocieron en Bogotá en la Juventud Comunista (Juco)” y que después de vivir décadas en la URSS y Cuba, la familia regresó a Bogotá y, “para 1975, a sus 13 años (…), Iván ya hacía parte de la Juco y seguía a pie juntillas el ejemplo de sus padres”.

En Wikipedia leemos que ‘Iván Márquez’ “en 1977 se vinculó a las Juventudes Comunistas (Juco). Allí hizo parte de las redes de apoyo de las Farc (…); fue congresista en la década de 1980 (…) por la UP junto a Braulio Herrera”.

En entrevista para estudiantes de comunicación, Carlos Lozano, director de Voz, semanario del PC, recuerda cómo tuvo “bajo (su) responsabilidad la coordinación de la separata ‘Juventud’, que salía mensualmente, y la página semanal juvenil de ‘Voz proletaria’. La elaborábamos con un equipo de estudiantes, hombres y mujeres, de mucha calidad, entre ellos, Jorge Enrique Botero”. Lozano y Botero, claro, también fueron Juco.

Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, ambos congresistas del Polo Democrático

Wikipedia dice de alias ‘Joaquín Gómez’, tercero al mando de las Farc, que “fue profesor durante años en la U. de la Amazonia, al tiempo que militaba en la Juventud Comunista (Juco)”.

El jerarca comunista Álvaro Delgado recuerda, enternecido, su paso por Armenia, en donde conoció el fervor comunista de Jorge Rojas, director de Codhes, y del psicópata alias ‘Braulio Herrera’.

Wikipedia informa que alias ‘Raúl Reyes’ “nació en La Plata (Huila).
Ingresó a la Juventud Comunista de Colombia (Juco) a los 16 años. Posteriormente, se inició en el movimiento sindical mientras trabajaba para una planta de leche de Nestlé”.

A la inteligencia militar nunca le pareció que ese común denominador fuera coincidencia. Algunos políticos, periodistas y académicos, en cambio, aseguran que sí; que todos pasaron por la misma escuela de formación política hace años, pero que sus caminos se separaron. Esa es una vía argumental para permitir que la acción encubierta del PC2 sea refugio imbatible para atacar al Estado y para defender a la guerrilla.

El Colectivo de abogados del Partido Comunista (Juco) es el mejor estratega militar: han definido como criminal toda acción del Estado; personalizan en un oficial el presunto crimen y se apoderan de la vocería de las ‘víctimas’. Lograda la sanción penal, quedan legitimados para reclamar millones de dólares al Estado.

Ese dinero no es para enriquecimiento propio, como se está diciendo. ¡No! Con él se financian más denuncias, defensas de guerrilleros y viajes de propaganda negra contra el propio Estado.

El colectivo creó un círculo vicioso infernal, pues pretende destruir la moral de combate de las tropas, la autoestima de los gobiernos y la confianza de los ciudadanos.

¿Por qué en un comunicado del 4 de noviembre, Movice, Sintraunicol y una asociación de ‘derechos humanos’ lanzaron un S.O.S. para ‘salvar a niños campesinos de un bombardeo’ en el sitio preciso en donde se escondía ‘Cano’? ¡Cumplía su tarea! ¡Quería salvar a ‘Cano’ de la prisión o de la muerte!

Colombia no está combatiendo contra ‘llaneros solitarios’. Cada organismo creado durante los 80 años de historia por el PC2 tiene un papel. Incluso, también, alguna finalidad tuvo inventarse el fantasma del PC3.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

Septiembre 05 de 2011

Luego de haber humillado al Estado con el grotesco “perdón” implorado públicamente el 8 de agosto pasado por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, por el asesinato en 1994 del senador comunista Manuel Cepeda Vargas, y tras recibir la friolera de 375.000 dólares [1] de “compensación” por ese mismo hecho, es decir por un odioso crimen que cometió no el Estado colombiano sino los enemigos del Estado colombiano [2], Iván Cepeda Castro, dirigente del partido extremista Polo Democrático, se siente invencible y en posibilidad de coronar sus mayores ambiciones. Es muy probable que sus colaboradores inmediatos también hayan entrado en una onda de febril exaltación revolucionaria.

Los observadores deberían seguir con  atención los próximos pasos que dará ese grupo. Aunque minoritario y desprestigiado por su sectarismo y sus numerosos montajes e imposturas, y sobre todo por la ola de corrupción que generó cuando uno de sus jefes era alcalde de Bogotá, ese sector conserva aún una fuerte capacidad para hacerle mucho daño al país. Cuando a cierta gente se le sube a la cabeza el elixir de la megalomanía, por algo que considera un triunfo, sus acciones pueden llevar a las peores aventuras si no a tragedias irreparables.

Lo que vimos este 31 de agosto, durante un pretendido debate de “control político” en la Cámara de Representantes que propició el mismo Iván Cepeda, es un síntoma de esa alucinación creciente.

Durante una intervención sobre supuestos problemas de tierras en dos departamentos, Iván Cepeda le exigió al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, respuestas a 130 preguntas sobre irregularidades imaginarias o no en la adjudicación de predios en los Montes de María. Enseguida, se dirigió a los miembros de la Comisión de Acusaciones, aunque el pretendido “debate” no tenía nada que ver con la actividad de esa Comisión, y exigió que se investigue al ex presidente Álvaro Uribe por un “presunto tráfico de influencias en el proceso de compra de tierras en los Montes de María”. La curiosa movida de Iván Cepeda, que la prensa calificó de “sorpresiva”,  es coherente con la obsesión que se ha instalado en la jefatura del Polo.

Esa sesión había sido destinada a abordar, aparentemente, el tema de la  restitución de tierras en algunas regiones. El objetivo real de ese “debate” fue transformar el respetable recinto del Capitolio nacional en una tribuna personal para lanzar desde allí ataques y acusaciones sin fundamento contra la obra de gobierno de Álvaro Uribe y contra una veintena de empresas privadas.

Y para eclipsar, al mismo tiempo, otros problemas graves como los que están ocurriendo con la reciente “ley de tierras” en Urabá, donde falsos desplazados fueron apoyados por gente de izquierda y ex guerrilleros para que obtuvieran títulos de propiedad de fincas que otros poseían legalmente.

El ataque de Cepeda fue dirigido contra las empresas que ayudaron a consolidar la paz en los departamentos de Bolívar y Sucre al adquirir, dentro de un programa gubernamental más que legítimo, tierras agrícolas que en manos de secuestradores, guerrilleros y paramilitares habían sido convertidas, durante décadas, en un tenebroso no man’s land y que finalmente, tras encarnizados combates de la fuerza pública, habían sido recuperadas para el desarrollo agrícola.

Iván Cepeda y Clara López, cabezas visibles del Polo Democrático

Como  ese triunfo de la civilización sobre la barbarie no le gustó al partido de Iván Cepeda éste pretende revertir la situación. La idea es que esas tierras no queden en las manos de los compradores y que éstos sean despojados de sus títulos.

Cementos Argos, Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria de los Montes de María, hacen parte de las 25 empresas que fueron acusadas por Cepeda. Sobra decir que esas firmas no tuvieron la menos posibilidad de defenderse, ni de controvertir, aunque fuera por correo, o por la prensa, las alegaciones de Cepeda. Este lanzó sus vituperios sin advertir a los interesados. El obró a mansalva, de manera desleal y antidemocrática.

Según El Espectador, Cepeda vociferó que no hay compradores de buena fe: “Hay que revisar quiénes verdaderamente son los terceros de buena fe. La Superintendencia de Notariado no tiene las atribuciones para clasificar a Cementos Argos y a otras empresas como terceros de buena fe. Estas son personas jurídicas y naturales que deben ser investigadas, su responsabilidad en el despojo debe ser esclarecida”.

Lo que hay detrás del pretendido debate es un intento para brutalizar a las empresas, expropiarlas, e imponer en esa región, la cual es considerada como estratégica para las FARC y el ELN, una re-colectivización agraria de tipo castrista, con ayuda de la prensa más dócil y suicida y con juicios “populares” como los practicados en Venezuela por las autoridades chavistas contra empresas y empresarios.

Cepeda lanzó cifras inciertas sobre  las superficies que fueron compradas, según él, a “bajos precios”, y dijo que tenía unos “testimonios” y unos “documentos”, que nadie pudo examinar.

Cepeda le exigió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que “con base en la información revelada” (como si lanzar alegaciones fuera lo mismo que “revelar” algo), “investigue” al ex presidente Uribe.

Como el representante Cepeda  no tiene prueba alguna de lo que afirma, el espera que el ministro Restrepo, en las respuestas a las 130 preguntas, le dé la munición que le falta. El supone, además, que a falta de informes, la Comisión de Acusaciones se dé a la tarea de buscarlos. El intento de instrumentalización del ministro y de esa Comisión es evidente.

En el debate Juan Camilo Restrepo no le falló a Cepeda. Aseguró que la figura de la protección de predios que instauró el gobierno de Uribe “se burló de 10 mil maneras”. ¿Por quién? Restrepo no lo dijo porque no lo sabe: él mismo sugirió que nadie ha sido declarado culpable pues hasta ahora sólo se ha “judicializado” a algunas personas. Restrepo se anticipa, pues, a todo y da por sentado algo que sólo existe, por el momento, en su cabeza.

Cepeda tiene un vasto plan de trabajo: pedirá que cada acto de gobierno de los dos mandatos del presidente Uribe sea objeto de “investigaciones” de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El exige y ordena pues cree que el Congreso y el poder ejecutivo  están a sus pies. El rimero de investigaciones podría durar años y terminar en una absolución del presidente. Lo que cuenta no es el resultado final sino el acto de enredar a Uribe, y a la Comisión de Acusaciones, en una maraña de intrigas durante un largo periodo.

Colombia es el único país del mundo en que el gobierno y los partidos del arco parlamentario toleran y colaboran de manera servil con los desafueros de las sectas marxistas. En este caso ayudan con su pasividad y superficialidad a una sucia patraña que busca la muerte civil de un gran estadista, elegido dos veces, que sacó al país del pantano político y militar en que lo habían metido los violentos y tres presidencias catastróficas.

La docilidad que muestra el gobierno de JM Santos ante el grupo de Cepeda le permite a éste pasar a la fase más ambiciosa de su plan. Esta consiste en utilizar a los ministros para que le ayuden a acelerar su fanático hostigamiento contra el mayor campeón de la lucha contra las FARC y el narco terrorismo en Colombia. Vargas Lleras fue el primero, Restrepo fue el segundo. ¿Cuál será el tercero?

Con sobrada razón el presidente Uribe declaró “temeraria” la nueva maquinación de Iván Cepeda y anunció que no responderá a tales infundios.

[1] Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Iván Cepeda y su familia recibirán 340 000 dólares y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo recibirá 35 000 dólares.

[2] Ver mi artículo “Colombia pide perdón por algo que no cometió », en :

http://www.periodismosinfronteras.com/colombia-pide-perdon-por-algo-que-no-cometio.html

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

París, agosto 18 de 2011

Hay algo de indecente en el “perdón” pedido, en nombre del Estado colombiano, por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Tras las sucintas informaciones publicadas por dos diarios acerca del acto en un salón del Capitolio nacional, se instaló un gran silencio. Es como si todos hubiéramos aceptado que ese pedido de “perdón” es legítimo y que los hechos sobre los cuales éste descansa son muy claros.

Pero esa no es la situación.

El ministro Vargas Lleras acató una sentencia de la CIDH que, acogiendo las pretensiones desproporcionadas de la familia de Cepeda Vargas, obliga al Estado colombiano a someterse a esa ignominia. Nada más legítimo que la familia del senador comunista asesinado pida justicia y reparación. Sin embargo, Iván Cepeda, el hijo del muerto, se ha embarcado en una operación de largo aliento que va más allá de eso. El quiere culpar de ese crimen al Estado Colombiano y obligarlo a que acepte semejante acusación, como si ésta no fuera falsa, y que soporte una serie de humillaciones.

Lo ocurrido en el Capitolio el 8 de agosto pasado es una claudicación del gobierno de Juan Manuel Santos ante una de las operaciones de deslegitimación del Estado colombiano más vastas que el país haya conocido. Es cierto que ese tribunal extranjero falló de esa manera. Ello no quiere decir que esa sentencia sea irreprochable, justa e imparcial. Es, por el contrario, una sentencia que debe ser cuestionada. Por una razón fundamental: la CIDH fue incapaz de reconocer los hechos del asunto, sobre todo el punto principal: que ese asesinato no fue urdido, ni ordenado, ni dirigido, ni auspiciado, ni ocultado por el Estado ni por el gobierno colombiano. Esa sentencia pretende, además, rehacer la historia de la subversión en Colombia. Ella escamotea la terrible agresión que sufría Colombia por parte de las FARC y de los carteles de la droga en ese momento y la guerra entre las FARC y los paramilitares. Esa sentencia pretende convertir a Manuel Cepeda Vargas, un agente subversivo violento, en un paladín “de la democracia”. Ese texto contradice incluso la historia de las FARC y del PCC al negar que entre la UP y las FARC haya lazos, al negar que los haya habido entre el PCC y las FARC. Esa sentencia es un acto de negacionismo histórico inadmisible.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado por paramilitares autónomos pagados por Héctor Castaño Gil, hermano de Carlos Castaño Gil, el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Dos sargentos del Ejército hicieron parte del comando que asesinó a Cepeda, eso es cierto, pero tales individuos estaban bajo órdenes de los paramilitares que organizaron y pagaron la emboscada.

La sentencia admite que Fabio de Jesús Usme Ramírez, alias el “Candelillo”, y Edilson de Jesús Jiménez, alias el “Ñato”, “habrían sido contratados por el señor Castaño Gil para dar muerte al senador Cepeda”; que la persona que conducía el automóvil desde donde se le disparó a Cepeda “habría sido un paramilitar llamado Pionono Franco Bedoya, quien habría muerto en octubre de 1994”. La sentencia agrega que la Fiscalía señaló que Víctor Alcides Giraldo, alias “Tocayo”, se encontraba vinculado al proceso por haber participado en la coordinación de los sicarios que ejecutaron a Cepeda, y que Giraldo había muerto durante las investigaciones, “poco después de fugarse de la cárcel de máxima seguridad de Bellavista en 1995”.

Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda

Por su parte, el diario El Tiempo de 12 de junio de 2001 reveló que de una cuenta bancaria de Héctor Castaño Gil “salió el dinero para pagarle a Fabio Usme”. El artículo agrega: “Esta cuenta, cuatro meses más tarde, sirvió para pagar los gastos funerarios de “Candelillo”, asesinado en Mutatá (Antioquia). El sicario fue sepultado el 16 de diciembre de 1994 en el cementerio Jardines de la Fe de Bello, con otro nombre”. En marzo de 2009, la Fiscalía dictó auto de detención preventiva a Edilson Jiménez Ramírez, por el atentado contra Cepeda Vargas.

En el libro Mi Confesión, de Mauricio Aranguren Molina, publicado en febrero 2001, donde el autor recoge las declaraciones de Carlos Castaño Gil, éste dice que él dirigió “el comando que ejecutó al senador Manuel Cepeda Vargas” y que él ordenó “su muerte como respuesta a un asesinato que perpetró (sic) las FARC, fuera de combate”. La Procuraduría siempre afirmó que Carlos Castaño Gil había ordenado a “Candelillo” y al “Ñato” intervenir en el ataque mortal contra Cepeda.

Iván Cepeda, y el colectivo de abogados que lo apoya, nunca hicieron la distinción entre un sargento que por compromiso con delincuentes comete un crimen y un sargento que bajo órdenes de su jerarquía comete un crimen. Esa distinción es esencial para conocer la verdadera naturaleza del atentado contra Cepeda Vargas. La responsabilidad o no del Estado colombiano depende de esa distinción.

Iván Cepeda no la hace. La CIDH no la hace. El Partido Comunista, del cual Manuel Cepeda era dirigente, no la hace. A ninguno de ellos les interesa que la ciudadanía sepa qué ocurrió el 9 de agosto de 1994. Les interesa, por el contrario, hacer creer que el Estado y el gobierno ordenaron ese atentado. Ello es falso. Ningún tribunal colombiano ha comprobado tal cosa. La misma CIDH fue incapaz de probar eso. En cambio, la Fiscalía y la Procuraduría de Colombia comprobaron que grupos paramilitares urdieron y realizaron ese asesinato. Iván Cepeda se aprovechó del hecho de que dos sargentos estuvieron en el atentado: los suboficiales del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador. Medina pertenecía al batallón Tenerife de Neiva y Zúñiga al Batallón Los Panches, también de la capital del Huila. Nadie ha establecido que sus jefes jerárquicos les hayan dado la orden de asesinar a Manuel Cepeda Vargas.

Iván Cepeda es impreciso cuando habla de los autores intelectuales del atentado. Pues sabe que éstos también fueron paramilitares conocidos, y no el gobierno, ni los mandos militares. Pero esa versión, la llamada verdad procesal, no le sirve a Iván Cepeda. El quiere otra cosa. El se empeña en utilizar una amalgama odiosa pero burda: que su padre fue asesinado “por funcionarios públicos”, o por “agentes estatales”. El y la CIDH pretenden hacernos tragar esta culebra: como había “agentes estatales” en la escena del crimen,  ese crimen fue “ordenado” por el Estado, o “desde el Estado mismo”, como dice, en fórmula aún más ambigua, el magistrado que dictó la sentencia. Todo ello es inconsistente, si no falso. Los soldados Medina y Gil actuaron  por su cuenta, como sicarios de paramilitares que eran, no por cuenta de su jerarquía, ni como “funcionarios públicos”. Iván Cepeda, quien trajina con ese tema desde diciembre de 1993, no ha podido probar lo contrario. La jerarquía militar cuando supo que Medina y Gil habían sido acusados de haber participado en ese crimen los entregó a la justicia. Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador fueron capturados, juzgados y condenados a prisión por haber jugado un papel activo como autores materiales en ese asesinato.

En lugar de distinguir, Iván Cepeda confunde. Iván Cepeda logró hacerle creer al CIDH que la muerte de su padre se produjo en un “operativo mixto, de militares y paramilitares”. No obstante, cuando los citados sargentos obraron en ese comando lo hicieron como pistoleros al servicio de paramilitares, no como soldados de Colombia. La teoría del “operativo mixto” no tiene sentido si no se prueba antes que  las fuerzas militares ordenaron  a los dos sargentos cometer ese asesinato. ¿Eso ha sido probado? ¿Por quién?

Manuel Cepeda y "Alfonso Cano", amigos y cómplices terroristas

Invito a los lectores a buscar en la sentencia la menor prueba de la teoría del “operativo mixto”: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=338

Basada únicamente en las conjeturas de Iván Cepeda, la CIDH sugiere que el coronel Rodolfo Herrera Luna les pagó a esos sargentos por el asesinato de Cepeda. Sin embargo, esa gravísima acusación nunca fue probada por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, ni por la CIDH. Si la Fiscalía tenía “indicios” de eso, como afirma Iván Cepeda, ¿por qué no lo llamó a declarar? ¿Por qué fue revivido ese tema sólo después de la muerte en 1997 del coronel Herrera? La CIDH no lo dice. ¿Por qué esa sentencia evita toda precisión sobre la trayectoria personal y militar del coronel Herrera Luna? ¿No es acaso una pieza fundamental de su argumentación?

El paramilitar “Don Berna” acusó ulteriormente a Miguel Narváez, ex director del DAS, de haber “instigado” la muerte de Cepeda Vargas. Pero el “testimonio” de “Don Berna” es de tercera mano e inverificable: él dice basarse en la conversación con un muerto (“me enteré por boca del comandante Castaño”).

Estamos pues ante afirmaciones gratuitas y suposiciones contradictorias que la CIDH fue incapaz de transformar en evidencias, en pruebas irrefutables.

Si Iván Cepeda tuviera razón en cuanto a que los superiores de los dos sargentos impulsaron ese crimen habría una serie de oficiales y hasta un ministro de Defensa detenidos. El presidente de la República de la época (Ernesto Samper Pizano), o el presidente anterior (César Gaviria Trujillo), habrían sido llamados a declarar, por lo menos, pues Iván Cepeda habla de “crimen de Estado”. Pero ese no es el caso. ¿Por qué?

Sobre bases tan endebles la CIDH se atrevió a condenar al Estado colombiano “por acción y omisión” en el asesinato de Cepeda Vargas, e insiste en infligirle una serie de humillaciones, como lo del pedido de “perdón público”, entre otras. Aún más vergonzoso es que el gobierno colombiano, quien tuvo que haber leído la sentencia del 26 de mayo de 2010, y visto su carácter improbable,  haya capitulado ante  tales audacias y aceptado ser humillado.

El PCC no ha podido negar hasta hoy que Manuel Cepeda Vargas fue durante años el elemento que conectaba la cúspide del PCC con la dirección de las FARC, y viceversa, y a las FARC con la dirección cubana. Es decir, órdenes y planes de esas tres entidades pasaron por sus manos, con su aprobación. ¿Cuántos colombianos murieron por decisiones que él tomó? Manuel Cepeda Vargas no era un senador como los otros senadores. El tenía sangre en las manos. ¿Por qué las FARC le rinden tributo a Manuel Cepeda Vargas al darle ese nombre a uno de sus frentes más bestiales, el que secuestró a los diputados del Valle, entre otras fechorías? ¿Por sus bellos discursos?

Manuel Cepeda era un senador de la UP. Este no era un partido como los demás. La UP fue una creación de las FARC. La UP era el brazo político de una organización terrorista. Algo que ninguna democracia permite. La UP, dice el PCC, fue el producto de una “tregua” entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Dudoso. Esa tregua fue violada por las FARC desde el primer día: al mismo tiempo que creaban la UP, las FARC forjaban la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Las FARC enviaron varios de sus cuadros a “abrir una actividad política”. Era gente que había cometido atrocidades. Ese fue el caso, por ejemplo, de Braulio Herrera. Después de su periodo como dirigente de la UP, y de sus giras legales por el país y por Europa (con dineros del Parlamento colombiano), y de ser elegido representante a la Cámara, volvió al monte y allí masacró a un grupo de sus propios guerrilleros. Hoy no se sabe qué hicieron las FARC con él. Ese era un jefe de la UP, como Cepeda Vargas. Otro elegido de la UP, fue Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, alto jefe de las FARC. En la serie de atentados que sufrieran muchos miembros de la UP intervinieron varios actores: el cartel de Medellín y los paramilitares, sobre todo, y las venganzas personales de civiles, policías y militares que actuaban por su cuenta, y hasta las Farc y sus disidencias. ¿Hemos olvidado quien atentó contra Hernando Hurtado, otro alto jefe del PCC? La CIDH niega todo eso e intenta mostrar al Estado colombiano como el responsable de las muertes de la UP.

Cepeda Vargas fue asesinado por sicarios bajo órdenes de paramilitares. Entre los sicarios había dos militares. Pero esos militares no participaron en ese asesinato cumpliendo órdenes del Estado, ni del Gobierno, ni de las fuerzas armadas. Por eso no se puede decir que fue un “crimen de Estado”, como Iván Cepeda trata de hacer creer. Esa es la distinción que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debería haber hecho y no hizo.

Esa distinción es un punto decisivo. Decisivo para el honor de Colombia, de sus autoridades y de su ciudadanía. El pedido de “perdón” del ministro Vargas es un grave error, es una infamia contra Colombia, un insulto a todas las víctimas de las FARC y de los otros aparatos terroristas que esa banda creó.

Cepeda Vargas era un senador, pero era, al mismo tiempo, un hombre violento. El quería imponer por la fuerza un escenario: la destrucción de la democracia y la conformación de una dictadura “proletaria” en Colombia. Era un partidario de la combinación de todas las formas de lucha, es decir de la guerra prolongada, abierta y clandestina, contra los colombianos. Fue un violento que marginó a los elementos de su propio partido que se apartaban de esa vía. El murió a manos de otros violentos. El no merece que le erijan monumentos, ni merece que sea mostrado como un “ejemplo” para los periodistas, como pretende su familia.

Es probable que el Estado colombiano se haya defendido mal en ese largo pleito. Eso no lo transforma en el asesino de Cepeda Vargas. En la sentencia del 26 de mayo de 2010 se lee que, el 4 de julio de 2009, el Estado colombiano alegó (pero sin ser escuchado), que “no existió una política estatal con el fin de dar muerte al señor Manuel Cepeda Vargas; que no se probó la existencia del presunto ‘plan golpe de gracia’;  que no existió un patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP ‘en cabeza del Estado’”. Además, alegó que “no es responsable por las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 22 de la Convención Americana” (libertad de asociación, de circulación y residencia). La CIDH rechazó los argumentos de la defensa y acogió sin discernimiento las pretensiones de la parte adversa. Eso explica por qué ese adefesio judicial es y será objeto de vivas controversias. Esa sentencia es una muestra más de la politización de esa Corte.

General Rito Alejo del Rio, amado por las comunidades de Urabá, odiado por la narcoguerrilla

Por Ricardo Puentes Melo

Al general Rito Alejo del Río lo acusan del asesinato del campesino negro, Marino López, un hombre dedicado a las labores del campo que, además, sufría un leve retardo mental. Nadie en sus cabales pensaría que Marino López era un líder paramilitar o guerrillero; y nadie en sus cabales creería que el general Rito Alejo del Río, un firme defensor de la comunidad negra en Antioquia y Chocó, pensaría siquiera en asesinar a alguien.

Acusan el general del Río de ordenar el degollamiento y descuartizamiento de ese humilde hombre, Marino López, como parte de una serie de acciones enmarcadas en la célebre Operación Génesis (con la cual dio de baja a varios bandidos de grupos armados al margen de la ley); pero no tienen en cuenta que la Operación Génesis jamás llegó hasta Cacarica, lugar donde fue asesinado Marino. Para que los lectores se den una idea, el día del asesinato, el general Rito Alejo del Río estaba a dos días de camino, a marcha forzada, del lugar de los hechos. Pero a la Fiscalía poco le importan este y otros detalles. Ellos aseguran que el general seguramente tenía el don de la ubicuidad, o que envió un contingente de hombres solamente para matar a este sencillo personaje que, como ya lo dijimos, sufría retardo mental. Es más, la Fiscalía insiste en que el general Rito tenía que, por obligación, haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo a Marino López, sin importar que esto pasara a dos días de camino del área donde se desarrollaba la Operación Génesis.

Carlos Alfonso Velásquez Romero

Los dos principales “testigos” y acusadores contra Del Río son Gloria Cuartas y el coronel del ejército (retirado) Carlos Alfonso Velásquez Romero. Gloria, como todos saben, acusada por Karina y otros desmovilizados de pertenecer a las FARC, y el coronel Velásquez, un controvertido militar señalado por sus vínculos con este grupo guerrillero, por permitir las peores masacres jamás ocurridas en Urabá, por expedir salvoconductos de armas a guerrilleros y por reunirse con estos bandidos y con Gloria Cuartas para quién sabe qué cosas. Además, el coronel Velásquez es hermano de la peligrosísima terrorista del M-19 Adriana Velásquez Romero, cerebro de muchos secuestros y actos terroristas como el robo de armas al Cantón Norte.

Detrás de estos dos, se encuentra –claro que sí- el tenebroso curita Javier Giraldo, temido porque cuando él señala a alguien como contradictor, ese “alguien” termina siendo masacrado por las FARC, como los fueron los dos líderes negros Moya y Blandón, amigos del general Rito, y denunciantes de los atropellos y las relaciones de la ONG del cura con las FARC.

Y completan el grupo, Gustavo Petro, el terrorista indultado del M-19, coautor intelectual de la masacre del Palacio de Justicia; e Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, un miembro de la terrorista UP, el brazo político de las FARC. Iván Cepeda y Gustavo Petro, taimados a cual más, juran que el general Rito Alejo del Rio organizó un partido de fútbol en Cacarica, solamente con el propósito de asesinar al pobre de Marino López. Ambos mienten ya que el ejército jamás había estado allí, y solamente fueron varios años después de la muerte de López. Petro, miembro del M-19, en contubernio con Velásquez, cuya hermana también es del M-19, acusando a Del Rio… y a nadie se le hace extraño…

Así que Gloria Cuartas, Carlos Alfonso Velásquez, Petro, Cepeda y el cura Giraldo (todos señalados por sus nexos con la narcoguerrilla) son quienes acusan al general del Rito. A Gloria Cuartas y a Velásquez los vi personalmente en la audiencia contra el general. Ninguno de los dos tiene pruebas de la vinculación del general con el asesinato de Marino López, y ninguno tiene pruebas de los supuestos nexos de Del Rio con los paras. Cuando se les preguntó por las pruebas concretas, tanto Velásquez como Gloria Cuartas aceptaron que no las tenían, pero que “era lo que se decía por ahí… de oídas…”; cuando se les preguntó quién exactamente aseguraba eso, ambos respondieron con las mismas evasivas: “Exactamente no sé.. la gente hablaba.. eso decían..” Y sobre estas  “pruebas” es que le tienen montado el proceso al valiente general Rito Alejo del Rio.

Pero, ¿cómo terminó acusado el general del Rito, aplaudido en su momento por ser el pacificador del Urabá, destacándose por el ser más firme luchador anti-guerrilla..?

Cuando el general Rito Alejo del Río llega a comandar la Brigada XVII, ya se encontraba allí, desde mitad del 95 a finales de ese mismo año, el golpista coronel Velásquez,  un dato supremamente importante ya que fue precisamente en ese lapso de tiempo en que Velásquez estuvo encargado, que se cometieron las masacres más espantosas en Urabá. Para mencionar una, saquemos a colación la masacre del Aracatazo, un genocidio que pudo ser evitado por Velásquez porque ya habían acudido a prevenirlo, y porque los autores de esta masacre estaban detenidos en la Brigada a mando del coronel.

Sí. Quienes cometieron la masacre del Aracatazo, tres miembros supuestamente “desmovilizados” del EPL estaban detenidos en la Brigada pero se escaparon inexplicablemente para hacer el infame exterminio de estas 18 personas que, el 12 de agosto de 1995, se encontraban en el interior de esa discoteca de Chigorodó. Y esa fue una sola de las masacres cometidas en los cortos meses que estuvo Velásquez encargado.

El cura jesuita Javier Giraldo y Gloria Cuartas, tal para cual

Cuando llega Del Rio a la región de Urabá, ya Gloria Cuartas, Velásquez, el cura Giraldo, Petro y, por supuesto, las FARC, sabían que la fama de antiguerrillero de este general había sido bien ganada, así que no les gustó para nada su designación como comandante de la Brigada XVII, y movieron cielo y tierra para impedir que Del Rio entrara a la región a acabarles la fiesta; pero todo fue en vano… el general Rito Alejo llega a poner orden.

Conociendo los antecedentes del coronel Velásquez y sus amistades con guerrilleros y bandidos, el general del Rio lo aísla de la toma de decisiones e impide que este hombre conozca cierta información privilegiada para impedir –eso es de suponerse- que la misma llegue a oídos de las FARC y demás grupos armados al margen de la ley.

Gloria Cuartas, por las razones que mencionamos, se encarniza contra el general y lo acusa ante diferentes medios e instancias de nexos con el paramilitarismo. Aseguraba la entonces alcaldesa de Apartadó, que Del Río fue quien llevó a grupos paramilitares a la región, cosa absolutamente falsa ya que a la llegada del general los hermanos Castaño tenían allí una finca de 3.000 hectáreas con miles de cabezas de ganado; finca que terminó en manos de la Iglesia Católica (asunto que después trataremos). Los grupos mal llamados “paramilitares” llegaron a la zona en 1984, más de 10 años antes de que llegara Del Rio. .

El asunto es que cuando llega del Rio, la guerrilla siente pasos de animal grande y se vale de muchas cosas para sacarlo de la región. El coronel Velásquez escribe un informe interno denunciando al general Del Rio de llevar los grupos paramilitares a la región, mientras que Gloria Cuartas y el cura Giraldo hacen lo propio por su lado. Petro ayuda también a difamar.

Valiéndose de elementos al margen de la ley, integrantes de las milicias bolivarianas, Gloria Cuartas es feroz en su ataque contra el general. Para esa época, la alcaldesa de Apartadó es la voz cantante de varias ONG de izquierda que tienen la misión específica de auspiciar grupos al margen de la ley. Si alguien se toma el trabajo de revisar los recortes de prensa, podrán darse cuenta de que Gloria Cuartas se empeñó al fondo en atacar al ejército denunciando supuestos vínculos de la institución con los paras; y también podrán encontrar que innumerables veces el general Del Rio le solicita pruebas concretas. Pero ella no las tenía.

El aliado de Gloria Cuartas en esas denuncias es, como ya lo dijimos, el coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, un hombre con antecedentes de izquierda y con su hermana terrorista y secuestradora del M-19. Velásquez se quejó del aislamiento a que lo sometió Del Río, pero ¿cómo no iba a aislarlo de las decisiones si el general Rito conocía ya los nexos de Velásquez con la guerrilla..?

Con el fin de tapar todas sus porquerías, Gloria Cuartas y Velásquez dijeron que ellos tenían la credibilidad y el cariño de la población; pero eso no es cierto y las comunidades negras pueden testificarlo. Antes de que llegara Del Rio, los únicos que se reunían con Gloria Cuartas y el coronel Velásquez, eran las milicias bolivarianas.. los bandidos. Y de eso hay muchas pruebas y testimonios.

Una de las calles principales de San José de Apartadó. En la época del general Rito Alejo del Rio, el ejército fue muy querido por la comunidad

Testimonios como los de los once milicianos capturados por asesinar a un soldado que estaba ayudando a pavimentar las calles de Apartadó. Los milicianos capturados señalan a Gloria Cuartas como gestora de esas y muchas otras muertes, y aseguran que es guerrillera.  Inmediatamente Gloria Cuartas es sindicada; están a punto de dictarle orden de aseguramiento pero la investigación pasa a Medellín y allí se inhiben. El Fiscal General era Alfonso Gómez Méndez. Tanto él, como Gloria Cuartas, admirados por el hoy presidente Juan Manuel Santos… todos amigos de la familia.

Así pues, Gloria Cuartas es denunciada como guerrillera y, además, por desviar fondos públicos hacia las FARC; también de coordinar junto a dirigentes del Partido Comunista, el asesinato selectivo de personas y algunas masacres.

Atérrense… Estos once milicianos, más otros que también se atrevieron a denunciarla a ella y al cura Giraldo, murieron asesinados, descuartizados y degollados, exactamente como fue asesinado Marino López. Y nuestra Fiscalía no dice nada, ni investiga ni pregunta cuando se trata de estos temibles personajes.

Para volver sobre las razones para acusar al general Del Rio, no era cierto -como afirmaba Gloria Cuartas- que la comunidad confiaba en ella y en el coronel Velásquez. Lo primero que hace el general Del Rio es reunirse con los sindicatos. Fueron tres reuniones, las primeras que hizo, muy duras, en las cuales solamente escuchó insultos y quejas. Pero en la tercera reunión lo dejaron hablar.

Y desde allí la cercanía del ejército con la población civil se hizo realmente estrecha. Si antes iban los milicianos a visitar a Velásquez, ahora solamente tenían entrada las personas de bien, los habitantes de la región fuera cual fuese su estrato socioeconómico.

A partir de ese momento, las masacres, los carrosbomba y el acoso de la narcoguerrilla cesaron. Estaba de gobernador Álvaro Uribe Vélez, y entre ambos libraron una batalla memorable contra los terroristas de todos los calibres que asolaban Antioquia y el Urabá. Evidentemente, las acciones de Gloria Cuartas, Velásquez, Petro, Cepeda y el cura Giraldo se encaminaron contra Uribe Vélez, a quien intentaron frenarle su carrera hacia la presidencia. Pero esa es otra historia.

Álvaro Uribe Vélez y el general Rito Alejo del Rio lograron ponerle coto al terrorismo, bajó el secuestro, bajaron las muertes de civiles y se reactivó la economía. Esto, al tiempo que las bajas de bandidos y las detenciones subieron. Detenciones como la de los once milicianos a los que la guerrilla descuartizó por atreverse a denunciar a Gloria Cuartas y a su compinche, el cura Giraldo. Hasta la fecha, la ONG del curita no se ha manifestado por estas muertes.. ¡Qué se van a manifestar…!

Desesperada, Gloria Cuartas llegó al colmo de asegurar que los hijos del general Del Rio, en ese entonces menores de edad que vivían en Bogotá, eran unos peligrosísimos asesinos y delincuentes.

Entonces, el general Rito denunció penalmente a Gloria Cuartas. La Fiscalía llamó a conciliar pero el general dijo: “!Yo no concilio con bandidos..!”. Entonces, extrañamente, la Fiscalía también ordenó archivar esta investigación contra Gloria Cuartas.

Mientras tanto, Velásquez fue hasta la embajada de los Estados Unidos y acusó al general del Rio de nexos con grupos paramilitares. Velásquez había pertenecido a un grupo especial del ejército que combatió a los narcotraficantes del Valle y esto le mereció credibilidad del embajador norteamericano. Además, el coronel Velásquez había urdido un plan para darle golpe de Estado a Ernesto Samper y la simpatía del embajador Frechette por este hecho fue inmediata. Algo parecido a lo que hicieron La Machaca y Sergio Jaramillo, enviados por el entonces ministro Juan Manuel Santos para desacreditar el gobierno de Uribe Vélez asegurando que el presidente exigía muertes mientras que los generales Montoya y González patrocinaban “Falsos Positivos” contando con la ayuda de Fernando Londoño y el general Rito para complotar en este sentido (en este ocasión, Jaramillo y La Machaca, bien instruidos, dijeron al embajador que Santos era el único interesado en respetar los derechos humanos). Algo también parecido a lo que hizo el coronel –luego general- Leonardo Gallego con la complicidad del periodista Mauricio Vargas para enlodar el buen nombre de Pedro Juan Moreno Villa acusándolo a él y a su fallecido padre de ser narcotraficantes. Pedro Juan tenía el dinero para viajar a Estados Unidos a defenderse. Mauricio Vargas y Gallego terminaron desenmascarados e iban a enfrentar una demanda de Pedro Juan, pero éste murió asesinado.

Así que, después de que Velásquez va a la embajada a acusar al general Del Rio, las ONG amigas del cura Giraldo y de Gloria Cuartas, se empeñan en la tarea de enviar cientos de correos electrónicos y cartas acusándolo de paramilitar. El desprestigio es total. A diferencia de su gran amigo Pedro Juan Moreno, Rito Alejo del Rio no cuenta con recursos para defenderse ante la justicia norteamericana.

Iván Cepeda, feliz de la vida mientras condenan a los militares que combatieron a sus amigos de las FARC

La bitácora de la procesión contra el general es la siguiente: A pesar de los esfuerzos de Gómez Méndez y sus amigos Gloria Cuartas, el cura Giraldo y demás, las medidas para encarcelar a Del Rio, caen porque el juez 31 Penal del Circuito de Bogotá encuentran que se le han violado todos los derechos al debido proceso. Luego, se ordena nuevamente que, debido al fuero militar del general, esta investigación sea personalmente llevada por el Fiscal General; pero allí ya no está Gómez Méndez sino Luis Camilo Osorio quien en octubre de 2001 resuelve precluir la investigación contra el general Del Rio.

Pero en el 2009, la Corte Suprema, la misma que es receptora de los favores de narcos, y que visita con frecuencia negocios del paramilitar Mancuso, ordena reabrir el caso contra el general Del Rio. La misma Corte que tiene interés en judicializar a Álvaro Uribe Vélez quiere cobrarle al general el haber trabajado con él en Antioquia, luchando contra quienes llenan de regalos a los magistrados.

Esa es la consigna: Exterminar la institución militar y encarcelar a sus más preclaros servidores.

Hoy, al Urabá regresó la guerrilla. El narcotráfico volvió a imponerse. Todos los delincuentes que se nutren del narcotráfico se han reunido en un poderoso y macabro pulpo que quiere acabar con la democracia en Colombia, que buscan volver a arrodillar al país. Eso lo saben los políticos pero mientras unos callan por miedo, otros lo hacen por complicidad.

El general del Rio también sabe eso. Y mientras él sigue humillado, Gloria Cuartas, Iván Cepeda, Gustavo Petro y el cura Giraldo sacan pecho y dan entrevistas a los grandes medios de comunicación (que son manejados por los Santos casi en su totalidad). Mientras el presidente Santos acude a los actos organizados por guerrilleros amnistiados y desprecia las misas dedicadas a las víctimas de aquellos; mientras Del Rio, Arias Cabrales, Ramírez, Plazas Vega, Uscátegui y decenas de oficiales más injustamente acusados y condenados, no merecen siquiera una mención del presidente Santos; Gloria Cuartas, acusada por sus mismos compañeros de las FARC como homicida y terrorista, se hace merecedora de palabras elogiosas de Juan Manuel Santos quien hace la invitación a los colombianos para que la imiten.

Muchos dicen que la suerte de los militares honestos que combatieron a narcotraficantes, guerrilleros y paracos, está echada. Y desde hace mucho. No por nada siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos destituyó fulminantemente a 27 valientes militares, entre los cuales había generales y coroneles, acusándolos falsamente de asesinos, de cometer “Falsos Positivos”. Lo mismo que hizo contra el almirante Arango Bacci acusándolo de narcotraficante. La “agenda de izquierda” que Juan Manuel Santos reconoció seguir en una reciente entrevista concedida a Patricia Lara en El Espectador, tiene como uno de sus puntos ese: Destrozar las fuerzas militares desde adentro, al mismo tiempo que ensalza a militares podridos, proclives a narcos y guerrilleros. Contamos con la esperanza de que nuestro glorioso ejército todavía dista mucho de convertirse en un ejército bolivariano, al estilo que le gusta al nuevo mejor amigo del camarada Santos.

Ya se fue Iguarán, y se fue Mendoza Diago, testigos de que el general Del Rio es inocente. Llega Vivián Morales de Lucio. Las expectativas no son buenas. La nueva Fiscal General de la Nación es, nada menos, que la esposa de un terrorista narcotraficante del M-19, el mismo grupo que intenta desde hace muchos años someter a Colombia bajo las garras del comunismo. Vivián Morales, la gran absolvedora de Samper cuando éste fue elegido con dineros de los narcos.

Estamos jodidos.

Enero 16 de 2011

Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Los farcofilos

Por Ricardo Puentes Melo

El país está de plácemes. Dos noticias emocionantes están dando vueltas por ahí trasnochando a analistas políticos, publicistas, lagartos y contratistas que esperan el turno para que el camarada Santos les arroje sus migajas del poder y con licitaciones preparadas cristalinamente para que se las puedan ganar solamente los cepilladores gobiernistas de oficio.

La primera noticia, por la cual deberían decretar día de jolgorio nacional, es la que publica El Tiempo, el diario de los Santos, y que anuncia a cuatro columnas que la popularidad del camarada, miembro destacado de la familia dueña de ese diario, alcanzó el 90% de favorabilidad en el país.

No sé de dónde sacan ese 90%, pero no debemos dudar de la verticalidad y la honestidad del diario de los Santos. Si El Tiempo dice que el presidente camarada tiene el 90% de favorabilidad, hay que creerle, como cuando Telesur publica cosas parecidas respecto de Chávez. Ante todo la imparcialidad.

La segunda noticia tiene que ver con otro camarada, aunque no hijo de padre coctelero, como el camarada Santos, sino que éste procede de otro tipo de coctelero, más Molotov. Se trata del camarada Iván Cepeda, hijo del criminal Manuel Cepeda, auxiliador de las FARC y propiciador de todas sus maldades. Iván es digno hijo de su padre.

No contento el camarada Cepeda con haber logrado que Colombia le pagara indemnización y le pidiera perdón por el asesinato de su papá, quien murió en un ajuste de cuentas entre bandidos, resulta que ahora está empecinado en cambiar el artículo 21 del Proyecto de Ley conocido como “Ley de Víctimas”, con el cual se pretende reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El camarada Cepeda, siguiendo el mismo razonamiento utilizado para obligar al Estado colombiano a pedirle perdón a él y demás familiares por la muerte del bandido de su padre,  quiere cambiar el Parágrafo Segundo del Artículo 21 de este proyecto de Ley, que dice lo siguiente:

“Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados como víctimas, en ningún caso, para efectos de la presente ley. Tampoco serán considerados como víctimas para efectos de la presente ley, en ningún caso, los cónyuges, compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo o los familiares en primer grado de consanguinidad y primero civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.”

Cepeda pretende cambiar este parágrafo para que el pueblo colombiano indemnice a los familiares de Jojoy, Tirofijo, Jetaechumbe, Raúl Reyes, patesopa, y a toda la parentela del resto de bandidos y terroristas de las FARC, EPL, ELN, M-19 y demás que declaren haberse visto afectados.

Es decir, al igual que lo hizo con su nefasto padre, Cepeda está empecinado en meter un mico guerrillero a la Ley, y hacer pasar a los victimarios y sus familias como víctimas, y a quienes hemos sufrido por las acciones de los bandidos nos quieren obligar a pagarles como pagamos ya por el bandido de Manuel.

Yo entiendo que Cepeda, acostumbrado a vivir como parásito del Estado –ya sea mediante demandas o con las finanzas de dudosa procedencia de papi- quiera que sus camaradas y familiares gocen como él ha gozado y vivan como comunistas primermundistas. Y entiendo que el Congreso quiera ganarse palmaditas de aprobación del camarada Santos quien se hace el que no sabe nada de esto, pero que aprueba con fervor leninista, moderado solamente por la influencia de la flema británica de Blair, su mentor en las lides comunistas de la Tercera Vía. Y ni qué hablar de su nuevo mejor amigo, que es a la vez el mejor amigo de las FARC.

Entiendo todo eso. Pero no comprendo cómo millones de colombianos nos seguimos dejando meter los dedos a la boca creyendo en la lealtad del camarada Santos y en su 90% de aceptación; tampoco entiendo nuestro silencio cuando él nos obliga a arrodillarnos ante su mejor amigo; y mucho menos concibo cómo permitimos que se montara en la presidencia el enemigo número 1 del ejército para que nombrara a todo su kremlin mimetizado con el solo objetivo de destruir las Fuerzas Militares de Colombia hasta que queden convertidas –eso creo yo- en huestes chavistas al servicio de la Tercera Vía.

Mientras las familias de militares asesinados por la guerrilla son ignoradas y desamparadas por el gobierno, las de los terroristas y secuestradores que asesinaron por millares ahora cuentan con la protección oficial que hace y deshace gracias a nuestra cobardía y nuestro silencio.

Así, el congreso colombiano, bajo el Mandato de la Tercera Vía, está dispuesto a cumplirle a la guerrilla, y a pagarle de nuestros impuestos toda su maldad. En las montañas de Colombia y en los editoriales de la prensa del país, deben estar hinchados de victoria.

Colombia se caguanizó de nuevo. Felicitaciones a El Tiempo, a los Santos, Semana, El Espectador y, por supuesto, a Fidel Castro y Hugo Chávez… los mejores amigos del camarada presidente.

Diciembre 12 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

Nadie, asegura el general Carlos Suárez Bustamante, tiene el derecho de solicitarle la baja. Por algo es el mandadero de la izquierda para que cumpla con los puntos acordados por el foro de Sao Paulo, a saber, exterminar los buenos elementos del ejército para montar facinerosos chavistas, émulos del tirano de Venezuela y admiradores de Tirofijo, el Ché y Jojoy.

Resulta que de todos los militares llamados a calificar servicios, el único que no ha pasado su baja, es Suárez Bustamante, alias La Machaca.

Dice él que no está dispuesto a irse así como así, y que si insisten en llamarlo a que abrace la vida civil y deje en paz –por fin- al ejército, le sacará los cueros al sol a ministros, al nuevo presidente, a congresistas y hasta a la señora de los tintos del Congreso. Parece que tiene muy buenos contactos con los chuzadores y que estos le prometieron entregarle una gran cantidad de grabaciones para extorsionar hasta al gato.

Iván Cepeda... ¿el terrorismo es quien debe autorizar la cúpula militar?

Está proponiendo La Machaca, que le inventen un cargo que dependa directamente del Comandante de las Fuerzas Militares, es decir, de Cely, y que sea una especie de Inspector General de las Fuerzas Militares… algo así como un Inquisidor Mayor que le permita extender sus tentáculos a todas las Fuerzas Militares. Sigue la Machaca empecinado en su propósito de convertir a nuestro ejército en una especie de Guardias Rojos adscritos a la Guardia Venezolana.

No está solo la Machaca en esta aventura. Como siempre, lo respaldan en esta vaina doña Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, Iván Cepeda, el huérfano del proterrorista Manuel Cepeda, y toda la cúpula del Polo Democrático, incluido –claro está- nuestro guerrillero y terrorista amnistiado de cabecera, Gustavo Petro.

También lo apoya toda la mamertada trepada en los ministerios y, aventuro yo, debe contar con el aval de su eterno padrino, Padilla de León.

Los amigos mamertos del presidente electo, entre quienes está su hermano Quique Santos, deben estar presionándolo para que ceda a las pretensiones de La Machaca, quien lo único que tiene en común con la cúpula de lujo entrante, es el uniforme.

La izquierda profariana siempre ha presionado para que su hombre –La Machaca- tenga control total sobre las Fuerzas Armadas… lo necesitan ahí para sus propósitos. Los profarianos Cepeda y Piedad son como uña y mugre con Suárez Bustamante. Aunque no sepamos cuál de los tres hace de uña.

En borregos socialistas nos quiere convertir la izquierda

Yo, humildemente, le sugiero al general Suárez que se compre en la octava uno de esos soles que venden de utilería y que se los ponga junto a sus insignias y medallas que cuelgan inmerecidamente de su uniforme, que también viste impropiamente, y que vaya a abrir oficina en las sedes del Polo. Otra opción puede ser la de pedirle a Cepeda que lo contrate como jefe de escoltas, o guardaespaldas de Teodora de Bolívar. Lo malo es que este par de joyitas trasnochan demasiado frecuentemente en los bares gay de Bogotá y a Suárez, aunque le gusta beber, sabemos que prefiere el Whisky al Tom Collins.

También podría ir a ejercer su vocación en la ONG del cura Giraldo, quien también se desvela maquinando como crucificar soldados, sicariar humildes negros, esconder armas y guerrilleros en su comunidad y lavar activos de la narcoguerrilla. Aunque dudo mucho que La Machaca –quien nunca ha combatido- prefiera el calor infernal de Urabá a un cómodo sillón de Judas dentro del ejército.

General Suárez, las fuerzas militares no son su cajita de soldaditos de plomo para que juegue impúdicamente con ellas y las venda a sus amigos y patrocinadores que han masacrado durante décadas a nuestra Colombia.

Entregue su baja en silencio y agradezca a Dios –si es que cree en él- que no haya terminado en una cárcel pagando por todas las bellaquerías que cometió contra nuestro ejército.

Retírese con la dignidad que no tuvo mientras permaneció activo, portando un uniforme que jamás debió llevar.

Julio 28 de 2010.

Por Ricardo Puentes Melo

Solo una cosa empañó la inmensa alegría del guarapazo que le dieron hoy nuestras Fuerzas Militares a los sicarios de las FARC. Y ese lunar estuvo a cargo –¡quién lo creyera..!- nada más y nadie menos que del ministro de Defensa Nacional, Gabriel Silva, un hombre simpático y bonachón, pero distante y no gustador de las emociones fuertes.

Gabriel Silva L., ministro de Defensa

Dijo nuestro ministro Silva en su alocución de hoy que los secuestrados en poder de las FARC eran “retenidos”, haciéndole juego a la propaganda terrorista de las FARC y las ONG afines que nunca han reconocido que tienen secuestrados en su poder, porque eso los calificaría como los delincuentes que son, sino “retenidos”, “prisioneros” y otras palabrejas que componen el léxico meticulosamente diseñado para que sus amigos de los medios de comunicación lo difundan a la masa borreguil, tal y como lo han hecho hasta ahora con relativo éxito.

“Retenidos”… Lindo nombre para disfrazar el vil e infame secuestro y tortura de que son objeto nuestros compatriotas por parte de esta banda de narcotraficantes y bandoleros que se autodenominan eufemísticamente “guerrilla”, o “grupo rebelde” como describe a estos forajidos la juez Jara, que ofició como verdugo en el caso del coronel Plazas Vega.

Si el ministro Silva usó este término por cobardía o ignorancia, es otro asunto. Pero, ministro, hay que tener cuidado con esto… no le haga el jueguito a la narcoizquierda.

Ese fue el lunar. La noticia buena, excelente, es que nuestro glorioso Ejército Nacional, para rabia de la narcojusticia y todos sus auxiliadores, rescató en combate a tres secuestrados (no retenidos, ministro): al sargento Arbey Delgado, al valiente coronel Enrique Murillo y al general Luis Mendieta. Se está buscando al coronel William Donato quien, al igual que los otros, se refugió en medio del tiroteo entre la guerrilla y nuestro Ejército.

Para rabia de la narcoizquierda, este rescate fue –creo yo en mi humilde opinión- mucho mejor que la Operación Jaque. Aunque en “Jaque” hubo más liberados, en esta operación, por la complejidad del terreno y los anillos de seguridad de la guerrilla en torno a los secuestrados (no retenidos, ministro), se necesitó hacer gala de sofisticada estrategia militar. Arrastrándose como camaleones, mimetizándose con el entorno, nuestros valerosos soldados se acercaron poco a poco a los guerrilleros, hasta tenerlos a distancia de tiro, pero siempre vigilando la seguridad de los secuestrados (no retenidos, ministro).

General Luis Mendieta, rescatado por nuestro ejército tras 12 años de secuestro

Para quienes no lo sepan, acercarse en estas condiciones de terreno y seguridad a la guerrilla, requiere de una capacidad única de concentración, valor y pericia. No se trata de ubicarlos y entrar dando bala… NO. En esta clase de operaciones, como se mencionó antes, los guerreros se acercan a su objetivo poco a poco, centímetro a centímetro con un sigilo digno de un jaguar antes de saltar sobre la alimaña. Es posible que los soldados hayan tenido a distancia de tiro a los guerrilleros durante días; es seguro que estuvieron muy cerca durante mucho tiempo sin que los narcoguerrilleros se percataran de su presencia. Pero no se dejaron vencer por los nervios ni la tensión ansiosa de entrar a combatir, rescatar y largarse. ¡Qué orgullo contar con un ejército como el nuestro..!

Lastimosamente un sargento del ejército que estaba infiltrado en la guerrilla fue asesinado por los bandoleros.

Quisiera verle la cara a Iván Cepeda, quisiera ver si seguía con su sonrisita de sarasa, esa que no abandonó durante la sentencia contra el coronel Plazas.

También quisiera verles las caras a Piedad Córdoba, a Gómez Méndez, la juez Jara, la fiscal Buitrago, a Mockus y su séquito de verdes. Por supuesto, no me perdería por nada del mundo ver en PPP la cara de amargura de Gustavo Petro.

Y ni qué decir de la cara de Navarro Wolf, Vera Grabe, Lucho Garzón, Hugo Chávez, Carlos Franco, la Machaca, Daniel Coronel, Antonio Caballero, León Valencia, Jimena Duzán, los señores Samperes, Néstor Morales, todo el combo de Colombianos por la FARC (upss! Perdón.. por la PAZ), José Fernando Isaza, Kalmanovitz, Alan Fara, la mamá de la Betancourt, Darío Arizmendi, Julio Sánchez Cristo, Félix de Bedout, Antonio Morales, César Gaviria, Carlos Gaviria, Pardo, los narcoamigos de la Corte Suprema, los del Consejo Superior de la Judicatura, los de Caracol –que dieron la noticia de la liberación de mala gana y siguieron rápido con las “noticias del entretenimiento”… en fin.. hubiera pagado por verles la cara a todos estos mamertos y otros más para disfrutar con sus muecas de amargura.

Los héroes en Colombia sí existen. Eso queda demostrado por una vez más.

Un mamerto comentó en una red social que lo que hicieron nuestros soldados no era un acto de heroísmo. Ni que el hecho de que el sargento ofrendara su vida para salvar a los secuestrados fuera valentía y amor a la patria. Para este mamerto, dar la vida por los colombianos, no era nada de eso sino un trabajo que era pago por nuestros bolsillos.

Eso es idiota. Nadie estaría dispuesto a arriesgar su vida por desconocidos a cambio de un salario de cerca de un millón de pesos mensuales. Nadie –aclaro- que no sea un verdadero héroe, como lo son la mayoría de nuestros soldados.

Nuestros héroes siguen ofrendando sus vidas para salvarnos de las garras de la tiranía narcosocialista. Siguen haciéndolo a pesar de que en  numerosas ocasiones son abandonados por algunos de sus generales y por el alto gobierno. Siguen haciéndolo a pesar de que la narcojusticia seguramente les cobrará caro su acto de heroísmo sentenciándolos a 30 años o más por haber herido o matado en combate a los siniestros guerrilleros que –para los narcoamigos- sólo son dulces angelitos, agricultores o rebeldes, como lo aseguran la juez Jara, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal Buitrago, todos los Fiscales generales hasta hoy y varios más del séquito de dolientes de la izquierda.

Por un acto como el de hoy, o como el de la Operación Jaque, es que el coronel Plazas está condenado a pagar 30 años de prisión y sufrir que hasta el general Fredy Padilla de León –que debería defender al coronel- se puso en contra suya y al lado de los guerrilleros amnistiados del siniestro M-19. Por un acto como hoy, los generales Arias Cabrales y Uzcátegui están a punto de ser condenados también. Por un acto como hoy, el oficial de la FAC César Romero está condenado a 31 años de prisión por el caso Santo Domingo.

Detrás de las cabezas de nuestros héroes está el narcotráfico. Detrás de sus condenas está el M-19, que sigue aliado con el narcotráfico tal y como lo estuvo en la Toma del Palacio de Justicia. El M-19, hoy disfrazado de Polo Democrático, Partido Verde y ONG de Derechos Humanos, ha logrado asesinar a nuestros jueces para montar los suyos, esos que pagan con el perico que se meten los mamertos y aquellos de este lado que no han logrado entender que su vicio financia esas atrocidades.

Que todos lo sepan.

Junio 13 de 2010

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Pongámonos en la ropa de uno de los millares de turistas extranjeros que vinieron a Bogotá (Festival Iberoamericano de Teatro), o a Medellín (Juegos Suramericanos), o a Cartagena (Foro Económico Mundial). Pensemos que uno de esos visitantes es curioso, que ojea la prensa local y ve noticieros de televisión.

Es seguro que tal observador desprevenido se llevó la impresión de que en Semana Santa un grupo de ciudadanos independientes y de buena voluntad, movidos por el solo interés humanitario, logró que un ejército irregular alzado en armas contra el Estado colombiano, y que controla buena parte de nuestro territorio, liberara de la prisión a dos soldados gubernamentales y entregara los restos mortales de un oficial, ‘prisionero de guerra’ también, quien falleció en una clínica en el territorio controlado por la administración ‘insurrecta’.

El curioso turista debió pensar -la organización humanitaria rescatista lo consideró un hecho probado y no hizo cuestionamientos- que el oficial fue tratado como prisionero de guerra; que recibió la asistencia médica deseable y posible; que se le autorizaron visitas, en el lecho de muerte, a su madre, esposa, hija y hermanos. Por lo demás, nuestro turista debió quedar encantado con la nobleza del ‘ejército rebelde’, porque, lo informó una senadora, y el turista no tenía motivos para dudarlo, los guerrilleros rindieron honores militares al cadáver del oficial ‘enemigo’ (asunto que, más bien, Eduardo Escobar llamó un ‘macabro ritual’). El turista debe estar pensando hoy que lo que sigue en Colombia -lo supo por la senadora ‘rescatataria’- será convencer a la impopular e indolente administración tiránica colombiana para que deje de ser altanera, indolente e insensible, y se disponga a negociar un acuerdo humanitario o de ‘intercambio de prisioneros’ con las Farc. El turista, seguro, hasta piensa escribir carta a su gobierno para que presione al presidente Uribe.

Iván Cepeda y Piedad Córdoba, ¿con libreto de las FARC?

Si el turista de marras, además de curioso simple, fue curioso inquisitivo, habrá buscado información en Internet sobre los hechos y sus protagonistas. Si llamó en YouTube a Piedad Córdoba, encontró videos, entre ellos uno grabado en México, en los que ella se despacha, en medio de aplausos del mamertismo internacional, contra el régimen ‘fascista y asesino’ de Uribe; llama a su derrocamiento y proclama la justicia y el altruismo que mueve la lucha de los ‘compañeros y compañeras insurgentes’. Si después el turista revisó otros nombres de la comitiva de la senadora, encontró a un señor Cepeda, cuya familia es la epónima de una banda terrorista del suroccidente que hace explotar niños bomba; a Gloria Cuartas, una especie de ‘Pasionaria’ del Partido Comunista criollo, organización política fundadora de las Farc y que ha sido la fuente perenne de reclutamiento de cuadros guerrilleros, y encontró otros nombres diversos de opositores rabiosos al régimen y de apologistas entusiastas de la combinación de la lucha política con las acciones armadas.

Pero lo que más debió sorprender al turista investigador, si por casualidad este llegó hasta las páginas de los periódicos electrónicos de las Farc (Anncol y abpnoticias) fue la coincidencia evidente entre el discurso público de la senadora y sus compañeros, con las consignas de las Farc, expresadas en los titulares de esos dos medios de comunicación. Parecía que las Farc enviaban el guión y los ‘colombianos por la paz’ lo repetían como actores juiciosos. Para muestra, varios botones o titulares ‘anncolianos’: ‘Los prisioneros de guerra no son secuestrados’; ‘El intercambio humanitario sí es posible’, ‘Acoso a Telesur’; ‘Moncayo afirma que no se puede negar existencia de las Farc’; ‘Organizaciones extranjeras saludan liberaciones unilaterales’; ‘El Gobierno vuelve a jugar sucio’ (“La senadora Piedad Córdoba acaba de denunciarle al mundo que el ejército oficial del régimen colombiano violó los protocolos, sobrevolando antes, durante y después la zona de la liberación, sobrevuelos totalmente prohibidos en el protocolo aceptado por las partes”).