Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

La muerte de Cano invita a un par de reflexiones. La primera, que la Fuerza Pública sigue siendo altamente eficaz en las operaciones contra los blancos de alto valor estratégico (BAVES). Los BAVES son criminales reconocidos que hacen parte de las cúpulas de la guerrilla, las BACRIM y el narcotráfico. Para neutralizarlos hay una estructura institucional especial que recoge toda la información disponible, analiza la inteligencia y planifica y coordina las operaciones. Para desarrollarlas se cuenta con todos los recursos de inteligencia, apoyo aéreo y helicotransportado y la ejecución por parte de las fuerzas especiales. Las operaciones contra los BAVES tienen prioridad absoluta y los recursos humanos y materiales adicionales que se necesiten se ponen a disposición del cumplimiento del objetivo, sin importar su destinación previa.

Esa estructura institucional ha sido la responsable de las operaciones contra Reyes, Jojoy y Cano, entre otros jefes terroristas, y será quien se encargue de Timochenko, aunque en este caso el éxito dependa de Venezuela.

Los prontuarios de los BAVES son larguísimos y la mayoría han sido condenados judicialmente. La fama de los criminales y las decisiones judiciales previas blindan jurídicamente a quienes ordenan, coordinan y ejecutan las operaciones de neutralización. Los BAVES nunca podrán ser presentados por las oeneges o funcionarios judiciales enemigos de la Fuerza Pública como “falsos positivos”. Además, los militares y policías que participan en estas operaciones reciben reconocimientos y condecoraciones. La moral de estas unidades de élite es formidable. Son, sin discusión, tan buenas o mejores que las de los grandes ejércitos y policías del mundo.

Los militares privados de la libertad, la mayoría de las veces de manera injusta, están en el abandono (Foto Adriana Ochoa)

La segunda, que la situación de las demás unidades de las Fuerzas Militares es otra muy distinta. Los oficiales, suboficiales y soldados e infantes de marina que tienen la tarea “ordinaria” y “cotidiana” de preservar la defensa y la seguridad nacionales y combatir a los delincuentes que no tienen la categoría de BAVES, es decir la inmensa mayoría, no cuentan ni con los medios de inteligencia, ni con los equipos y materiales sofisticados y de última generación de las fuerzas especiales, ni con su preparación excepcional. Sus acciones en combate se miran bajo las normas de los derechos de los derechos humanos y no con las del derecho internacional humanitario. Es irónico que el reconocimiento del “conflicto armado” sirva para indemnizar a las víctimas, ciertas o no, pero no para que sean las normas internacionales que regulan ese conflicto las que se usen para evaluar el comportamiento de la Fuerza Pública.

Cuando hay una operación con heridos o muertos se les abre de inmediato una investigación penal por parte de fiscales y jueces de la jurisdicción ordinaria que no tienen ningún conocimiento de la teoría y la práctica militar ni idea alguna de cómo debe decidirse, coordinarse y ejecutarse un combate y que con no poca frecuencia son soterrados enemigos de la Fuerza Pública. A veces los muertos en combate se convierten en “falsos positivos” (y no digo aquí que nos los haya habido). A veces hay falsos testigos, como en Mapiripán y el Palacio de Justicia. Como resultado, la moral de estas unidades es muy baja y su efectividad operacional ha mermado sustantivamente.

Que el éxito de la operación contra Cano, que merece todos los aplausos, no nos impida ver la otra realidad.

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

A mediados del año pasado, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo desató una sádica campaña mediática en contra de Periodismo Sin Fronteras, principalmente contra Eduardo Mackenzie y contra mí, debido a una serie de artículos que publicamos alertando sobre las oscuras maniobras de este “Colectivo” en los casos de Mapiripán, Palacio de Justicia, y otros donde estos abogados, en clara complicidad con miembros de la Fiscalía y jueces, montaban falsos testigos y fabricaban pruebas contra miembros del ejército de Colombia.

Lo que hizo el Colectivo Alvear Restrepo para vengarse, fue valerse de todas las ONG y medios de comunicación amigos suyos, para repicar por toda la red que Periodismo Sin Fronteras era un portal de ultraderecha, amigo de paramilitares y financiado por miembros del ejército. Mentiras descabelladas y fácilmente destruidas por quien desee comprobar nuestras ínfimas –casi inexistentes- finanzas. A lo sumo hemos recibido cerca de 20 dólares en donaciones en toda nuestra existencia.

No contentos con esto, el Colectivo acudió a la poderosa FIDH –Federación Internacional de Derechos Humanos- (una ONG francesa cuya subsidiaria en Colombia es el Colectivo Alvear Restrepo) tratando de darnos el puntillazo final, para lo cual buscó la alianza del presidente Juan Manuel Santos en contra nuestra; algo sencillo porque desde antes de su posesión, periodismosinfronteras.com ha mostrado su desacuerdo con la mayoría de las decisiones de Santos en torno al manejo de la seguridad nacional.

El asunto es que, el 23 de septiembre de 2010, la tunecina Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, le escribió una carta al presidente Juan Manuel Santos acusándonos – a Mackenzie y a mí-  de estar organizando, en unión con “inteligencia militar”, un atentado terrorista en contra de los miembros del Colectivo Alvear Restrepo.

La carta dice, entre otros apartes que: “Quisiéramos recordarle la imprescindible labor que ha realizado el CAJAR en la defensa de los derechos humanos en Colombia y en la lucha contra la impunidad en sus treinta años de existencia. Su rol fue vital en casos como el de la masacre de Mapiripán”.

Luego, uniendo ese “rol vital” en los casos de Mapiripán (y otros), donde ya se hicieron evidentes los delitos del Colectivo, la FIDH le dice al presidente Santos que “el CAJAR recibió de una fuente fidedigna información sobre los preparativos de un atentado contra la vida de un abogado del CAJAR. Según la fuente, estaría involucrada la inteligencia militar”.

Y sin vergüenza alguna nos involucra como parte del complot: “nos preocupa la campaña en curso de difamación contra el CAJAR y la FIDH, a través entre otras de informaciones calumniosas publicadas por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo en el sitio de internet “Periodismo sin Fronteras”, afirmaciones expresamente dirigidas al CAJAR, al igual que a nuestra propia organización, la FIDH. (…)Le solicitamos que su gobierno tome las medidas necesarias para proteger al CAJAR y a sus integrantes contra un eventual atentado”

Y, para hablar del supuesto atentado terrorista planeado por Mackenzie y yo en su contra, con la ayuda de la inteligencia militar, le solicita una reunión urgente entre los miembros del CAJAR y la presidencia de Colombia.

Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, casa Matriz del Colectivo Alvear Restrepo

Ignoramos si tal reunión se llevó a cabo, pero de inmediato le enviamos también una carta al presidente Santos donde le mencionamos que no existe ni una sola denuncia de la FIDH ni del Colectivo contra las atrocidades de las FARC, el ELN y otros terroristas, lo que desvirtúa su afirmación de que rechazan “todo tipo de violencia”.

Acto seguido le hicimos al presidente Santos un recuento de la obvia complicidad de la FIDH con los cobardes asesinatos cometidos por las FARC; por ejemplo el del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y manifestamos que ninguno de los grupos pertenecientes a la FIDH –como el CAJAR- condenó a las FARC. Al contrario, descargaron toda la responsabilidad en el gobierno de Álvaro Uribe.

Le hicimos notar que ni la FIDH, ni el Colectivo condenaron los viles secuestros y asesinatos de los líderes negros de Curvaradó, Chocó: Manuel Moya, Graciano Blandón, y el hijo de éste último. Y mucho menos se manifestaron ante los asesinatos de más de 10 líderes comunitarios que se atrevieron a acusar al cura Giraldo y a Gloria Cuartas por varias masacres cometidas en el Urabá. ¡Cómo iban a decir algo, si el cura y la Cuartas son de la misma camarilla..!

Pero la FIDH sí lamentó la muerte del terrorista Raúl Reyes, a la cual calificó como “un crimen internacional”.

También le recordamos al presidente Santos que la FIDH, casa matriz del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, fue la que montó una terrible campaña de infamia contra Álvaro Uribe Vélez, acusándolo en 2002 –antes de su primera elección como presidente- de ser el “candidato de los paramilitares”, y de tener vínculos con los narcotraficantes.

Le mencionamos que la FIDH organizó en Francia, en marzo de 2002, una gran jornada “académica” donde los conferencistas mostraron a Colombia como una empresa criminal, y a las FARC y el ELN como personas respetuosas de los derechos de los civiles, grupos rebeldes víctimas de los paramilitares.

Miembros de la FIDH

Evidentemente, la FIDH y su entidad satélite, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo han hecho lo imposible para que en Europa prospere la acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el tema de las chuzadas.

Y le comentamos varios casos más cerrando nuestra carta así:

“Nosotros seguiremos observando y glosando a la FIDH y a su “colectivo de abogados” mientras sigan aplicando su política de traición al Derecho y a los Derechos Humanos, de connivencia con los violentos y, al mismo tiempo, de feroz sectarismo contra gobiernos y sociedades democráticas que no capitulan ante las sirenas utópicas de la sociedad igualitaria y del socialismo del siglo XXI. Muy cordialmente, Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo”

No fue sorpresa la respuesta recibida desde la presidencia, el 28 de diciembre de 2010:

En un claro respaldo a la FIDH y al Colectivo Alvear Restrepo, con instrucciones del presidente Santos, el Director del Programa presidencial de DD.HH y DIH, Dr. Hernán Ulloa, nos dice tajantemente  “El Gobierno Nacional ha solicitado un respeto hacia todas las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos que trabajan por el fortalecimiento de la democracia, evitando cualquier tipo de estigmatización o señalamiento en su contra”

En otras palabras, el gobierno nacional nos exigió no volver a denunciar ni a la FIDH ni a su subsidiaria, el Colectivo de

Luis Guillermo Pérez, de Colectivo Alvear Restrepo, Astrid Betancourt y Armand Burguet, del FICIB

Abogados José Alvear Restrepo.

Como evidentemente no le hicimos caso al presidente Santos, en junio de 2011, pocas horas después de que denunciáramos la suplantación por parte de la Fiscalía del único testigo en contra del coronel Plazas Vega, cuyo testimonio –obviamente falso- sirvió para que el oficial fuera condenado a 30 años de prisión, el presidente Santos lanzó un fiero ataque contra los periodistas independientes que nos hemos dedicado a decir la verdad sobre los asuntos que quiere ocultar el gobierno, y sobre los delitos de los defendidos por Santos, como es el caso del Colectivo Alvear Restrepo, la FIDH y otros.

Por un lado, el presidente Santos exigió no señalar a estas ONG violadoras de Derechos Humanos, y por el otro acusó a quienes le desobedecimos, de ser una “mano negra de la extrema derecha”. Nos comparó sin más con las FARC.

Hoy, luego de que se confirmaran nuestras denuncias contra el Colectivo Alvear Restrepo –denuncias que han hecho varios otros periodistas independientes desde otras trincheras- el gobierno le vuelve a dar un espaldarazo a esta ONG que ha quedado descubierta como autora de un rosario de delitos que se agravan porque utilizan a las víctimas como mercancía de desecho.

El Colectivo Alvear Restrepo, supuesta ONG defensora de Derechos Humanos, es totalmente lo contrario, un grupo de violadores de Derechos Humanos auspiciados y dirigidos por la FIDH, que se burlan del dolor de las verdaderas víctimas, que suplantan otras, y que atracan el erario con sus inhumanos montajes.

Al gobierno nacional, con Germán Vargas Lleras como vocero, le parece “satisfactorio” que el Colectivo de bribones regrese parte del multimillonario botín y que reconozca que “se cometieron equivocaciones”.

¿Se cometieron “equivocaciones”..?

¡Por Dios..! ¡Si el Colectivo incurrió en una serie de crímenes que pueden ir desde concierto para delinquir, falsedad procesal, estafa, hasta traición a la patria…!

Y el gobierno de Juan Manuel Santos, por medio de Germán Vargas Lleras, denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por haber recibido dineros de narcotráfico en su campaña política, sale con la babosada cómplice de que le parece “satisfactorio” que el Colectivo regrese parte del dinero que le sustrajeron a la nación.

Por haberse robado una bolsa de leche para alimentar a sus hijos, hay muchísimas mujeres cumpliendo penas de años en las cárceles del país.

Lamentamos tener que denunciar de nuevo estas barbaridades. Asumimos el riesgo de que el presidente Juan Manuel Santos vuelva a acusarnos de pertenecer a una “mano negra” de conjuradores, comparables en crueldad a los terroristas de las FARC.

Fernando Londoño Hoyos

Por Fernando Londoño Hoyos

Octubre 19 de 2011

El Mayor Ordóñez fue durante los años de su Escuela Militar modelo de estudiante, por lo que pudo graduarse con los mayores honores que sus superiores le podían dispensar. Y por sus altas calidades de soldado, de oficial sin tacha y de enamorado de su Ejército, fue ascendiendo entre la admiración de sus compañeros, sus superiores y sus subalternos.

No puede extrañar, a quien conozca siquiera un poco de la vida militar, que con los honores y las responsabilidades llegaron los desafíos académicos y las duras pruebas de los cursos de combate. Mi Mayor fue graduado como contraguerrillero, luego como paracaidista y enseguida como Lancero, que es la crema de nuestro Ejército. Más adelante fue seleccionado para el curso de Comandos y distinguido como Instructor de Lanceros.

Esa sucesión de honores en la formación del guerrero vino acompañada del mayor número de condecoraciones y distinciones que podía recibir un oficial de su edad y su rango. Más de doscientas medallas iluminaron su pecho de combatiente. Conoció todas las fatigas, padeció todos los dolores, asumió todos los peligros. Pero su amor a la Patria lo justificaba con creces.

Muy cerca de Cali, donde trabajaba el Mayor, en el vecindario de casas señoriales de veraneo, merodeaba una cuadrilla de las Farc, integrada por desalmados bien conocidos en la región. El boleteo, la extorsión, la intimidación eran el pan cotidiano de moradores y visitantes. Que por eso acudieron al Mayor Ordóñez en busca de seguridad y de paz.

Una primera operación terminó en fracaso. La gente que padecía estos horrores redobló las súplicas. Y vino una segunda orden, planificada y dispuesta con perfecta técnica militar.

Esta vez hubo éxito. Se estableció contacto a la medianoche y cuatro bandidos fueron dados de baja. El Mayor ordenó asegurar la zona y le comunicó el hecho a la Fiscalía. Los fiscales acudieron, pero prefirieron dejar su tarea para la mañana. Todo estuvo en regla, por supuesto.

Pasó el tiempo. Mucho tiempo. Y la Fiscalía y los abogados que sabemos encontraron un testigo muy apropiado. El mismo que en su primer testimonio dijo no haber visto nada lo pensó mejor y ya lo recordaba todo. Todo lo que se le pedía que recordara. Los hombres de Ordóñez fueron llamados a juicio por uso excesivo de la fuerza.El General Juan Salcedo Lora acudió al proceso como experto en estrategia y operaciones tácticas. El juez prohibió que se le llamara General. Era una forma de intimidación para su Despacho.

Ignominiosa, la condena al Mayor Ordóñez y sus hombres

Y vino lo más increíble. Ordóñez también fue incluido en el proceso. Porque se encontraron muchas llamadas a la tropa en esas horas. No era para cumplir deberes de mando. Era para instigar a unos criminales, los oficiales y soldados. Y en su contra hubo una prueba final, la que ofrecían todos sus cursos de combate y todas sus condecoraciones. El Ejército había educado a un criminal en potencia, a un asesino que esperaba una oportunidad para matar. Y fue condenado a 46 años de prisión. Sus subalternos, inclusive los que no dispararon un tiro, a 40. El testigo falsario seguirá protegido y todos los oficiales compañeros de Ordóñez tendrán aprendida la lección. Si es delito combatir, es peor delito ordenar que se combata.

El Mayor Ordóñez se pregunta qué le hubiera pasado si archiva las peticiones de la gente que le pidieron protección. Nada, sin duda. Y así, es como termina su relato, esa mañana en que fue detenido, habría podido acompañar al jardín a su hijita de 2 años. La que no verá crecer. La ha perdido para siempre. Como a su esposa, a sus padres, a su Ejército. Solo le quedan el deshonor y la cárcel. Así paga esta Patria a quienes mejor la sirven.

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Septiembre 05 de 2011

La condición humana es frágil, vulnerable, contradictoria. Esconde pecados, vacíos, grandes y pequeñas desgracias. No soy, por supuesto, ajeno a esas características. Al contrario. Las veo en mi agudizadas. Quizás por eso no soy dado a panegíricos. En todo héroe hay unos pies de barro.

Y si de la política y de la función pública se tratan, ni hablar. En ellas los rasgos de la personalidad se agudizan, magnificándose para bien, a veces, y para mal, casi siempre. Pero hay ocasiones en que la persona y las circunstancias que la rodean exigen un reconocimiento público. Ocurre ahora con Juan Carlos Pinzón, designado Ministro de Defensa. No dudo de que es el hombre para el momento. Preparado como pocos en los asuntos de la defensa y la seguridad, estudioso de los desafíos contrainsurgentes, conocedor de la cultura militar desde el hogar, con amplia experiencia en el sector público y en el Ministerio, Pinzón tiene también carácter recio, transparencia y  compromiso de patria. Es, además, y eso ya es mucho, un buen ser humano. De manera que no temo afirmar que no hay nadie que pudiera ser mejor Ministro de Defensa que Pinzón.

Pero la va a tener muy dura y mejor sería que la clase política, los comentaristas y la opinión pública bajaran sus expectativas. En la respuesta ministerial a los desafíos en seguridad y defensa hay problemas que ni Pinzón podrá solucionar.

Juan Carlos Pinzón, nuevo ministro de Defensa Nacional

En el frente externo, el riesgo de Venezuela. El Teniente Coronel de al lado, sigue armándose hasta los dientes. Hace apenas una semana, anunciaba un crédito por cuatro mil millones de dólares para comprar armamento ruso. Con ellos, son más de once mil millones en compras militares sólo a los rusos, incluyendo los cinco “batallones” de sistemas de misiles S300PMU-1 que Moscú no pudo vender a Irán por las sanciones del Consejo de Seguridad, el sistema móvil de lanzadores múltiples Smerch y 92 tanques T72B1. Y, para no olvidar, los aviones Su-30MK2, tan o más sofisticados que cualquier caza norteamericano de última generación. Todos esos aparatos están ahí y no son precisamente para reprimir a los opositores políticos de Chávez.

En el interno, si se quiere nombrar un oficial de Ejército como comandante general, con lo que, por cierto, no se arreglaría nada (no veo a nadie que pueda hacerlo mejor que el almirante Cely), se causaría un daño inmenso a la Armada y a la Fuerza Aérea. Y el general Navas, exitoso como ha sido en las fuerzas especiales, aun no da muestras del liderazgo y la capacidad de comunicación que requiere un Comandante General. Si se quiere ir más abajo, el daño a las otras fuerzas sería aun peor. El problema de mando, no sobra decirlo, sólo lo agudizó el presidente Santos con la salida de Matamoros.

La moral del combate de la tropa regular está por los suelos. En el ejército regular, aquel que no opera contra blancos de alto valor estratégico, nadie quiere combatir, para no meterse en problemas con la “justicia” y que lo acusen de falsos positivos.

Y la consolidación de las áreas recuperadas sigue siendo labor dificilísima, a pesar de los esfuerzos recientes. El estado es paquidérmico, burocrático, descoordinado. Y es tarea casi imposible generar proyectos productivos en zonas olvidadas por el Estado, con peor infraestructura y tan lejos de los centros de consumo como pueden estar las fronteras nacionales.

En todos estos temas, no sobra resaltarlo, el juego de Pinzón es cercano a cero. La solución depende de otros.

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Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Una verdad que desconoce el país, pero que conoce muy bien el alto gobierno y el comando de las Fuerzas Militares, es que Juan Manuel Santos ya tiene fecha definida para sentarse a negociar con las FARC.

En cuestión de pocos meses, el camarada Santos y su gabinete harán el anuncio al mundo. Se sentarán a manteles con Cano y el resto de hampones de las FARC, y contarán con la bendición de Hugo Chávez y Fidel Castro para que Santos le entregue el país a los guerrilleros de las FARC, tal y como César Gaviria hizo con los terroristas del M-19 durante ese gobierno del que él fue ministro de Comercio Exterior estrechando, aún más, lazos y amistades con Fidel Castro.

El lugar escogido para los diálogos será una población fronteriza colombo-venezolana. Allí el camarada Santos nos propinará la puñalada mortal a los más de 9 millones de colombianos que votamos por la continuidad de la Seguridad Democrática del presidente Uribe.

El viejo sueño de Santos, de dirigir los diálogos con sus cercanos de la guerrilla, se hará realidad en muy poco tiempo.

No hay que olvidar que fue él el precursor del despeje; fue él quien –junto a Raúl Reyes- planearon la caguanización del país y que, en agradecimiento a esa “vuelta”, el nefasto Pastrana lo nombró ministro de Hacienda.

Tampoco hay que olvidar que fue el camarada Santos quien, siendo ministro de Defensa del presidente Uribe, se reunió en secreto con los cabecillas del ELN (misma guerrilla a la que amó profundamente su mentor Alfonso López Michelsen), y que estos bandidos le dijeron al camarada Santos que negociarían la paz con él siempre y cuando sacara del gobierno a Luis Carlos Restrepo, el comisionado de paz. El camarada Santos hizo todo el intento posible pero no pudo.

Y menos hay que olvidar que Santos facilitó la huida de Cano para evitar que el ejército lo diera de baja. Las conversaciones de paz sin Cano se verían como lo que son: una payasada para pasar a la historia como el hombre que logró la paz en Colombia; una payasada que le cuesta litros de sangre a los colombianos, una payasada que para Pastrana se convirtió en el mismo delirio que hoy sufre Santos, y tras el cual arrastró al país a los cuatro años más sangrientos de los últimos tiempos.  En eso y otras cosas se parecen estos dos.

Hace un par de días una fuente de toda mi credibilidad me anunció lo que sucedió hoy: que se empezarían a dar los pasos necesarios para “ambientar” al país llevándolo con suavidad hasta el momento en que Santos y Cano anunciaran a los cuatro vientos que se sientan a negociar la paz. Y, para ello, el primer paso es el reconocimiento de la beligerancia a las FARC.

Oh, sorpresa e indignación para Colombia, cuando hoy el camarada Santos anuncia sin ningún recato, con total desfachatez, que él reconoce la existencia de un conflicto armado interno en Colombia.

Juan Manuel Santos con armamento incautado. Cerca, Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera

¿Qué significa esto?

Nada más ni nada menos, que se le está dando legitimidad a la guerrilla, se está legitimando el accionar de terroristas y narcotraficantes.

Los movimientos previos a este paso eran, por supuesto, aplastar la moral del ejército mediante la guerra jurídica que el mismo Santos y sus ministros patrocinan. La salida del general Matamoros era absolutamente necesaria para el anuncio de hoy. Y que el general Matamoros me corrija si estoy mintiendo. Otra cosa importante es impedir que las víctimas de la guerrilla sean reconocidas como tales. Por ello atentaron contra la vida de Fernando Vargas Quemba y están amenazando a quienes exigimos justicia y castigo contra los narcoterroristas.

El próximo en salir será el general Navas. Su puesto será asumido por el general Ricardo Vargas Briceño, el huevito de la Machaca, y el próximo ministro de Defensa se está barajando entre Germán Vargas Lleras y otro igual o peor: el general de la policía Oscar Naranjo, quien se retiraría para poder asumir este cargo ‘catapultador’.

El presidente Álvaro Uribe se manifestó en Twitter preguntándose: “los terroristas no reúnen elementos para status de beligerancia ¿por qué les abren la puerta?”. Y yo le contesto con todo mi respeto, aprecio, gratitud y firmeza. “Porque usted, mi considerado Dr. Uribe, ha guardado un silencio demasiado prudente ante este traidor a quien elegimos con 9 millones de votos que le pertenecen totalmente a usted.”

Muy decepcionantes las razones que exponen congresistas que creíamos todavía fieles a Uribe.

Roy Barreras, el ponente de esta infamia, dice que “en el camino de la ‘reconciliación’ existe la necesidad de que todas las partes cedan”

Otro que lo secunda es el liberal Juan Fernando Cristo, también ponente y promotor de la ley, junto con Barreras. Juan Fernando Cristo, samperista, también figuró como receptor de dineros del Cartel de Cali en esa dichosa campaña. Dice él que este reconocimiento a las FARC, como parte de un conflicto armado interno, “Era lo normal y lo lógico..”

“Lo normal y lo lógico”???? Claro que sí.

Tanto Roy Barreras como Juan Fernando Cristo saben que definitivamente en la presidencia de Santos “lo normal y lo lógico” es que su gobierno les conceda la beligerancia a los terroristas de la narcoguerrilla.

Santos es el caballo de Troya del socialismo bolivariano en Colombia, y “lo normal y lo lógico” es que dé ese paso para someternos definitivamente al comunismo asesino que infiltró al Partido Liberal desde los años 30s, cuando se alió con Enrique Olaya Herrera, y luego con Alfonso López Pumarejo para gobernar al país y empezar a destruir al ejército, labor en la que el camarada Santos ha demostrado estar tan capacitado como para su afición de tahúr.

Por todo esto, no es de extrañar la “captura” y entrega del terrorista que dirigía ANNCOL. Joaquín Pérez Becerra será liberado una vez inicien las conversaciones de paz entre Santos y los amigos de su nuevo mejor amigo. Chávez jamás entregaría a alguien de las FARC tan importante como Pérez Becerra sin la seguridad de que sería liberado en breve.

Porque, entre otras cosas, a eso viene Joaquín Pérez Becerra… a coordinar lo necesario para la realización de esos diálogos FARC-Gobierno. Pérez Becerra entrará en contacto con guerrilleros presos, con miembros del gobierno y emisarios de Chávez para que todo salga perfectamente, como el PC3 lo sabe hacer siempre.

Mientras se monta lo pertinente a lo jurídico desde el Congreso, la guerrilla seguirá atacando pueblos, asesinando policías y soldados, volando oleoductos y secuestrando. En cuestión de días regresarán a las tristemente famosas “pescas milagrosas”. Todo, porque Santos necesita causar ese efecto de temor y desazón en los colombianos para que haya un mínimo de protesta cuando anuncie los diálogos con las FARC.

Lo que se le olvida al camarada Santos, es que Álvaro Uribe ya nos demostró que la guerrilla sí es derrotable, y que si no fuera por militares torcidos como Padilla de León y la Machaca; o si no hubiera sido por ministros como el mismo Santos y asesores como Sergio Jaramillo y su amiguito el guerrillero Plotter, esos terroristas estarían ya hace tiempo chupando gladiolo.

Al camarada Santos se le olvida que en este país los traidores no son muchos, aunque estén gobernando.

Al camarada Santos se le olvida que esos nueve millones de votantes no permitiremos que el legado de Álvaro Uribe, su esfuerzo por despojarnos del temor, y su entrega para enseñarnos a amar a nuestro país con la convicción de que jamás tendremos otra patria para dejarles a nuestros hijos, no será un esfuerzo que dejaremos perder en las componendas de políticos corruptos y desvergonzados que no dudan en vender hasta su propia madre si con esto ganan una comisión.

Mayo 05 de 2011

Osama Bin Laden, fotografía de 1998

Osama Bin Laden, uno de los más siniestros personajes que patrocinaban a las FARC, igual que a decenas de grupos terroristas del mundo entero, está muerto, según aseguraron fuentes militares estadounidenses.

Fuerzas especiales de Estados Unidos mataron a tiros al líder de Al Qaeda en una mansión a las afueras de Islamabad, en una operación en la que no hubo bajas civiles ni de soldados estadounidenses” afirmó el presidente Obama.

Bin Laden era hijo de un multimillonario magnate de Arabia Saudita, uno de los hombres más ricos del mundo en el negocio de la construcción. Desde muy joven se fascinó por la religiosidad extremista musulmana, y esa tal vez ha sido la razón por la cual donó millones de dólares para reconstruir antiguas mezquitas en La Meca y Medina. Tal vez, también, esa fascinación por los efectos que tiene la religiosidad extremista en las mentes de los seguidores, fue lo que lo llevó a financiar grupos religiosos musulmanes radicales en Venezuela y Colombia; con apoyo logístico de Hugo Chávez, por supuesto.

La vida tumultuosa de Bin Laden lo llevó a convertirse en la cabeza visible de Al Qaeda, el grupo terrorista islámico más temido del mundo, y a quien se le acusa de ser el responsable por el atentado del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Precisamente, en un video grabado dos meses después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden se declaró sumamente orgulloso por el ataque, asegurando que los resultados habían superado todos los cálculos.

Osama ya cayó.... ¿Cuándo caerán sus aliados?

Bin Laden también fue sospechoso de participar en los atentados con bombas en 1998, en EE.UU.  De igual manera, el gobierno norteamericano lo acusa de atacar el World Trade Center en 1993, y de varios ataques contra tropas estadounidenses en Arabia Saudita y Somalia.

Osama Bin Laden, no solamente financió entrenamiento a terroristas de las FARC, sino que creó campos de entrenamiento terrorista en Sudán, Filipinas y Afganistán; además, envió “guerreros santos” para fomentar la revolución y la lucha con las fuerzas fundamentalistas del norte de África, Chechenia, Bosnia y Tayikistán.

En varios videos, durante las elecciones de 2004 que ganó Obama en EE.UU.,  Osama Bin Laden amenazó con llevar a Estados Unidos a la bancarrota financiera.

Varios de sus amigos de juventud lo han recordado como un juerguista, un bebedor impenitente y mujeriego consumado.

Las relaciones entre los grupos terroristas Al Qeda (de Bin Laden), y las FARC, vienen desde antes de 1990, cuando Al Qeda decide ayudar a las FARC para abrir rutas de narcotráfico en Europa y África Occidental.

De los casi 45 grupos terroristas que existen en el mundo, cerca de 20 se han dedicado al narcoterrorismo y han hecho alianzas entre sí; tal es el caso de las FARC, AL Qaeda y Hamás. Su cooperación va mucho más allá de la simple realización de negocios. Incluye una especie de hermandad internacional para desestabilizar gobiernos donde ellos operan, usando los mismos métodos aprendidos y probados por estos grupos.

También, la red Al Qaeda y Hamás patrocinan los movimientos sociales y ONG en Colombia que las FARC utilizan para mover su dinero sin la fiscalización del Estado.

El asunto es que Osama está muerto y las FARC deben estar llorando su baja. Seguramente sabrán que si la muerte de Bin Laden hubiera sido en Colombia, a manos del ejército colombiano, la Cruz Roja, HRW y toda la constelación de oenegeros pro terroristas ya habrían lanzado un comunicado exigiendo una investigación rigurosa sobre los procedimientos utilizados en la muerte del terrorista.

Si Osama hubiera sido dado de baja en Colombia, el comandante de la operación y el grupo de asalto estarían ya acusados por la Fiscalía de Falsos Positivos. Seguramente la Fiscalía habría avalado la versión de las ONG y los medios de comunicación, respecto a que Osama no sería un terrorista sino apenas un humilde campesino tolimense, cultivador de plátano y yuca, un abnegado padre de familia, pobre y miserable desplazado a quien el ejército habría disfrazado de terrorista, con botas al revés y uniforme nuevo debajo del cual estarían los impactos a quemarropa.

Menos mal que a Osama Bin Laden no lo mató el ejército colombiano

Mayo 1 de 2011

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

No se sabe qué es peor, si la noticia de que el Gobierno dejó escapar a Alfonso Cano del Cañón de las Hermosas, donde las fuerzas militares lo tenían cercado, o la desenvoltura como el presidente Juan Manuel Santos trató y trata este gravísimo asunto.

“Es posible”, fue la respuesta dada a CNN en español por el jefe de Estado colombiano. Y eso fue todo. No hubo otro detalle, ni un análisis mínimo de lo que pudo haber ocurrido el domingo 13 de febrero de 2011 en ese rincón del sur del Tolima. Tal respuesta no es sólo lacónica: es incompleta, es inepta y ambigua. Esa respuesta permite pensar que el jefe de Estado colombiano no estaba informado, o estaba mal informado. Un jefe de Estado, en materia tan grave, no puede contentarse con dudas, con tener una noción vaga de las cosas. Debe saber o, al menos, saber que no sabe, que ignora lo esencial, o que su información aún no ha sido verificada. Nadie le habría reprochado nada al presidente Santos si admite que está esperando una confirmación. Pero no, el sólo dijo “Es posible”. Y dejó al país entero en vilo.

El presidente debe decirle al país qué pasó en esa escala no prevista y abusiva que hizo el helicóptero brasileño con Piedad Córdoba a bordo. Esa activista dirigió el aparato con precisión hasta el caserío de San José de las Hermosas y después salió con el cuento de que había “copiado mal” las coordenadas que le habían dado las Farc. Ella no copió mal: en ese punto la esperaba un fuerte destacamento del frente 21 de las Farc, es decir los guardianes más cercanos de Alfonso Cano. Fue así como el jefe de las Farc, ante la negligencia del gobierno, y con el pretexto de entregar un secuestrado que no estaba previsto en la lista de ellos, pudo escapar, por los aires, según las versiones conocidas.

La fuga de Cano fue revelada desde el lunes por un puñado de periodistas que se atrevieron a revelar, aunque sin pruebas, que ese individuo había sido sacado en uno de los helicópteros brasileños. Gracias a ellos, CNN pudo lanzar la pregunta a Santos. De lo contrario nadie habrá sabido que ese domingo el país había sido burlado por las Farc y por Piedad Córdoba.

Creyéndose muy hábil y muy fuerte, el gobierno quiso frotarse a las maniobreras Farc. Y ahí está el resultado: salió tumbado. Como muchos observadores lo decimos desde hace mucho tiempo: toda veleidad negociadora o de tratos, aún así sean puntuales y mínimos y esporádicos, con esa gente, se saldarán con derrotas para el Estado y para la sociedad. Pues jamás habrá con las Farc un contacto “mínimo” que no se transforme en “máximo”. ¿Cuándo aprenderemos la lección?

Santos debe explicarle al país por qué Alfonso Cano escapó, y qué participación tuvo el gobierno de Rouseff

Lo ocurrido el domingo es el resultado del abandono de la seguridad democrática. Al dejar de lado esa doctrina, el gobierno no tiene una de recambio y escogió su viacrucis: ahora  tendremos que analizar las cosas del país a la luz de lo que puede pasar en un contexto de inseguridad democrática.

El traslado de Cano a otro lugar, o a otro país, es un hecho gravísimo para la seguridad de Colombia. Lo ocurrido el domingo es igualmente peligroso desde el ángulo diplomático: en ese episodio terminaron involucrados, quiéranlo o no, el CICR y dos gobierno extranjeros, Brasil y Venezuela. Pues un grupo de Telesur obtuvo misteriosamente las coordenadas que ni Bogotá conocía y estuvo presente para montar un show publicitario en ese caserío. Tarde o temprano esa gente le pasará a Colombia la cuenta por eso.

Alfonso Cano no es un criminal ordinario. Es el jefe de una organización comunista que se mueve, con ayuda extranjera, como un ejército invasor de Colombia. Es él quien decide y ordena las grandes operaciones y maniobras, las matanzas, emboscadas, secuestros, robos, y todo tipo de delitos contra la seguridad y estabilidad del país.

Por eso los ciudadanos tenemos derecho a pedir explicaciones al gobierno, pues se trata de la seguridad actual y futura de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros compatriotas.

Una respuesta como esa (“Es posible”) suena más a respuesta displicente dirigida a alguien que se interroga sin tener derecho a interrogarse.  ¿Eso somos los colombianos para el presidente Santos?

No es posible guardar en secreto lo que ocurrió el domingo. Parece que los colombianos somos los únicos que no sabemos nada. Los gobiernos si lo saben. Basta saber que el radar de Chiribiquete tuvo que haber registrado cada uno de los pasos y movimientos del helicóptero el domingo. Si ese aparato llegó hasta territorio venezolano o brasileño debe existir ya la prueba de eso. Y otros radares pudieron también observar lo mismo. Eso ya lo saben Washington, Caracas, Quito y Brasilia. Sólo la opinión pública colombiana ignora todo al respecto.

Y lo sabrán muy pronto en Buenos Aires donde Piedad Córdoba, y sus cómplices del Foro de Sao Paulo, es decir todas las sectas marxistas del continente, celebrarán en un mitin la escapada de Alfonso Cano. De allá regresará la ex senadora no para una cárcel, como lo merece, sino a seguir en su farsa de la “mediación” desinteresada. Y a pedir que la condecoren.

16 de febrero de 2011

Andrés Felipe Arias

Por Andrés Felipe Arias

He regresado a esta columna por generosidad de EL COLOMBIANO. Me había retirado provisionalmente de este espacio mientras decidía junto a mi familia sobre un generoso ofrecimiento del Presidente Santos para representar a Colombia en la Embajada en Italia. Finalmente tomé la decisión de quedarme en el país. Y la decisión se fundamenta en dos razones.

La primera razón es que tenemos enorme responsabilidad de continuar defendiendo las ideas que permitieron encarrilar a Colombia por un sendero hacia la liberación definitiva de la mafia, el terror, la corrupción y la pobreza. Es decir, unas ideas que nos permitieron a todos los colombianos volver a soñar. Las ideas de Uribe. La segunda razón es que siento que lo correcto y lo ético es asumir de frente al país todos los ataques de los cuales he sido víctima. Sin huir. Ataques que se derivan de mi condición de uribista convencido y leal.

[ad]Nadie podrá negar la cacería sangrienta contra quienes hemos defendido pública y vehementemente las ideas de Álvaro Uribe, las ideas consignadas en el manifiesto de la Seguridad Democrática.

A unos los han matado ya. A otros nos quieren asesinar, pues abundan las amenazas de muerte desde las trincheras de la mafia y el terror. Pero a todos nos persiguen y enlodan. El objetivo: destruirnos, aplastarnos y aniquilarnos. Que no quede rastro de la fuerza uribista que transformó a Colombia, dejando herido de muerte al narcoterrorismo y dándole al país un futuro de prosperidad.

¿A quién se le ocurre hacer eso? A una cuadrilla de mafia, guerrilla y terrorismo que sintió el implacable peso de la Seguridad Democrática. A esos criminales que nunca pensaron que este país podía cambiar para bien. A esos delincuentes que engordaban sus arcas cuando el país iba mal y el crimen muy bien. Es decir, a todos aquellos que perdieron sendos privilegios a partir del 7 de agosto de 2002.

Juan Manuel Santos y Armando Benedetti, se felicitan mutuamente. ¿Desde allí inicia la cacería?

¿Cómo pueden lograr una cosa así? Utilizan ONG, colectivos de abogados, mafiosos extraditados, reclusos que se venden y hasta periodistas torcidos. Compran carteles de sicarios y violadores de la moral de las personas. Por dinero, estos carteles infiltran campañas y venden información con verdades a medias.

[ad#right]Utilizan columnas no sólo para dañar a las personas sino, además, para presionar a quienes deben fallar en derecho los procesos contra sus presas (los uribistas). Construyen cronogramas semanales de desprestigio para dañar personas (¡hasta tienen tablas en Excel para ello!). Y, créanlo o no, redactan los comunicados para que terceros (idiotas útiles) salgan a derramar basura sobre seres humanos y familias de bien. Mejor dicho, los chuzados somos otros.

No exagero. Quien les cuenta esto lo ha vivido en carne propia. Y no paran. Por ejemplo, esta semana, la Procuraduría me desvinculó de posibles cargos por corrupción en el programa AIS, lo cual no significa que no deba seguir explicando algunos temas administrativos muy complejos. Inmediatamente salió a ladrar la cuadrilla del odio. Dicen las malas lenguas que un periodista amenazó con una columna de desprestigio a un funcionario que lleva un proceso en contra mía. Y ni hablar de otro personaje que con odio en su lengua me disparó a matar y salió a esconderse cual cobarde en retirada. Padre Santo: ¡perdónalos porque no saben lo que hacen!

Ya lo dije en otra columna. El objetivo es destruir a Álvaro Uribe. No le perdonan el bienestar y el progreso que nos dio a los colombianos. No le perdonan su mayor legado: la Seguridad Democrática.

Y para llegar a él comienzan por sus amigos. Afortunadamente los amigos somos el 90% de los colombianos.

Octubre 17 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

Yo no me explico cómo ciudadanos bien informados –como su servidor- votamos por el doctor Juan Manuel Santos, heredero no reconocido de Alfonso López Michelsen, un viejito sinvergüenza que se defecó encima del partido Liberal guiándolo hacia los laberintos del comunismo que, cual medusa, tiene su cabeza llena de cientos de serpientes de diversos nombres, uno de los cuales es el MRL lopista, y otro –evidentemente- la Tercera Via, santista ella y con genes de Tony Blair. (¡Pregunten en el Reino Unido que opinan hoy de la tercera vía…! ¡También pregunten a los españoles..!)

El argumento con el que me consuelo por tamaña idiotez, es que hasta el mismísimo Álvaro Uribe fue engañado por el camaleónico candidato. Por supuesto, por vainas de la política que entiendo pero no comparto, el ex presidente no enfrentará a Santos de manera abierta, a menos que sea absolutamente necesario.

Kirchner, Santos y Chávez, ¿celebrando el engaño a Colombia..?

El regreso de Uribe puso a temblar a Santos y a Juan Camilo Restrepo, quienes vieron tambalear su “Ley de Tierras” que pronto entrará a discusión en el Congreso y que será destinada –ojo con esto- a quitarles tierras a los enemigos del gobierno Santos, y a dejarles quieticas las que pertenecen a los de la cofradía del póker, es decir, a los amigos del poder. Ya muchos sabemos de las enormes extensiones que en la sabana de Bogotá tienen el doctor Juan Camilo Restrepo (quien fuera candidato propuesto por las FARC) y su digna señora, la periodista javeriana María Teresa Herrán, reconocidísima antiuribista, igual que su digno esposo.

Pero nuestro asunto de hoy no es sobre los latifundistas que no serán tocados durante el gobierno de Santos. Lo de hoy es sobre nuestra idiotez y las humillaciones que el gobierno de Santos le sigue propinando a nuestro ejército nacional.

No le bastó nombrar a Sergio Jaramillo, el amiguito del guerrillero Ploter, en un superpoder inventado exclusivamente para que este señor –junto con su amiguito, el guerrillero desmovilizado- sigan haciendo de las suyas en contra de las fuerzas militares y a favor de su propio pecunio.

Tampoco fue suficiente con ratificar al general Suárez Bustamante, ficha de Piedad Córdoba, Iván Cepeda y, en general, de la izquierda en el ejército.

Resulta que todos los años, para el mes de octubre, los generales de las Fuerzas Armadas se dan cita en Bogotá para seleccionar los coroneles que harán curso para generales, en el CAEM. De 30 ó 40 coroneles, se escogen 8 ó 9.

Los generales escogen sus candidatos, los pasan al comandante general, y éste al ministro. Los elegidos entran al CAEM, de donde saldrá –en cinco o seis años- el próximo comandante del ejército. Hasta ahí, todo normal.

Lo anormal… lo aberrante del asunto, es que este año, el 15 de octubre, quien presidirá la reunión del ejército no será el general Navas, a quien le correspondería este honor, sino Carlos Suárez Bustamante, el gran calumniador del ejército, el que ha entregado a nuestros soldados y oficiales a la ignominia que les montó el comunismo para vengar sus golpes a la guerrilla y el narcotráfico, y para seguir las directrices del Foro de Sao Paulo acerca de “purgar” a los ejércitos latinoamericanos de hombres patriotas, y reemplazarlos con serviles del socialismo, como lo es Suárez Bustamente, alias La Machaca.

Esto significa que quien escogerá a los próximos generales del ejército, Suárez Bustamante, se asegurará de elegir muy bien a coroneles de su línea de pensamiento afín al Socialismo del siglo XXI.

Consultamos a varios analistas militares, y ellos nos confirmaron que el hecho de que Carlos Suárez Bustamante presida la reunión, no solamente es un evento muy extraño, sino que lo calificaron de totalmente monstruoso y humillante para quien debería tener ese honroso deber: el general Alejandro Navas.

¿Quién puso a La Machaca en ese inmerecido trabajo? Obviamente el presidente Juan Manuel Santos, quien siempre ha protegido al general Suárez y quien lo mantiene en servicio activo a pesar de que ya debería haber sido llamado a calificar servicios (otro fenómeno que patrocinó Santos).

Nos extraña que ni el ministro Rodrigo Rivera ni su viceministro Rafael Guarín, quien se proclama como defensor del ejército en derecho, se hayan manifestado en contra de este ignominioso golpe a la moral de la tropa, otro golpe que se suma a paliza que le viene propinando Santos desde sus tiempos de ministro.

Octubre 11 de 2010

Emrique Gómez Hurtado

Por Enrique Gómez Hurtado*

 Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo.  Es hoy la “forma de lucha” principal. En un país en el que esté vigente el concepto de Estado de Derecho, la utilización deshonesta y tramposa de un poder judicial connivente con el delito y ampliamente contaminado por los muchos productos corruptores que genera hoy nuestro organismo social, está produciendo amplios resultados favorables a quienes tienen como tarea el derrumbamiento de la institucionalidad, para luego colocar en su remplazo la entelequia  de la revolución marxistoide, que necesariamente ha de fracasar y que aquí, como en tantos lugares, principia por crear el desorden necesario que se convierte en campo adecuado para el fortalecimiento del narcoterrorismo, siempre con disfraz político.

La seguridad democrática ya no tiene como principal adversario a los grupos armados, hoy gravemente quebrantados por la acción de las fuerzas armadas y el rechazo por parte de una ciudadanía que, gracias al esfuerzo de ellas, ha encontrado la libertad para manifestarlo.

El enemigo más eficaz y peligroso lo vemos claramente instalado en los campos de batalla de la bien denominada “guerra jurídica”, en los que las fuerzas de la democracia están perdiendo la mayor parte de los encuentros, con el efecto profundamente desmoralizante de la sensación de desamparo y, en casos, de abierta hostilidad, que quienes están en el frente de la lucha sienten cuando se dan cuenta de que el Estado Institucional por el cual combaten, los ataca por la espalda, utilizando precisamente los instrumentos que, gracias a su heroico esfuerzo, aún conserva en su poder.

La justicia de los encapuchados

No debemos perder de vista que el  poder judicial es uno de los tres componentes fundamentales del régimen democrático y, por lo tanto, si es utilizado como instrumento para destruirlo, la eficacia de estas acciones, que se generan dentro del Estado mismo, es inmensamente superior a lo que pueda lograrse atacándolo desde afuera.

Quienes adelantan esta tarea están colocados en los principales puestos estratégicos para lograr sus propósitos. Desde ellos provienen los aberrantes procesos adelantados contra el General Arias Cabrales, el Coronel Plazas y todas las flagrantes injusticias que pueden encontrarse la infame investigación de los hechos del Palacio de Justicia (la fiscal que las cometió ha sido “removida” del cargo, para que pueda aspirar a la Corte Suprema). También el proceso sobre el incidente de Santo Domingo, en el Meta, que sirvió de pretexto para inventar un “falso positivo” (¿genocidio?), completamente montado sobre pruebas y testimonios producidos en la “fabrica” de los mismos, que para el efecto operan los “colectivos” y demás adlateres que “combaten” en la guerra jurídica. En el infundio han sido implicados miembros de la Fuerza Aérea que no hicieron cosa distinta a cumplir con su deber. Y esto sólo a manera de ejemplo, porque el ataque es general y abierto y la connivencia de la justicia cada vez más amplia. Se ha logrado ensombrecer así la actividad militar con indudable eficacia inhibitoria para su acción.

Ya nos anuncia el tal “colectivo de abogados”, instrumento fundamental en esta campaña, la apertura de procesos contra altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente Uribe. La improcedente denuncia es de presumir que será aceptada y con ello obtienen los conspiradores una noticia de carácter mundial, con altos efectos desestabilizadores.

La amenaza es seria. Cuentan los demandantes, de antemano, con la colaboración de no pocos jueces y fiscales, con la facilidad adquirida para que se acepten toda clase de falsos testimonios y versiones de hechos que jamás sucedieron y cuantos elementos probatorios sea necesario inventar para lograr sus propósitos. Los procesos que se adelantan en torno a la compensación a las victimas se han convertido en otro pingüe negocio de los empresarios de la guerra jurídica, por medio del cual obtienen las importantes sumas que se le extraen un Estado que no se sabe defender. La maquinaria montada por abogados y miembros del poder judicial carcome con grande eficacia las bases de la institucionalidad democrática y se financia y lucra con ello.

La tarea encaminada a fortalecer la subversión y debilitar la capacidad de reacción de las instituciones democráticas está logrando que las fuerzas armadas se encuentren enfrentadas a la gravísima perspectiva de que cualquier operación que lleven a cabo será convertida inmediatamente en un “falso positivo”, con las falsas denuncias necesarias, que requiere todo un proceso defensivo de efectos paralizantes, estimuladas en no pocas ocasiones por el aparato judicial connivente.

Se pretende, y parcialmente se está logrando, convencer a la opinión, sobre todo la internacional que no está en capacidad de juzgar, de que la acción de nuestras fuerzas armadas tiene motivos aviesamente criminales y que requieren prueba en contrario para demostrar su inocencia. Creada esa atmosfera, el trabajo destructivo de abogados y jueces se facilita grandemente. Lo estamos viendo en los últimos días: el narco-terrorismo ha incrementado notoriamente su acción violenta (¿notificación  al presidente Santos?) y cuenta de antemano con que no faltará un “colectivo” que cumpla con su encargo de judicializar de inmediato a quienes cometan la “arbitrariedad” de salir a defender a Colombia.

*Enrique Gómez Hurtado fue senador de la República. Miembro del partido Conservador

Septiembre de 2010