Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

31 de enero de 2012 

La sentencia que condena en segunda instancia al Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del palacio de justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los  dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido  que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas  por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio de las instituciones y de las Fuerzas Militares, orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución,  a las leyes y a los organismos de control  del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados  Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país  que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al Coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino  asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

Ex presidente Belisario Betancur Cuartas

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno  hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas?  ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las fuerzas militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega?  Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse?  Un proceso equitativo, lo que algunos llaman  “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena?  Nadie

Pablo Escobar financia muchas actividades criminales del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue una más de esas acciones

lo sabe.  No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia. El no convalidó la condena. El pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p.968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de  16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, que  “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. El tuvo que demostrar su inocencia.  Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El Coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer  cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–), pudieron haber sido cometidos.  ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Juez María Stella Jara

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato).  Esa teoría los lleva a caracterizar  al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica  de la sentencia de primera instancia y de la sentencia  reciente, donde encontró  muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”.  Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. (p 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que

Magistrado Hermes Darío Lara Acuña

en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales  de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p.935).  En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera.  El comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano,  César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”.  El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas  del Ejército aportadas por una de las partes, pues él estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a

Tirso Sáenz, uno de los falsos testigos que la fiscal Ángela María Buitrago intentó usar contra el coronel Plazas Vega

algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615).  Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera.  El critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

El explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos.  “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara,  “no  lo reconocen como la persona que sale” del palacio.  Hermens Darío Lara Acuña se pregunta  cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera,  logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p.935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del palacio de justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto,  la teoría de la estructura organizada de poder no funciona.  En primer lugar,  él destruye  el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él,  y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron  policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”.  Sobre esa base, Lara Acuña desbarata  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias  de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército nacional  “fue el que manejó  todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (páginas  957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

28 de enero de 2012 

¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de la sala penal del TSB.

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en uno de los carnavales que frecuenta. ¿Será allí donde le filtran los rumores?

El Tiempo, en lugar de pedir disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite previo a su anuncio oficial”.

Esa extraña movida, que los abogados del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente, menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?

Lo que no dice El Tiempo es que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones, rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.

Entendemos el por qué de las vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia. No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor montaje judicial de la historia de Colombia.

Nada extraña, pues, que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era ratificada por el TSB, él entablará  el recurso de casación contra la misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios”. Son palabras mayores.

El Coronel Plazas ha sido acusado por la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de “desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido. Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.

Magistrado Hermes Darío Lara. Después de ser un enconado detractor del coronel Plazas Vega, encontró -después de haber sopesado todas las pruebas- que Plazas es inocente

Para vengarse de quienes los derrotaron en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los “desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio. Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador

René Guarín, guerrillero y secuestrador, fue durante varios años fuente de inspiración de la Fiscal Angela María Buitrago y de la juez Maria Stella Jara

indultado del M-19, René Guarín, quien ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado judicial.

El TEI declaró que existió “un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

De ese importante informe del TEI, que las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.

José Vicente Rodríguez, director científico de la exhumación de los cadáveres del palacio de Justicia, sostiene que los restos de los "desaparecidos" están en poder de la Fiscalía

Lo que decían en 1986 sobre falsos “desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

El 27 de febrero de 2011, él reveló tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis. Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.

Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del

Coronel Plazas Vega, héroe que salvó más de 200 personas de morir en manos del M19, hoy está condenado a 30 años de prisión

héroe militar que rescató los rehenes (244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel, sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen haya sido cometido.

Es un montaje grotesco pues la instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como tales) y realizó una operación de substitución de persona, según declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero (no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas. Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.

Tras semejante revelación, la juez María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero, al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar Villamizar.

Los tres oficiales habían sido acusados de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

¿Si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia  contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

Edgar Villamizar Espinel es un testigo suplantado por la Fiscalía General de la nación.

Esas graves ilegalidades fueron expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.

El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

¿Ante semejante acumulación de hechos que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más terribles odios políticos?

Los dos magistrados deberían reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su honor y su respetabilidad.  ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el poder judicial respeta el Derecho?

Carlos Alonso Lucio y su esposa, la Fiscal Viviane Morales. En medio, el líder de la Iglesia Casa sobre la Roca

Bogotá, 22 de enero de 2012

Doctor

Carlos Alonso Lucio

Ciudad

Respetado Doctor Lucio

Por los medios de comunicación me he enterado de las palabras pronunciadas por Ud. en la Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca el 11 de diciembre de 2011, como parte de un sermón en el cual Ud. hace un recuento de su trayectoria al margen de la ley, pide perdón y manifiesta su deseo de reconciliarse con la sociedad colombiana. Esa actitud suya la celebro.

En ese sermón que lo escucharon más de quinientos feligreses y fue ampliamente divulgado por la misma Iglesia Cristiana donde se efectuó la prédica, Ud. reconoció la autoría intelectual y material del asalto al Palacio de Justicia por parte del llamado “Movimiento 19 de Abril, M-19″ al cual Ud. pertenece desde sus comienzos. Manifestó también en esa alocución su indignación por el hecho de que el suscrito Coronel Luis Alfonso Plazas Vega se encuentra preso, cuando los miembros del M-19 que cometieron los delitos allí perpetrados fueron perdonados. Muy valiente de su parte al aceptar una realidad que si bien todos los colombianos conocen, pocos se atreven a expresar, por temor a los miembros de ese movimiento que hoy paradójicamente y como una flagrante demostración del desordenamiento jurídico de la nación, están en los cargos públicos más importantes del país, mientras los defensores del sistema democrático estamos privados de la libertad. Muy valiente Doctor Lucio.

Pero hay una parte de su expresión que no puedo compartir, en la que Ud. sugiere que yo también debo ser perdonado. ¿Perdonado de qué, Doctor Lucio? Si yo no he cometido ningún delito. Yo no estoy pidiendo perdón ni lo voy a aceptar. Yo estoy pidiendo justicia que es diferente. En mi caso solo cabe la absolución, como en los de otros oficiales igualmente inocentes. Ya han venido a visitarme dos parlamentarios uno en 2008 y otro en 2011 a sugerirme la aceptación de una amnistía e indulto y les he manifestado que están totalmente equivocados. No se pueden aplicar esas figuras a una persona inocente. Muy buenas sus intenciones, pero no las puedo compartir.

Durante su sermón, Doctor Carlos Alonso Lucio, estuvo Ud. todo el tiempo acompañado de su esposa la Fiscal General de la Nación Viviane Morales, quien no es para nada ajena a sus puntos de vista. ¿O era que sus frases iban dirigidas más a ella que a mí? En aras de la justicia lo que se debe hacer es abrirle investigación formal a la autora del montaje con el cual se me ha privado la libertad desde hace cuatro años y medio, la abogada Ángela María Buitrago. Hace más de seis meses la Procuraduría General de la Nación pidió la reapertura de dicha investigación sin embargo inexplicablemente no pasan de preliminares.

Si están tan afectados por la injusticia que se ha cometido contra mí, ¿porque no se abre la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra la autora de tamaña injusticia? La sola apertura de esa investigación acaba con el proceso que la señora Buitrago se inventó en mi contra.

Que un ciudadano normal me dé una palmada en la espalda o haga una oración pidiendo que se me haga justicia, porque no puede hacer nada diferente por mi injusto caso, me parece gratificante. Pero frente a sus expresiones hechas con la aquiescencia de su esposa, Doctor Lucio, yo preferiría las obras a las palabras.

No se trata de conseguir aplausos mediante una frase, en una sociedad que me ha rodeado con su afecto a pesar de la campaña mediática y jurídica en mi contra. La verdad es tan tozuda que cuando el sistema judicial pretendió desprestigiar a este soldado colombiano, terminó el sistema judicial desprestigiado. Se trata de hacer una verdadera justicia, especialmente cuando ella está al alcance de la mano.

Atentamente,

Coronel Luis Alfonso Plazas Vega

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

17 de diciembre de 2011

Un proceso por los hechos de 1985 en el Palacio de Justicia acaba de dar un paso importante en la buena dirección. El juzgado 51 penal del circuito de Bogotá absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo de los cargos que una fiscal les imputaba por la supuesta “desaparición” de 11 personas en la operación que le permitió al Estado colombiano rescatar el Palacio de Justicia, el cual había sido asaltado a sangre y fuego, el 6 de noviembre de 1985, por la organización terrorista M-19. La decisión favorable a los citados militares en retiro coincide con lo que distinguidos juristas y una gran parte de la opinión pública esperaban desde hace años.

El General Iván Ramírez Quintero era el jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) en la fecha de la toma al Palacio de Justicia. La juez 51, María Cristina Trejos, estimó que existe una ”duda razonable” sobre la presunta responsabilidad del General Ramírez y de sus dos subalternos en la pretendida desaparición de once personas que algunos afirmaban que salieron vivas de ese edificio.

Inicialmente, Iván Ramírez había sido acusado de haber participado en tales

General Iván Ramírez

“desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que esos oficiales no tenía nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condena contra ellos únicamente por la presunta desaparición de Irma Franco, una guerrillera del M-19 que tomó parte en el asalto.

Sin embargo, la juez María Cristina Trejos desestimó ese cargo y absolvió a Ramírez, a Blanco y a Arévalo pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

Ese fallo es un vuelco significativo por dos razones. Primero porque confirma que el tema de los supuestos “desaparecidos” en el asunto del Palacio de Justicia es cada vez menos creíble. Ese punto ya había sido cuestionado totalmente, con excelentes argumentos y revelaciones, por el Tribunal Especial de Instrucción del 31 de mayo de 1986.

El informe del TEI concluyó que existía prueba suficiente para concluir que los “desaparecidos” fallecieron en el cuarto piso del palacio, a donde fueron conducidos como rehenes por los terroristas, en los primeros momentos del asalto, y que el número de cadáveres calcinados y no identificables (en 1986) aparecidos en el cuarto piso necesariamente corresponden al de las supuestas víctimas “desaparecidas”.

Lo mismo fue alegado por la defensa del Coronel Plazas Vega. Ahora, con la sentencia de la juez María Cristina Trejos, vuelve a aparecer ese punto de los “once desaparecidos” como una forma de impostura. Una vez más, la hipótesis de los “desaparecidos” del palacio de justicia se derrumba.

El Coronel Alfonso Plazas Vega y su abogado, el Dr. Jaime Granados

No podía ser de otra manera. Recordemos lo que ocurrió el 27 de febrero de 2011. Ese día el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá, hizo una transcendental revelación a los periodistas Ricardo Puentes Melo y Fernando Londoño Hoyos. Declaró que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia, que le había entregado a él, al doctor Rodríguez Cuenca, 64 de ellos para que tratara de identificarlos y que la Fiscalía General se había quedado con 27 restos humanos los cuales correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

¿Después de tal revelación cómo se puede seguir hablando de “desaparecidos” del palacio de justicia? Esas personas murieron a causa de la acción del M-19 en esa toma sangrienta. Los jefes del M-19 de esa época son los que deben responder por esas muertes, pues hasta hoy no lo han hecho y se han concentrado en acusar de ello a los militares, bajo el subterfugio de los “once desaparecidos”. Pero ese montaje se ha hundido.

En segundo lugar porque, por la primera vez, un juez de la República constata que el protagonismo de los militares que actuaron en la defensa y rescate del Palacio de Justicia es mil veces menos ilegal de lo que los acusadores suponían, y que las acusaciones contra ellos son “dudosas”. Por eso la juez María Cristina Trejos reveló, en su sentencia del 16 de diciembre de 2011, que la duda es más fuerte que las suposiciones acusatorias.  Ella condenó hace siete meses al General Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. Esa sentencia ha sido fragilizada por ella misma.

Petro, miembro de la banda del M19, hoy alcalde electo de Bogotá

Hasta ahora dos altos militares que liberaron a más de 244 rehenes, e impidieron que el M-19 se consolidara en ese edificio y realizara un golpe de Estado bajo la forma de un “juicio popular” contra el presidente de la República de la época, Belisario Betancur, como habían planeado, han sido juzgados y condenados a penas de prisión severísimas a pesar de que la instrucción de esos procesos no ha podido aportar prueba alguna contra ellos. Por eso muchos juristas, periodistas y observadores estiman que los procesos del General Arias Cabrales y del Coronel Alfonso Plazas Vega aparecen como una persecución política pues rebosan de vicios de enorme gravedad.

El abogado del general Ramírez, John Fernando Vásquez, demostró que su defendido no estuvo presente durante la recuperación del Palacio de Justicia. El logró probar, sobre todo, que las acusaciones que lo mostraban como ligado a las “desapariciones” son “inconsistentes” y “no han sido acopiadas dentro del juicio”, como informó El Espectador, este 16 de diciembre.

Lo más interesante es que uno de los pilares de la acusación contra el general Ramírez era el testimonio de un señor Édgar Villamizar quien, como hizo valer el abogado John Fernando Vásquez, no figura en el expediente pues el nombre que aparece en éste es de un tal Édgar Villareal, persona totalmente desconocida hasta el día de hoy.

Edgar Villamizar no estuvo jamás en los episodios del Palacio de Justicia, ni fue testigo de nada pues está probado que él se encontraba en Granada (Meta) en esos días de noviembre de 1985. Además, el verdadero señor Edgar Villamizar declaró ante Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, en junio de 2011, que alguien había suplantado ilegalmente su nombre en el proceso del Coronel Plazas Vega y que la fiscal Ángela María Buitrago había cometido el enorme error de no verificar quien le había dado la misteriosa versión mediante la cual alguien pretendía enlodar al coronel Plazas.

Edgar Villamizar, poniendo en peligro su vida y la de su hijo (pues teme ser víctima de un atentado que silencie su voz definitivamente), declaró ante el Procurador General que él no había sido testigo de nada, que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, que no conocía al Coronel Plazas, que nunca le había oído pronunciar a éste frase alguna, que nunca había ido a la Fiscalía a testimoniar, que no había firmado el llamado “testimonio” que la fiscal instructora había hecho valer como auténtico, a pesar de las fuertes protestas del abogado de la defensa quien denunció ese documento como una prueba falsa.

La pregunta es: si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al coronel Plazas basada únicamente sobre esa “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia en estos momentos el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Coronel Plazas Vega, no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (firmado Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

No es posible que en un proceso ese falso testimonio sea desechado y declarado “dudoso” y en otro proceso, sobre los mismos hechos, sea tomado como válido, desconociendo las declaraciones del propio Edgar Villamizar ante el Procurador General, no cuestionadas por nadie hasta el día de hoy.

Otro elemento que disparó las dudas de la juez María Cristina Trejos es la presencia en ese expediente del testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, quien dijo haber sido miembro del Coici. Sin embargo, ese testimonio, que también fue esgrimido contra el Coronel Plazas Vega, fue desechado por la fiscal Buitrago. El testimonio de Gámez Mazuera fue, en efecto, desestimado por sus graves irregularidades. La Fiscalía le pidió a éste que testimoniara ante el consulado de Colombia en Bruselas (pues Gámez residía en Bélgica), pero éste no quiso comparecer. Gámez mintió todo el tiempo pues la Fiscalía comprobó que no había sido policía ni había estado en los hechos del Palacio de Justicia y tampoco había sido miembro de los servicios de inteligencia del Ejército.

El Coronel Plazas, por otra parte, no tuvo nada que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate y no podía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

La revelación obtenida por el periodista Ricardo Puentes Melo, y el análisis realizado por el doctor Fernando Londoño Hoyos, son de importancia capital: ello implica que el proceso y la condena penal de primera instancia contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega se ha derrumbado definitivamente.

El Coronel Plazas no pude seguir privado de libertad. El debe ser puesto en

El antropólogo forense José Vicente Rodríguez Cuenca fue muy claro al afirmar que "la Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos"

libertad inmediatamente. El fallo en segunda instancia, esperado por millones de personas en Colombia, no puede pasar por encima de lo que fue revelado, por fin, ante el país, por intermedio del Procurador General, ni pasar por alto lo que acaba de decidir la juez María Cristina Trejos. La sentencia de primera instancia que condenó al Coronel Plazas, detenido desde julio de 2007, es espuria e ilegal. El ente fallador de la segunda instancia debe  corregir esa infamia y absolver de todo cargo al Coronel Alfonso Plazas Vega. El General Jesús Armando Arias Cabrales, detenido desde octubre de 2008, también debe ser puesto en libertad. Los dos altos oficiales están presos en instalaciones militares de Bogotá.

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Diciembre 11 de 2011

No sobra decirlo. No sobra reiterarlo. Le cabe toda la razón a María Isabel Rueda cuando afirma que nuestro Ejército está desmoralizado y “empanicado” por los riesgos que una obtusa justicia ordinaria, contaminada por sesgos políticos o ideológicos, hace correr a oficiales y soldados. El mayor temor que los acecha no es el de pisar una mina o recibir un tiro en el fragor de un combate, sino el de quedar detenidos por una injusta medida judicial.

Si uno quisiera ilustrar con un ejemplo los monumentales errores que la justicia ordinaria comete contra los militares, bastaría citar el caso del general Jaime Uscátegui, condenado a cuarenta años de prisión por la supuesta masacre de Mapiripán, hoy convertida en una fábula que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo logró acreditar para obtener el pago de millonarias indemnizaciones, ordenadas al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con destino a familiares de muertos que no están muertos sino vivos.

Si el caso del general Uscátegui hubiese quedado en manos de la Justicia Militar, los cargos por el delito de omisión contra él no hubiesen tenido el menor sustento por una razón muy sencilla: Mapiripán no dependía de la Séptima Brigada, de la cual era comandante, sino de la Brigada Móvil número 2 y del Batallón Joaquín París bajo su mando. Se trata de una maniobra tan extravagante y minuciosa que me animaría a pedir hospitalidad de este diario para contársela a los lectores en una página de Debes Leer. Es una real novela policíaca cuyos inspiradores en la sombra fueron las propias Farc.

Coronel Alfonso Plazas Vega, un héroe y mártir. Víctima de la "justicia" colombiana

En este y en muchos otros casos, el botín de las indemnizaciones mueve al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo a adelantar toda suerte de argucias para configurar un crimen de Estado. Lo que no lograrían si existiese el fuero militar, lo consiguen con magistrados, fiscales o jueces de dudosa ortografía. Ahora esperan que se ratifique la condena impuesta al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Nadie se explica cómo la ponencia del magistrado Hermes Darío Lara que pedía la absolución de Plazas por falta de pruebas, en un informe de mil páginas producto de un año y medio de cuidadoso estudio de su caso, no haya sido aceptada por los dos magistrados que componen con él la llamada sala de decisión. ¿Tienen alguna nueva prueba que justifique su decisión? ¿Siguen creyendo que Édgar Villarreal sí firmó la supuesta declaración (negada por él ante el Procurador), la ahora derrumbada única prueba que sirvió de base para la condena de Plazas? La perplejidad es muy grande. Juristas respetables y conocidas personalidades que conocen muy bien este caso exigen hoy una aclaración.

Si llegara a ratificarse tan monumental injusticia, el escándalo rebasaría el ámbito nacional para llegar a los estrados internacionales. Una conocida ONG norteamericana, The Inter American Institute, que reúne a juristas de muy alto nivel, estudió cuidadosamente el caso de Plazas Vega y acaba de enviar una carta con 25 preguntas al Tribunal Superior de Bogotá. Su presidente, el conocido escritor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, no vacila en escribir: “Hoy, la comunidad internacional se encuentra expectante sobre el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en los hechos del Palacio de Justicia. Según parece, la justicia colombiana ha cometido el más aleve crimen contra una persona inocente, violando todos los principios vigentes en la jurisprudencia internacional a lo largo de muchos siglos.”

¡Cuidado! Es el primer trueno de una tempestad que puede dejar por los suelos la imagen de nuestro país y de sus instituciones. La última palabra para impedir tal desastre la tiene la Corte Suprema de Justicia.

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

A mediados del año pasado, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo desató una sádica campaña mediática en contra de Periodismo Sin Fronteras, principalmente contra Eduardo Mackenzie y contra mí, debido a una serie de artículos que publicamos alertando sobre las oscuras maniobras de este “Colectivo” en los casos de Mapiripán, Palacio de Justicia, y otros donde estos abogados, en clara complicidad con miembros de la Fiscalía y jueces, montaban falsos testigos y fabricaban pruebas contra miembros del ejército de Colombia.

Lo que hizo el Colectivo Alvear Restrepo para vengarse, fue valerse de todas las ONG y medios de comunicación amigos suyos, para repicar por toda la red que Periodismo Sin Fronteras era un portal de ultraderecha, amigo de paramilitares y financiado por miembros del ejército. Mentiras descabelladas y fácilmente destruidas por quien desee comprobar nuestras ínfimas –casi inexistentes- finanzas. A lo sumo hemos recibido cerca de 20 dólares en donaciones en toda nuestra existencia.

No contentos con esto, el Colectivo acudió a la poderosa FIDH –Federación Internacional de Derechos Humanos- (una ONG francesa cuya subsidiaria en Colombia es el Colectivo Alvear Restrepo) tratando de darnos el puntillazo final, para lo cual buscó la alianza del presidente Juan Manuel Santos en contra nuestra; algo sencillo porque desde antes de su posesión, periodismosinfronteras.com ha mostrado su desacuerdo con la mayoría de las decisiones de Santos en torno al manejo de la seguridad nacional.

El asunto es que, el 23 de septiembre de 2010, la tunecina Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, le escribió una carta al presidente Juan Manuel Santos acusándonos – a Mackenzie y a mí-  de estar organizando, en unión con “inteligencia militar”, un atentado terrorista en contra de los miembros del Colectivo Alvear Restrepo.

La carta dice, entre otros apartes que: “Quisiéramos recordarle la imprescindible labor que ha realizado el CAJAR en la defensa de los derechos humanos en Colombia y en la lucha contra la impunidad en sus treinta años de existencia. Su rol fue vital en casos como el de la masacre de Mapiripán”.

Luego, uniendo ese “rol vital” en los casos de Mapiripán (y otros), donde ya se hicieron evidentes los delitos del Colectivo, la FIDH le dice al presidente Santos que “el CAJAR recibió de una fuente fidedigna información sobre los preparativos de un atentado contra la vida de un abogado del CAJAR. Según la fuente, estaría involucrada la inteligencia militar”.

Y sin vergüenza alguna nos involucra como parte del complot: “nos preocupa la campaña en curso de difamación contra el CAJAR y la FIDH, a través entre otras de informaciones calumniosas publicadas por Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo en el sitio de internet “Periodismo sin Fronteras”, afirmaciones expresamente dirigidas al CAJAR, al igual que a nuestra propia organización, la FIDH. (…)Le solicitamos que su gobierno tome las medidas necesarias para proteger al CAJAR y a sus integrantes contra un eventual atentado”

Y, para hablar del supuesto atentado terrorista planeado por Mackenzie y yo en su contra, con la ayuda de la inteligencia militar, le solicita una reunión urgente entre los miembros del CAJAR y la presidencia de Colombia.

Souhayr Belhassen, presidente de la FIDH, casa Matriz del Colectivo Alvear Restrepo

Ignoramos si tal reunión se llevó a cabo, pero de inmediato le enviamos también una carta al presidente Santos donde le mencionamos que no existe ni una sola denuncia de la FIDH ni del Colectivo contra las atrocidades de las FARC, el ELN y otros terroristas, lo que desvirtúa su afirmación de que rechazan “todo tipo de violencia”.

Acto seguido le hicimos al presidente Santos un recuento de la obvia complicidad de la FIDH con los cobardes asesinatos cometidos por las FARC; por ejemplo el del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, y manifestamos que ninguno de los grupos pertenecientes a la FIDH –como el CAJAR- condenó a las FARC. Al contrario, descargaron toda la responsabilidad en el gobierno de Álvaro Uribe.

Le hicimos notar que ni la FIDH, ni el Colectivo condenaron los viles secuestros y asesinatos de los líderes negros de Curvaradó, Chocó: Manuel Moya, Graciano Blandón, y el hijo de éste último. Y mucho menos se manifestaron ante los asesinatos de más de 10 líderes comunitarios que se atrevieron a acusar al cura Giraldo y a Gloria Cuartas por varias masacres cometidas en el Urabá. ¡Cómo iban a decir algo, si el cura y la Cuartas son de la misma camarilla..!

Pero la FIDH sí lamentó la muerte del terrorista Raúl Reyes, a la cual calificó como “un crimen internacional”.

También le recordamos al presidente Santos que la FIDH, casa matriz del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, fue la que montó una terrible campaña de infamia contra Álvaro Uribe Vélez, acusándolo en 2002 –antes de su primera elección como presidente- de ser el “candidato de los paramilitares”, y de tener vínculos con los narcotraficantes.

Le mencionamos que la FIDH organizó en Francia, en marzo de 2002, una gran jornada “académica” donde los conferencistas mostraron a Colombia como una empresa criminal, y a las FARC y el ELN como personas respetuosas de los derechos de los civiles, grupos rebeldes víctimas de los paramilitares.

Miembros de la FIDH

Evidentemente, la FIDH y su entidad satélite, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo han hecho lo imposible para que en Europa prospere la acusación contra el presidente Álvaro Uribe por el tema de las chuzadas.

Y le comentamos varios casos más cerrando nuestra carta así:

“Nosotros seguiremos observando y glosando a la FIDH y a su “colectivo de abogados” mientras sigan aplicando su política de traición al Derecho y a los Derechos Humanos, de connivencia con los violentos y, al mismo tiempo, de feroz sectarismo contra gobiernos y sociedades democráticas que no capitulan ante las sirenas utópicas de la sociedad igualitaria y del socialismo del siglo XXI. Muy cordialmente, Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes Melo”

No fue sorpresa la respuesta recibida desde la presidencia, el 28 de diciembre de 2010:

En un claro respaldo a la FIDH y al Colectivo Alvear Restrepo, con instrucciones del presidente Santos, el Director del Programa presidencial de DD.HH y DIH, Dr. Hernán Ulloa, nos dice tajantemente  “El Gobierno Nacional ha solicitado un respeto hacia todas las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos que trabajan por el fortalecimiento de la democracia, evitando cualquier tipo de estigmatización o señalamiento en su contra”

En otras palabras, el gobierno nacional nos exigió no volver a denunciar ni a la FIDH ni a su subsidiaria, el Colectivo de

Luis Guillermo Pérez, de Colectivo Alvear Restrepo, Astrid Betancourt y Armand Burguet, del FICIB

Abogados José Alvear Restrepo.

Como evidentemente no le hicimos caso al presidente Santos, en junio de 2011, pocas horas después de que denunciáramos la suplantación por parte de la Fiscalía del único testigo en contra del coronel Plazas Vega, cuyo testimonio –obviamente falso- sirvió para que el oficial fuera condenado a 30 años de prisión, el presidente Santos lanzó un fiero ataque contra los periodistas independientes que nos hemos dedicado a decir la verdad sobre los asuntos que quiere ocultar el gobierno, y sobre los delitos de los defendidos por Santos, como es el caso del Colectivo Alvear Restrepo, la FIDH y otros.

Por un lado, el presidente Santos exigió no señalar a estas ONG violadoras de Derechos Humanos, y por el otro acusó a quienes le desobedecimos, de ser una “mano negra de la extrema derecha”. Nos comparó sin más con las FARC.

Hoy, luego de que se confirmaran nuestras denuncias contra el Colectivo Alvear Restrepo –denuncias que han hecho varios otros periodistas independientes desde otras trincheras- el gobierno le vuelve a dar un espaldarazo a esta ONG que ha quedado descubierta como autora de un rosario de delitos que se agravan porque utilizan a las víctimas como mercancía de desecho.

El Colectivo Alvear Restrepo, supuesta ONG defensora de Derechos Humanos, es totalmente lo contrario, un grupo de violadores de Derechos Humanos auspiciados y dirigidos por la FIDH, que se burlan del dolor de las verdaderas víctimas, que suplantan otras, y que atracan el erario con sus inhumanos montajes.

Al gobierno nacional, con Germán Vargas Lleras como vocero, le parece “satisfactorio” que el Colectivo de bribones regrese parte del multimillonario botín y que reconozca que “se cometieron equivocaciones”.

¿Se cometieron “equivocaciones”..?

¡Por Dios..! ¡Si el Colectivo incurrió en una serie de crímenes que pueden ir desde concierto para delinquir, falsedad procesal, estafa, hasta traición a la patria…!

Y el gobierno de Juan Manuel Santos, por medio de Germán Vargas Lleras, denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por haber recibido dineros de narcotráfico en su campaña política, sale con la babosada cómplice de que le parece “satisfactorio” que el Colectivo regrese parte del dinero que le sustrajeron a la nación.

Por haberse robado una bolsa de leche para alimentar a sus hijos, hay muchísimas mujeres cumpliendo penas de años en las cárceles del país.

Lamentamos tener que denunciar de nuevo estas barbaridades. Asumimos el riesgo de que el presidente Juan Manuel Santos vuelva a acusarnos de pertenecer a una “mano negra” de conjuradores, comparables en crueldad a los terroristas de las FARC.

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Octubre 17 de 2011

En una verdadera pesadilla se ha convertido la vida del cabo retirado del ejército Edgar Villamizar Espinel. Miembros de la Fiscalía lo acosan desde que se presentó a contarle a la Procuraduría General de la Nación que fue suplantado en un testimonio que supuestamente rindió en las caballerizas de la Escuela de Caballería ante la entonces Fiscal Ángela María Buitrago, el representante del ministerio público Henry Bustos Alba, el investigador Efrén González, el Fiscal Auxiliar José Darío Cediel Serrano, y el investigador Pablo E. Vásquez H. Todos, en mi humilde opinión, cómplices en tal suplantación.

Lo que dijo el cabo Villamizar a Periodismosinfronteras.com antes de presentarse ante la Procuraduría fue: “Una vez que yo hable, la Fiscalía General de la Nación me va asesinar”. Y vaya si estaba diciendo la verdad.

Desde ese día, le han enviado sufragios a su hijo, le enviaron amenazas a él, lo llevaron engañado a un lugar donde la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Norma Angélica Lozano Suárez y otras personas del CTI estaban más interesadas en convertir a Villamizar de acusador a acusado. Y todo con la preocupante complicidad y participación de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. (Ver: http://www.periodismosinfronteras.com/amenazan-a-testigo-suplantado-en-caso-de-plazas-vega.html)

Fiscal Vivián Morales y el ministro Germán Vargas Lleras

A raíz de esta encerrona, unida a amenazas de todo tipo, el cabo Villamizar volvió a ocultarse.

Pero los sabuesos de la Fiscalía están empeñados en encontrarlo. Han ido a los sitios donde antes vivía Villamizar, a sus antiguos lugares de empleo.. Han visitado a sus amigos, y a todos les han dicho que Edgar Villamizar es un delincuente de la peor calaña, sumamente peligroso y que necesitan encontrarlo para que no haga más daño a la sociedad. ¡Qué descaro..!

¿Por qué presumimos que la persecución viene de la Fiscalía…? Sencillo: porque es el único organismo que está interesado en vengarse de Edgar Villamizar Espinel.  !Y el mismo cabo lo advirtió a tiempo…!

Así que la Fiscalía hizo otro montaje anunciando a los medios que Villamizar se presentaría a testificar en el caso del Coronel Sánchez, también del Palacio de Justicia, pero callaron a la prensa que jamás notificaron al cabo retirado. Éste no tenía idea del asunto hasta el mismo día de la diligencia. Y, de todas formas, ¿cómo iba a asistir con la Fiscalía encima muriéndose de ganas de freirlo vivo?

El asunto es que de alguna manera la Fiscalía se enteró de que el cabo Villamizar aprecia a su familia más que a nada.. Así que decidió hostigarla con llamadas y visitas… Y con algo más..

Este viernes 14 de octubre pasado, la hermana del cabo Villamizar puso en conocimiento de las autoridades que unos hombres fuertemente armados la agredieron violentamente, la intimidaron con armas de fuego y la amenazaron con matar a toda la familia si no les informa dónde se encuentra Edgar Villamizar. Le dijeron a la hermana “Dígale a ese sapo hijueputa que aparezca o jodemos a toda su familia.. Sabemos dónde viven todos y cuántos hijos tienen”.

Espeluznante. La Fiscalía General de la Nación, que debería defender a los ciudadanos, no solo se ha convertido en una entidad experta en pagar testigos falsos, en fabricar pruebas, ocultar cadáveres de supuestos “desaparecidos”, y suplantar testigos impunemente. Ahora también parece que actúa como una banda de sicarios.

Y ni el presidente Santos, ni el vicepresidente Garzón, ni el ministro Vargas Lleras, ni la Fiscal Vivián Morales dicen nada al respecto. Al contrario, le abren las puertas de sus despachos a la ex fiscal Ángela María Buitrago como si se tratara de una personalidad digna de eso.

Entretanto, el coronel Plazas sigue detenido sin una sola prueba en su contra; el cabo Villamizar anda escondiéndose de la persecución infame de la Fiscalía, y su hijo, hermanas y sobrinos estarán desde hoy en la mira, como objetivos de guerra de este ente que tiene en la cárcel a quienes rescataron al país de la mafia narcoguerrillera; esa misma mafia a la que tan buenos oficios brindó la Fiscal Vivián Morales y su compañero sentimental, Carlos Alonso Lucio, miembro del grupo de asesinos que asaltaron el Palacio de Justicia.

Las vidas del cabo Edgar Villamizar, de su hijo y demás familia, están hoy en peligro. Responsabilizamos a este gobierno, a la Fiscal y al ministro Vargas Lleras, de lo que pueda sucederles.

Nota: ¿Dónde están los buenos miembros de la Fiscalía general de la Nación? ¿Por qué permiten que unos cuantos desacrediten a esa entidad?

William Calderón Zuluaga

Por William Calderón Z.

Septiembre 06 de 2011

La gran indecencia parlamentaria. Que el Congreso Nacional abra una licitación valorada en $40.000.000.000 para tomar en alquiler 476 vehículos, que se adjudicará en enero, de los cuales se le entregarán dos para el servicio a cada congresista. El costo mensual por cada automotor será de $7’000.000, mientras miles de damnificados de la pasada tragedia invernal continúan en la cochina calle, viviendo de la caridad pública.

La indecencia mínima. Que el salario mínimo de un trabajador raso sea hoy de $532.500/mes y el de un Congresista de $33’996.000, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a $38’500.000 /mes. Con oficinas, asesores, teléfonos fijos y celulares, carros, tiquetes aéreos gratuitos, además de los mejores servicios de salud.

Otras indecencias. Indecente es quien afirma que es riqueza ganar en Colombia $187.000.00. Indecente resulta que un profesor, un maestro, un catedrático universitario o un cirujano de salud pública, ganen menos que el concejal de un municipio de tercera categoría. O que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto y, al inicio de la legislatura).

Gustavo Petro, María Emma Mejía y Antonio Navarro

Tenemos más. Es indecoroso que un ciudadano se vea obligado a cotizar hasta 35 años y tener 62 años para percibir una pensión y otros –para cobrar la pensión máxima– sólo necesiten jurar el cargo y estar un tiempito devengando de lo lindo. Es indecente que los congresistas sean los únicos trabajadores de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo. Y que en la administración de justicia haya sueldos astronómicos que ya desearían los técnicos más calificados y sin pagar impuestos

Más indecencias. Que el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, sea aprobado por los mismos políticos que viven del erario. Es indecoroso que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo. (Ni cultural, ni intelectual.) Sólo basta estar en la bancada mayoritaria y patrocinado por dineros sucios o en connivencia con los contratistas de turno.

Contratación indecente. Indecente es el político que es elegido, se llena los bolsillos de dinero en lugar de gobernar y solo quiere contratar. Indecente es el costo que representa para la administración de justicia los viáticos, viajes (siempre en primera clase), comidas, comunicaciones, guardaespaldas, escoltas carros último modelo blindados, tarjetas de crédito y varios etcéteras y se le niegue a los soldados de la patria un aumento digno en sus Salarios y los presupuestos no alcancen ni para sus prótesis en los hospitales y que a los patrulleros no los promuevan y los mantengan en el olvido con salarios de miseria.

Otro torrente. Mortificante que los congresistas tengan seis meses de vacaciones remuneradas al año. Irrita que el dinero de las regalías, destinado al desarrollo de las regiones y clases menos favorecidas, se quede en manos de gobernadores y alcaldes corruptos y sus de secuaces. Indigna que a los abnegados soldados de la patria que dedicaron su vida para hacer de Colombia un mejor país , queden en la más completa ruina, sin un defensor pagado por el mismo estado. ¡No hay derecho!.Duele que a los hombres de acero los que rescataron la comuna trece en Medellin no les paguen sus salarios desde mayo de 2011.

Saúl Hernández Bolívar

Por Saúl Hernández

Agosto 30 de 2011

No es un secreto que el TLC con EE. UU. nos ha sido negado por la labor de zapa que algunos sectores de la izquierda han hecho ante el Tío Sam para desprestigiar a Colombia en materia de derechos humanos; más concretamente en lo relativo a la muerte de sindicalistas y a los obstáculos a que, probablemente, se ve sometida la actividad sindical.

Nadie niega que hay crímenes de sindicalistas; valga decir, por su actividad sindical. Pero se ha sembrado, con propósitos políticos y económicos, la noción de que “Colombia es el país más peligroso de la Tierra para el sindicalismo”. Ese mito, y la trama como fue urdido, es lo que viene a develar un sesudo estudio del investigador Libardo Botero Campuzano, un economista experto en lides sindicales que además conoce bien el diablo por dentro, como que fue uno de los más prestantes intelectuales del Moir en los años setenta.

En las más de 400 páginas de ‘El gran fraude’ (se consigue en el sitio web http://www.pensamientocolombia.org) quedan al desnudo las sistemáticas maquinaciones de este engaño, del que trataré de dar algunas claves en estas pocas líneas.

En primer lugar, se ha alimentado el sofisma de que la actividad sindical es una tarea particularmente violentada en el mundo. Sin embargo, fácilmente se desmiente esa hipótesis: la tasa global de homicidios por cada cien mil habitantes (THPCM) es de 8, mientras la de sindicalistas es solo de 0,06. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la THPCM para sindicalistas fue de 4,7 en el 2007, mientras la del país ha rondado los 40 en los últimos años. Claro que por la alharaca que se hace cualquiera creería que es al revés.

En segundo término, tenemos que en las estadísticas de sindicalistas asesinados en Colombia no se suele discriminar el móvil del homicidio con el objeto de abultar el problema. No es comprensible que una muerte por riña o atraco se tenga por igual que una en la que sí mediaron los conflictos por el tema sindical. Tampoco puede pretenderse que en un país con 17.459 homicidios (Forensis 2010), ningún sindicalista sea víctima de la violencia común; todos han de ser producto de violencia antisindical, per se. Hay, por lo menos, una visible distorsión allí.

¿Cuántos de los datos de Iván Cepeda y su ONG MOVICE serán falsos?

Pero si eso parece un desliz menor, hay un tercer aspecto que es prolijamente analizado en el libro: la falta de rigor intelectual y de solvencia moral con que son elaboradas las listas de sindicalistas asesinados por parte de las dos entidades que se han arrogado la tarea de contabilizarlos, la ENS y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ni a ellas ni a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que basa sus informes en esas listas espurias— parece importarles un rábano la autenticidad de las estadísticas con que enlodan el nombre de Colombia.

Las perlas que encontró el investigador Botero son de reír y de llorar al mismo tiempo. Aparte de que muchos registros están incompletos (más de 70 sin nombre; otros, sin lugar de homicidio, sin fecha, sin sindicato al que pertenecía la víctima, etc.), las cifras están claramente infladas con personas que no eran sindicalistas. Y a pesar de que el Estado colombiano ha demostrado esos casos concretos, ninguna de esas entidades ha depurado los datos.

Para la muestra, un caso como de Ripley: en el año 2000, paramilitares sacaron a una educadora de la escuelita donde laboraba en el departamento de Caldas y la asesinaron. Pues bien, a pesar de no ser sindicalista, fue añadida en las bases de datos en compañía de otra supuesta víctima, un tal Juan José Neira. ¿Otro educador asesinado? No, un prócer de la independencia que le da nombre a la escuelita (y al municipio) donde trabajaba la maestra.

Lean el libro, se darán cuenta de que, además de un fraude, todo esto es parte de una gran conspiración contra la democracia colombiana.