Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Febrero 05 de 2012

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito”. Definición de la Real Academia perfecto para calificar la sentencia sobre Plazas Vega.

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo. A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente.

La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito. Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con un docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel “que cuelguen a esos hp”. En el testimonio presentando por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma. Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Edgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Y los colombianos nos seguimos preguntando, ¿Por qué Plazas Vega aún no está libre?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de once, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un es director de Medicina Legal. En todo caso, Plazas Vega ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como “autor mediato en un aparato organizado de poder”. Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado. Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Febrero 01 de 2012

Hoy, los enemigos del ejército hicieron de las suyas. Aprovechando el escándalo que desató la ignominiosa ratificación de la condena contra el coronel Plazas Vega, con la que se “lucieron” los magistrados Fernando Pareja, de la camarilla de Mario Iguarán, y Alberto Poveda Perdomo, huilense consentido del jet set opita y pupilo del tenebroso ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, receptor de favores y agasajos de la mafia –y vaya uno a saber si también aceptante de millones de dólares para hacerle vueltas a la cosa nostra colombiana.

Así que, beneficiándose de este escándalo de la infame condena, y ocultándose en el hipócrita discurso de apoyo del camarada Santos al ejército (¡Si él fue quien empezó a destruirlo siendo ministro de Defensa..!), un numeroso grupo de miembros del INPEC allanó violentamente hoy el centro de reclusión militar de Tolemaida con el fin –eso suponemos- de buscar cualquier excusa para seguir atropellando y humillando a nuestros soldados recluidos allí, víctimas en su mayoría de montajes de fiscales y jueces, tal y como ha sucedido con el coronel Plazas.

Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos ¿podrán destruir al ejército?

Los miembros del INPEC entraron a las celdas de los militares, les hurgaron sus pertenencias destrozándoles algunas cosas, intentaron provocarlos arrojándoles sus cosas al suelo, rasgando colchones y almohadas, exponiéndoles su ropa, requisándolos íntimamente y cometiendo toda clase de atropellos obscenos para hacerlos reaccionar y tener una excusa para golpearlos o enviarlos a una cárcel civil para que los guerrilleros recluidos allá los asesinen, tal y como ya han intentado hacer con el Mayor César Maldonado en la Picota.

El trabajo de destruir y humillar al ejército, que comenzó con bastante éxito Juan Manuel Santos, ha sido continuado por el entonces ministro Rodrigo Rivera y su equipo, y por uno que otro coronel y general a quienes pareciera que les han dado las medallas e insignias junto con un pote de vaselina tamaño familiar.

En este propósito de desgarrar a nuestra institución más querida, el ministro Vargas Lleras contó con la ayuda del sobrino de Juan Manuel Santos, Alejandro Santos –director de la Revista Semana- desde cuyo frente de ataque lanzaron calumniosas aseveraciones acusando a los militares recluidos en Tolemaida de tener un emporio del crimen donde las pruebas reinas del mismo eran el negocio de empanadas que tenía algún familiar, y la venta de huevos para el desayuno de otro pariente de los soldados. Fue con base en este escandaloso montaje de la Revista Semana, que Vargas Lleras envió a decenas de militares a cárceles comunes, a patios donde pululan los guerrilleros, dejándolos indefensos antes estos bandidos que ya han acuchillado a los desamparados militares a quienes se les despoja del fuero militar pasando por encima de la Constitución.

El Coronel Bonza, director del centro de reclusión de Tolemaida, permite los abusos del INPEC, compuesto en su mayoría por sindicalistas de izquierda que aprovechan cualquier cosa para descargar su odio contra los defensores de la Patria.

Este gobierno ya le dio la baja a más de 100 soldados, dejándolos sin sueldo y sin trabajo. Sus familias se mueren de hambre porque el coronel Bonza tampoco permite que los militares presos trabajen ni estudien.

Quienes entregaron sus vidas por la patria, sacrificando incluso el tiempo con sus familias, están siendo hoy tratados peor que a los delincuentes. Mientras los guerrilleros que ellos combatieron están en cargos públicos o con jugosísimos contratos que Santos les ha entregado, como el caso de León Valencia, nuestros militares son atropellados y humillados, tratados como basura.

¿Hasta dónde va a llegar este gobierno del oprobio? ¿Hasta cuándo los altos mandos militares seguirán permitiendo esto?

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/mas-punaladas-traperas-contra-el-ejercito.html/feed 29 http://www.periodismosinfronteras.com/continua-el-horror-judicial.html http://www.periodismosinfronteras.com/continua-el-horror-judicial.html#comments Wed, 01 Feb 2012 20:20:22 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5285 El veredicto de 608 páginas: continúa el horror judicial

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

31 de enero de 2012 

La sentencia que condena en segunda instancia al Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del palacio de justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los  dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido  que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas  por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio de las instituciones y de las Fuerzas Militares, orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución,  a las leyes y a los organismos de control  del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados  Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país  que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al Coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino  asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

Ex presidente Belisario Betancur Cuartas

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno  hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas?  ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las fuerzas militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega?  Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse?  Un proceso equitativo, lo que algunos llaman  “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena?  Nadie

Pablo Escobar financia muchas actividades criminales del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue una más de esas acciones

lo sabe.  No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia. El no convalidó la condena. El pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p.968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de  16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, que  “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. El tuvo que demostrar su inocencia.  Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El Coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer  cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–), pudieron haber sido cometidos.  ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Juez María Stella Jara

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato).  Esa teoría los lleva a caracterizar  al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica  de la sentencia de primera instancia y de la sentencia  reciente, donde encontró  muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”.  Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. (p 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que

Magistrado Hermes Darío Lara Acuña

en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales  de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p.935).  En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera.  El comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano,  César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”.  El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas  del Ejército aportadas por una de las partes, pues él estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a

Tirso Sáenz, uno de los falsos testigos que la fiscal Ángela María Buitrago intentó usar contra el coronel Plazas Vega

algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615).  Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera.  El critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

El explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos.  “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara,  “no  lo reconocen como la persona que sale” del palacio.  Hermens Darío Lara Acuña se pregunta  cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera,  logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p.935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del palacio de justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto,  la teoría de la estructura organizada de poder no funciona.  En primer lugar,  él destruye  el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él,  y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron  policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”.  Sobre esa base, Lara Acuña desbarata  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias  de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército nacional  “fue el que manejó  todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (páginas  957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

28 de enero de 2012 

¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de la sala penal del TSB.

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en uno de los carnavales que frecuenta. ¿Será allí donde le filtran los rumores?

El Tiempo, en lugar de pedir disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite previo a su anuncio oficial”.

Esa extraña movida, que los abogados del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente, menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?

Lo que no dice El Tiempo es que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones, rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.

Entendemos el por qué de las vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia. No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor montaje judicial de la historia de Colombia.

Nada extraña, pues, que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era ratificada por el TSB, él entablará  el recurso de casación contra la misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios”. Son palabras mayores.

El Coronel Plazas ha sido acusado por la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de “desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido. Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.

Magistrado Hermes Darío Lara. Después de ser un enconado detractor del coronel Plazas Vega, encontró -después de haber sopesado todas las pruebas- que Plazas es inocente

Para vengarse de quienes los derrotaron en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los “desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio. Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador

René Guarín, guerrillero y secuestrador, fue durante varios años fuente de inspiración de la Fiscal Angela María Buitrago y de la juez Maria Stella Jara

indultado del M-19, René Guarín, quien ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado judicial.

El TEI declaró que existió “un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

De ese importante informe del TEI, que las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.

José Vicente Rodríguez, director científico de la exhumación de los cadáveres del palacio de Justicia, sostiene que los restos de los "desaparecidos" están en poder de la Fiscalía

Lo que decían en 1986 sobre falsos “desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

El 27 de febrero de 2011, él reveló tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis. Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.

Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del

Coronel Plazas Vega, héroe que salvó más de 200 personas de morir en manos del M19, hoy está condenado a 30 años de prisión

héroe militar que rescató los rehenes (244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel, sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen haya sido cometido.

Es un montaje grotesco pues la instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como tales) y realizó una operación de substitución de persona, según declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero (no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas. Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.

Tras semejante revelación, la juez María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero, al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar Villamizar.

Los tres oficiales habían sido acusados de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

¿Si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia  contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

Edgar Villamizar Espinel es un testigo suplantado por la Fiscalía General de la nación.

Esas graves ilegalidades fueron expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.

El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

¿Ante semejante acumulación de hechos que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más terribles odios políticos?

Los dos magistrados deberían reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su honor y su respetabilidad.  ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el poder judicial respeta el Derecho?

Carlos Alonso Lucio y su esposa, la Fiscal Viviane Morales. En medio, el líder de la Iglesia Casa sobre la Roca

Bogotá, 22 de enero de 2012

Doctor

Carlos Alonso Lucio

Ciudad

Respetado Doctor Lucio

Por los medios de comunicación me he enterado de las palabras pronunciadas por Ud. en la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca el 11 de diciembre de 2011, como parte de un sermón en el cual Ud. hace un recuento de su trayectoria al margen de la ley, pide perdón y manifiesta su deseo de reconciliarse con la sociedad colombiana. Esa actitud suya la celebro.

En ese sermón que lo escucharon más de quinientos feligreses y fue ampliamente divulgado por la misma Iglesia Cristiana donde se efectuó la prédica, Ud. reconoció la autoría intelectual y material del asalto al Palacio de Justicia por parte del llamado “Movimiento 19 de Abril, M-19″ al cual Ud. pertenece desde sus comienzos. Manifestó también en esa alocución su indignación por el hecho de que el suscrito Coronel Luis Alfonso Plazas Vega se encuentra preso, cuando los miembros del M-19 que cometieron los delitos allí perpetrados fueron perdonados. Muy valiente de su parte al aceptar una realidad que si bien todos los colombianos conocen, pocos se atreven a expresar, por temor a los miembros de ese movimiento que hoy paradójicamente y como una flagrante demostración del desordenamiento jurídico de la nación, están en los cargos públicos más importantes del país, mientras los defensores del sistema democrático estamos privados de la libertad. Muy valiente Doctor Lucio.

Pero hay una parte de su expresión que no puedo compartir, en la que Ud. sugiere que yo también debo ser perdonado. ¿Perdonado de qué, Doctor Lucio? Si yo no he cometido ningún delito. Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia que es diferente. En mi caso solo cabe la absolución, como en los de otros oficiales igualmente inocentes. Ya han venido a visitarme dos parlamentarios uno en 2008 y otro en 2011 a sugerirme la aceptación de una amnistía e indulto y les he manifestado que están totalmente equivocados. No se pueden aplicar esas figuras a una persona inocente. Muy buenas sus intenciones, pero no las puedo compartir.

Durante su sermón, Doctor Carlos Alonso Lucio, estuvo Ud. todo el tiempo acompañado de su esposa la Fiscal General de la Nación Viviane Morales, quien no es para nada ajena a sus puntos de vista. ¿O era que sus frases iban dirigidas más a ella que a mí? En aras de la justicia lo que se debe hacer es abrirle investigación formal a la autora del montaje con el cual se me ha privado la libertad desde hace cuatro años y medio, la abogada Ángela María Buitrago. Hace más de seis meses la Procuraduría General de la Nación pidió la reapertura de dicha investigación sin embargo inexplicablemente no pasan de preliminares.

Si están tan afectados por la injusticia que se ha cometido contra mí, ¿porque no se abre la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la autora de tamaña injusticia? La sola apertura de esa investigación acaba con el proceso que la señora Buitrago se inventó en mi contra.

Que un ciudadano normal me dé una palmada en la espalda o haga una oración pidiendo que se me haga justicia, porque no puede hacer nada diferente por mi injusto caso, me parece gratificante. Pero frente a sus expresiones hechas con la aquiescencia de su esposa, Doctor Lucio, yo preferiría las obras a las palabras.

No se trata de conseguir aplausos mediante una frase, en una sociedad que me ha rodeado con su afecto a pesar de la campaña mediática y jurídica en mi contra. La verdad es tan tozuda que cuando el sistema judicial pretendió desprestigiar a este soldado colombiano, terminó el sistema judicial desprestigiado. Se trata de hacer una verdadera justicia, especialmente cuando ella está al alcance de la mano.

Atentamente,

Coronel Luis Alfonso Plazas Vega

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

16 de enero 2012

Contra lo que algunos estiman en este momento, no creo que el señor Timochenko le esté pidiendo “diálogo” al presidente Santos. Lo hizo en uno o dos mensajes, pero cambió de táctica y de tono, cuando vio que podía ir más lejos. Timochenko, en su último texto, del 9 de enero, está exigiendo cosas, antes de dialogar. El hombre es astuto. Está pidiendo, por ejemplo, que le despejen el Catatumbo, que le retiren los “miles de soldados y decenas de naves artilladas en plan de guerra” que él cree que el Estado colombiano ha ubicado allí, “en Cúcuta, Ocaña, Tibú y otras localidades”. Luego de consultar probablemente con el poder militar venezolano, el pérfido Timochenko le exige a Colombia que esa zona de frontera quede sin protección para poder él moverse sin tropiezos. En seguida, Hugo Chávez se propuso como “mediador” en cualquier intento de  diálogo con las Farc. ¿Qué están preparando las Farc y Caracas en esa región?

Algo muy grave sin duda pues cuatro días después seis municipios de Norte de Santander fueron atacados por las Farc (en Tibú, Teorama, Sardinata, Hacarí, San Calixto y Convención) lo que dejó tres civiles muertos, tres civiles heridos, dos policías heridos, un tramo de oleoducto Petronorte volado y una torre eléctrica demolida.

El plan de Timochenko es completo pues pretende, además, utilizar a la población de esa región como fuerza de choque. El jefe de las Farc está tratando de instigar el odio de clase y la sospecha, los mejores ingredientes de la guerra civil, para confundir y dividir  a la población de esa zona de valor estratégico. No es sino ver la caricatura que hace de los dos bandos que, según él, existen allí: por un lado, las empresas petroleras, de carbón y de palma aceitera (que él diaboliza con los epítetos de “transnacionales” y “depredadoras”), y del otro los cultivadores, colonos e indígenas que son, según el falso refrito marxista, las “víctimas” de los primeros.  Si ese párrafo no es una amenaza contra las empresas y contra la población en general del Catatumbo ¿qué es?

Lo más infame: en ese mensaje, que él intitula “Sin mentiras, Santos, sin mentiras”, Timochenko intenta lavarse las manos por su matanza de rehenes del 26 de noviembre pasado en Caquetá. Las Farc no son culpables, dice el jefe terrorista, el culpable es el Gobierno. Timochenko exhibe allí el odio que siente por los periodistas que no bailan con él, al amenazar a Herbin Hoyos por su labor de apoyo a las familias de los secuestrados por la banda narco-terrorista. Esa es la tercera amenaza grave que contiene el texto del jefe de las Farc. El gobierno debe proteger a Herbin Hoyos, y a los periodistas, pues Timochenko los ha amenazado a todos.

Eso es lo que algunos columnistas, unos por ceguera y otros por desidia, llaman la “retórica menos belicosa” de Timochenko, o el “cambio de tono de Timochenko”.  Una conocida  periodista llega a ver al jefe terrorista como “un pulcro escritor”.

Timochenko, "un pulcro escritor", según aseguran algunos 'periodistas'

Sin duda es muy “pulcro” ese individuo, determinador del asesinato de monseñor Duarte Cancino, en marzo de 2002, entre otros crímenes, como lo acaba de anunciar el juez segundo especializado de Cali. “Pulcro” pues Timochenko afirma que la verdad no existe, pues ésta depende “de quién y con qué difusión la afirme”, que lo que dice un comunista es verdad, y lo que dice un “burgués” es mentira. A ese grado de miseria intelectual han llegado algunos mandarines de la izquierda bogotana, que no temen arrastrarse por el lodo ante las baratijas ideológicas de las Farc.

Esos mandarines están entusiasmados, pues Timochenko lanzó la propuesta de “retomar la agenda que quedó pendiendo (sic) en El Caguán”. No ven que así se va conformando la nueva trampa contra Colombia. Desde el primer minuto en que el presidente Santos le diga sí al diálogo que propone Timochenko, la maquinaria internacional de las Farc se pondrá de nuevo en marcha. Los Pérez Esquivel, los mamertos norteamericanos y españoles, el chavismo latinoamericano y la extrema izquierda europea, se pondrán a aullar en coro: Santos debe paralizar las operaciones de las Fuerzas Armadas y aceptar la “solución negociada” que proponen las Farc. Santos debe hacer que  la “justicia transicional”, en vía de incrustación en la Constitución,  se encargue de encontrar la brecha para que nadie sea juzgado ni castigado (pues esa es la meta de esa curiosa “justicia”), y que se abra enseguida la gran fiesta bárbara: que todos esos criminales tengan permiso para  entrar en actividad proselitista y propagandística en Colombia, que se relance la Unión Patriótica, y que se instale una asamblea constituyente donde la voz cantante la tengan ellos y sus asesores extranjeros. Y que Colombia calle, y sufra.

Esa agenda de desborde del Gobierno comenzará con la apertura de cualquier tipo de diálogo. Pues lo que interesa no es el dialogo, sino el rito, el gesto. Con él, las Farc podrán comprarse una amnistía de hecho. Su meta es que les retiren la clasificación de organización terrorista en Estados Unidos y en  Europa, que esas potencias  le retiren el apoyo a Colombia y que los gobiernos “progresistas” les permitan a las Farc abrir “oficinas de paz” en cada capital. Si lo logran vanos habrán sido los éxitos formidables de Colombia contra las Farc de los últimos diez años.

Esa es la receta para hacerle un corralito a Santos y para enterrar definitivamente la línea de firmeza contra la inseguridad. Santos un día les pide “gestos de paz” a las Farc y otro rechaza toda idea de un nuevo Caguán. ¿Cuál es la línea verdadera?  Timochenko hará “gestos de paz”, sin duda, mientras continúa la guerra, con ayuda de las Bacrim, para empujar a Santos hacia un pantano: para que converse en alguna parte, en una zona desmilitarizada, como prefiere Timochenko, o en el extranjero, como sugieren las buenas almas del Gobierno.  Y, sobre todo, como pide el ex presidente Andrés Pastrana. Quien le cedió a las Farc 48 000 km² durante tres años, convirtiéndose en el responsable del mayor auge que éstas hayan tenido en toda su historia, ahora  aparece como el más perspicaz negociador “de la paz”. Él le aconseja a Santos abrir un diálogo en el exterior y no se sabe qué otra cosa. Pues Santos había puesto alta la barra para conversar con las Farc: un cese al fuego unilateral, la entrega de sus armas y que liberen a todos sus secuestrados (Reuters, 10 de enero de 2012). Eso es mucho pedirle a Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien se siente apoyado por algunos para exigir todo antes de dialogar.

Mientras tanto, los colombianos, civiles y militares, siguen poniendo los muertos como acabamos de verlo en Norte de Santander.Colombia no tiene nada que negociar con las Farc, salvo su rendición incondicional definitiva.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/timochenko-le-hace-el-corralito-a-santos.html/feed 3 http://www.periodismosinfronteras.com/entrevista-al-general-arias-cabrales.html http://www.periodismosinfronteras.com/entrevista-al-general-arias-cabrales.html#comments Tue, 10 Jan 2012 02:15:23 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5130 ENTREVISTA AL GENERAL ARMANDO ARIAS CABRALES

Ricardo Angoso

Por Ricardo Angoso

Enero de 2012

Arrestado, procesado y condenado por los acontecimientos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, el general Armando Arias Cabrales fue el militar que dirigió y coordinó tal operación siguiendo las órdenes dadas por la institucionalidad política colombiana y liberando a casi tres centenares de rehenes. Nadie fue juzgado por esos hechos, pero, sin embargo, pese a ser la última cadena de mando se le adjudican varias supuestas desapariciones, que él niega con convicción y que le han llevado a ser un reo de la justicia de su país, pese a que los terroristas que “diseñaron” el Holocausto del Palacio Justicia están en la calle y gozan de todos los privilegios, como ocupar importantes cargos políticos.

Ricardo Angoso: ¿En qué contexto se produce la toma del Palacio de Justicia, es cierto que el Presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, estaba “secuestrado” por el ejército?

Arias Cabrales: Se ha querido especular alrededor de ese asunto, de que había un golpe de Estado, pero realmente, siguiendo la tradición del ejército colombiano a lo largo de su historia, las Fuerzas Armadas siempre han acatado el orden constitucional y legal establecido en Colombia. En ese momento, sin embargo, se presentaban situaciones difíciles que atañían al orden público porque había organizaciones terroristas y guerrilleras que amenazan el sistema democrático, entre ellas el M 19, que estaba negociando con el ejecutivo en un proceso de paz su reinserción en la vida política colombiana.

Y hubo una gran generosidad por las instituciones, y más concretamente por parte del presidente de la República, ya que excarceló a la mayor parte de sus dirigentes y que no fue respondido por los terroristas, que siguieron con su estrategia delictiva de ataques terroristas indiscriminados, entre los que destacaban los asesinatos, los secuestros, las extorsiones…Atacaban tanto a las Fuerzas Armadas como a todos los sectores de la sociedad civil, desde las empresas hasta ciudadanos indefensos. El M 19 optó por la violencia, mientras que el ejecutivo le ofrecía la mano tendida para buscar la paz.

Sobre esas jornadas dramáticas del Palacio de Justicia, y al respecto, existen documentos oficiales del gobierno y de la presidencia que muestran la notable actividad de las instituciones para poner fin a la afrenta que significaba la toma del máximo centro judicial por los terroristas. Luego, más tarde, el presidente de la República asumió toda la responsabilidad, “para bien o para mal”, de la toma del Palacio de Justicia y de las acciones que se tomaron a tal fin. Yo creo que la guerrilla defraudó las expectativas que tenía la sociedad colombiana y más concretamente las más altas instituciones que confiaban en llevar a buen puerto el proceso de paz puesto en marcha tras la amnistía decretada por Betancur.

El general Arias Cabrales en la recuperación del Palacio de Justicia. 1985

R.A.:¿Es cierto, tal como dicen algunos, que se esperaba ese asalto al Palacio de Justicia?

A.C.:Hubo algunas informaciones sobre que había planes de que coincidiendo con la vista del presidente de la república francesa, ,en octubre de 1985, el M 19 tramaba tomar el Palacio de Justicia; así fue posible que se extremaron las precauciones y se enviaran más policías al edificio. Pero, a principios de noviembre, se retiraron los efectivos y se retomó la normalidad. Pero el clima era de suma tensión, pues muchos magistrados estaban amenazados por los narcotraficantes, los llamados extraditables, porque no querían que fueran enviados a los Estados Unidos para ser juzgados. Lo que trataban de evitar es ser extraditados y juzgados, para seguir gozando de la impunidad, y esgrimían entonces que “más valía una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

Pero un argumento que deslegitima totalmente la tesis de que el ejército propició el asalto y la toma del Palacio de Justicia por los terroristas del M 19, es el hecho de que el día de este acontecimiento el comandante del ejército, el general Samudio Molina, al que el M 19 ya había intentado matar, se encontraba dentro de las instalaciones, precisamente a las diez de la mañana. Y a esa hora ya había dentro del Palacio de Justicia miembros del M 19, dándose la casualidad de que saliera del edificio apenas media hora antes de que comenzara la toma violenta de las instalaciones judiciales. No tuvo percances, pero tampoco tenía protección especial. ¿Cómo podía haber esa disposición al asalto y crear esa supuesta ratonera si dentro estaba el mismísimo jefe del ejército? Esa teoría es totalmente ilógica y lo deslegitima esta presencia a la que me acabo de referir.

R.A.:¿Estaba realmente el narcotráfico, más concretamente Pablo Escobar, detrás de esta trama en la que participaban los terroristas?

A.C.: Desde cuando comenzó la investigación sobre estos hechos se apuntó a esa tesis. Incluso la presentadora de

Pablo Escobar, mecenas del M-19 desde muchos años antes del asalto al Palacio de Justicia

televisión y periodista Virginia Vallejo, bien conocida en Colombia por todos, que fue amante y amiga de Pablo Escobar, ya acusó al narcotraficante y a los líderes del M 19 de haberse reunido para preparar la trama que llevó a la toma del Palacio de Justicia. También ha habido acusaciones por parte de otros sectores del hampa, como el conocido jefe del narcotráfico alias Popeye, quien asegura que sí existió esa reunión entre el M 19 y Pablo Escobar para preparar y financiar la operación terrorista que debía llevar a la destrucción de la documentación que se preparaba para extraditar a los narcotraficantes. Se trataba de paralizar la acción de la justicia y de ganar tiempo para que no se aprobara el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Colombia. El Cartel de Medellín, del que formaba parte Pablo Escobar, parece ser el autor intelectual de esa toma del Palacio de Justicia, según todas las evidencias. Como también hay pruebas de que la guerrilla recibió armas de los sandinistas e incluso había un miembro de esa fuerza nicaragüense entre los integrantes del grupo de asalto; las armas, muchas de ellas, también procedían de Nicaragua, bien de la antigua guardia somocista o compradas directamente por el ejecutivo de Managua.

R.A.:¿Puede contarme cómo transcurrió ese fatídico día del 6 de noviembre para usted?

A.C.: Ese día tenía una reunión protocolaria sobre asuntos militares y estando allí, en donde me encontraba, escuché una información por radio de que había una situación anómala en los alrededores del Palacio de Justicia, en la plaza de Bolívar. Luego, más adelante, ya en mi cuartel, recibí más información acerca de la gravedad de lo que estaba ocurriendo; fuimos acuartelados y nos pusimos en disposición para actuar y acatar las órdenes. Así comenzaron los preparativos para las operaciones y empezamos a recibir las primeras órdenes sujetas a los planes previstos, como el Plan Tricolor de las Fuerzas Armadas. Desde el principio, los objetivos estaban claros: tomar el Palacio de Justicia, liberar a los rehenes y devolver a la normalidad al país tras un hecho que lo había dejado absolutamente fuera de sí.

Belisario Betancur resucitó a la guerrilla, luego de que Turbay Ayala casi la hubo acabado

R.A.:¿El presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, estuvo al tanto todo el día de las órdenes y controlaba la situación?

A.C.: Mi interlocutor inmediato era el Comandante del ejército y por lo que yo sé en todo momento recibíamos órdenes claras del presidente de la República para intervenir y poner fin a esa situación anómala que estábamos viviendo. Evidentemente, y siguiendo la cadena jerárquica, yo nunca hable con el presidente. Se nos informó claramente que seguíamos las órdenes que emanaban del gobierno, tal como después han revelado algunos ministros en declaraciones y libros, así como en la documentación que el ejecutivo elaboró ese día. El gobierno del país estaba al frente de la situación y los militares simplemente obedecíamos sus órdenes, tal como es nuestra tradición. Nunca hubo interferencias por parte del poder político para llevar a cabo las operaciones militares que se desarrollaban para liberar el Palacio de Justicia, a pesar de que dentro del edificio estaban secuestrados el hermano del presidente de la República, Jaime Betancur, y la esposa de un ministro del gobierno. Primó, por parte del ejecutivo, de que (se) restableciera el orden y se rescataran los rehenes; había que volver a la normalidad y evitar caer en la tentación de seguir los dictados de los terroristas del M 19. No olvidemos que el M 19 pretendía que el presidente fuera al Palacio de Justicia y ser sometido a un “juicio” por los terroristas, algo totalmente inadmisible e inaceptable para el país. Pretendían someterlo a un “proceso revolucionario”, a una suerte de farsa jurídica para deslegitimarlo por supuestamente haberlos traicionado en el proceso de paz y, de paso, desautorizarlo ante el país.

R.A.:¿Por qué el presidente de la República se opone a negociar con el M 19 y no acepta los llamados que le hacen desde dentro del edificio para que lo haga?

A.C.: El presidente, en su alocución del día siguiente, ya dejó bien claro que la  soberanía del país no era negociable y que él estaba obligado a cumplir con sus funciones y tareas constitucionales, tendentes a restablecer el orden legal y político del país. Se negó a hablar con el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, porque estaba amenazado y era seguir los dictados de los terroristas. Luego el segundo día, el 7 de noviembre, el presidente dispuso de que un representante de la Cruz Roja se presentase en el Palacio de Justicia ocupado por el M 19 y transmitiese un mensaje al grupo que tenía secuestrados a los rehenes. Entró con un megáfono, se le dio protección adecuada para no ser atacado, y comenzó a transmitir el mensaje del presidente. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Los terroristas comenzaron a disparar y silenciaron el mensaje, esa fue su disposición a negociar: las armas. Me entregó el documento que portaba el emisario de la Cruz Roja y se fue para siempre dando por concluida su fallida misión.

R.A.:¿Dicen que el presidente de entonces no ha dicho todavía la última palabra acerca de estos acontecimientos, es así?

A.C.: Algunas personas allegadas al presidente sostienen que estaba sopesando la posibilidad de escribir un libro, una suerte de testamento acerca de estos acontecimientos. Algunas veces hasta me buscaron para recabar las informaciones que yo tenía acerca de este asunto. Yo creo que si este libro o testamento se publica algún día será después de su muerte.

R.A.:¿Cómo es que no se juzgó a los políticos que tomaron las decisiones sobre las operaciones y, sin embargo, los militares, como usted, sí fueron encausados?

A.C.: Se adelantaron varias investigaciones desde el poder legislativo y quedaron exculpados tanto el presidente de la República como su ministro (correspondiente al de Defensa de entonces); ya que no se encontraron evidencias sustanciales para que fueran procesados por estos hechos. Allí se concluyó que no había ninguna responsabilidad y casi toda la cadena de mando quedó también exonerada de responsabilidades sobre estos hechos. Entonces, y resumiendo, es incompresible que sólo dos de los responsables, en los eslabones más bajos de la cadena de mando, seamos los que estamos detenidos por estos acontecimientos.

R.A.:¿Quién se encargó de los rehenes mientras salían liberados y después?

A.C.: En el Museo del Florero, un edificio histórico del centro de Bogotá, se instala una central de la policía para

La Policía Nacional era la encargada de la seguridad del Palacio de Justicia. Esa seguridad fue retirada dos días antes del asalto del M-19

coordinar las operaciones. Luego, cuando se entra en el Palacio de Justicia, muchos de los rehenes son dirigidos hasta allí para proceder a la pertinente identificación y se les presté ayuda a los que la necesitaran, pues había muchos heridos. Esta función se cumple durante los días 6 y 7 de noviembre, en unas circunstancias dramáticas y difíciles dadas las condiciones en las que salían muchos de los rehenes. En total, no lo olvidemos, fueron rescatados 265 rehenes. La Policía Nacional reasumió esas responsabilidades de seguridad de las instalaciones, quedando los rehenes liberados bajo su custodia, y los militares retornamos a los cuarteles después de la liberación del Palacio de Justicia el 7 de noviembre. El ejército no tiene ninguna responsabilidad en esos hechos que sucedieron después de la toma y en algunas negligencias o errores procedimentales que se cometieron en el manejo de los restos humanos encontrados en el Palacio de Justicia.

R.A.: ¿Los procedimientos de identificación de las víctimas y de los rehenes se llevaron a cabo con las suficientes garantías y de una forma eficiente?

A.C.: Hubo fallos o errores, hay que reconocerlo, incluso fueron reconocidos por algunos de los que trabajaron tras la toma del Palacio de Justicia en esas diligencias. Se dificultaron las labores de identificación porque no se llevaron a cabo bien las tareas de recogida de los restos y de los cadáveres calcinados. Muchas pruebas, además, fueron dañadas por los bomberos durante las labores de trabajo para apagar el incendio que los terroristas habían provocado. También, hay que señalar que algunos cadáveres, dado su grado de calcinamiento, no pudieron ser identificados y fueron enterrados en una fosa común, que más tarde fue exhumada por orden judicial. Pero tampoco olvidemos que en la época no había los medios científicos que hay ahora para identificar los restos encontrados.

R.A.:¿Hubo durante los acontecimientos buena coordinación entre los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad y el ejército?

Gustavo Petro, autor intelectual del asalto al Palacio de Justicia, hoy alcalde de Bogotá. Aquí con Roberto Sáenz, hermano del alias Cano

A.C.:Con las dificultades propias de la grave situación que se vivía, hay que señalar que la policía actuó con celeridad y sentido de la responsabilidad. Una de las primeras víctimas fue un teniente de la policía que acudió en cuanto oyó los primeros disparos dentro del Palacio de Justicia, ya que los terroristas entraron matando e hiriendo a varios civiles que trabajan allí. Cuando las fuerzas militares llegaron a la plaza de Bolívar ya estaba la policía trabajando para poner orden y tratar de normalizar una situación que luego devino en trágica; hubo una buena coordinación, incluso con los bomberos, entre todas las instituciones y fuerzas presentes en el escenario del conflicto.

R.A.:¿Cree que el gobierno de entonces estuvo a la altura de las circunstancias?

A.C.: Creo que el M 19 partía de un supuesto errado, que era la experiencia que habían tenido cuando tomaron la embajada de la República Dominicana y creían que podían volver a repetir la “hazaña”. En esa ocasión, tuvieron éxito, se llevaron dinero y se refugiaron en Cuba con la ayuda de las autoridades comunistas de la isla. Consiguieron todo lo que querían y salieron victoriosos. El M 19 pensó que la toma del Palacio de Justicia iba a repetir el mismo esquema y así lo atestiguan los documentos que se le encontraron a los terroristas. Hablaban abiertamente de aniquilamiento y llevaban armas para estar un tiempo más largo del previsto, tal como hicieron en la embajada dominicana. Lo que no esperaban era la reacción del gobierno, ese espíritu de no negociar y rendirse ante el terrorismo. También quiero destacar que durante esos dos días hubo una libertad de información total y se le dejó a los medios operar en el escenario con todas las garantías posibles. La transparencia fue total, no hubo limitaciones de ningún tipo.

R.A.: Después de haberse cerrado este asunto del Palacio de Justicia hace años, ¿cómo es posible que de nuevo se reabra y estén ustedes detenidos?

A.C.: En primer lugar, estos hechos fueron separados del servicio militar propiamente dicho y juzgados al margen del mismo, entonces quedaron fuera del fuero militar y bajo el mandato de la justicia ordinaria, como si las órdenes no las hubiéramos recibido de las instituciones pertinentes, lo que constituye un disparate. Es decir, que los hechos fueron juzgados e interpretados como algo ajeno al mandato que teníamos en esos momentos, que correspondían indudablemente al fuero militar, y casi como una decisión personal nuestra ajena a toda institucionalidad. Nosotros, sin embargo, lo que hicimos fue asistir en la defensa del Estado, que peligraba en aquellos momentos, y atender el mandato que nos fue entregado por las instituciones pertinentes en esas jornadas trágicas. Además, en el caso de los generales y los almirantes, junto a otras autoridades del Estado, quien es pertinente para juzgar sus hechos es el Fiscal General de la Nación, que es la institución que debe investigar y la Corte Suprema de Justicia la instancia que debe juzgarnos y no un juez ordinario; la investigación nuestra no se ciñó a esa norma jurídica y se desconoció el funcionamiento de nuestra propia justicia.

Los hechos del Palacio de Justicia ocurrieron en el año 1985 y a nosotros se nos imputa un delito de desaparición forzada, que es una figura delictiva que viene a aparecer en el Código Penal colombiano en el año 2001; se nos aplica con  una retroactividad que va en contra del Derecho en cualquier parte del mundo. Otro aspecto importante es que se adelantaron investigaciones administrativas tras los hechos y se aclaró que no deberían de continuar las investigaciones, pues no se encontraron elementos delictivos e incluso se procedió en términos absolutorios. La justicia militar también dictaminó que no había responsabilidades y que no se detectaban indicios de delito en los responsables de los hechos que ahora se juzgan; estábamos exonerados y, de repente, nos vimos de nuevo juzgados. Se nos imputan hechos que no existían en el momento de la toma del Palacio de Justicia y que ya fueron investigados y juzgados de forma absolutoria hacia los que ahora estamos siendo de nuevo procesados y condenados. Se vulnera una norma universal del derecho, juzgado hechos por segunda vez obviando todas las investigaciones y sentencias absolutorias.

Luego, de acuerdo a la norma legal colombiana, a los veinte años de un delito los hechos prescriben y la responsabilidad también, algo que se vulnera y se pasa por alto. Se reabren porque se asegura que son delitos de lesa humanidad y que, en este caso, no prescriben, como el de la desaparición forzada, que como ya he dicho es un delito del año 2001 y que no existía en el año 1985. Fue la Fiscalía la que reabrió el proceso sin atender a las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones colombianas en estos años. Y se reabre por los supuestos desaparecidos que no son tales y que incluso algunos están vivos, como han demostrado hasta los medios de comunicación. Resumiendo: se abre un proceso en contra de todas las normas jurídicas del país y atendiendo solamente a un criterio que yo considero político.

No olvidemos que después de los hechos, el presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, ya dejó claro que iba a haber transparencia y claridad e instruyó a las instituciones pertinentes para que analizaran y estudiaran en profundidad los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. Trabajaron durante meses para esclarecer los hechos y una corte especial formada por varios jueces de todos los colores políticos determinó que la responsabilidad final de todos los hechos criminales que acontecieron en el Palacio de Justicia recae sobre los terroristas del M 19, que atacaron y tomaron el edificio judicial de una forma suicida y destinada a sembrar el terror, tal como hicieron.

También se aseguró entonces que no había desaparecidos, algo que ahora se busca poner en duda y que es el principal

René Guarín, quien fungía como principal vocero de las víctimas, fue descubierto por Periodismo Sin Fronteras como lo que es: un terrorista del M-19, secuestrador y homicida; compañero de Petro en varios cursos de terrorismo dictados al M-19

motivo por el que nos hemos visto enjuiciados. Los desaparecidos perecieron en el asalto del M-19 y los cadáveres no pudieron ser reconocidos porque quedaron calcinados; fue imposible determinar su identidad. Se dictaminó en ese momento que los desaparecidos eran 36 cadáveres calcinados y que hoy son reclamados como supuestos desaparecidos por algunos los familiares de esas víctimas. Tratan de identificar a algunas de estas víctimas como liberados en su momento por las fuerzas de seguridad del Estado y que después, según dicen sin ningún fundamento, fueron dados de baja y supuestamente desaparecidos.

El problema es que estos supuestos desaparecidos y el proceso consiguiente que se ha seguido contra nosotros está liderado por René Guarín Cortés, que es hermano de una de las supuestas desaparecidas y que casualmente es un antiguo guerrillero, miembro precisamente del grupo que asaltó el Palacio de Justicia, el M 19. Incluso fue detenido en su momento portando armas de policías asesinados y transportando a un empresario secuestrado. Este tal Guarín ha manipulado a los familiares para que digan que reconozcan como familiares suyos a algunos de los liberados y que aseguren ante los jueces que son desaparecidos. Pero, sin embargo, se ha podido demostrar que muchas de estas aseveraciones eran falsas y se ha llegado a la conclusión de que algunos testigos mienten; se le ha dado más credibilidad a un convicto del M 19 que a unos militares que estuvieron al servicio del Estado. Luego, en este nuevo juicio se descartaron pruebas que nos beneficiaban y se aceptaron otras, contra toda norma de derecho, que nos implicaban en hechos que no habíamos cometido. En definitiva, ha sido un montaje para justificar nuestra condena y presentar como una organización criminal al ejército.

Pero no olvidemos que detrás de estas condenas, que buscan que el ejército y el Estado colombiano sean condenados en las altas instancias jurídicas internacionales, hay un colectivo de abogados, el Alvear Restrepo, que busca conseguir una indemnización millonaria que no irá a parar a manos de las víctimas en su totalidad, pues ese colectivo, por cierto ligado a la defensa de presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se llevará un porcentaje de la “tajada” que teóricamente le sacarán al Estado colombiano. Se trata de grupos extremistas que tienen un interés político claro, denigrar al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas, y también interés económico.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, también hay elementos de duda con respecto a algunos testigos que no son confiables y cuyas declaraciones estaban plagadas de contradicciones y mentiras. Se trata de tres testigos que no eran sólidos e incluso alguno de ellos era un vulgar delincuente. Y otro estaba, durante aquellos acontecimientos, detenido en una prisión. No eran testigos fiables, escasamente presentables ante un tribunal serio, sino que tenían oscuros intereses políticos y económicos en el proceso. Eran testigos absolutamente inconsistentes.

R.A.: ¿Qué interés político puede haber detrás de estas acciones judiciales contra mandos colombianos?

A.C.: Se trata de desprestigiar al gobierno y a las instituciones y, de paso, descalificar a las fuerzas de seguridad y al ejército; es una estrategia de cierta izquierda radical que no es nueva y siempre estuvo presente en nuestro país. Pero hay un objetivo de más calado, que pretende que las Fuerzas Armadas se vean desmoralizadas y dejen de actuar frente al terrorismo al percibir que su actuación les puede traer problemas y contenciosos jurídicos. Ya no solo tenemos la amenaza militar de que las fuerzas terroristas te puedan matar, sino que incluso podemos ser procesados por luchar contra las FARC y tratar de derrotarlas. Es una lucha contra el Estado colombiano, pero por otras vías y empleando medios políticos y jurídicos, tanto en Colombia como en el exterior.

Lo más grave es que los líderes y responsables de las acciones criminales llevadas a cabo por el M 19 están en la calle y han sido exculpados por el Estado colombiano. Incluso muchos de ellos participan en la vida política y son responsables en muchas instituciones colombianas; hasta un miembro de esta organización terrorista ha sido candidato presidencial sin que haya pedido siquiera perdón por los hechos cometidos entonces. Los terroristas quedaron en la calle, mientras a los militares que luchamos contra ellos se nos imputan crímenes horribles.

Los hechos del Palacio de Justicia acontecen en noviembre del año 1985, a las puertas de unas elecciones en Colombia. Los opositores al gobierno estaban interesados en buscar de estos acontecimientos un rédito político, trataban de erosionar al ejecutivo y, de paso, a las Fuerzas Armadas. Se quería abrir un debate innecesario y permanente sobre la actuación de la fuerza pública en estos hechos. Los que están detrás de este turbio asunto tienen una filiación política muy clara, aparte de los intereses económicos para tratar de sacar al Estado colombiano sustanciosas indemnizaciones por la condena a sus funcionarios. Gente que está claramente matriculada a la izquierda y que se dedica a proteger a notorios extremistas cuando son detenidos. Me refiero, claro está, al colectivo de abogados Alvear Restrepo.

R.A.: ¿Cómo es que los responsables no han sido procesados por estos hechos y, en cambio, los militares han sido sentados en el banquillo?

A.C.: El presidente de la República de entonces, a través de los canales procedentes, autorizó todas las acciones llevadas a cabo por el ejército en aquellas jornadas fatídicas en que peligró el Estado. La operación fue ordenada desde las más altas instancias y nunca fue cuestionada por el ejecutivo. El mismo día que concluyeron las operaciones militares que llevaron a la liberación del Palacio de Justicia el presidente salió en la televisión nacional, en una alocución retransmitida a todo el país, asegurando que, “para bien o para mal”, el responsable final de todas las decisiones fue el presidente de la República. Pero tampoco fueron procesados los ministros responsables y los jefes militares que estaban en la cúpula en ese momento; las órdenes fueron dadas desde las altas instituciones y seguían el procedimiento previsto para una situación de emergencia como la que estábamos viviendo en eso momento.

R.A.: ¿Y cómo no se resolvió este asunto, incluso en la época del anterior presidente, Álvaro Uribe?

A.C.: El proceso fue deliberadamente retrasado para esperar a que hubiera el cambio político, es obvio.

R.A.:¿Y hacia dónde va a evolucionar este proceso?

A.C.: Estamos en la fase de recurso y apelación. Tenemos algunos elementos que nos benefician y el Ministerio Público intervino a nuestro favor; mi defensa ya apeló en las instancias adecuadas y estamos en la fase del recurso de apelación, de la misma forma que la Procuraduría también ha testado en mi favor pidiendo la absolución debido a las numerosas irregularidades en que se celebró el proceso. Los argumentos de mi defensa en el juicio no fueron atendidos ni examinados por la juez que me condenó, que yo consideró que le movía un móvil más político que otra cosa, pues consideraba casi subjetivamente al ejército como una organización criminal.

R.A.:¿Sus subordinados en ese momento atendieron en todo momento las órdenes dadas?

A.C.:Se siguieron los planes previsto y el operativo para una acción como la que se llevó a cabo. No podíamos seguir tocando el timbre para que nos abriera la guerrilla, sino que hubo que emplear métodos y medios contundentes para derribar las puertas del Palacio de Justicia y entrar a salvar los 265 rehenes que liberamos en aquellos días.

R.A.:¿Queda claro, según su opinión, que la responsabilidad final de estos luctuosos hechos corresponde al M 19?

A.C.:Sí, pero sin olvidar que estaba detrás el narcotráfico, que dio el dinero para la operación, y que tenía un objetivo muy claro: destruir todos los informes y expedientes que se estaban elaborando para permitir extraditar a los narcotraficantes, algo a lo que se oponían por todos los medios, incluida la violencia. La Corte Suprema de Justicia iba a decidir precisamente ese día sobre la exequibilidad del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Los narcotraficantes querían retrasar ese proceso como fuera y quedaba muy claro que los magistrados eran sus principales enemigos, a los que ya habían amenazado en reiteradas ocasiones. Hay pruebas de ello, documentos que atestiguan esas amenazas. Eran los días en los que los narcos decían que preferían un tumba en Colombia que una celda de una prisión en los Estados Unidos; era pública su animadversión hacia la justicia y así lo hacían saber en sus comunicados públicos. Llegaron a asesinar al Ministro de Justicia a algunos magistrados para intimidarlos y evitar su extradición. El M 19 recibió dinero del narcotráfico para ocupar el Palacio de Justicia y cumplieron con las órdenes dadas: destruyeron todos los expedientes que permitirían la extradición de los narcotraficantes, pero provocaron un incendio de tal magnitud que destruyó todo el edificio e incluso acabó con sus vidas. El incendio fue imposible de apagar y acabó con todo lo que había en el interior del Palacio de Justicia.

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Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Diciembre 19 de 2011

Sabemos que este artículo nos merecerá otra andanada de amenazas por parte del Colectivo de Abogados, y tal vez un nuevo oficio de la oficina del presidente de Colombia exigiéndonos respetar a estas ONG con las cuales, según nos muestra la evidencia, mantienen un especial contubernio, un amancebamiento fornicario donde quienes pagamos los platos rotos –o las falsas víctimas, como es el caso- somos los contribuyentes colombianos.

Estuvimos en Mapiripán y descubrimos cosas muy interesantes. Nos enteramos cómo ocurrieron los seis asesinatos cometidos allí, qué papel jugaron los grandes medios en la fábula de los 49 supuestos masacrados, de qué manera actuaron las ONG para aprovechar el escándalo y lucrarse de una manera descomunal y aberrada mintiendo sobre lo que realmente sucedió, y el papel de la Cruz Roja y otras ONG que sembraron el pánico en la población para que abandonara de inmediato el lugar y así poder entregarlos en los brazos ladrones del Colectivo de abogados que les torcieron las conciencias y las mentes con las cifras fabulosas de dólares que entrarían a sus bolsillos, y que terminaríamos pagando de los nuestros.

De estas y otras cosas publicaremos en próximas entregas.

Luis Eduardo Quintero, otra falsa víctima de Mapiripán

En ésta, queremos presentarles a “Pato” el humilde zapatero de Mapiripán, que figura en la lista de muertos, y por cuya muerte se cobraron cientos de miles de dólares en un turbio acuerdo donde participaron, por un lado, la concubina de “Pato” y, por el otro, nuestro famoso colectivo de abogados.

Resulta que “Pato” no solamente sigue vivo, sino que hasta hace poco estuvo ignorante de que lo hicieron aparecer como muerto para cobrar la estafa conocida como “la masacre de Mapiripán”. Se llama Luis Eduardo Quintero, y nos costó algo de trabajo conseguirlo porque un piquete de miembros de la Fiscalía –Delegados de Derechos Humanos- fuertemente armados llegaron también a buscarlo quién sabe para qué cosas. Porque a nadie se le mete en la cabeza que cuatro grandulones con aspecto de rufianes, y con pistolas al cinto, vayan a buscar a un humilde zapatero para llevarle buenas noticias. Dios me perdone por mi falta de credulidad, pero es muy extraño que durante 14 años la Fiscalía no haya visitado a este señor ni hubiera averiguado si realmente estaba vivo o muerto, y que –precisamente -ahora que nosotros lo encontramos- hubieran querido hablar con él antes.

¿Sería que buscaban callarlo a cualquier costo para que no nos dijera nada..? ¿Sería que iban a ofrecerle prebendas para que no hablara? ¿Sería que iban a amenazarlo con la cárcel, igual que han hecho con las falsas víctimas que han querido hablar..?

No lo sabemos pero, desafortunadamente para los de la Fiscalía General de la Nación, Periodismo Sin Fronteras encontró antes que ellos a este “muerto” que está vivo.

Vean la declaración de Luis Eduardo Quintero, otro falso positivo del Colectivo de Abogados y el resto de ONG que se lucran con el negocio de las víctimas. Y que quede constancia de que Luis Quintero no defraudó al fisco, ni engañó a nadie. Fue una víctima de su concubina y de las ONG que se enriquecieron fabulosamente haciéndolo pasar por muerto sin pensar que nosotros íbamos a encontrarlo y a grabar su testimonio.

Esta es la primera entrega de una serie de artículos donde los colombianos podrán entender más cómo se gestó este multimillonario fraude por parte del Colectivo de abogados para el que Santos exige respeto, y el mismo al que el ministro Vargas Lleras quiere otorgarle impunidad asegurando que si el Colectivo regresa el dinero, para el gobierno esto “sería satisfactorio”

Aquí , el video:

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Diciembre 11 de 2011

No sobra decirlo. No sobra reiterarlo. Le cabe toda la razón a María Isabel Rueda cuando afirma que nuestro Ejército está desmoralizado y “empanicado” por los riesgos que una obtusa justicia ordinaria, contaminada por sesgos políticos o ideológicos, hace correr a oficiales y soldados. El mayor temor que los acecha no es el de pisar una mina o recibir un tiro en el fragor de un combate, sino el de quedar detenidos por una injusta medida judicial.

Si uno quisiera ilustrar con un ejemplo los monumentales errores que la justicia ordinaria comete contra los militares, bastaría citar el caso del general Jaime Uscátegui, condenado a cuarenta años de prisión por la supuesta masacre de Mapiripán, hoy convertida en una fábula que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo logró acreditar para obtener el pago de millonarias indemnizaciones, ordenadas al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con destino a familiares de muertos que no están muertos sino vivos.

Si el caso del general Uscátegui hubiese quedado en manos de la Justicia Militar, los cargos por el delito de omisión contra él no hubiesen tenido el menor sustento por una razón muy sencilla: Mapiripán no dependía de la Séptima Brigada, de la cual era comandante, sino de la Brigada Móvil número 2 y del Batallón Joaquín París bajo su mando. Se trata de una maniobra tan extravagante y minuciosa que me animaría a pedir hospitalidad de este diario para contársela a los lectores en una página de Debes Leer. Es una real novela policíaca cuyos inspiradores en la sombra fueron las propias Farc.

Coronel Alfonso Plazas Vega, un héroe y mártir. Víctima de la "justicia" colombiana

En este y en muchos otros casos, el botín de las indemnizaciones mueve al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo a adelantar toda suerte de argucias para configurar un crimen de Estado. Lo que no lograrían si existiese el fuero militar, lo consiguen con magistrados, fiscales o jueces de dudosa ortografía. Ahora esperan que se ratifique la condena impuesta al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Nadie se explica cómo la ponencia del magistrado Hermes Darío Lara que pedía la absolución de Plazas por falta de pruebas, en un informe de mil páginas producto de un año y medio de cuidadoso estudio de su caso, no haya sido aceptada por los dos magistrados que componen con él la llamada sala de decisión. ¿Tienen alguna nueva prueba que justifique su decisión? ¿Siguen creyendo que Édgar Villarreal sí firmó la supuesta declaración (negada por él ante el Procurador), la ahora derrumbada única prueba que sirvió de base para la condena de Plazas? La perplejidad es muy grande. Juristas respetables y conocidas personalidades que conocen muy bien este caso exigen hoy una aclaración.

Si llegara a ratificarse tan monumental injusticia, el escándalo rebasaría el ámbito nacional para llegar a los estrados internacionales. Una conocida ONG norteamericana, The Inter American Institute, que reúne a juristas de muy alto nivel, estudió cuidadosamente el caso de Plazas Vega y acaba de enviar una carta con 25 preguntas al Tribunal Superior de Bogotá. Su presidente, el conocido escritor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, no vacila en escribir: “Hoy, la comunidad internacional se encuentra expectante sobre el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en los hechos del Palacio de Justicia. Según parece, la justicia colombiana ha cometido el más aleve crimen contra una persona inocente, violando todos los principios vigentes en la jurisprudencia internacional a lo largo de muchos siglos.”

¡Cuidado! Es el primer trueno de una tempestad que puede dejar por los suelos la imagen de nuestro país y de sus instituciones. La última palabra para impedir tal desastre la tiene la Corte Suprema de Justicia.