Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Febrero 05 de 2012

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito”. Definición de la Real Academia perfecto para calificar la sentencia sobre Plazas Vega.

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo. A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente.

La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito. Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con un docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel “que cuelguen a esos hp”. En el testimonio presentando por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma. Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Edgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Y los colombianos nos seguimos preguntando, ¿Por qué Plazas Vega aún no está libre?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de once, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un es director de Medicina Legal. En todo caso, Plazas Vega ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como “autor mediato en un aparato organizado de poder”. Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado. Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

Enero 28 de 2012

Durante las vacaciones pensé que, al mejor estilo de los libretistas, debería darle cristiana sepultura al personaje de Santos Chamberlain. Llegué a pensar en Jan Massaryk, un personaje muy importante al comienzo de la posguerra, heredero de una gran dinastía política en Checoslovaquia, con todo a su haber.

Cuando le tocó el turno, a Massaryk le dio por dialogar con Stalin, a quien consideró su amigo. Stalin le dijo a Massaryk que tanto a Checoslovaquia como a Rusia los une la historia y que los checos no podían ser incoherentes con su historia. Que tenían que unirse a una nueva alianza que crearía la URSS, la Cominform, para que Checoslovaquia se convirtiera en el principal aliado de la URSS en Europa del Este. De lo contrario…

Y así fue. Cuando se bajó del avión, al igual que Chamberlain, Massaryk le dijo al pueblo checo que de ahora en adelante y por siempre esta república estaría unida a la URSS. La historia de Checoslovaquia después de la posguerra es conocida de todos. Vivió una invasión y una persecución tan crueles bajo el régimen comunista peor que la de los judíos con los nazis.

Tomas Garrigue Masaryk lee la entrega de Checoslovaquia a Stalin

Todo porque Massaryk convirtió a Stalin en su mejor amigo. Massaryk murió con un remordimiento de conciencia infinito y se dice que su suicidio se debió, precisamente, al profundo dolor que sentía por haber tomado la decisión equivocada.

Durante un almuerzo de comienzo de año, un contertulio de mesa me comenta que “algún día yo me tendré que reivindicar con Chamberlain…”. Le expliqué, a mi contertulio, que “el buque Concordia se hundió en las costas del Mediterráneo porque, al parecer, el capitán fue a saludar a su mejor amigo”.

Para el 2012, Santos Massaryk nos anuncia que no hablaremos de reelección, pero sí de un intenso diálogo epistolar con el teólogo “Timochenko” y con las Farc. Con el beneplácito de su amigo y de todos los idiotas útiles, como diría Lenin, que se prestan para ello.

Como dice un amigo en Antioquia: “Dr. Rafa, vaca ladrona no olvida su portillo”. Dirían los taurinos que el toro volvió por su curso natural. Reculó y se fue para las tablas. El toro se rajó. Santos volvió por sus veletas posiciones.

Mientras tanto, el establecimiento se doblega. Algunas columnistas se enamoran del teólogo. Madame Holguín guarda un silencio cómplice, al igual que Santos, frente al tema de Rangel.

En 20 días las Farc han cometido 120 atentados. ¿Y Santos pretende dialogar con quién? ¿Será que definitivamente sí somos unos pendejos? Contrario a lo que pensaba Santos, Chamberlain está más vivo que nunca. Todo por un amigo.

Puntilla. Decía el tartufo: el mejor editorial es un aviso. ¿Será por esta razón que algunos medios de comunicación en Bogotá se encuentran rodilla en pie, como diría Chávez, frente a Santos?

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

La muerte de Cano invita a un par de reflexiones. La primera, que la Fuerza Pública sigue siendo altamente eficaz en las operaciones contra los blancos de alto valor estratégico (BAVES). Los BAVES son criminales reconocidos que hacen parte de las cúpulas de la guerrilla, las BACRIM y el narcotráfico. Para neutralizarlos hay una estructura institucional especial que recoge toda la información disponible, analiza la inteligencia y planifica y coordina las operaciones. Para desarrollarlas se cuenta con todos los recursos de inteligencia, apoyo aéreo y helicotransportado y la ejecución por parte de las fuerzas especiales. Las operaciones contra los BAVES tienen prioridad absoluta y los recursos humanos y materiales adicionales que se necesiten se ponen a disposición del cumplimiento del objetivo, sin importar su destinación previa.

Esa estructura institucional ha sido la responsable de las operaciones contra Reyes, Jojoy y Cano, entre otros jefes terroristas, y será quien se encargue de Timochenko, aunque en este caso el éxito dependa de Venezuela.

Los prontuarios de los BAVES son larguísimos y la mayoría han sido condenados judicialmente. La fama de los criminales y las decisiones judiciales previas blindan jurídicamente a quienes ordenan, coordinan y ejecutan las operaciones de neutralización. Los BAVES nunca podrán ser presentados por las oeneges o funcionarios judiciales enemigos de la Fuerza Pública como “falsos positivos”. Además, los militares y policías que participan en estas operaciones reciben reconocimientos y condecoraciones. La moral de estas unidades de élite es formidable. Son, sin discusión, tan buenas o mejores que las de los grandes ejércitos y policías del mundo.

Los militares privados de la libertad, la mayoría de las veces de manera injusta, están en el abandono (Foto Adriana Ochoa)

La segunda, que la situación de las demás unidades de las Fuerzas Militares es otra muy distinta. Los oficiales, suboficiales y soldados e infantes de marina que tienen la tarea “ordinaria” y “cotidiana” de preservar la defensa y la seguridad nacionales y combatir a los delincuentes que no tienen la categoría de BAVES, es decir la inmensa mayoría, no cuentan ni con los medios de inteligencia, ni con los equipos y materiales sofisticados y de última generación de las fuerzas especiales, ni con su preparación excepcional. Sus acciones en combate se miran bajo las normas de los derechos de los derechos humanos y no con las del derecho internacional humanitario. Es irónico que el reconocimiento del “conflicto armado” sirva para indemnizar a las víctimas, ciertas o no, pero no para que sean las normas internacionales que regulan ese conflicto las que se usen para evaluar el comportamiento de la Fuerza Pública.

Cuando hay una operación con heridos o muertos se les abre de inmediato una investigación penal por parte de fiscales y jueces de la jurisdicción ordinaria que no tienen ningún conocimiento de la teoría y la práctica militar ni idea alguna de cómo debe decidirse, coordinarse y ejecutarse un combate y que con no poca frecuencia son soterrados enemigos de la Fuerza Pública. A veces los muertos en combate se convierten en “falsos positivos” (y no digo aquí que nos los haya habido). A veces hay falsos testigos, como en Mapiripán y el Palacio de Justicia. Como resultado, la moral de estas unidades es muy baja y su efectividad operacional ha mermado sustantivamente.

Que el éxito de la operación contra Cano, que merece todos los aplausos, no nos impida ver la otra realidad.

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Noviembre 13 de 2011

“El pronunciamiento hecho por Juan Manuel Santos ha demostrado que ha sido acertado adelantar el Paro Nacional Universitario para alcanzar nuestro objetivos”, reiteraba la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes en su respuesta a la solicitud del gobierno de cesar el movimiento.

No hablaré acá del contenido y pertinencia de la reforma educativa, que deberá ser tema de otra columna. Me interesa resaltar la otra cara del asunto: fue el paro lo que movió al Gobierno a retirar el proyecto de reforma a la ley 30 de Educación Superior. Los estudiantes lo entendieron a cabalidad: de nuevo, el ejecutivo cede cuando le muestran los dientes. Ocurrió, y son sólo un par de ejemplos, frente las camioneros con la tabla de fletes, con las cortes en la reforma a la justicia, o frente a la USO en las protestas de Puerto Gaitán.

En todos los casos quedó demostrado que el Gobierno, si se le plantan, cede. El mensaje del Ejecutivo es equivocado porque no muestra un gobierno dialogante, como quizás cree el Presidente que se entiende su mensaje, sino temeroso y propenso a ceder ante las demostraciones de fuerza y las vías de hecho.

Y es inexplicable. Nunca, ni siquiera con Uribe, un Gobierno había acumulado tal capital político y fortaleza. Su popularidad es más del 80%, controla el 90% del Congreso y sólo un Polo asfixiado y paupérrimo se le opone entre los partidos, y los columnistas y los medios de comunicación, con contadísimas excepciones, están rendidos a sus pies.

De manera que no es por debilidad o porque vea amenazada la gobernabilidad que el Ejecutivo cede. Es de suponer que lo hace porque cree en el consenso como política. Y el consenso no sólo es imposible, sino indeseable.

Enmascarado en las marchas estudiantiles que protestan por reforma a la Educación

Primero porque en una sociedad de cuarenta millones de habitantes nunca es posible alcanzarlo. Siempre habrá algunos que no estén de acuerdo. Ello no solo es posible en una democracia, sino necesario para su buen funcionamiento. El disenso, los puntos de vista diferentes, la dialéctica son fundamentales para encontrar los óptimos, las mejores soluciones.

Después, porque la búsqueda permanente del consenso se traduce necesariamente en la peor de la opciones, la del mínimo denominador común, que es el espacio obvio donde se encuentran el mayor número de posiciones. De manera que sobre la hipótesis del consenso nunca se consiguen avances sustantivos.

Además porque da poder de veto a las minorías y se privilegian las posiciones de fuerza. Es exactamente lo que ha ocurrido en este caso: un grupo minoritario de estudiantes, altamente ideologizado y con capacidad de movilización, bloquea la Capital y las universidades públicas, en contra de la posición de una mayoría que no quería el paro ni poner en riesgo la finalización del semestre académico.

Finalmente porque cediendo ante las demostraciones de fuerza  de las minorías el Gobierno se hace vulnerable y, ahora sí, más débil, al establecer un precedente que invita a la repetición de las vías de hecho, del bloqueo y el paro como mecanismos para negociar.

Ahora bien, el capital político es para gastarlo. Acumularlo no tiene sentido. Si el gobierno hizo la tarea y no está improvisando con la reforma, sentarse a negociar obligado por la fuerza sólo podrá significar el sacrificio de propuestas que, de haber salido adelante, hubieran ido en beneficio de la educación superior en Colombia. ¿Acaso no valía la pena dejar a algunos descontentos?

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

La muerte de Cano es el máximo éxito “en la estrategia de puño de hierro con guante de seda que [se] puso en marcha con Uribe. Por un lado, presión militar constante. Por otro, mano tendida para los guerrilleros que dejen las armas. La combinación ha sido letal para las FARC”, dice El País de Madrid, no ciertamente un periódico de derecha.

Es el mejor resumen que he leído sobre la caída del Comandante de las Farc, ahora que las envidias y mezquindades están a la orden del día y tanto cínico de primera y político de segunda intenta aprovechar la oportunidad para demeritar al ex Presidente y hacer puntos con el Mandatario actual. Nada de esto hubiera ocurrido sin la visión estratégica, la decisión política y la férrea voluntad de Uribe de derrotar el terrorismo y la finura en el diseño y ejecución del actual Jefe de Estado. La muerte de Cano es resultado de la política de seguridad democrática.

Y como al César lo que es del César, hay que empezar por reconocerle el triunfo al Presidente y a Juan Carlos Pinzón, su ministro de Defensa, a quien tantos ya empezaban a criticar. Y a los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía, de los generales Naranjo, Navas, Pinilla y Mantilla hacia abajo, que diseñaron y ejecutaron el bombardeo y rastrillo que dieron como resultado la baja de Cano. Aunque la operación contra el jefe de las Farc empezó hace años, como con justicia lo reconoció el Ministro, es inevitable que los méritos se los lleven quienes la adelantaron hoy.

'Alfonso Cano' y 'Jacobo Arenas'

No cabe duda de que la caída de Cano es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y que el futuro será otro. Las Farc comprueban una vez más que sus comandantes caerán y ahora tienen la certeza de que ello ocurrirá más temprano que tarde. Por lo mismo, es posible que el nuevo jefe viva fuera del territorio nacional. Aquí no hay madriguera segura. No lo fueron la selva impenetrable del Caguán, el gélido páramo de las Hermosas o el tupido bosque caucano. De manera que el elegido estará entre Iván Márquez o Timochenko, los dos refugiados en Venezuela.

La consecuencia inmediata será una dificultad aun mayor en las comunicaciones, el comando y el control de las Farc, resultado de la distancia y de la desarticulación del grupo terrorista. Y un problema político de difícil resolución para el Presidente. Una cosa es tener al “mejor amigo” haciéndose el de la vista gorda frente a unos guerrilleros y otra muy distinta que proteja al máximo comandante de la organización. Mirar para otro lado no será una opción.

La desmoralización aumentará y con ella debería crecer también el número de desmovilizados, estancado desde hace meses. Para aprovechar la oportunidad es fundamental resolver de manera inmediata los múltiples problemas que vienen presentándose, por cuenta de decisiones de las cortes, con los mecanismos de solución jurídica para quienes dejen las armas. La incertidumbre frena a quienes quieren desmovilizarse.

También se acelerará la “bandolerización” del grupo. Perdida la perspectiva de la toma del poder y debilitado el liderazgo político, la tentación de dedicarse sólo al narcotráfico está a la mano.

¿Y la paz? No está a la vuelta de la esquina. Pero el golpe debería mostrarle al Presidente la inconveniencia de la reforma constitucional que está promoviendo. Asegurar constitucionalmente la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, como busca la reforma, en nada ayuda a ponerle fin al conflicto.

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Octubre 10 de 2011

No tengo duda de que militares y policías deben ajustar su comportamiento de manera estricta a los derechos humanos, cuando se trata de situaciones cotidianas y ordinarias, y al derecho internacional humanitario, cuando entran en combate. Digo también que las violaciones a los derechos humanos y al DIH son intolerables y que deben ser sancionadas son firmeza. Y reafirmó que sólo con respeto de los derechos humanos y el DIH se obtiene la legitimidad indispensable para triunfar en el  conflicto que sufrimos.

Dicho esto, sostengo que en las condiciones actuales de inseguridad jurídica y de amenazas a la libertad y a las carreras profesionales de los miembros de nuestra fuerza pública, no sólo se comete una injusticia atroz contra nuestros soldados y policías, sino que no será posible ponerle fin a la violencia que sufrimos.

De los varios riesgos que se ciernen sobre las cabezas de los uniformados, dos son quizás los más importantes. La ausencia de reglas claras para evaluar su conducta es el primero. Lo lógico sería que cuando de combates se trate, las acciones militares y policiales sean regidas por el DIH, creado y construido en forma específica para regular la guerra. Es lo que ocurre en todo el mundo cuando se viven conflictos armados. Pero en Colombia las cortes, en su espléndida ignorancia del derecho internacional, han hecho un menjurje espantoso de normas internas e interpretaciones descabelladas de las internacionales. El resultado es que en realidad en nuestro país no se aplica el DIH.

Militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces

Así que aunque se diga y se repita que estamos en un conflicto armado, la conducta en combate de nuestros militares y policías se está juzgando a la luz de los derechos humanos, creado para tiempos de paz y pensado para controlar al delincuente común y nunca para enfrentar los grupos armados que nos asuelan. El resultado es maniatar a la Fuerza Pública y darle una ventaja inconmensurable a los violentos. ¿La última joya? La decisión de la Sala Penal de no aceptar los juiciosos argumentos del Procurador sobre los computadores de Reyes, dizque porque esa operación tenía que regirse sólo por las normas procesales internas y no por el DIH. Que ese “argumento” sea estúpido y traiga como consecuencia que la fuente más importante de información sobre las Farc que haya estado nunca en manos del Estado no sirva sino para botar a la basura, ha dejado sin cuidado a los flamantes magistrados.

El otro peligro es el colapso de la justicia penal militar. En un conflicto armado, la conducta de los militares y policías debe ser investigada y juzgada por jueces especiales, conocedores de los avatares de la guerra y con formación y experiencia suficientes para poder evaluar a quienes participan en el conflicto. En Colombia, como fruto de decisiones políticas equivocadas, de presiones de las oeneges y de la infiltración comunista en el sistema judicial, la justicia penal militar ha dejado de existir.

Al final, militares y policías están completamente desprotegidos y en manos de fiscales y jueces que, como los de Arias Cabrales, Uscátegui y Plazas Vega, se ensañan contra ellos como si se tratara de criminales de la peor calaña, violando sus derechos más fundamentales. En esas condiciones no hay Ejército que opere. Exactamente lo que nos está pasando. Recuperar y fortalecer la justicia penal militar no admite más demora.

Rafael Nieto Loaiza

PorRafael Nieto Loaiza

Septiembre 25 de 2011

Este país está lejos de ser el país minero o petrolero que algunos creen. Hay sí un boom de precios, pero no hay aumentos sustantivos en la producción ni grandes y nuevos proyectos. Y lo poco que puede mostrarse, un anuncio de expansión en Cerrejón y el proyecto de MPX, es arrastre del gobierno Uribe. 

El sector es más un trencito medio desvencijado que a la locomotora del desarrollo que Santos quisiera. Hasta el momento, todo conspira contra su futuro. Por eso no hay inversiones nuevas y en cambio abundan los temores. Veamos:

No hay política minera. El Gobierno tiene directrices contra la minería ilegal, pero nada más allá de eso. No se sabe cuáles son los objetivos, prioridades, planes y programas para impulsar la industria.

La institucionalidad que regula es frágil, está fracturada y en transición. Hay incertidumbre sobre cómo se manejará el crítico asunto de las licencias en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Habrá que ver si desaparece la pugna con la Consejería Presidencial. Y tampoco son claras las reglas de juego con las corporaciones autónomas que, además, serán transformadas. Por el otro lado, Ingeominas será, pero aun no es, la Agencia Nacional de Minería.

Las prometidas locomotoras de Santos parecen más un trencito desvencijado

No hay ninguna claridad sobre cuáles son las zonas de exclusión ni cómo deben manejarse aquellas que no lo eran y sobre las que se extendieron títulos de exploración. Se sabe que no puede haber actividad en los páramos, pero éstos están por definirse y, aun más importante, por delimitarse en cada caso individual. Las zonas campesinas, en las que sólo podría haber actividad agropecuaria, se ciernen como una enorme sombra. Y los parques regionales, que deberían tener un exclusivo propósito de protección medio ambiental, se usan políticamente para frenar iniciativas mineras.

Las normas jurídicas que regulan el sector están en entredicho. Se cayó el código minero y aun no se empieza a socializar el nuevo proyecto que, según la Corte Constitucional, debe pasar por el tamiz de las consultas con indígenas y afros. Y hay quien se pregunta si alguna jurisprudencia reciente no ha convertido estos mecanismos en un poder de veto para esas comunidades. Además, el equipo del Ministerio del Interior para atender la demanda de consultas es débil e insuficiente y los trámites son demoradísimos.

Calcular los costos económicos de un proyecto es imposible. Viene una reforma tributaria y cursan un par de iniciativas para cambiar el cálculo  de regalías. No se sabe cuál es la posición del gobierno. Además de regalías, el sector paga renta y patrimonio y casi todo hace contribuciones adicionales al Ministerio de Defensa. Si la discusión no tiene una mirada integral y más allá de la coyuntura de precios, el país dejará de ser competitivo.

Porque no sobre recordar que la infraestructura de carreteras es malísima, la ferroviaria no existe y la de puertos es insuficiente. Y que la seguridad viene deteriorándose. Hay tres contratistas chinos secuestrados, otros tres fueron liberados antes de ayer y Ecopetrol debió cambiar de lugar una instalación del oleoducto Bicentenario porque la Fuerza Pública no pudo asegurar el área.

Si todo ello no fuera insuficiente, hay un ambiente negativo en la opinión pública y el ambiente laboral está enrarecido, como lo prueba la crisis en Puerto Gaitán. Los nuevos ministros de Minas y Medio Ambiente son profesionales bien formados, competentes y con experiencia previa en el sector público. Tendrán un desafío formidable.

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Septiembre 05 de 2011

La condición humana es frágil, vulnerable, contradictoria. Esconde pecados, vacíos, grandes y pequeñas desgracias. No soy, por supuesto, ajeno a esas características. Al contrario. Las veo en mi agudizadas. Quizás por eso no soy dado a panegíricos. En todo héroe hay unos pies de barro.

Y si de la política y de la función pública se tratan, ni hablar. En ellas los rasgos de la personalidad se agudizan, magnificándose para bien, a veces, y para mal, casi siempre. Pero hay ocasiones en que la persona y las circunstancias que la rodean exigen un reconocimiento público. Ocurre ahora con Juan Carlos Pinzón, designado Ministro de Defensa. No dudo de que es el hombre para el momento. Preparado como pocos en los asuntos de la defensa y la seguridad, estudioso de los desafíos contrainsurgentes, conocedor de la cultura militar desde el hogar, con amplia experiencia en el sector público y en el Ministerio, Pinzón tiene también carácter recio, transparencia y  compromiso de patria. Es, además, y eso ya es mucho, un buen ser humano. De manera que no temo afirmar que no hay nadie que pudiera ser mejor Ministro de Defensa que Pinzón.

Pero la va a tener muy dura y mejor sería que la clase política, los comentaristas y la opinión pública bajaran sus expectativas. En la respuesta ministerial a los desafíos en seguridad y defensa hay problemas que ni Pinzón podrá solucionar.

Juan Carlos Pinzón, nuevo ministro de Defensa Nacional

En el frente externo, el riesgo de Venezuela. El Teniente Coronel de al lado, sigue armándose hasta los dientes. Hace apenas una semana, anunciaba un crédito por cuatro mil millones de dólares para comprar armamento ruso. Con ellos, son más de once mil millones en compras militares sólo a los rusos, incluyendo los cinco “batallones” de sistemas de misiles S300PMU-1 que Moscú no pudo vender a Irán por las sanciones del Consejo de Seguridad, el sistema móvil de lanzadores múltiples Smerch y 92 tanques T72B1. Y, para no olvidar, los aviones Su-30MK2, tan o más sofisticados que cualquier caza norteamericano de última generación. Todos esos aparatos están ahí y no son precisamente para reprimir a los opositores políticos de Chávez.

En el interno, si se quiere nombrar un oficial de Ejército como comandante general, con lo que, por cierto, no se arreglaría nada (no veo a nadie que pueda hacerlo mejor que el almirante Cely), se causaría un daño inmenso a la Armada y a la Fuerza Aérea. Y el general Navas, exitoso como ha sido en las fuerzas especiales, aun no da muestras del liderazgo y la capacidad de comunicación que requiere un Comandante General. Si se quiere ir más abajo, el daño a las otras fuerzas sería aun peor. El problema de mando, no sobra decirlo, sólo lo agudizó el presidente Santos con la salida de Matamoros.

La moral del combate de la tropa regular está por los suelos. En el ejército regular, aquel que no opera contra blancos de alto valor estratégico, nadie quiere combatir, para no meterse en problemas con la “justicia” y que lo acusen de falsos positivos.

Y la consolidación de las áreas recuperadas sigue siendo labor dificilísima, a pesar de los esfuerzos recientes. El estado es paquidérmico, burocrático, descoordinado. Y es tarea casi imposible generar proyectos productivos en zonas olvidadas por el Estado, con peor infraestructura y tan lejos de los centros de consumo como pueden estar las fronteras nacionales.

En todos estos temas, no sobra resaltarlo, el juego de Pinzón es cercano a cero. La solución depende de otros.

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Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

En lo que hace a la reforma a la justicia, tiene toda la razón el presidente Santos.

La reforma hay que hacerla porque nuestra justicia da pena. Es lenta hasta la crueldad, incierta, altamente politizada, plagada de roscas y nepotismo y con serios problemas de corrupción. Está lejos, además, de ser imparcial. Y es vengativa y rencorosa como amante despechada, y se mueve al vaivén de las presiones y veleidades de los medios de comunicación. Hay, claro, excelentes jueces y magistrados, pero ya no son la norma sino la excepción.

El Ejecutivo ha sido altamente generoso en tiempo y esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo con las Cortes para la reforma. El gobierno anterior, a lo largo de sus ocho años, hizo al menos cinco esfuerzos por alcanzar un consenso. Y esta administración gastó un año en la misma tarea, a pesar de que algunos advertimos que sería imposible. Las Cortes no se quieren reformar.

Y no quieren porque prefieren mantener un statu quo que les permite enormes poderes e influencia. No sólo por las funciones electorales que les dio la Constitución del 91, sino por el sistema de administración en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, burocratizado, clientelista y costosísimo. Con la reforma propuesta, las Cortes perderían su capacidad de cruzarse favores con los otros órganos de control. Y los magistrados la posibilidad de saltar a la política con las sentencias en la mano, como en su momento intentaron Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez Caballero y Jaime Araújo Rentería. Tendrían también que abandonar la práctica maluca de salir a litigar frente a quienes antes eran sus colegas. El régimen de inhabilidades propuesto es muchísimo más severo que el muy laxo que hoy existe.

En la reforma, además, se establece un sistema de juzgamiento de congresistas y funcionarios con fuero que incomoda a la Suprema en tanto que divide la función de investigación y juzgamiento y establece una segunda instancia. Se acaba el dañado ayuntamiento de hoy en día, que no da garantía ninguna a los procesados y que hace a la sala penal de esa corte tan poderosa que mete miedo. Curioso que los magistrados se quejen: tanto la división de funciones como la instancia de apelación son derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos que alegan defender.

Corte Suprema de Justicia

En fin, a las Cortes no les gustó la propuesta. No podía gustarles. El Presidente de la Corte Suprema dijo que el proyecto “pone en peligro la institucionalidad”. El del Consejo de Estado fue más lejos y sostuvo que la reforma “afecta seriamente la existencia del régimen democrático en Colombia”.

Ambas afirmaciones son tan alarmistas como escandalosas. En un régimen democrático quien debe determinar los alcances de las funciones y tareas de los diferentes órganos del poder público es la asamblea legislativa, representante de la voluntad popular y elegida por el voto de los ciudadanos, y no un grupo de juristas, por buenos que ellos sean, que no tienen representación ninguna distinta a la de sí mismos. Por eso, como bien ha dicho el presidente Santos, quien debe definir los alcances de la reforma es el Congreso de la República, órgano supremo de la democracia.

Eso, por supuesto, no lo aceptan muchos magistrados. Preferirían el “gobierno de los jueces”, como tan desafortunadamente propusiera un presidente de la Suprema.

Agosto 7 de 2011

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Hay que bajar las expectativas. La recreación del Ministerio no arreglará el desastre de administración de justicia que sufrimos.

No digo que volver al Ministerio de Justicia no sea una necesidad. La fusión con Interior terminó en que en la agenda del gobierno la justicia quedó subordinada a la política y no hubo interlocutor permanente con las altas cortes. Y permitió que se nombrara como ministro incluso a quien no era abogado y en su arrogancia pretendía fungir como uno, Pretelt de la Vega. Se requiere, además, alguien que se siente en el Consejo de Ministros y ahí pueda presionar la definición de la política criminal y defender las causas de la justicia.

Pero ni aun una persona de las formidables calidades de Juan Carlos Esguerra, el nuevo Ministro, podrá resolver los problemas que nos aquejan. Y no podrá hacerlo porque esos problemas no dependen del Ministerio. Son de la rama judicial, autónoma por definición constitucional. Y la rama judicial ni se quiere reformar ni, por supuesto, acepta que la reformen.

Se ha intentado varias veces. Cinco propuestas de reforma a la justicia, que recuerde, se elaboraron durante la administración de Uribe. Me consta que al menos dos de ellas se hicieron con participación activa de las cortes que, al final del proceso y cuando parecía alcanzado el acuerdo, se dedicaron a torpedear las propuestas hasta hundirlas. Después la pelea de la Suprema con el Presidente hizo imposible cualquier esfuerzo. La distancia se hizo tan grande que un sector de la Corte, en clara retaliación y en abierta contravía de la Constitución, hizo imposible por más de un año la elección de Fiscal General.

Vargas Lleras y Jaime Arrubla

Son tiempos pasados. El Gobierno está de luna de miel con los tribunales. Con todo, ya admite que no será posible alcanzar un acuerdo con las cortes para presentar un proyecto consensuado de reforma. Algunos lo dijimos desde el principio: ese acuerdo no es posible porque, repito, los magistrados no quieren reforma alguna. Prefieren el statu quo, que los hace poderosos y temibles.

Supongo que a pesar de las advertencias, sin embargo, el Gobierno necesitaba mostrar a la opinión pública que había buscado un consenso con las cortes. Ya lo hizo. Se sentó por un año con ellas, sin éxito. Ahora no tiene opción distinta que presentar al Congreso una propuesta de reforma, integral y coherente.

Es una lástima que Esguerra no haya participado activamente en su elaboración. Ha vivido y sufrido el sistema judicial y sabe del estado actual de cosas. Desde su experiencia habría insistido en los aspectos que más interesan a los ciudadanos: la necesidad de una justicia pronta y cumplida y no la eternamente morosa que nos agobia, la simplificación de los procedimientos, la urgencia de seguridad jurídica, el acceso rápido y fácil de todos los ciudadanos al sistema, la despolitización de los magistrados, la purga de los corruptos, el mejoramiento de la calidad de jueces y sentencias.

El riesgo está en quedarse en asuntos que, si bien son importantes, interesan sólo a unos pocos o son muy técnicos, como la tutela contra sentencias. Confiemos en que el Gobierno se la juegue toda y, como en otros temas polémicos, sea capaz de sacar adelante la reforma en el Congreso. Para eso cuenta con la Unidad Nacional. Pero será más difícil ahora: los congresistas le tiene pavor a la Suprema y al Consejo de Estado. No olvidan que su libertad y su curul dependen de ellos.

Julio 17 de 2011