Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Febrero 03 de 2012

¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.

Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.

Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.

Petro, antiguo guerrillero del M-19 y hoy alcalde de Bogotá. Aquí en su extraña campaña de desarme

Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.

Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como “coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada” (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.

Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

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Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Diciembre 11 de 2011

No sobra decirlo. No sobra reiterarlo. Le cabe toda la razón a María Isabel Rueda cuando afirma que nuestro Ejército está desmoralizado y “empanicado” por los riesgos que una obtusa justicia ordinaria, contaminada por sesgos políticos o ideológicos, hace correr a oficiales y soldados. El mayor temor que los acecha no es el de pisar una mina o recibir un tiro en el fragor de un combate, sino el de quedar detenidos por una injusta medida judicial.

Si uno quisiera ilustrar con un ejemplo los monumentales errores que la justicia ordinaria comete contra los militares, bastaría citar el caso del general Jaime Uscátegui, condenado a cuarenta años de prisión por la supuesta masacre de Mapiripán, hoy convertida en una fábula que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo logró acreditar para obtener el pago de millonarias indemnizaciones, ordenadas al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con destino a familiares de muertos que no están muertos sino vivos.

Si el caso del general Uscátegui hubiese quedado en manos de la Justicia Militar, los cargos por el delito de omisión contra él no hubiesen tenido el menor sustento por una razón muy sencilla: Mapiripán no dependía de la Séptima Brigada, de la cual era comandante, sino de la Brigada Móvil número 2 y del Batallón Joaquín París bajo su mando. Se trata de una maniobra tan extravagante y minuciosa que me animaría a pedir hospitalidad de este diario para contársela a los lectores en una página de Debes Leer. Es una real novela policíaca cuyos inspiradores en la sombra fueron las propias Farc.

Coronel Alfonso Plazas Vega, un héroe y mártir. Víctima de la "justicia" colombiana

En este y en muchos otros casos, el botín de las indemnizaciones mueve al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo a adelantar toda suerte de argucias para configurar un crimen de Estado. Lo que no lograrían si existiese el fuero militar, lo consiguen con magistrados, fiscales o jueces de dudosa ortografía. Ahora esperan que se ratifique la condena impuesta al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Nadie se explica cómo la ponencia del magistrado Hermes Darío Lara que pedía la absolución de Plazas por falta de pruebas, en un informe de mil páginas producto de un año y medio de cuidadoso estudio de su caso, no haya sido aceptada por los dos magistrados que componen con él la llamada sala de decisión. ¿Tienen alguna nueva prueba que justifique su decisión? ¿Siguen creyendo que Édgar Villarreal sí firmó la supuesta declaración (negada por él ante el Procurador), la ahora derrumbada única prueba que sirvió de base para la condena de Plazas? La perplejidad es muy grande. Juristas respetables y conocidas personalidades que conocen muy bien este caso exigen hoy una aclaración.

Si llegara a ratificarse tan monumental injusticia, el escándalo rebasaría el ámbito nacional para llegar a los estrados internacionales. Una conocida ONG norteamericana, The Inter American Institute, que reúne a juristas de muy alto nivel, estudió cuidadosamente el caso de Plazas Vega y acaba de enviar una carta con 25 preguntas al Tribunal Superior de Bogotá. Su presidente, el conocido escritor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, no vacila en escribir: “Hoy, la comunidad internacional se encuentra expectante sobre el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en los hechos del Palacio de Justicia. Según parece, la justicia colombiana ha cometido el más aleve crimen contra una persona inocente, violando todos los principios vigentes en la jurisprudencia internacional a lo largo de muchos siglos.”

¡Cuidado! Es el primer trueno de una tempestad que puede dejar por los suelos la imagen de nuestro país y de sus instituciones. La última palabra para impedir tal desastre la tiene la Corte Suprema de Justicia.

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

¿Qué imagen proyecta hoy el ex presidente Uribe? Depende. Si uno llega a encontrárselo en algún lugar del país o incluso en un aeropuerto internacional concurrido por colombianos, como me ocurrió recientemente, su popularidad parece intacta. Todos se agolpan con entusiasmo alrededor suyo, todos quieren tomarse una fotografía con él. “Gracias, Presidente”, oye uno decir, como si ninguno hubiese olvidado lo conseguido por Uribe en el campo de la seguridad, su gran trofeo.

Esa imagen, en cambio, no es la que uno percibe en Bogotá leyendo a la mayoría de los columnistas de prensa, oyendo la W o las noticias de un telediario. Fatalmente, toda clase de sindicaciones siguen cayendo sobre funcionarios de su gobierno, muchos de los cuales han terminado en el pabellón Ere de La Picota.

Poco falta para que se haga responsable a Uribe de los escándalos de corrupción que han estallado recientemente, de las “chuzadas”, o de “los falsos positivos” y hasta de crímenes de lesa humanidad.

Detrás de todo esto se adivina una conjura que reúne en la misma línea de batalla a voceros de la izquierda, sea la vegetariana del Partido Liberal o la carnívora de los mamertos. A la primera, además de conocidos columnistas, pertenecen magistrados, fiscales o jueces que en su adolescencia absorbieron toda suerte de beatíficos virus marxistas en el aire de las aulas o prados de la Universidad Nacional, de la Libre y aun de la Javeriana.

A la segunda izquierda pertenecen en Colombia cercanos compañeros de ruta de las Farc, como el colectivo de abogados Alvear Restrepo, y en Europa, el Fidh (Frente Internacional de Derechos Humanos) que nos envió este mes a la eurodiputada Isabelle Durant. Su objetivo: conseguir que se le aplique al ex presidente Uribe la teoría de Claus Roxin, según la cual cuando agentes del Estado cometen delitos “el hombre de atrás”, es decir, su máximo jefe, es el autor mediato de los mismos.

El senador Mario Uribe, una de las víctimas de la conjura contra Álvaro Uribe

Ahí está, por cierto, la clave de las estruendosas injusticias cometidas, con ayuda de falsos testigos, contra personajes muy cercanos al gobierno de Uribe como Álvaro Araújo, Mario Uribe, Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Mauricio Pimiento, Nancy Patricia Gutiérrez, Jorge Noguera y otros cuantos más.

En el caso de Andrés Felipe Arias, también la conjura asoma sus orejas cuando por la vía penal se le acusa de peculado como cómplice de los tramposos beneficiarios de AIS. Es algo tan arbitrario como considerar que los ministros de Salud, Educación, Minas o Hacienda son responsables de lo ocurrido en la Dian, las EPS, la minería o los subsidios escolares. Cosa distinta son las sanciones que acaba de imponerle a Arias el Procurador Ordóñez por fallas de control y haber pasado por alto la ley 1150, que suspendió al IICA el manejo de recursos, práctica hasta entonces aceptada por los ministros del ramo sin que diera lugar a escándalo alguno. Es la razón que aduce Arias.

Como sea, la conjura bien articulada contra Uribe busca ahora hacerlo responsable de la corrupción. Es algo tan injusto como culpar al presidente Santos de la inseguridad que ahora reaparece en el país. Son fenómenos subterráneos que ningún gobierno auspicia. La corrupción -ahora lo sabemos- ha tenido de tiempo atrás secretos cómplices en los sectores público, político y privado. La inseguridad, de su lado, tiene su origen en nuevos factores que un empeño investigativo podría descubrir.

Pero en fin: de espaldas a conjuras y furores políticos, la imagen real de Álvaro Uribe la tienen los colombianos rasos que le agradecen lo conseguido por él en la seguridad, las inversiones, el auge económico y las políticas sociales. De ahí que sigan recordándolo como un gran presidente.

Julio 22 de 2011

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

¿Se retractó? ¿O realmente nunca estuvo en Bogotá durante los sucesos del Palacio de Justicia, nunca conoció al coronel Plazas Vega ni firmó la declaración que sirvió de base para condenarlo a 30 años de prisión? Me refiero, por supuesto, a Édgar Villamizar Espinel y a estas recientes y explosivas revelaciones suyas que hizo, estas sí, con su real nombre, con su real firma y sus huellas ante el procurador Alejandro Ordóñez.

Alguien miente, titula la revista Semana refiriéndose a dos aseveraciones opuestas: lo que acaba de declarar Villamizar y lo que sostiene la fiscal Ángela María Buitrago. Según ella, Villamizar sí vino a Bogotá, sí la acompañó a la Escuela de Caballería y sí firmó la declaración acusando a Plazas. Ante afirmaciones tan dispares, no hay duda: alguien miente. ¿Quién? Con cierta ligereza, la revista Semana le asigna a Villamizar la mentira desde el momento en que presenta lo dicho por él ante el Procurador como una retractación, lo cual significaría que sí firmó la declaración que sirvió de base para la condena del coronel Plazas. ¿La examinaron?, me pregunto. Yo sí. Es un documento tan frágil como un hojaldre. No lleva el sello de la Fiscalía. Y algo muy extraño: Villamizar -si es cierto lo que dice la Fiscal- habría puesto su firma debajo de otro nombre, el de un inexistente Édgar Villarreal. A menos que se trate de un usurpador de identidad, ¿quién comete semejante error? ¿Quién firma un documento público con un nombre distinto al suyo? Además, la firma tampoco corresponde. Es un garabato redondo, mientras Villamizar -en su cédula y otros documentos- pone su nombre con toda claridad. Se trata, sin duda, de una falsa firma. Así lo confirmó el abogado grafólogo Luis Enrique de la Rosa Morales. Pero, además, el capitán Bernardo David Tobar, encargado de acompañar a la fiscal Buitrago durante su visita a la Escuela de Caballería, declaró que no había visto con ella al supuesto firmante de la declaración.

Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación

Ante tales evidencias, es a Villamizar y no a la fiscal Buitrago a quien se le debe creer. A menos que ella y quienes aparecen firmando la falsa declaración -el procurador Henri Bustos, el fiscal auxiliar José Darío Cediel y dos agentes del CTI- se hayan dejado engañar por un suplantador. La Justicia tendrá que investigarlo. Como sea, lo evidente es que lo dicho ahora por Villamizar tiene pruebas que la fiscal Buitrago y la jueza María Stella Jara no tomaron en cuenta. Dos militares, el sargento (r.) Gustavo Alfonso Velásquez y el coronel Ariel Valdés, entonces Comandante del Batallón Vargas, declararon bajo juramento que Villamizar estaba en Granada (Meta) durante los sucesos del Palacio de Justicia. Los seguía con ellos por televisión. Está demostrado también que, si bien hubo una antiorden o llamado de alerta, no se produjo desplazamiento alguno de militares de esa base a Bogotá, ni vuelos de Apiay a la capital los días 5, 6 y 7 de noviembre de 1985. Los helicópteros de entonces, los UH1H, solo tenían cupo para seis personas y no para 13, como decía la falsa declaración. De todo esto hay documentos y testimonios que lo demuestran.

¿Por qué los desdeñó la fiscal Buitrago? La más benévola de las explicaciones que yo me doy es la de que sus desvíos ideológicos la inducían a buscar a toda costa la condena de Plazas y aceptar como válida cualquier prueba contra él. O a fabricarla. De todos modos, como bien lo ha señalado en El Colombiano el abogado Jaime Granados, la justicia tendrá ahora que decidir si la mencionada fiscal fue víctima de un “embuchado” o si tuvo parte activa en esta suplantación. Por ahora, lo cierto es que la única prueba que sustentaba la condena del coronel Plazas se ha derrumbado estrepitosamente.

23 de junio de 2011

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Con un gesto de verdadera humildad cristiana, debo reconocer que mi querida y combativa amiga, María Jimena Duzán, autora de una columna en Semana que me concierne, tiene razón. Parece una charada de mal gusto que en mi informe sobre los olvidados del Pabellón Ere de la Picota haya comparado este centro de rumbas y bacanales -así lo llama ella- con el campo de concentración de Auschwitz. ¿Acaso en La Picota hay hornos crematorios? ¿Acaso los reclusos que allí se encuentran están convertidos en esqueletos vivientes? ¿Cómo pueden quejarse muchos de ellos de que se les haya confiscado la libertad, deteniéndolos o condenándolos sin pruebas válidas, cuando disponen de teléfonos móviles para hablar con su familia y pueden distraerse escuchando la radio, siguiendo las noticias por un televisor o apaciguando su encierro gracias a la Internet? Nada de esto, en efecto, existía en Auschwitz.

Sólo tengo una débil disculpa para apaciguar la furia de María Jimena, cuya amistad de ninguna manera quiero perder. La frase “Este es nuestro Auschwitz” no fue mía, sino de mi compadre, el senador Álvaro Araújo, luego de ser condenado a nueve años y cuatro meses de prisión por alianzas nunca demostradas con paramilitares. Desde luego, él no se refería a las condiciones de su detención, sino al hecho de que allí, como en Auschwitz, estaban recluidos hombres que no habían cometido delito alguno sin que su suerte fuera entonces conocida. Pese a ello, insisto en que María Jimena tiene razón cuando sostiene que no se puede poner en el mismo rasero de los recluidos en Auschwitz “a un parapolítico como Álvaro García, condenado por haber participado en masacres de paramilitares”. La única pequeña equivocación que le anoto es que, en vez de los ‘parapolíticos’ culpables de crímenes, me he ocupado sólo de quienes alegan y demuestran su inocencia.

¿Inútil tarea? Quizás en vez de haber gastado meses en investigar y denunciar supuestas injusticias cometidas con Mario Uribe, Araújo, Gómez Gallo, Jorge Noguera, el coronel Mejía Gutiérrez, Ciro Ramírez, Plazas Vega, el general Uscátegui, Rito Alejo y tantos otros, he debido satisfacer las ansias de nuestro periodismo light contando cómo algunos organizan estruendosos cumpleaños o se las arreglan para disponer de una botella de whisky en La Picota.

María Jimena Duzán y Andrés Pastrana

Tal vez, en lugar de poner en tela de juicio la probidad de arcángeles como Mancuso y ‘Pitirri’, he debido aceptar la versión de este último, según la cual Mario Uribe hizo asesinar finqueros de La Mojana para adquirir sus tierras, aunque nunca estuvo allí ni compró nada. No fui capaz de considerar legítimo premio a la entereza y valor de ‘Pitirri’ el que la Corte lo enviara a Canadá con 43 parientes. Lo mismo debía decir de doña Dioselina Ramírez, noble dama cuyo testimonio sin pruebas permitió la condena de Araújo. También ella se encuentra en Canadá, gracias a su coraje, pese a haber sido condenada en Colombia por homicidio.

Y por ser visto como hombre de derecha, amigo de Uribe y no de Piedad Córdoba, es posible que haya sido incapaz de apreciar la validez de los testigos que permitieron la condena a 30 años de cárcel del coronel Plazas Vega, uno de ellos culpado por delitos que suman 104 años de cárcel y el otro, un valeroso fantasma que usó en su testimonio dos nombres antes de desaparecer.

En fin, de ahora en adelante, querida María Jimena, te prometo poner flores en el altar de la Corte Suprema de Justicia, escuchar con atención las denuncias del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, comprender al fin que los militares son los malos de la película y ver como salida de nuestro conflicto armado las ofertas de paz de ‘Alfonso Cano’. Nunca es tarde para rectificar. Mea culpa.

17 de Febrero del 2011

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Imposible hablar hoy de feliz Navidad en medio de la horrible catástrofe que está viviendo Colombia. Imposible también que esta bonita expresión pueda oírse en un país hermano que es como mi segunda patria. Me refiero a Venezuela. Solo que allí, además de las inundaciones, se está viviendo un peor desastre que tiene nombre propio: Hugo Chávez. El regalo navideño que este le ha hecho a su país es el de abandonar todo maquillaje legal para mostrar al fin su verdadera cara de dictador en ciernes.

No me refiero solo a la famosa Ley Habilitante, que aprobó su parlamento de bolsillo. Disponiendo de poderes para legislar por decreto hasta las elecciones presidenciales del 2012, esa ley deja convertida a la Asamblea que se inicia el próximo 5 de enero, con sus 67 diputados de oposición, en una corporación puramente ornamental.

Como tenebroso primer paso de su presidencia imperial, Chávez ha puesto en marcha veinte decretos ley que van a convertir a Venezuela en otra Cuba.

Cuatro de ellos buscan dar a las llamadas Comunas Socialistas, integradas por dóciles partidarios suyos, poderes que anulan las competencias de alcaldías y gobernaciones y de la propia Asamblea Nacional. Cada comuna, según palabras de Chávez, recibirá recursos del Estado, contará con un Parlamento Comunal y una Carta que garantizará la primacía del interés colectivo sobre el interés particular. En otras palabras, como lo ha advertido el conocido dirigente venezolano Diego Arria, se trata de crear algo equivalente a los sóviets soviéticos, a los Comités de Defensa de la Revolución cubana y de los Congresos Populares de la Libia de Kadafi.

Juan Manuel Santos y Hugo Chávez

Por otra parte, Chávez promulga una renovada Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, que ahora se extiende a los medios electrónicos. Se trata de impedir que la oposición se manifieste por Internet, pues serán castigados los mensajes que “fomenten zozobra” o “alteren el orden público”. Y otros horrores: una Ley de Universidades, que quiebra la hasta entonces intocable autonomía de los institutos de educación superior; una ley sobre propiedades urbanas que puede permitirle la ocupación de viviendas y hoteles; una ley para intervenir y controlar bancos, y otra, llamada Ley de Cooperación Internacional, encaminada a impedir la ayuda exterior a entidades de la sociedad civil. En síntesis, todos los poderes quedan en manos de Chávez.

Al mismo tiempo, dando un nuevo y gravísimo paso en la política de expropiaciones rurales iniciada de tiempo atrás por el régimen, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Logo, “disfrazado de guerrillero, con franela roja, la cara del Che en el pecho y pistola al cinto” (así lo describe el ex candidato presidencial y respetable figura de la oposición Oswaldo Álvarez Paz), se dispone, al frente de tropa y milicianos armados, a ocupar 47 fincas al sur del lago de Maracaibo.

La medida, extensiva a otros estados andinos, está provocando una sublevación regional. Álvarez Paz ha retado al presidente a que se ponga personalmente al frente de las fuerzas de ocupación ilegal y asuma la responsabilidad de lo que pueda suceder. “Allí nos encontraremos”, le anuncia corriendo todos los riesgos.

La respuesta de Hugo Chávez no tardó en conocerse: “Los latifundistas andan llamando al caos; si ellos van a buscar fusiles, aténganse a las consecuencias. Actuaremos fusiles contra fusiles”.

El peligro que con estas medidas corre Venezuela lo ha visto bien una personalidad con larga trayectoria de izquierda como es Teodoro Petkoff. “Chávez ha comenzado a recorrer, ahora sí, el camino hacia la dictadura -escribió en su diario Tal Cual-. ¿Se lo va a calar el país?”. Es la pregunta que todos nos hacemos.

Diciembre 23 de 2010

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Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

En un país amenazado por el terrorismo, como el nuestro, los servicios de inteligencia del Estado cumplen un papel vital de defensa.

Estamos asistiendo en Colombia a un divorcio muy extraño: el que se está creando entre la opinión pública y muchos de quienes en la prensa hablada y escrita creen representarla.

El mejor ejemplo de esta profunda desavenencia está simbolizado por la imagen agradecida y muy favorable que la gran mayoría de los colombianos guarda del presidente Álvaro Uribe y la que hoy de él furiosamente intentan ensombrecer muchos columnistas. Poco les falta para que, con el apoyo de las ONG y los colectivos de abogado de siempre, acaben haciéndolo responsable de delitos de lesa humanidad.

Por lo pronto, la distorsión más escandalosa que uno advierte en estos colegas tiene que ver con las famosas ‘chuzadas’. Comparto con Francisco Santos la certeza de que el presidente Uribe nunca las autorizó. Pero me atrevo a hacer esta pregunta: ¿Dónde estaría el supuesto delito cometido en este campo por los funcionarios del DAS? En un país amenazado por el terrorismo, como el nuestro, los servicios de inteligencia del Estado cumplen un papel vital de defensa. Y uno de sus recursos de investigación y control es la intercepción de comunicaciones telefónicas. O las ‘chuzadas’, si así quieren llamarlas. Son prácticas propias de los servicios de inteligencia en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Israel y en otros países más de claro perfil democrático. No son vistas allí como una amenaza a la democracia, ni como un atentado a los derechos humanos, sino como la manera más eficaz de impedir la sigilosa penetración del terrorismo y del narcotráfico en las entrañas mismas del Estado.
Oigo ya los gritos de protesta por estas afirmaciones.

“¿Cómo puede aceptarse -dirán muchos comentaristas- que magistrados, senadores o periodistas sean espiados? ¿No es acaso una violación de su vida privada? Entiendo que a primera vista ello suscite alarma. Pero si se advierte que hay ofertas indebidas a falsos testigos, si se comprueba que ciertos magistrados han aceptado invitaciones y prebendas de personajes nada recomendables o que senadores y periodistas llegan como Pedro por su casa a los campamentos guerrilleros y aparecen a título de colaboradores y amigos en los correos de ‘Reyes’ o del ‘Mono Jojoy’, convertir en delincuentes a quienes han decidido seguir sus pasos es francamente injusto.

La regla es "Guerra contra Uribe"

No logro ver a nuestros magistrados de la Corte Suprema como santas víctimas de persecuciones. Me basta recordar los atropellos cometidos por la CSJ con personajes como el coronel Alfonso Plazas, Álvaro Araújo, Mario Uribe, Gómez Gallo, Ciro Ramírez, Jorge Noguera y muchos otros condenados o detenidos con base en testimonios nada fiables, cuyo caso he seguido de cerca. Tales medidas o fallos sólo se explican por la guerra que la máxima instancia judicial de Colombia libra contra el ex presidente Uribe.

Se ha hablado de crear “la era o el gobierno de los jueces”, o sea la configuración de un nuevo estilo de poder que busca imponerse sobre el Ejecutivo y el Legislativo. Algo nunca antes visto entre nosotros. ¡Ojo, doctora Viviane Morales! A usted le va a corresponder impedir desvíos y atropellos que pueden afectar nuestra vida democrática.

Hay que impedir que rencores o desviaciones ideológicas sigan fabricando falsos culpables y dejando caer una lluvia de satánicas impugnaciones sobre el ex presidente Álvaro Uribe -un gran mandatario, digan lo que digan-. Pero es un hecho que, a propósito suyo y de los errores cometidos por el Poder Judicial, solo de tarde en tarde se revelan verdades en las páginas de opinión de diarios y revistas. Para descalificarlas, suelen ser presentadas como una vituperable expresión de la derecha, cuando se trata de realidades que el país conoce de sobra.

Diciembre 10 de 2010

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

 

“Es imposible ganar un conflicto asimétrico con un componente exclusivamente militar. Los militares aportamos un elemento de reacción inmediata, de seguridad, pero hoy las guerras desatadas por el terrorismo se apoyan en un enemigo invisible compuesto por actores civiles, narcotraficantes, terroristas, ONG y agentes internacionales.”

Estas palabras del general americano Stanley McCristal, máxima autoridad militar en Afganistán, se refieren a los talibanes, a su particular y exitosa estrategia de guerra, pero si las observamos con atención tienen validez en Colombia. Duramente golpeadas bajo el gobierno de Uribe, las Farc combinan nuevos brotes terroristas con otras formas de lucha que compensan sobradamente su derrota en el campo de la acción armada.

Su guerra asimétrica se advierte en las regiones en donde han sido desalojadas gracias a la presencia y a las acciones del Ejército. Pude comprobarlo en Remolinos del Caguán, remoto municipio perdido en las selvas del Caquetá que tuve oportunidad de visitar hace algo más de dos años. Allí siempre mantuvo su intocable baluarte el frente 14 de las Farc. Hoy, gracias a una Brigada Móvil del Ejército, la guerrilla ha desaparecido, pero la población ha quedado bajo el control de sus más cercanos parientes políticos, los llamados milicianos bolivarianos, a tiempo que emisarios de las Farc compran fincas de la región para el cultivo de la coca. Si un propietario no quiere vender la suya, mueven la cabeza con pesadumbre: “Entonces, tendremos que comprársela a su viuda”.

"Iván Márquez", Hugo Chávez y Piedad Córdoba, en apoyo de las FARC

Sea con milicianos bolivarianos, comandos móviles, asociaciones o comunidades indígenas y comunidades de paz bajo su control, el mismo fenómeno se repite en el Catatumbo, sur de Tolima y Huila, el Putumayo, Cauca, Nariño, zonas de Arauca, Guaviare y Vaupés. De esta manera, las Farc y el Eln logran un real dominio territorial sin que nuestros militares puedan hacer mayor cosa para impedirlo.

En el plano nacional, el mejor avance de la guerra asimétrica lo ha conseguido ‘Alfonso Cano’ moviendo fichas suyas en el tablero de la Justicia. Agentes infiltrados, fiscales y jueces de ideología muy cercana a la suya, falsos testigos, demandas contra mandos militares, senadores, altos funcionarios o contra el propio ex presidente Álvaro Uribe sustentadas por el llamado colectivo de abogados Alvear Restrepo, producen el trofeo de detenciones y fallos aberrantes. La mejor prueba de este concubinato de miembros del poder judicial con amigos de la guerrilla ha sido la protesta de 40 organizaciones ligadas al Partido Comunista por la remoción del cargo de la Fiscal delegada de doña Ángela María Buitrago, remoción dispuesta por el fiscal Guillermo Mendoza Diago. A esta señora se debe la condena a 30 años de prisión del coronel Alfonso Plazas Vega con base en las mentiras de un testigo fantasma, y muchos expedientes que involucran a altos oficiales. Era la mejor pieza de artillería de la guerra asimétrica.

Guerra, por cierto, que cuenta con ONG y efectivos agentes en el exterior. Su arma -quién lo creyera tratándose de amigos de las Farc- son los derechos humanos. En Londres, París, Bruselas y en la propia España se recrudecen ahora falsas denuncias de crímenes de Estado, de sindicalistas desaparecidos, de fosas comunes y otros supuestos horrores encaminados a propiciar un juicio contra el ex presidente Uribe por delitos de lesa humanidad. Al mismo tiempo, ONG internacionales cercanas a Piedad Córdoba y sus amigos les dan resonancia a las propuestas de diálogo de las Farc.

Si esta guerra asimétrica prospera, ni Obama derrotará a los talibanes ni el presidente Santos a las Farc. Se requiere ahora una nueva estrategia de lucha contra hábiles enemigos sin uniforme. 

Septiembre 17 de 2010.

www.eltiempo.com

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Lo peor que puede ocurrir frente a una injusticia monumental es dejar que el país la olvide. Suele ocurrir. No nos gustan los dramas. Estamos cansados de ellos. De ahí que siempre sea más atractivo para los lectores mencionar las sorpresas del Mundial de Fútbol o las novedades que nos esperan con el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. En cambio, deben encontrar cargante que uno vuelva sobre el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Pero la verdad es que surgen nuevas luces sobre la atrocidad del fallo que ahora lo condena a 30 años de prisión. Y nada que hacer: es un compromiso de conciencia señalarlas.

De cuantas notas se han escrito sobre este caso hay una, de especial relevancia, que muchos lectores de este diario no deben conocer. La publicó en la revista Poder la periodista Claudia Morales. Con suma objetividad ella recoge un testimonio tan contundente que, si se le da crédito, justificaría de sobra la sentencia de la jueza María Stella Jara. Proviene de un antiguo cabo del Ejército llamado Édgar Villamizar. Según él, se hallaba en Granada (Meta), en el Batallón Vargas, cuando el 5 de noviembre de 1985 fue trasladado con 14 hombres más a Bogotá para ayudar a las Fuerzas Militares que intentaban recuperar el Palacio de Justicia, tomado por el M-19.

Villamizar declara que luego de dos días de candentes acciones había sido remitido a la Escuela de Caballería. Y allí, según él, vio a los rehenes que habían sido llevados a ese lugar desde la Plaza de Bolívar. Y dice haber escuchado la orden escalofriante que brotó de los labios del coronel Plazas Vega: “Cuelguen a esos h. p.”. Villamizar sostiene haber presenciado cómo los rehenes eran colgados de las manos, torturados con golpes en el estómago y cables cargados de electricidad y cómo, finalmente, sus cuerpos fueron enterrados en un hueco de la Escuela, luego de sacar de allí a un caballo muerto.

Hay que seguir recordándole al mundo las injusticias de nuestra justicia

Tal fue la prueba reina que motivó el fallo. ¿Qué más podría necesitarse? Pues bien, algo pasó por alto la jueza María Stella Jara. Algo que Claudia Morales recoge minuciosamente en su nota. Con sigilo, sin someterse a interrogatorios, Villamizar firmó con otro nombre su declaración: Édgar Villarreal. Pero luego pudo establecerse que ni él ni 14 hombres más fueron enviados desde el Batallón Vargas, en el Meta, a Bogotá. Jamás fueron solicitados en la capital, ni su traslado fue ordenado por el comandante del Batallón. Nunca existió en el Ejército un mayor llamado Jairo Alzate Avendaño (nombre que Villamizar citó como autor de dicha orden).

Además, la Escuela de Caballería nunca recibió el supuesto contingente, fuera de que no disponía entonces de campo de aterrizaje para helicópteros. Y lo más concluyente: un compañero de Villamizar, el suboficial Gustavo Alonso Velásquez, declara que este se hallaba con él aquellos tres cruciales días en la enfermería del Batallón, en Granada. “No me podía mover y el mismo Villamizar me llevaba los alimentos -declaró-. Juntos vimos por televisión lo que estaba pasando en Bogotá.”

Después de conocer en detalle esta farsa (detrás de la cual uno ve la sombra de los insaciables enemigos de Plazas: guerrilla, narcotraficantes expropiados por él o colectivos de abogados mamertos expertos en fabricar crímenes de Estado), uno acoge totalmente el mensaje enviado por Thania, la esposa del militar, a la jueza Jara, hoy radicada en Alemania: “Usted se basó en el testimonio de un testigo fantasma, al cual ni usted ni la defensa vieron, porque nunca se presentó a la audiencia y cuyo testimonio son cuatro hojas llenas de mentiras, en las cuales ni siquiera su firma es auténtica. Su Señoría, usted condenó sin pruebas a un acusado”.

Triste verdad.

Julio 08 de 2010

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Un extraño fenómeno estamos presenciando en esta campaña electoral. Muy poco pesan programas y propuestas. Para tener el favor de las encuestas cuentan más, mucho más, la imagen de un candidato y los efectos emocionales que rodean su nombre. ¿Una prueba? Nadie sabe aún cuál es concretamente el programa de gobierno del profesor Mockus. Conocemos sólo sus buenos propósitos: respeto por la ley, cuidado de los recursos públicos, educación y salud para todos, etc. Pero nada nos dice sobre cómo piensa conseguir estos atrayentes objetivos. Lo hace, en cambio, con pelos y señales, un Vargas Lleras. Pese a esto, el profesor encabeza las encuestas y Vargas Lleras está en la cola.

No es la única injusticia visible en esta campaña. Estaba escuchando recientemente en la radio una detallada exposición de Juan Manuel Santos sobre las cinco locomotoras que se propone poner en marcha para impulsar nuestra economía, cuando tuve que impedir que una señora cambiara de emisora. ¡Qué aburrido!, me dijo. Le habría gustado, estoy seguro, un chisme o una pregunta capciosa de Félix de Bedout en la W capaz de poner contra las cuerdas a un candidato.

Similar situación debe afrontar Rafael Pardo. Nadie le cuestiona sus proyectos, generalmente bien articulados, sino su aire severo y algo distante que escamotea guiños y sonrisas. Pero dentro de las incongruencias de la campaña, me sorprenden sobre todo los juicios superficiales que le llueven a Noemí. Su programa, para quien se detenga a mirarlo, es bastante completo y bien estudiado. Su trayectoria limpia, inobjetable, le da autoridad para combatir el clientelismo y la corrupción. No es débil en términos de seguridad; desecha despejes y diálogos con la guerrilla. Y si de cambios se trata, el mayor de todos lo representaría ella, pues sería la primera mujer en llegar a la presidencia de Colombia. Además, su buen manejo en las relaciones internacionales le permitirían contener y de pronto convertir en alardes amistosos hacia Colombia las amenazas de Chávez.

Los candidatos más opcionados

Entonces, ¿qué se le critica a Noemí? ¿Qué factores juegan en su contra? Cosas, en última instancia, tan poco relevantes como su forma de peinar o de hablar o de reír ante las cámaras, de levantar los brazos, de invocar a Pedro, Juan, Fabio, Manuel, o de hacerle reclamos a Santos en un debate. Si eso es lo que uno oye decir a propósito de ella, dejando a un lado el peso de sus propuestas, es porque en esta campaña los efectos de imagen están manejando las intenciones de voto.

La culpa, con perdón de mis amigos periodistas, es de los medios de comunicación. Un solo debate, el de Citytv, permitió a los candidatos exponer al fin sus propuestas. Fue brillante. En cambio, los de Caracol y RCN, con sus preguntas capciosas (cuántos pares de zapatos tiene, qué haría si su hija decide abortar, etc.), parecían seguir la línea traviesa de Tola y Maruja.

Quien mejor ha aprovechado este carnaval mediático es Mockus. Y no hablo sólo de girasoles, canciones y juegos, sino del aire sincero que tienen sus respuestas, e incluso sus excusas cada vez que mete la pata. Sin embargo, para ser honesto, su acenso en las encuestas merece explicaciones más profundas. Así como en el 2002 Uribe arrastró en su favor las mayorías por ser único candidato que rompió los engaños del Caguán, Mockus recoge hoy la reacción del llamado País Nacional contra nuestro viciado mundo político.

Pero, ¿para dónde va? Misterio. ¿Programas? Etéreos, confusos. ¿Qué excentricidades suyas nos aguardan si llega al Palacio de Nariño? No son descartables. Pero mimos, lápices, girasoles y otros efectos escénicos no van a intimidar a ‘Cano’ ni al ‘Mono Jojoy’. De pronto, con este salto al vacío, pondríamos en una peligrosa ruleta todo lo conseguido por Uribe en ocho años de empecinada gestión.

Mayo 14 de 2010