LA FISCALÍA DE COLOMBIA ENGAÑÓ AL FBI

La Fiscalía de Colombia engañó al FBI

Por Ricardo Puentes Melo

Abril 07 de 2012

Colombia está en estado de coma. Son tantas las aberraciones que cometen magistrados jueces y fiscales en contra de los ciudadanos, que el terror y la indignación que deberíamos sentir hacia ellos se ha convertido en un aletargamiento, en un sopor anímico que ha permitido a los administradores de la justicia continuar con sus fechorías.

Los alcances de esto que hemos llamado “El Cartel de la Toga” son inauditos: no solamente participan de fiestas y orgías invitados por la mafia de las drogas, recibiendo de ella costosísimos regalos con destino a esposas y familias de magistrados, sino que hay recibos circulando por ahí donde vemos que se han echado al bolsillo millones de dólares a cambio de favores a extraditables.

Nadie escapa a la tiranía de estos corruptos; todos recordamos cómo un humilde carpintero fue avasallado por el poder de un magistrado que, con su sola firma, lo envió a la cárcel porque sí, porque al administrador de justicia se le dio la gana. Y cuando se demostró la inocencia del modesto ciudadano, el magistrado quedó impune. Y la razón no es difícil de adivinar: quienes debieron haber impartido justicia son de la camarilla del torcido magistrado. Es como si unos rufianes pudieran juzgar a otro por atacar ciudadanos inermes; los resultados son, pues, predecibles.

Pero, se habrían imaginado ustedes, queridos lectores, que nuestra Fiscalía General de la Nación haya llegado al punto de engañar al FBI solo para condenar a unos inocentes cuyo pecado no es otro que el de pertenecer a las Fuerzas Armadas de Colombia?

Pues eso, exactamente, es lo que sucedió. La Fiscalía General de la Nación engañó al principal organismo de investigaciones del país más poderoso del planeta, Estados Unidos.

¿Cómo sucedió esto..? Empecemos por el principio.

Era el 12 de diciembre de 1998. Colombia salía de la pesadilla de la narcopresidencia de Ernesto Samper, y se embarcaba en la era de horror de Andrés Pastrana quien co-gobernó con las guerrillas narcoterroristas de las FARC. En esa fecha, la Fuerza Aérea Colombiana ubica en su radar la avioneta tipo Cessna con matrícula HK2659, afiliada a la empresa Saviare, que aterriza sin autorización y sin el debido plan de vuelo en zona rural de Tame, Arauca.

Inteligencia militar sabía muy bien que en esta aeronave se transportaban armas para los Frentes 10 y 45 de las FARC, y que recogerían mil kilos de cocaína producida por estos frentes para ser llevados al “Negro Acacio”. La información la habían obtenido de una interceptación hecha por el ejército a los hermanos “Mono Jojoy” y “Grannobles”, bandidos sanguinarios de las FARC (Increíblemente, esta prueba sería cuestionada por la Fiscalía por no haber una autorización judicial para interceptar a estos comandantes de las FARC)

De inmediato, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, planearon una operación conjunta para incautar las armas y la coca, y capturar a los terroristas. Pero cuando se acercaban a donde estaba la avioneta con los bandidos, un gran número de guerrilleros atacaron a los soldados, asesinando a nueve y dejando heridos a dieciséis, además de impactar dos helicópteros que participaban en la operación. Esto causó que las aeronaves dejaran a su suerte a los soldados que seguían combatiendo a los terroristas que los superaban en hombres, armas y posición táctica.

El desigual combate siguió hasta las horas de la noche. El comandante de la operación conjunta veía con angustia como sus hombres iban muriendo uno tras otro. Temeroso de sufrir un revés como el recién ocurrido en el Cerro de Patascoy, ordenó realizar un ataque aéreo para poder evacuar a sus hombres.

En efecto, la Fuerza Aérea atacó sobre una espesa selva donde estaban acantonados los narcoguerrilleros. Los atacaron con lo que conocemos como “racimo”, que es un dispositivo denominado AN-M1A2, el cual consiste de 6 granadas de 20 libras cada una, cada granada contiene 2,7 libras de TNT, y su radio de acción no supera los 27 metros. Este dato es importantísimo, porque el racimo que descargó el ejército impactó a más de 550 metros del caserío de Santo Domingo, que en esos días estaba en poder de los bandidos.

Así que luego de cuatro días de combates, la Fuerza Aérea pudo sacar a las tropas de esa trampa para ratones, y las transportaron fuera del peligro. Pero los bandidos continuaron en el caserío por varios días más; tiempo que fue aprovechado para tenderles una trampa a los militares.

Las FARC recogieron partes del racimo lanzado por la Fuerza Aérea y se alejaron de allí al tiempo que culpaban a los militares de haber asesinado a 17 personas civiles durante esos días de combates.

Pero la verdad es que las muertes de civiles fueron causadas y ordenadas por Germán Suárez Briceño, alias “Grannobles”, según lo estableció el valiente juez Rodrigo Rodríguez Barragán quien profirió una sentencia contra éste y otros miembros de las FARC. Sentencia que fue tumbada por los magistrados Jaime Raúl Alvarado Pacheco y Jesús Hernando Lindarte Ortiz, del Tribunal Superior de Arauca, gracias a la tutela interpuesta por la ONG MINGA.

Durante los días de los combates, cientos de guerrilleros hicieron y deshicieron en el corregimiento de Santo Domingo, asesinando personas, robándolos, cometiendo pillaje y toda clase de atropellos. El racimo que lanzó la Fuerza Aérea ni siquiera alcanzó a preocupar a los bandidos que ocupaban el caserío, y la llegada de las tropas allí tampoco era motivo de preocupación porque, como se dijo, los guerrilleros impedían que el ejército pudiera siquiera acercarse a la espesa selva que separaba, por más de 600 metros, a los militares de dicho caserío.

Como en este país la Fiscalía está presta para atender los llamados de la subversión, pronto se inició la investigación contra los miembros de la Fuerza Aérea por la muerte de estas diecisiete personas.

Tan pronto como el 17 de diciembre de 1998, es decir 5 días después del lanzamiento de artefacto explosivo aéreo, y una vez las FARC habían abandonado el caserío, de Santo Domingo se realizó una inspección judicial. Esta fue la primera de otras que se harían los días 18, 24 y 28 de diciembre de mismo año. Y otra más fue realizada el 18 de junio de 1999. En cada diligencia, CTI, el DAS y Medicina Legal emitieron dictámenes técnicos científicos que concluían que, efectivamente, dentro del poblado de Santo Domingo había ocurrido una explosión, pero no a causa de un bombardeo, sino como resultado de la detonación de explosivos que habían sido colocados dentro de un vehículo encontrado allí, en plena calle del caserío.

El juez Rodrigo Rodríguez Barragán , gracias a las declaraciones de unos guerrilleros desertores y otras pruebas, encontró que este vehículo fue cargado y explotado por órdenes de “Grannobles”. Pero a la Fiscalía esto no tuvo valor.

Sabiendo que los restos de metralla encontrados en el caserío no servían para inculpar a la Fuerza Aérea,  la Fiscalía desconoce los contundentes dictámenes científicos emitidos por los laboratorios especializados de Medicina Legal y el Das asegurando que ninguna muestra recogida en esas diligencias contiene restos de TNT ni otras sustancias utilizadas para la fabricación del tipo de bombas utilizadas por la FAC.

Entonces, deciden regresar al caserío. El 28 de diciembre, en un video que toman dentro de las viviendas, un poblador

les enseña una serie de cosas que supuestamente recogió del lugar de los hechos. Allí había dos colas y una espoleta de nariz de un dispositivo AN-M1A2, un trozo de tela de camuflaje. Otros pobladores entregaron varios restos recogidos quién sabe de dónde y con qué fines. Porque es necesario recordar que antes de ese 28 de diciembre, hubo 3 diligencias recogiendo restos que fueron examinados por laboratorios especializados. Pero como no se encontró restos de sustancias relacionadas con el AN-M1A2, la Fiscalía realizó esta otra diligencia donde “aparecieron” como por milagro estos elementos que servirían para incriminar a la Fuerza Aérea.

El juez que condenó a “Grannobles” encontró, gracias a testimonios de desertores, que las FARC utilizaron población civil como escudos para proteger su huida. También le confesaron que “Grannobles” ordenó preparar un camión-bomba para esperar a los militares, y que este camión explotó antes de la llegada de las tropas causando la muerte de varias personas, entre ellas Teresa Mojica Hernández, y seis niños.

Otra evidencia de que ese camión explotó después del lanzamiento del racimo, a más de 500 metros de allí, son las imágenes obtenidas por el Sky Master (de las aeronaves) el 16 de diciembre de 1998, donde se ve el camión sin explotar, y donde se aprecia que no existen restos de bombardeos ni ataques aéreos.

Pero como a la Fiscalía poco le importan las pruebas, decidieron hacer lo que comúnmente hacen: Fabricar pruebas que les convengan a sus propósitos oscuros.

El 29 de marzo y el 9 de abril de 1999 el DAS y el CTI –respectivamente- concluyeron que las esquirlas recuperadas en el interior de ese camión, y en las viviendas cercanas al vehículo, así como las recuperadas de los cuerpos de las víctimas, eran idénticas y correspondían a la metralla utilizada en las bombas caseras hechas por las FARC.

Así que la Fiscalía realiza otra visita al caserío, el 18 de junio de 1999. “Sorpresivamente”, el día de esa diligencia, varios moradores de Santo Domingo entregan costalados de esquirlas. Entonces Medicina Legal examina esa “evidencia”, y dictamina científicamente que esos restos corresponden a residuos de explosivos tipo granada para mortero, pero de esos que son lanzados por fusil, no por bombas aéreas.

La Fiscalía, sin tener manera de poder engañar a la ciencia y la evidencia, regresa de nuevo al sitio el 11 de febrero del 2000. Allí, con ayuda de falsos testigos, montan la farsa de un croquis donde fabrican supuestos puntos de impacto de un AN-M1A2, es decir, del tipo usado por la Fuerza Aérea. Poco importó que en los croquis levantados en visitas anteriores no hubieran existido esos supuestos puntos de impacto. Y tampoco le interesó a la Fiscalía que en los videos tomados en esas diligencias y los obtenidos por la Fuerza Aérea tampoco existiera registro de esos cráteres. Cómo ese ente delinque impunemente, montaron la tramoya para encarcelar injustamente a los miembros de la Fuerza Aérea.

Todos sabemos que esa acta se hizo en Bogotá, no en el lugar de los hechos. Y la razón es que no aparecen los nombres de los “testigos”, ni nada. En el video que toma la Fiscalía es evidente que son habitantes de Santo Domingo –sin identificar- los que de manera sorpresiva, “recuperan la memoria” para identificar dónde cayó la bomba y dónde quedaron los cadáveres, producto del bombardeo.

Este es el croquis falsificado por la Fiscalía:

En la siguiente toma, lograda seis minutos después del lanzamiento del AN-M1A2, a 600 metros de allí, vemos que no hay puntos de impacto ni víctimas en los sitios donde nos muestra el croquis chimbo de la Fiscalía.

Aquí tenemos otra toma hecha el 17 de diciembre de 1998, mientras se realizaba la inspección judicial en Santo Domingo. Vemos que no hay huellas de explosión sobre el tejado (punto F), ni cráteres en los D y F. Los puntos B y C corresponden a impactos de granada de fusil y mano. El punto A (camión) es de una bomba casera con metralla que las FARC colocaron en el interior del vehículo y que hicieron explotar antes de que el ejército llegara, como ya se dijo.

No contentos con este fraude, el señor Pedro Elías Romero director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (la misma unidad que fue a Mapiripán, armados hasta los dientes, para asustar al falso muerto encontrado por Periodismo Sin Fronteras) envía un oficio al señor Manuel Aponte Dávila, agregado jurídico del FBI.

En ese oficio, le solicitan al FBI que analice algunos fragmentos encontrados en las diligencias en Santo Domingo.

Pero aquí entra el engaño a la agencia norteamericana. La Fiscalía no anexa los fragmentos reales, encontrados y recuperados en las diligencias de los días 17, 18, 24 y 28 de diciembre, sino que le entrega una nariz de espoleta que dice mentirosamente haber sido recogida dentro del camión, pero que en realidad fue vista sobre la mesa de una casa, junto a otros materiales, según el video que hizo la misma Fiscalía ese 28 de diciembre, y que nada tiene que ver con material recogido en el lugar de los hechos.

Y anexan otra “prueba”. Una de las personas fallecidas, como ya lo mencionamos, es Teresa Mojica Hernández, a quien –en la autopsia- se le extrae una esquirla que Medicina Legal describe textualmente así:

“1.1.6. Fragmento metalico No 6 (recuperado en necropsia 113-OSA occiso Teresa Mojica, oficia 559 del 98.12.20)

 Forma                       LAMINADA E IRREGULAR

Constitucion               Aleacion de hierro

Masa                           0.0035 g

Dimensiones               3,2 X 1,4 MM

Observaciones            Bordes irregulares. Posee respuesta a la atracción magnética”

La esquirla hallada en el cuerpo de la mujer es la siguiente:

Pero la esquirla enviada al FBI es la que aparece en la siguiente imagen, cuyo tamaño es de 2,0 x 1,0 centímetros (no de 3,2×1,4 MILIMETROS que es la le extrajo Medicina Legal). Y es de forma rectangular, no de forma irregular. Esta es la que la Fiscalía envía al FBI:

Es decir, estimados señores, que la Fiscalía General de la Nación de manera absolutamente criminal, hizo un cambiazo para engañar al FBI y a la justicia colombiana.  La Fiscalía suplantó la evidencia.

Por supuesto, el FBI respondió y dijo que, evidentemente, tanto la espoleta como el fragmento supuestamente hallado dentro del cuerpo de una de las víctimas, sí contenían rastros de TNT y otras sustancias utilizadas por las bombas de la Fuerza Aérea de Colombia.

La remisión al FBI fue firmada, además de Pedro Elías Romero, por varios funcionarios entre quienes está el perito

Iván Antonio Ricaurte Warletta, quien “sorpresivamente” también cambia de opinión ya que él había estado en diligencias anteriores –por lo menos una- en Santo Domingo y dictaminó en cinco ocasiones que allí no había explotado ninguna bomba aérea, y que las muertes habían sido causadas por una bomba casera colocada dentro del camión, no caída sobre el vehículo.. ¿Por qué cambió de opinión justo después de asistir a Santo Domingo ese 11 de febrero de 2000, cuando se fraguó el fraude..? No sé, pero es legítimo preguntarse por la validez del refrán: “Por la plata baila el perro”, supongo yo.

El costalado de fragmentos “sembrados” prevaricadoramente es recogido por una mujer de nombre María Panqueva quien, según lo declaró ella misma, se dedicó mañana, tarde y noche, durante catorce meses, a recoger esos fragmentos. Como el Guiness Records Mundial. Habrá que hacerle una estatua mejor que la que le hicieron a Marulanda en Caracas, o la que planean hacerle a Garzón en la Nacional.

Y con este dictamen del FBI condenaron a los miembros de la Fuerza Aérea. Aunque nadie sabe cómo llegó esa espoleta a manos de un habitante de Santo Domingo, ni por qué jamás fue reportada en las diligencias hechas el 17, 18 y 24 de diciembre de 1998, ni tampoco el 18 de junio de 1999, ni en la ilegal diligencia de febrero de 11 de 2000 cuando hicieron los croquis espurios. Tampoco nadie pregunta quién hizo el cambiazo de la esquirla extraída del cadáver de Teresa Mojica. Con total desfachatez, digna de los peores bandidos, la Fiscalía, bajo la mirada complaciente de jueces y magistrados condenaron a más de 30 años de prisión a militares que lo único que han hecho es defender la patria de la amenaza terrorista del narcotráfico, ese mismo que lleva de paseo a magistrados de la Corte Suprema, que los llena de costosos licores y prostitutas y que envía regalos costosos de diamantes, relojes y zapatos tanto a ellos como a sus cómplices esposas.

Increíble. La misma Fiscalía que compra y suplanta testigos en el caso del Palacio de Justicia, fabrica y suplanta pruebas para, engañando al FBI, hacerles el favor a las guerrillas marxistas de exterminar a nuestras Fuerzas Militares.

Increíble es también que Pedro Elías Díaz Romero (el que envió el oficio al FBI con las pruebas falsas) sea el mismo que llevara la investigación contra el General Rito Alejo del Río de forma contundentemente tramposa, tanto que el entonces Fiscal Luis Camilo Osorio le solicitó la renuncia. Muchas de nuestras fuentes nos dijeron que este señor tenía extraños nexos con el ELN. Y por eso no es de extrañar que Juan Manuel Santos, quien tiene también extraños nexos con la misma guerrilla, lo haya hecho reintegrar a su gobierno en Justicia y Paz, reintegrándole, al parecer, los salarios causados en esos ocho años de haber sido sacado de la Fiscalía.

Increíble es que el señor Iván Antonio Ricaurte Warletta, el técnico criminalístico que cambié sus dictámenes, no haya podido ser hallado por la Fiscalía a pesar de que nosotros logramos establecer que se la pasa en Bogotá trabajando en una empresa de peritajes balísticos, con contratos muy buenos del gobierno. Señores de la Fiscalía, en la página web del señor Ricaurte pueden encontrar su mail y sus teléfonos para que lo citen:

http://ivanricaurte.webpin.com/451355_Inicio.html

Todo esto es increíble. Pero más increíble es que lo estemos permitiendo.