Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Febrero 05 de 2012

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito”. Definición de la Real Academia perfecto para calificar la sentencia sobre Plazas Vega.

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo. A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente.

La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito. Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con un docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel “que cuelguen a esos hp”. En el testimonio presentando por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma. Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Edgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Y los colombianos nos seguimos preguntando, ¿Por qué Plazas Vega aún no está libre?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de once, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un es director de Medicina Legal. En todo caso, Plazas Vega ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como “autor mediato en un aparato organizado de poder”. Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado. Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

17 de diciembre de 2011

Un proceso por los hechos de 1985 en el Palacio de Justicia acaba de dar un paso importante en la buena dirección. El juzgado 51 penal del circuito de Bogotá absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo de los cargos que una fiscal les imputaba por la supuesta “desaparición” de 11 personas en la operación que le permitió al Estado colombiano rescatar el Palacio de Justicia, el cual había sido asaltado a sangre y fuego, el 6 de noviembre de 1985, por la organización terrorista M-19. La decisión favorable a los citados militares en retiro coincide con lo que distinguidos juristas y una gran parte de la opinión pública esperaban desde hace años.

El General Iván Ramírez Quintero era el jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) en la fecha de la toma al Palacio de Justicia. La juez 51, María Cristina Trejos, estimó que existe una ”duda razonable” sobre la presunta responsabilidad del General Ramírez y de sus dos subalternos en la pretendida desaparición de once personas que algunos afirmaban que salieron vivas de ese edificio.

Inicialmente, Iván Ramírez había sido acusado de haber participado en tales

General Iván Ramírez

“desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que esos oficiales no tenía nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condena contra ellos únicamente por la presunta desaparición de Irma Franco, una guerrillera del M-19 que tomó parte en el asalto.

Sin embargo, la juez María Cristina Trejos desestimó ese cargo y absolvió a Ramírez, a Blanco y a Arévalo pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

Ese fallo es un vuelco significativo por dos razones. Primero porque confirma que el tema de los supuestos “desaparecidos” en el asunto del Palacio de Justicia es cada vez menos creíble. Ese punto ya había sido cuestionado totalmente, con excelentes argumentos y revelaciones, por el Tribunal Especial de Instrucción del 31 de mayo de 1986.

El informe del TEI concluyó que existía prueba suficiente para concluir que los “desaparecidos” fallecieron en el cuarto piso del palacio, a donde fueron conducidos como rehenes por los terroristas, en los primeros momentos del asalto, y que el número de cadáveres calcinados y no identificables (en 1986) aparecidos en el cuarto piso necesariamente corresponden al de las supuestas víctimas “desaparecidas”.

Lo mismo fue alegado por la defensa del Coronel Plazas Vega. Ahora, con la sentencia de la juez María Cristina Trejos, vuelve a aparecer ese punto de los “once desaparecidos” como una forma de impostura. Una vez más, la hipótesis de los “desaparecidos” del palacio de justicia se derrumba.

El Coronel Alfonso Plazas Vega y su abogado, el Dr. Jaime Granados

No podía ser de otra manera. Recordemos lo que ocurrió el 27 de febrero de 2011. Ese día el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá, hizo una transcendental revelación a los periodistas Ricardo Puentes Melo y Fernando Londoño Hoyos. Declaró que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia, que le había entregado a él, al doctor Rodríguez Cuenca, 64 de ellos para que tratara de identificarlos y que la Fiscalía General se había quedado con 27 restos humanos los cuales correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

¿Después de tal revelación cómo se puede seguir hablando de “desaparecidos” del palacio de justicia? Esas personas murieron a causa de la acción del M-19 en esa toma sangrienta. Los jefes del M-19 de esa época son los que deben responder por esas muertes, pues hasta hoy no lo han hecho y se han concentrado en acusar de ello a los militares, bajo el subterfugio de los “once desaparecidos”. Pero ese montaje se ha hundido.

En segundo lugar porque, por la primera vez, un juez de la República constata que el protagonismo de los militares que actuaron en la defensa y rescate del Palacio de Justicia es mil veces menos ilegal de lo que los acusadores suponían, y que las acusaciones contra ellos son “dudosas”. Por eso la juez María Cristina Trejos reveló, en su sentencia del 16 de diciembre de 2011, que la duda es más fuerte que las suposiciones acusatorias.  Ella condenó hace siete meses al General Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. Esa sentencia ha sido fragilizada por ella misma.

Petro, miembro de la banda del M19, hoy alcalde electo de Bogotá

Hasta ahora dos altos militares que liberaron a más de 244 rehenes, e impidieron que el M-19 se consolidara en ese edificio y realizara un golpe de Estado bajo la forma de un “juicio popular” contra el presidente de la República de la época, Belisario Betancur, como habían planeado, han sido juzgados y condenados a penas de prisión severísimas a pesar de que la instrucción de esos procesos no ha podido aportar prueba alguna contra ellos. Por eso muchos juristas, periodistas y observadores estiman que los procesos del General Arias Cabrales y del Coronel Alfonso Plazas Vega aparecen como una persecución política pues rebosan de vicios de enorme gravedad.

El abogado del general Ramírez, John Fernando Vásquez, demostró que su defendido no estuvo presente durante la recuperación del Palacio de Justicia. El logró probar, sobre todo, que las acusaciones que lo mostraban como ligado a las “desapariciones” son “inconsistentes” y “no han sido acopiadas dentro del juicio”, como informó El Espectador, este 16 de diciembre.

Lo más interesante es que uno de los pilares de la acusación contra el general Ramírez era el testimonio de un señor Édgar Villamizar quien, como hizo valer el abogado John Fernando Vásquez, no figura en el expediente pues el nombre que aparece en éste es de un tal Édgar Villareal, persona totalmente desconocida hasta el día de hoy.

Edgar Villamizar no estuvo jamás en los episodios del Palacio de Justicia, ni fue testigo de nada pues está probado que él se encontraba en Granada (Meta) en esos días de noviembre de 1985. Además, el verdadero señor Edgar Villamizar declaró ante Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, en junio de 2011, que alguien había suplantado ilegalmente su nombre en el proceso del Coronel Plazas Vega y que la fiscal Ángela María Buitrago había cometido el enorme error de no verificar quien le había dado la misteriosa versión mediante la cual alguien pretendía enlodar al coronel Plazas.

Edgar Villamizar, poniendo en peligro su vida y la de su hijo (pues teme ser víctima de un atentado que silencie su voz definitivamente), declaró ante el Procurador General que él no había sido testigo de nada, que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, que no conocía al Coronel Plazas, que nunca le había oído pronunciar a éste frase alguna, que nunca había ido a la Fiscalía a testimoniar, que no había firmado el llamado “testimonio” que la fiscal instructora había hecho valer como auténtico, a pesar de las fuertes protestas del abogado de la defensa quien denunció ese documento como una prueba falsa.

La pregunta es: si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al coronel Plazas basada únicamente sobre esa “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia en estos momentos el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Coronel Plazas Vega, no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (firmado Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

No es posible que en un proceso ese falso testimonio sea desechado y declarado “dudoso” y en otro proceso, sobre los mismos hechos, sea tomado como válido, desconociendo las declaraciones del propio Edgar Villamizar ante el Procurador General, no cuestionadas por nadie hasta el día de hoy.

Otro elemento que disparó las dudas de la juez María Cristina Trejos es la presencia en ese expediente del testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, quien dijo haber sido miembro del Coici. Sin embargo, ese testimonio, que también fue esgrimido contra el Coronel Plazas Vega, fue desechado por la fiscal Buitrago. El testimonio de Gámez Mazuera fue, en efecto, desestimado por sus graves irregularidades. La Fiscalía le pidió a éste que testimoniara ante el consulado de Colombia en Bruselas (pues Gámez residía en Bélgica), pero éste no quiso comparecer. Gámez mintió todo el tiempo pues la Fiscalía comprobó que no había sido policía ni había estado en los hechos del Palacio de Justicia y tampoco había sido miembro de los servicios de inteligencia del Ejército.

El Coronel Plazas, por otra parte, no tuvo nada que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate y no podía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

La revelación obtenida por el periodista Ricardo Puentes Melo, y el análisis realizado por el doctor Fernando Londoño Hoyos, son de importancia capital: ello implica que el proceso y la condena penal de primera instancia contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega se ha derrumbado definitivamente.

El Coronel Plazas no pude seguir privado de libertad. El debe ser puesto en

El antropólogo forense José Vicente Rodríguez Cuenca fue muy claro al afirmar que "la Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos"

libertad inmediatamente. El fallo en segunda instancia, esperado por millones de personas en Colombia, no puede pasar por encima de lo que fue revelado, por fin, ante el país, por intermedio del Procurador General, ni pasar por alto lo que acaba de decidir la juez María Cristina Trejos. La sentencia de primera instancia que condenó al Coronel Plazas, detenido desde julio de 2007, es espuria e ilegal. El ente fallador de la segunda instancia debe  corregir esa infamia y absolver de todo cargo al Coronel Alfonso Plazas Vega. El General Jesús Armando Arias Cabrales, detenido desde octubre de 2008, también debe ser puesto en libertad. Los dos altos oficiales están presos en instalaciones militares de Bogotá.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

Paris, 08 de septiembre de 2011

Sigue la guerra jurídica contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega. El héroe del rescate del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), continúa siendo la víctima de un grupo de magistrados que no quiere admitir, por razones ideológicas, que él, ante las incontables ilegalidades cometidas en su proceso, tiene derecho a ser puesto en libertad.

El Tribunal Superior de Bogotá, de manera inadmisible, acaba de rechazar la solicitud de excarcelación por vencimiento de términos que había solicitado con toda razón el abogado defensor, Jaime Granados. Una vez más la ley colombiana, los tratados firmados por Colombia y la jurisprudencia internacional han sido violados por un sector del poder judicial para desfavorecer al coronel Plazas Vega.

La puesta en libertad solicitada es un trámite particular por irregularidades de procedimiento cometidas por el ente juzgador. No hay que confundirlo con la respuesta al recurso propiamente dicho de apelación interpuesto por el abogado contra la inicua sentencia que condenó, en primera instancia, al coronel Plazas a 30 años de prisión, el 9 de junio de 2010.

El TSB tenía quince días para resolver ese recurso. Pero no lo hizo. Ha pasado más de un año sin que ese recurso haya sido atendido, lo que viola de manera clara el artículo 201 del Código de Procedimiento Penal. “El tiempo que la ley procesal penal señala para la emisión de la sentencia de segunda instancia (15 días) ha sido ampliamente superado, sin explicación alguna”, explicó el doctor Granados en su memorial, pues “ha transcurrido más de un año sin que se haya proferido tal sentencia”. El célebre litigante reiteró: “Los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad imperante en nuestro país, reclaman la inmediata concesión de la libertad al ciudadano Coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega”.

Al no decretar la libertad de Plazas, el TSB se mostró sordo ante los argumentos de derecho. Tal decisión muestra una vez más que ese proceso, para desdicha de la democracia colombiana y de la imagen de Colombia en el exterior, es un monumento de arbitrariedad erigido y sostenido por pasiones políticas inconfesables. La ley procesal fue violada varias veces contra Plazas y de manera bochornosa. En 2008, para dar un ejemplo, la juez tenía seis meses para convocar la audiencia pública tras la acusación formal. No lo hizo sino ocho meses después. El coronel Plazas lleva más de cuatro años privado de la libertad.

Homenaje a los héroes y víctimas de los hechos del Palacio de Justicia

La gran paradoja de ese proceso es que, ante la cantidad de irregularidades cometidas, el gran derrotado no es el coronel Plazas, quien conserva intacta su dignidad, sino, por el contrario, quienes ordenaron su detención arbitraria y lo juzgaron en condiciones extravagantes. La derrota del binomio integrado por la fiscal Ángela María Buitrago y la juez María Stella Jara, quienes realizaron respectivamente la instrucción, primero, y el fallo, después, se transformó en una mancha del sistema judicial colombiano.

Las tres únicas pruebas que reunió la fiscal, acogidas y utilizadas por la juez para dictar su sentencia, resultaron ser no sólo deleznables, sino falsas e ilegales. No practicar las diligencias aprobadas, suplantar un testigo, inventar revelaciones que nunca existieron, fabricar falsos testimonios, permitir que un secuestrador y terrorista amnistiado orientara la investigación a su antojo, ocultar cadáveres en una universidad, en la Fiscalía, y en Medicina Legal, para crear el fantasma de los once “desaparecidos”, para atribuírselos a un militar inocente, y valorar, finalmente, al Ejército de Colombia como una “estructura (ilegal) organizada de poder”, hace parte de las monstruosidades que cometieron esas dos señoras. ¿Hasta cuando el TSB seguirá ciego y mudo ante tal cinismo y tal barbarie? ¿No ha durado demasiado esa triste comedia?

Lo que ocurrió en ese proceso es tan grave que el mismo sistema acusatorio colombiano sale perjudicado. El abuso de la detención preventiva y la forma semi secreta como se instruye y se falla en el campo penal colombiano escandalizan a todo jurista imparcial, nacional y extranjero.

Los abusos cometidos por la fiscal y por la juez no fueron detectados por la jerarquía. Los delitos que ellas cometieron fueron invisibles para sus superiores. Sin tener que rendirle cuentas a nadie, la fiscal y la juez creyeron que podían sentarse sobre los códigos. No hubo tampoco un organismo que protegiera los derechos de la defensa. Ni siquiera los reparos de derecho formulados oportunamente por la Procuraduría General de la Nación fueron oídos. Ese proceso penal fue transformado así en un Frankestein judicial que hace dudar a muchos sobre si en Colombia existe todavía un Estado de derecho.

Ha llegado la hora de sancionar esas injusticias y de derogar el sistema penal que hizo posible todo eso.

Otros países democráticos, como Francia, abolieron la figura del juez de instrucción, como funcionario omnímodo, individual, que obra como rueda suelta, en vista de los errores judiciales que eso generó. ¿Colombia tendrá el valor de hacer lo mismo?

¿Seguiremos tolerando que un fiscal omnímodo instruya solamente a cargo y repudie las pruebas que disculpan al justiciable?  El sistema anti-garantista actual fracasó ante el caso Plazas Vega. Ese proceso mostró los abismos de una justicia politizada capaz de llegar a los peores excesos para humillar y destruir a los mejores ciudadanos.

La instrucción no debe seguir siendo lo que es hoy: el acto de un funcionario escondido, aislado, suelto, obnubilado por ideas de venganza, sin vigilancia real de su jerarquía. En la reforma de la justicia colombiana que se ventilan en alguna parte sin que la prensa rinda cuenta de lo que está en juego, sin que ésta se entere jamás de los detalles, pues ni los conoce ni los busca, el problema del fiscal instructor- predador solitario, no aparece siquiera.

Tampoco se discute el problema de quien debe decidir si el justiciable es culpable o no. Colombia es un país donde esa crucial decisión la toma un individuo. Ese tema es uno de los mayores problemas de la justicia colombiana.

En las grandes democracias quien decide sobre la culpabilidad o inocencia del acusado es un jurado, una entidad compuesta por ciudadanos. En Estados Unidos el gran jurado decide si el justiciable merece ser objeto de un proceso. En Colombia esa decisión grave recae de hecho, en un juez y, en teoría, en una sala penal. Es un sistema anticuado y autoritario que ha mostrado tener grandes inconvenientes.

Los berlineses tumbando el infame muro

28 de agosto de 2011

Señores directores de El Tiempo y El Espectador, Bogotá, Colombia

Estimados señores,

Con el debido respeto, permítanme decirles que sus artículos de ayer acerca de un supuesto testigo de las “desapariciones” del Palacio de Justicia no aportan nada nuevo y no son sino un intento más para difamar o, por lo menos, para apoyar la campaña de difamación que existe contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, contra el general Jesús Armando Arias Cabrales y contra otros militares colombianos.

Yo he podido seguir desde Europa toda esta historia del Palacio de Justicia y estoy francamente indignada por la lectura permanente de escritos llenos de suposiciones, deformaciones y prejuicios.

Lo único que tienen en común los dos artículos de sus diarios es lo que dicen los puntos 27 a 29 del memorando final de información de la Comisión de la Verdad. En ellos, los autores del mismo afirman haber tenido conocimiento del testimonio de Jaime Arenas, quien dice haber sido torturado. Sin embargo, no hay allí ninguna indicación que explique qué fue lo que él dijo personalmente. Ni siquiera describen el origen de tal testimonio. En la exposición preliminar del informe tampoco hay nada acerca de él. Así pues, les pregunto formalmente qué es lo que ustedes tienen fuera de esos tres puntos los cuales no llenan más de la mitad de una parte de sus artículos, sin mencionar el hecho de que ningún tribunal de justicia podría considerar eso como un testimonio válido.

Por otra parte, El Tiempo escribió que el apellido del chofer, según la memoria del ex juez Jorge Valencia Arango, no es Arenas sino Buitrago. Así que tenemos, pues, una vez más, un testigo cuyo nombre no es claro, y aún así eso es visto como motivo suficiente para empezar de nuevo la campaña de difamación.

Respecto de la redacción de El Espectador, quiero expresar en particular mi incomprensión sobre el manejo de esta situación porque este asunto constituye en mi opinión una falta de respeto a la memoria de don Guillermo Cano, quien fue una víctima del cartel de Medellín, entidad que, como ustedes saben, fue parte activa en la financiación del atentado contra el Palacio de Justicia.

El periodismo que ustedes practican tiende a minimizar la totalidad de las circunstancias. ¿Han acaso olvidado que la amnistía tras el asalto al Palacio de Justicia hizo posible que fuera cancelada la extradición de los jefes del narcotráfico a los Estados Unidos de América,  y que eso fue uno de los objetivos de ese atentado?

Sería útil para la verdad, y todavía quiero creer que ese es el objetivo del periodismo de ustedes, que nos preguntáramos por qué el tribunal de apelación no está evaluando el testimonio dado por Edgar Villamizar Espinel en mayo de este año, donde él declaró que su nombre había sido suplantado durante la instrucción del proceso. Incluso el procurador general, Alejandro Ordóñez, llegó a la conclusión de que por este aspecto se requiere la liberación inmediata del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Si empiezo a interesarme en Colombia ahora mismo tendría que lamentar vivir en medio de constante desinformación acerca de lo que ocurre realmente en los juicios relacionados con los acontecimientos del Palacio de Justicia. Eso es triste pues me esfuerzo por conocer todas las opiniones, tanto de las personas de la llamada izquierda, como las de la llamada derecha, y siempre disfruté al leer los artículos de sus periódicos. Lo que estamos viendo me parece muy grave pues de lo que aquí se trata es de condenas de más de 30 años de cárcel que tienen una clara indicación de fraude.

A la espera de su respuesta, me suscribo de ustedes

Muy sinceramente,

Annette Tessmann

Lalo Nossa Paz

Por Lalo F. Nossa Paz

Agosto 27 2011

Presentamos estas consideraciones, preocupados por el curso de los procesos relacionados con los hechos luctuosos acaecidos  los días 6 y 7 de Noviembre de 1985, más conocidos como el Holocausto del Palacio de Justicia en los cuales las hordas criminales de un grupo al margen de la Ley patrocinado por el narcotráfico, asaltaron  el edificio de las Altas Cortes, con la pretensión de hacerle un juicio revolucionario al Presidente de la República BELISARIO BETANCUR CUARTAS así como a tres de sus Ministros, lo cual indica que para hacerlo primero tenían que  haber depuesto del cargo al Primer Mandatario de la Nación elegido por los colombianos, y a su Gobierno. Es decir era la realización de un golpe de Estado por el grupo asaltante.

Luego de dos días de combate en cumplimiento de las  órdenes del Presidente de la República, Jefe Constitucional de las Fuerzas Armadas,  impartidas a través de la cadena de mando lo cual constituye un acto del servicio, arriesgando la vida y entregándola en el caso de once de sus miembros que la perdieron, además de decenas de heridos,los miembros del Ejército y la Policía,recuperaron la edificación y rescataron a por lo menos 260 personas que habían sido secuestradas por los asaltantes, entre ellas 43 magistrados entre principales y auxiliares de la Corte Suprema y el Consejo de Estado,  mantuvieron el Estado de Derecho y consecuentemente preservaron el orden constitucional.

Lamentablemente en la batalla que se libró entre los asaltantes y los defensores de la institucionalidad,perdieron 15 magistrados, 25 funcionarios de las Altas Cortes, 11 miembros de las fuerzas del orden, 3 visitantes ocasionales y un transeúnte  a la vez que  28 asaltantes del M-19, para un total de 94 personas fallecidas, de las cuales quedan aún 25 años después, varios cuerpos por identificar, entre  los cuales están los 9 empleados de la cafetería del Palacio de Justiciay 2 clientes, que hoy figuran como desaparecidos.

Algunos de los guerrilleros del M-19, autores de la masacre en Palacio de Justicia. Aquí están Pizarro, Antonio Navarro, Otty Patiño, Vera Grabe, entre otros

Jamás enla historiade nuestra vida republicana se había visto un atentado tan horrible contra la majestad de la justicia colombiana, violatorio de todas las normas del derecho Internacional y del derecho de gentes. Jamás se había visto un espectáculo tan deplorable de un grupo de gentes alucinadas pretendiendo someter a un estado Democrático mediante el secuestro de sus más connotados juristas. Jamás se había imaginado nación democrática alguna a un grupo de terroristas alineando a sus ilustres víctimas en un baño para fusilarlas como lo hizo el M-19, según lo relatan los Magistrados sobrevivientes en piezas procesales que extrañamente no publicitan los medios de comunicación.  Sin embargo el país no colapsó, porque las Fuerzas del orden mantuvieron el sistema como lo manda la Constitución y la Ley y según lo dispuso el Jefe del Estado.

Los asaltantes fueron objeto de sendas acusaciones por los delitos de Rebelión, Secuestro, Terrorismo, Homicidio, Tentativa de Homicidio, Falsedad, Incendio y Hurto, en las siguientes Resoluciones Judiciales:

• Resolución de Acusación del 31 de enero de 1989 proferida por el Juez 30 de Instrucción Criminal Doctor Uriel Amaya,
• Resolución de Acusación del 26 de Octubre de 1989 proferida por la Juez 24 de Instrucción Criminal Doctora Flor Alba Díaz Díaz, y
• Resolución de una Juez Sin Rostro  del 15 de Mayo de 1992(Clemencia García de Useche,voluntariamente identificada).

Sin embargo ingenuamente y atendiendo el pretexto de los mismos asaltantes de buscar la paz  y la reconciliación, en el año de 1992, aplicando lo predicado en la Ley 77 de 1989, la cual es posterior a la comisión del monstruoso crimen del M-19, se les concedió a sus integrantes un “cuestionable” indulto y amnistía.

Como resultado, sus integrantes han ocupado las más altas dignidades de la nación colombiana en las últimas dos décadas habiendo llegado la magnanimidad del Estado, atropellado y mancillado  por sus acciones, a integrarlos como delegatarios, en la Asamblea Constitucional que redactó y aprobó la carta constitucional de 1991,mediante una circunscripción especial de paz.

Irónicamente la respuesta de los asaltantes del M-19 a los beneficios otorgados por los colombianos, ha sido la de calumniar a los soldados que salvaron a Colombia en aquella ocasión, y de aprovechar las gracias y dádivas recibidas para ejercer vindicta en su contra y llevarlos a condenas inmerecidas destruyendo sus vidas y las de sus familias.

Con el mayor respeto a las normas que rigen la autonomía del juzgador y a su gravísima responsabilidad para con la nación colombiana, les rogamos tener en cuenta las numerosas, graves y evidentes irregularidades presentadas en la decisión del A Quo de condenar al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega  a la pena principal de 30 años de prisión, que merecen ser investigadas a profundidad,  y de las cuales rescatamos para su consideración las siguientes:

1.-Violación flagrante del principio de la irretroactividad de la ley penal.

Para la fecha de los hechos del Palacio de Justicia, 6 y 7 de noviembre de 1985, la Desaparición Forzada no estaba contemplada en Colombia como delito. Ello no ocurre sino hasta el año 2000 con la Ley 589. La sentencia acepta extravagantes tesis de la FGN, que no hacen sino socavar sagrados principios como el de legalidad de los delitos y de las penas y el de la irretroactividad del derecho penal, entre otros. Bajo la interpretación de la sentencia, no basta con el Código Penal vigente para conocer cuáles son las conductas a reprimir en nuestro país, sino que hay que hacer toda una verificación de tratados internacionales y de iuscogenspara tal fin y, además, hacer un ejercicio de prestidigitación para adivinar qué conductas va a elevar el legislador a la categoría de delito en los próximos años.

2.-Se da plena credibilidad a unos –dudosos- testimonios que dicen ver saliendo con vida a los supuestos

María Nelfi Diaz es la mujer que salió en hombros de un uniformado; no fue Cristina Guarín

“desaparecidos”.

A los pocos días de los hechos, los familiares de los supuestos desaparecidos, no los pudieron reconocer en las imágenes que les enseñaron en ese entonces. Años después, a partir del 2005, son por una parte los familiares del presunto desaparecidoCarlos Enrique Rodríguez Vera y por otra René Guarín   hermano de Cristina Guarín Cortés, quienes dicen reconocer en esas borrosas imágenes, no sólo a los suyos, sino a los demás desaparecidos. ¿Qué pasó en ese intervalo de casi 20 años, en el que de no reconocer a nadie, se pasa a reconocer a todos? ¿Por qué no se le cree a las sobrevivientes María Nelfy Díaz quien se reconoce a sí misma saliendo en hombros de un uniformado, y Nubia Stella Torres quien también se reconoce caminando protegida por unos soldados, pero sí se le cree a René Guarín ex guerrillero del M-19, cuando dice reconocer a su hermana? ¿Porque no se le cree al sepulturero del Cementerio del Sur cuando reconoce a Cristina Guarín como una de las personas que inhumó el 09 de noviembre?

3.-Se da por comprobada la desaparición de 11 personas cuando no existe la prueba que lleve al grado de certeza de “convicción” respecto de su situación de desaparición.

Con fundamento en esos dudosos testimonios, la sentencia da por comprobado el hecho de las desapariciones. Sin embargo, a más de una precaria y sesgada investigación por el ente investigador, el Juzgado nunca se esforzó por hacer la prueba de ADN a todos los cuerpos exhumados desde el año 1998, a efectos de verificar si se corresponden con los de los supuestos desaparecidos, tal y como se lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá. Medicina Legal le ha adelantado una prueba precaria de  ADN en 1998 tan sólo a 27 cuerpos, quedando 64 cuerpos pendientes de esta prueba. La supuesta desaparición pierde fuerza, por ejemplo, si se tiene en cuenta que 2 supuestas “desaparecidas”, aparecieron: Clara Enciso, viva, en México, y Ana Rosa Castiblanco, fallecida, mediante el reconocimiento por ADN que el Coronel Plazas Vega ha clamado, infructuosamente, que se practique a todos los cuerpos. De otra parte, es un hecho que en la tumba del magistrado Pedro Elías Serrano, reposan son los restos de Norma Constanza Esguerra, considerada desaparecida, ya que el cadáver del Magistrado ya identificado y con el número 35 de Medicina Legal fue enviado en Octubre de 2009 mediante oficio del laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional a la Fiscalía, pero la justicia no ha querido hacer nada para acreditar tal extremo.

4.- Se da plena credibilidad a un testigo que, (i) fue “clonado” o “suplantado” y que (ii) en cualquier caso, se acreditó su flagrante mendacidad.

La sentencia condenatoria da plena credibilidad al testigo Edgar Villamizar, para edificar responsabilidad contra el Coronel  Plazas Vega. Sin embargo, su testimonio estuvo rodeado de una serie de irregularidades que establecen que no fue al verdadero Edgar Villamizar a quien se escuchó en testimonio. De otra parte, la sentencia desestima el dicho del testigo Tirso Sáenz con argumentos que necesariamente hubieran tenido que negar credibilidad también al supuesto Villamizar. Con todo, la defensa del Coronel Plazas Vega pudo demostrar todas las mentiras del supuesto declarante Villamizar, cosa que fue minimizada o ni siquiera mencionada en la sentencia.

5.- Ante la fragilidad de la prueba de cargo, se recurre a la teoría de los “Aparatos Organizados de Poder” enunciada por el profesor Claus Roxin, totalmente inaplicable al presente asunto.

Como quiera que la prueba de cargo en contra del Coronel (R) Plazas Vega era endeble y hacía prever un pronunciamiento absolutorio, el Juzgado de primera instancia echa mano –equivocadamente- de la teoría de los “Aparatos Organizados de Poder”: (i) esta teoría tiene aplicación para estados totalitarios o absolutistas, no para democracias como lo era Colombia en 1985, (ii) la teoría implica un prolongado paso del tiempo para poder diseñar y poner a andar el “aparato” delictivo, de forma que hechos que acaecieron en dos días, no se ajustan a esos postulados, (iii) nunca el Coronel Plazas Vega, quien fue protagonista de primera línea, conocido por todo el país, se puede considerar el “hombre de atrás” a quien es aplicable la tesis del maestro alemán. Hay que recordar que era uno de los Comandantes de menor rango y antigüedad durante los hechos de marras.

Extracto de la carta que envía Tirso Sáenz a la juez pidiendo que se le cumplan promesas a cambio de mentir en caso de Plazas Vega

6.- En general, se asigna responsabilidad al Coronel  Luis Alfonso Plazas Vega sin que haya una sola prueba, digna de credibilidad, que apunte a tal.

La Fiscalía General de la Nación, ante la evidente mentira del personaje, tuvo que desestimar en febrero de 2008, el dicho del declarante Ricardo Gámez Mazuera, a efectos de acusar al Coronel Plazas Vega. Adicionalmente el Juzgado, en junio de 2011 desestima el dicho del señor Tirso Sáenz, como ya se citó, quedando sólo el falsario Edgar Villamizar, o Villarreal o quien quiera que este sea. Por lo demás, no queda una sola prueba directa, de cargo, en contra del Coronel Plazas Vega, más allá de especulaciones, interpretaciones retorcidas, incluso falacias, en su sentencia condenatoria.

René Guarín, el principal vocero de los familiares de los "desaparecidos", resultó ser un guerrillero del M-19, secuestrador

7.- Tema René Guarín.

Con posterioridad a la sentencia condenatoria, se vino a conocer que el declarante René Guarín, hermano de la supuestadesaparecida Cristina del Pilar Guarín, había sido miembro activo del M-19, implicado por lo menos en un secuestro, un asalto bancario y posiblemente en homicidio, pues se le detuvo en flagrancia en mayo de 1988 cuando participaba en el secuestro de un industrial, portando la carabina de un agente de Policía asesinado dos años atrás en un asalto del M-19 a la población de Nemocón. El testimonio de Guarín fue clave para efectos de la falsa acreditación de la salida con vida de los desaparecidos de las instalaciones del Palacio de Justicia en 1985, esto es, para construir la materialidad del hecho de la desaparición. ¿Cómo iba a declarar con verdad, con imparcialidad, una persona integrante del grupo directamente afectado con la respuesta militar del Coronel Plazas Vega? Queda claro que tenía interés en declarar de forma que involucrara a Plazas en inexistentes desapariciones. En cualquier caso, René Guarín omitió fraudulentamente la mención de un detalle que necesariamente le hubiera mermado o anulado cualquier credibilidad: su pertenencia al grupo M-19 asaltante del Palacio de Justicia.

8. Juez invalida el testimonio de Édgar Villamizar Espinel mediante sentencia judicial

En los folios 238 y 239 de la sentencia contra el General Jesús Armando Arias Cabrales (28 de abril de 2011), firmada por la Juez 51 Penal del circuito de Bogotá María Cristina Trejos Salazar,establece:

«(…) Respecto de VILLAMIZAR ESPINEL cabe anotar que (…)dicha prueba resulta ineficaz, toda vez que no se aviene a los postulados del debido proceso, erigidos como derecho fundamental por el Artículo 29 de la Constitución patria y entre los que se destacan la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, y a los principios de publicidad y contradicción, que si bien ab initio no resultan vulnerados, pues nada se oponía a la determinación fiscal de escuchar la versión de quien motu proprio optó por presentarse ante la Fiscalía en las instalaciones del Cantón Norte, cuando esta (sic) se aprestaba a realizar una inspección judicial en la Escuela de Caballería, sí se advierten afectados a posteriori, como se verá enseguida (…).

«(…) En efecto, la aducción así de este testimonio ninguna tacha tendría, si no fuera porque presenta manifiestas irregularidades como el carácter de fecha verificable y haber sido suscrito por el deponente sobre el nombre de EDGAR VILLARREAL (…)».

«(…) Tales falencias indiscutiblemente generan incertidumbre respecto de la escrupulosidad del elemento de juicio y, más aún, sobre la real identidad del exponente, que en esas condiciones se advierte nebulosa, anomalías que a estas alturas resulta imposible superar como a la postre acaeció a lo largo del proceso, en la medida que, a pesar de que está demostrada su existencia, nunca se pudo conseguir su comparecencia nuevamente para aclarar o enmendar sus datos personales y en general para profundizar en el contenido de su declaración, no obstante las múltiples citaciones que se le remitieron en diferentes fechas, previo decreto de la prueba originado en petición de parte, y aunque se argumentó la existencia de amenazas en su contra, tampoco ello fue posible dilucidarlo, lo que entonces le otorga razón a la defensa cuando critica como deleznable el medio probatorio y aboga por su exclusión como prueba de cargo en contra de su representado (…).

«(…) No sobra enfatizar que dicho recaudo testimonial habría cobrado validez si se hubiese logrado su ampliación, con sujeción a las reglas atinentes al decreto, oportunidad, publicidad, contradicción y demás formas procesales que prevé el Código de las ritualidades penales (…)».

En esta forma la libertad y la consiguiente Cesación de Procedimiento en el caso del Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y su consecuente absolución se hacen lógicas al tenor de la doctrina y la jurisprudencia procesal.

9. René Guarín estaba en el M-19 desde antes del asalto al Palacio de Justicia

La Juez Trejos relata en su decisión, a folios 265 y 266, que los organismos de  inteligencia del Ejército consideraban como integrantes del M-19 a algunos familiares de miembros del expendio de comidas, y se fundamenta en un libro que fue encontrado por la Fiscalía en las bóvedas del B-2 de la Brigada 13, descrito como:

«libro de contabilidad marca Cóndor, pasta azul, lomo vino tinto, pasta dura, etc. (…) fueron colocados en su orden los siguientes datos: número consecutivo, código de identificación, nombre de la persona, documento de identidad, organización a la que supuestamente pertenecían y Unidad del Ejército, la que en todos los casos aparece registrada como BR-13 (…).

«En el precitado libro aparecen nombres (…) los que para mayor ilustración se relacionan de la siguiente manera (…)».“…1478 -8800005-GUARIN CORTES RENE- 79284960 – M-19 – BR-13…”

Queda clara  la pertenencia de René Guarín Cortés al grupo terrorista M-19 desde antes de los hechos del Palacio de Justicia, circunstancia que, de acuerdo a las normas procesales, descalifica sus reconocimientos de supuestos desaparecidos en las imágenes de las personas que salen en televisión, puesto que es evidente su tendencia a proteger los intereses del grupo al cual pertenecía y que perpetró el asalto al Palacio de Justicia

Gustavo Petro, autor intelectual de la masacre del palacio de Justicia, hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá

¡ESTA ES LA MÁS VERGONZOSA DECISIÓN JUDICIAL DE LA HISTORIA DE COLOMBIA Y  LA MAYOR VIOLACIÓN A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA!

APRENDA DERECHO PENAL: TODO ESTO ES LO QUE NO SE PUEDE HACER EN UN PROCESO:

Nunca en la historia de Colombia se ha presenciado un proceso tan lleno de irregularidades, violaciones a la Constitución, a las Leyes de la República, al Bloque de Constitucionalidad, a los Derechos Fundamentales de la Carta Política, a los DDHH, al DIH a la verdad y al sentido común, como el que se ha llevado a cabo contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Perdió su tiempo, su lucha y su sacrificio Don Antonio Nariño. Estos son algunos de los interrogantes de este esperpento de Justicia:

• ¿Cómo es posible que se le haya privado de la libertad sin indicios ni pruebas en su contra?
• ¿Cómo es posible que se hayan descartado las conclusiones de fecha 31 de mayo de 1986 del Tribunal Especial de Instrucción creado por el Gobierno y la Corte Suprema de Justiciay publicadas en el Diario Oficial del 17 de junio del mismo año, en las cuales está establecido que no hay desaparecidos, sino personas sin identificar?
• ¿Cómo es posible que se le haya investigado por supuesta desaparición de tres personas y se le haya acusado por ocho más, sobre las cuales no le preguntaron en la indagatoria ni siquiera si las conoció, o las había oído nombrar, sino que aparecierondirectamente en la Resolución de Acusación, para un total de once?
• ¿Cómo es posible que no se la haya permitido ir a visitar a su padre moribundo, quien falleció preguntando donde estaba su hijo mayor?
• ¿Cómo es posible que se le de credibilidad en los reconocimientos de videos a un guerrillero del M-19 al señalar imágenes borrosas veinte años después de los hechos?
• ¿Cómo es posible que violando no solo la Constitución y la Ley colombiana, sino el Bloque de Constitucionalidad se haya abierto al Coronel Plazas un juicio sin haberle expresado cuales fueron las circunstancias de tiempo modo y lugar, así como los móviles para cometer los delitos de Secuestro agravado y desaparición forzada? Esta es condición sine qua nonpara abrir el juicio, y no solo no se cumplió sino que condenaron al Coronel sin explicarle cuáles son esas circunstancias.
• ¿Cómo es posible que en la Audiencia Preparatoria de un Juicio por Ley 600 de 2000 se le niegue o restrinja la palabra al acusado con el argumento de que no es abogado?
• ¿Cómo es posible que el Juez de Jueces, es decir el Consejo Superior de la Judicatura ante la evidencia de que el acusado se retiró del servicio activo en 1992, mucho antes de la tipificación del delito por la Ley 600del año 2000,  modifique la fecha de retiro del Oficial con el presumible propósito de cobijarlo con dicha ley, mintiendo en la Resolución que resuelve una Colisión de Competencia cuando afirma que el Oficial se retiró en el 2001? Y que esto lo firmen los nueve magistrados del Consejo de la Judicatura en una disposición judicial que no tiene apelación?
• ¿Cómo es posible que se haya presentado el caso de desconocer por lo menos 20 declaraciones a favor del acusado, de personas que participaron en los hechos que se investigaron, con el propósito perverso de darle crédito a una sola que dice lo contrario?
• ¿Cómo es posible que una persona que desarrolló una labor eminentemente militar, haya sido juzgada por la justicia ordinaria, contrariando flagrantemente el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia  que establece el juzgamiento de los actos del servicio por parte de la Justicia Penal Militar?
• ¿Cómo es posible que haya sido trasladado el proceso a la justicia ordinaria, alegando que no fue un acto del servicio? Los colombianos se preguntan: si la actuación del Ejército en los hechos del Palacio de Justicia en cumplimiento de una decisión del Gobierno Nacional no son un acto del servicio, entonces ¿cómo es un acto del servicio?
• ¿Cómo es posible que la Juez le haya nombrado 16 defensores de oficio, cuando tenía nombrado un defensor de confianza?
• ¿Cómo es posible que se le haya trasladado a la Cárcel de la Picota, teniendo un fuero militar contemplado en la Constitución Nacional?
• ¿Cómo es posible que se le haya sacado violentamente del Hospital Militar atropellando la decisión de un Consejo Médico de un Centro hospitalario que por razones científicas se negó a darlo de alta y nunca lo dio de alta a pesar de la solicitud insistente e ilegal de la Juez Tercera Delegada ante la Corte?
• ¿Cómo es posible que se haya cerrado el Proceso sin haberle dado la palabra para defenderse?  Recordar que además de la intervención de la defensa en la audiencia, el acusado tiene derecho a defenderse mediante un alegato de conclusión en forma personal o por medio de un vocero, derecho que le fue conculcado al Coronel Plazas, al cerrar el proceso y condenarlo sin que pudiera defenderse. Se le dio el tratamiento de Reo Ausentepor que estaba hospitalizado. No fue oído y vencido en juicio, porque no se le oyó.
• ¿Cómo es posible que le hayan compulsado copias a los tres abogados que lo defendieron en la Audiencia por supuesta dilación del proceso, a los cuales se les está investigando, violando el derecho a la defensa? Vale la pena resaltar que el proceso contra los Oficiales de Inteligencia de la Brigada por los mismos hechos se inició un año antes, y todavía no ha terminado. En cambio en el proceso del Coronel Plazas el juicio terminó hace más de un año (09 de junio de 2010), en dicho proceso el juzgado estuvo en 44 días de paro judicial y ahí si no consideraron dilación del proceso, como tampoco lo consideraron en la demora de nueve meses de la Juez Jara para proferir la sentencia, luego de cerrado el juicio.
• ¿Cómo es posible que para detenerlo, luego para acusarlo y luego para condenarlo se hayan descartado declaraciones de varios Magistrados  rescatados del Palacio de Justicia durante los hechos, a favor del acusado?
• ¿Cómo es posible que se haya pasado por alto el principio de la Presunción de inocencia manteniendo privado de la libertad a una persona por más de cuatro años?
• ¿Cómo es posible que se haya desestimado el concepto dela Procuraduría General de la Nación queestá pidiendo la absolución y la libertad del Coronel Plazas Vega en forma reiterativa desde el 09 de Septiembre de 2009? Hay que recordar que la Procuraduría es la defensora del pueblo, por eso se le llama el Ministerio Público, y la protectora por excelencia de los derechos humanos de las personas, en este caso del Coronel Plazas violentado en sus Derechos Humanos, a la vida que se puso en peligro cuando fue violenta y delictuosamente trasladado a la Cárcel de la Picota, en su honra pues ha sido calificado como genocida sin ninguna prueba en su contra, en su trabajo pues lleva cuatro años de brazos caídos, en su familia de la cual ha estado aislado por todo este tiempo, en su libertad la cual le ha sido conculcada sin  pruebas reales sino con falsos testimonios, e innumerables atropellos más.
• ¿Cómo es posible que se le de credibilidad a un testimonio de un supuesto Villarreal que dice que en la Escuela de Caballería se torturaron y desaparecieron unas personas en la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando supuestamente fueron sacadas con vida el día jueves 7 de noviembre? Es decir cómo podían torturar en la Escuela de Caballería a una personas que aún no habían salido del Palacio de Justicia?
• ¿Cómo es posible que la Fiscal Ángela María Buitrago se invente el cuento de que el 6 de noviembre se cometió el delito de secuestro de dichas personas, y afirme que dicho delito se convierte en delito de desaparición forzada el año 2001 porque no habían aparecido, y luego en la Sentencia la Juez María Stella Jara diga que no hubo delito de Secuestro y mantenga para condenarlo el de desaparición forzada que era la continuación del secuestro? Además de perversas, brutas.
• ¿Cómo es posible que seis (6) meses después de que el Director de Antropología de la Universidad Nacional manifestó que en la exhumación de los cuerpos provenientes del Palacio de Justicia del cementerio del sur de Bogotá, la Fiscalía guardó 26 cadáveres dentro de los cuales estaban los de los supuestos desaparecidos, el Coronel Plazas continúe detenido? Es que si los desaparecidos están muertos, se acaba el delito de desaparición forzada.
• ¿Cómo es posible que tres meses después de que el único supuesto testigo que quedaba en contra del Coronel Plazas, apareció y declaró bajo la gravedad el juramento ante la persona del Procurador General de la Nación, que no estuvo en los hechos del Palacio de Justicia, que los días 6 y 7 de noviembre de 1986 permaneció en la Batallón Vargas en Granada-Meta y vio los acontecimientos por televisión, que no conoce personalmente al Coronel Plazas Vegay jamás militó bajo sus órdenes, y lo más grave que nunca estuvo en la Escuela de Caballería declarando contra el Coronel, pues jamás ha entrado a esa instalación militar desde 1982 es decir tres años antes de los hechos del Palacio de Justicia, el Coronel Plazas continúe privado del al libertad?
• Es evidente que hay una mano oscura detrás de todo esto, la cual se hace evidente después de que el Coronel le diera una tremenda paliza a los diferentes carteles de la droga, mediante Extinción de Domino de los bienes mal habidos, desde su cargo de Director Nacional de Estupefacientes entre agosto de 2002 y noviembre de 2004. Hay que recordar que antes de esas fechas nunca hubo un solo cargo jurídico ni disciplinario contra el Coronel Alfonso Plazas por los hechos del Palacio de Justicia.

Aquí cabría una solución para este problema: que el Estado colombiano  le devuelva a los narcotraficantes los dos billones de pesos en bienes ($2”000.000’000.000.oo) cuya extinción de dominio ganaron para beneficio del Estado los abogados de la DNE bajo la Dirección del Coronel Plazas Vega, y en esa forma vuelve el coronel Plazas a su libertad con la que contaba el 15 de agosto de 2002 fecha en que recibió dicho cargo, cuando no había contra él un solo cargo judicial ni disciplinario por los hechos del Palacio de Justicia.

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Preocupante. Al cabo Edgar Villamizar Espinel, el hombre a quien la Fiscalía suplantó falsificando su firma e inventándole un absurdo testimonio, para acusar al coronel Plazas y condenarlo a 30 años de prisión, lo están amenazando y acosando desde varios frentes.

Tan pronto salió a la luz pública su declaración, donde Villamizar aseguró que jamás había estado en los hechos del Palacio de Justicia, ni conocía a Plazas Vega, ni había hecho declaración alguna ante la Fiscal Ángela María Buitrago -ni ante nadie-, comenzaron a llegarle anónimos amenazantes a Villamizar y su familia. Anónimos donde lo tildaban de ‘sapo’ y de que si se mantenía en su declaración ante la Procuraduría, sería asesinado él o su hijo. En estos anónimos, al mismo tiempo que lo sentencian a muerte, se muestran solidarios con los familiares de los “desaparecidos” del Palacio.

Pero esto no es todo. A mediados de junio, el señor Germán, asesor de la Dra. Paulina Riveros, directora de la Oficina de Derechos Humanos, del ministerio del Interior y de Justicia –es decir, la oficina que se encargó de la protección a Villamizar-, le dijo a éste que la Fiscalía General de la Nación lo necesitaba con urgencia en el búnker. Villamizar le expresó su temor por considerar que su vida corre serio riesgo ante funcionarios de esta entidad, y le dijo al señor Germán que no pensaba ir hasta los edificios centrales donde acude frecuentemente la ex fiscal Ángela María Buitrago.

Germán lo tranquilizó y le dijo que el trámite en la Fiscalía era obligatorio si quería seguir adelante con el esquema de protección dado por el ministerio; lo apuntaló con el argumento de que el mismo Procurador Alejandro Ordóñez estaba al tanto de esta diligencia, y que la había avalado diciendo que era obligatorio que el cabo fuera a la Fiscalía. Cosa no cierta, como lo verificamos. También le dijo que podían hacer la diligencia en otro lugar que no fuera el búnker.

El asunto es que bajo engaños llevaron a Villamizar a una casa ubicada a unas cuadras de la Fiscalía. Esa misma mañana le dejaron bajo la puerta de su casa un anónimo donde lo conminaban a cambiar su declaración ante el Procurador o, de lo contrario, tomarían represalias.

En el lugar a donde fue conducido, Villamizar Espinel encontró a una mujer que dijo llamarse Norma Angélica Lozano Suárez, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. También estaba un investigador de apellido Delgadillo, y otro antiguo conocido del cabo, desde sus épocas en el CTI. Primera alerta para Villamizar.

Edgar Villamizar aprovechó la oportunidad para mostrarle el anónimo a la Fiscal Norma Angélica, pero ésta no le paró ni medias… estaba más interesada en otras cosas. Esa fue la segunda alerta para Villamizar.

Lo primero que le dijo la Fiscal Norma Angélica, fue que ella no podía preguntar ni decir nada en esta diligencia, y que estaba allí solamente como “garante”.

Villamizar preguntó si necesitaría un abogado para esta diligencia. La Fiscal Norma Angélica Lozano le contestó que no había necesidad de abogado, que esto era algo “casual” y “cotidiano”… algo “no formal”.

Fiscal General, Viviane Morales

A continuación, el investigador Delgadillo inició su interrogatorio en otros temas diferentes a la declaración de Villamizar ante la Procuraduría. Era evidente que el interés de estas personas estaba más enfocado a encontrar algo oscuro en el pasado del cabo, que en averiguar si él estuvo o no en la diligencia que Ángela María Buitrago jura que sí estuvo.

Así lo hizo saber Edgar Villamizar a sus interrogadores. Les preguntó por qué no lo inquirían por el asunto puntual de su declaración desmintiendo la versión de la Fiscal Buitrago, el procurador Bustos y los otros firmantes de esa falsa declaración con la cual –repetimos- condenaron al coronel Plazas Vega a prisión de por vida.

Como no le contestaron satisfactoriamente, Edgar Villamizar se levantó y salió de aquel lugar sabiendo que había cometido un error tremendo al asistir allí, engañado y pensando que el Procurador Ordóñez había ordenado y avalado esta gestión.

Ese día, Edgar Villamizar tomó la determinación de esconderse nuevamente. Sabe de los alcances de la Fiscalía y sabe que su vida corre grave peligro. Pocos días después me contactó para decirme que las promesas de la Dra. Paulina Riveros y su asistente Germán, acerca de proteger su vida, eran falsas.. y que la prueba era ésta, que mirara a dónde lo habían metido. “Me lanzaron a la guarida del lobo”, me dijo.

Y hay más. Recientemente un magistrado ofició a la Procuraduría para que le entregara a la Fiscalía General todos los datos de ubicación de Edgar Villamizar. ¿Para qué…? ¿Luego no tuvieron ya en la Fiscalía a Villamizar haciéndole preguntas..? ¿Qué está sucediendo…?

Su hijo está hoy con esquema de seguridad, pero a él también comenzaron a llegarle sufragios y llamadas amenazantes. Lo instan a que convenza a su papá para que cambie su declaración ante el procurador. Le dicen que obligue a su papá a que acepte que ante el Procurador hubo una retractación, y no una suplantación, como es el caso.

Hoy, tanto Edgar Villamizar como su hijo temen por sus vidas. Y con justa razón. Tienen en contra suya todo el aparato estatal dispuesto a destrozarlos a dentelladas.

Cuando Edgar Villamizar aceptó presentarse ante el Procurador para hablar sobre las aberraciones de la Fiscalía en el caso de Plazas Vega y los otros oficiales involucrados por la Fiscal Angela María Buitrago en su infame montaje, se le prometió protección. Pero, en cambio, sólo ha obtenido acosos y amenazas.

Al hijo de Villamizar, tampoco lo dejan en paz. Lo llaman casi a diario. Lo llaman los del CTI de la Fiscalía, de la oficina de Derechos Humanos del Ministerio -de Vargas Lleras-, y lo llaman quienes, en nombre de los familiares de las “desaparecidos”, lo presionan para que no insista en la verdad.

Por mi parte, me siento en parte responsable de sus angustias. Yo he aceptado que el gobierno de Santos me siga negando protección efectiva, que vaya más allá de un chaleco antibalas, un celular con 7 dólares de carga y un auxilio para pagar el camión de mudanza de mi casa.

Acepto eso, porque elegí denunciar sin miedo a lo que pueda hacerme la narcomafia desde sus puestos de poder. Pero no podría cargar con la responsabilidad si algo malo llegara a sucederle a Edgar Villamizar, a su hijo o a su pequeño nieto.

Aterrador esto.

Agosto 15 de 2011

Thania Vega

Por Thania Vega

Bogotá, Julio 16 de 2011. Día de la virgen del Carmen. Fecha que difícilmente se borrara de mi memoria  mientras tenga lucidez mental, hoy estamos cumpliendo ya cuatro años de esta terrible INJUSTICIA!

Si, cuatro añosdurante los cuales mi esposo el Coronel Alfonso Plazas ha sido privado de su libertad, el don más preciado que puede tener el ser humano, en los cuales se nos ha robado la vida, no me canso de decirlo,o si no apreciado lector piense por un solo momento todo lo que ha sucedido en su vida en los últimos cuatro años, cuanto ha viajado, cuánto ha vivido, cuántos sucesos buenos regulares y malos han pasado en su vida en este lapso.

Pues mientras todo eso ha acontecido en su vida, apreciado lector, Alfonso Plazas ha tenido su libertad y su vida paralizadas, sumergido en un proceso creado por un sistema judicial turbio y contaminado, en el cual se ignoró el principio de la cosa juzgada, se le acusó con pruebas deleznables, testigos inventados, y en el cual se le han violado sus derechos más elementales, empezando por el de Presunción de Inocencia y tantos otros que no voy a repetir porque ya son conocidos por la opinión pública.

Cuatro años de ignominia causados por un propósito de venganza de quienes como miembros del M-19 de algún modo estuvieron comprometidos en la toma del Palacio de Justicia y atentaron contra el altar de los jueces. Solo Dios sabe que diferente sería la Justicia en Colombia si ese macabro hecho no hubiera sucedido. No lograron tomarse el poder gracias a la acción del Ejercito de Colombia, pero mataron a la Justicia!

Cuatro años de perversidad causados por los intereses de un colectivo de abogados de extrema izquierda que buscan millonarias indemnizaciones.

Cuatro años de crueldad y de calumnias seguramente auspiciados por los intereses de unos narcotraficantes a quienes les fueron expropiados sus bienes por el coronel Plazas desde su cargo como Director Nacional de Estupefacientes.

El coronel Plazas Vega, en los inicios de su tragedia, auspiciada por la fiscal Ángela maría Buitrago y la juez María Stella Jara, entre otros

En este momento y después de esos cuatro arduos y sufridos años,se han logrado desvirtuar todas y cada una de las supuestas pruebas con las que fue acusado.  Yhoy el país sabe que se le ha condenado sobre una prueba inexistente,que ha  sido  además desmentida por el propio supuesto testigo quien asegura que nunca dio ese testimonio.

Hasta cuando Dios mío? Me pregunto

Con toda la angustia e incertidumbre que alberga mi corazón ya casi sin fuerzas y casi atrapada en la depresión, veo la imperiosa necesidad de la ayuda Divina, confío en su Misericordia para que la justicia humana actúe pronto y del lado de la verdad, y para que estos cuatro años hagan parte de una historia que jamás ha debido suceder, como tantasotras que lamentablemente están viviendo muchos militares y colombianos de bien.

El presidente Juan Manuel Santos con Gustavo Petro, guerrillero amnistiado del M-19

Doctor

Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República de Colombia

Bogotá-Colombia

Señor Presidente

¿Hay alguien que puede aclarar al señor Ricardo Puentes Melo, periodista investigador, amenazado de muerte desde hace largo tiempo, lo siguiente de la pagina web de su gobierno “Casa de Nariño para niños” punto 8 de los derechos para niños : A SER LOS PRIMEROS EN RECIBIR ATENCIÓN EN SITUACIÓNES DE EMERGENCIA? (http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/pdf_derechos_ninos.pdf).

Por amenazas, el señor Puentes Melo ha pedido protección varias veces en todos los lugares del Estado sin recibir una respuesta positiva. Su hijo fue victima de un secuestro cuando tenía tres años y de seguro, el tiene nada que ver con las investigaciones periodísticas de su padre.

No proteger los niños no es solo cobarde sino una violación de los derechos fundamentales y una vergüenza para un gobierno elegido democráticamente. Extorsionar a un periodista con la seguridad de sus hijos indefensos es paupérrimo y sobre todo de parte de un gobierno que quiere brillar en todo el mundo con un ley para víctimas. Como he dicho antes no es el camino recompensar víctimas y al mismo tiempo no prevenir nuevas víctimas.

No crea que le he escrito tantas veces por pura alegría, pero tengo que insistir en dicha protección con la misma intensidad que quiero que el periodista Puentes Melo siga con su investigación sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia y todo que tiene que ver con el supuesto testigo que no lo es.

Una democracía no puede aceptar que el Coronel Luís Alfonso Plazas Vega y el General Jesús Armando Arias Cabrales fueran condenados con 30 y 35 años de cárcel sin una sola prueba. Insista de nuevo para que estos casos serán tema en el encuentro venidero entre el gobierno y las cortes.

Insista también que los demás correos de los computadores, hallado en el campo terrorista de las farc en Ecuador en marzo de 2008, sean analizados porque hasta ahora solo hay una evaluación acerca de Venezuela y Ecuador. No es aceptable que las victimas de la guerrilla no tienen derecho a la verdad.

Atentamente desde Alemania

Annette Teßmann

Julio 10 de 2011

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

En Colombia, como están las cosas, hay que temerle a muchas cosas. Ahora llevo un Rosario que me regaló el padre Andrade, capellán de la Universidad Sergio Arboleda.

Un día hacia el mes de enero del presente año cargado de zozobra, le pregunté: “Padre: ¿cómo hago para quitarme esta angustia que tengo por dentro?”, “Rafael: el único quien decide sobre la vida es Dios y es a Dios a quien le debes pedir protección, paz y serenidad. Te regalo este Rosario para que lo lleves contigo en la mano derecha. Reza todas las mañanas y verás cómo se tranquiliza el alma”.

Desde entonces, lo llevo en mi mano derecha. Hice un intento por llevarlo en la mano izquierda pero no fui capaz.

En Colombia, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar, por ejemplo, que usted no regrese a su casa como fue el caso del coronel Plazas. En uno de sus últimos editoriales radiales, Juan Gossaín comentó sobre el caso Dreyfuss y de la injusticia que se cometió contra él. Tenemos otro caso, don Juan: el del Coronel Plazas.

La batalla jurídica, en el caso del Dreyfuss colombiano, la estaba ganando el bando contrario. No solamente la jurídica, sino la mediática. El plan venganza, como menciona Thania Vega, iba a la perfección hasta que apareció Ricardo Puentes Melo, director del portal Periodismo sin fronteras. Ya el general retirado Nelson Ramírez, en solitario, había denunciado las aberraciones judiciales cometidas en el caso del coronel Plazas y tiene a su haber más de 27 porqués sobre el mismo. Pero nadie quiere escuchar al general Ramírez. Por alguna razón será.

Thania Vega de Plazas y su nieto... en ausencia del esposo y abuelo, el coronel Plazas Vega

El infierno que vive Thania Vega y su familia no tiene nombre. Thania, en su desgarrador libro ¡Qué injusticia!, cuenta y da fe de su testimonio. De todo lo que ha tenido que vivir y padecer. Cómo ella ha luchado con él y por él. Se pregunta sobre las garantías procesales. Comenta sobre las provocaciones e insultos que ha tenido que soportar por cuenta de las supuestas víctimas. Cuenta sobre el linchamiento mediático que ha tenido que padecer. Sobre cómo Caracol TV y Noticias Uno, con base en un video casette que el mismo coronel Plazas entregó a la entonces fiscal Buitrago, difundieron información sobre las imágenes inéditas, que de inéditas no tenían nada, sin haber consultado a la fuente primaria que en este caso era el mismo coronel Plazas. Sobre cómo le tuvo que explicar a su hijo que se llevaron a su papá.

En Colombia usted no sabe si regresará por la tarde a su casa. Si nos vemos algún día le daré a Thania, con gusto, un Rosario para que recemos y lloremos juntos.

En silencio como debe ser para poner nuestras vidas en manos de Dios.

Puntilla. ¿No resulta curioso que ahora cuando la Comisión de Acusaciones sí investiga, la reforman?

Junio 26 de 2011

Fernando Londoño Hoyos

Por Fernando Londoño Hoyos

Acusado de la desaparición forzada de 11 personas que habrían salido vivas del Palacio y que después de torturadas en la Escuela de Caballería se perdieron en la nada, ha tenido que sufrir el coronel Alfonso Plazas Vega el calvario del proceso más inicuo.

Empecemos por aclarar que el Coronel no está en la línea de mando de los que tendrían que responder como parte de esa empresa criminal que es el Ejército de Colombia, como los jueces de hoy lo califican. De modo que la famosa teoría de Roxin, por la que pasaría preso todos los días que le queden de vida al general Arias Cabrales, no encaja con Plazas. Era menester una prueba específica de su culpabilidad. En otras palabras, hacía falta un adecuado Pitirri.

La fiscal Ángela María Buitrago creyó conseguirlo. El testigo estrella. El hombre perfecto. El sabedor de todos los secretos y merecedor de todo crédito. Era un tal cabo Édgar Villamizar Espinel, que le habría aterrizado en una rarísima diligencia en la Escuela de Caballería, en la que la Fiscal buscaba restos de los desaparecidos. Y en lugar de muertos, encontró este muy vivo ejemplar, quien declaró ante ella y el procurador Henry Bustos Alba todo lo que les convenía saber.

La Fiscal empezó a enredarse muy pronto con su testigo consentido. En una sola diligencia lo bautizó Villamil, Villarreal y Villamizar, y eso no lo notó nuestro cabo cuando leyó y firmó la curiosa acta. Luego, lo trasladó a Bogotá desde Granada, en el Meta, cuando el Ejército no trajo un solo hombre de ese lugar en aquella fecha. Para colmo de males, lo transportó rompiendo todos los récords de velocidad, montado en un helicóptero militar con 14 hombres. El Ejército, de malas doña Ángela, no tenía un solo helicóptero de aquella capacidad.

La Fiscal del caso: Ángela María Buitrago

Pero el hombre llegó al Palacio. Y tuvo contacto inmediato con Plazas, extraño privilegio de recién llegado, a quien le oyó decir, refiriéndose a las víctimas, que había que colgarlas a todas, regalándoles de contera una terrible palabrota. Por la noche de la victoria, y las siguientes, Villamizar fue el único que vio llegar a Caballería a estos desgraciados. Y el único que los oyó quejarse de las crueldades que padecían y el único que supo de su trágico destino. El testigo perfecto.

Como cualquiera supondrá, Villamizar no apareció en el juicio. Los abogados de Plazas se cansaron de buscarlo y de pedir su citación. La Buitrago, imperturbable, decía que el testigo que sabía tanto había desaparecido por miedo a sufrir un accidente. El contrainterrogatorio fue imposible. Por eso, Villamizar no podía ser sorprendido en falta. El testigo seguía siendo perfecto.

Pues acaba de aparecer. Lo encontró un periodista investigativo, Ricardo Puentes Melo, a quien le confió toda la verdad: nunca salió en aquellos días de Granada; nunca vino a la Escuela de Caballería por las mismas calendas; no conoce de vista al coronel Plazas. Y, por supuesto, no hubo tal diligencia con la doctora Buitrago y el doctor Bustos. Jamás dijo lo que se le atribuye y no es suya la firma que estos próceres de la justicia dijeron ver que estampaba. Todo es un montaje. Una colosal estafa a la Nación entera. Ya nuestro hombre se presentó ante el Procurador General de la Nación y le dijo todo lo anterior, con el respaldo de su firma y su huella dactilar, esas sí auténticas.

El juicio del Palacio de Justicia ha rodado por el piso, como las estatuas de Pompeya ante la fuerza del Vesubio. De esa farsa no quedó nada. Plazas volverá a la libertad, la que nunca debió perder, y la doctora Ángela Buitrago y el procurador Henry Bustos tienen ganado puesto de honor en la Historia Universal de la Infamia. “Para verdades, el tiempo; y para Justicia, Dios”.

Junio 17 de 2011