José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Noviembre 22 de 2011.

Colombia no está combatiendo contra ‘llaneros solitarios’. Cada organismo creado durante los 80 años de historia por el PC2 tiene un papel.

Repetidos informes reportan que alias ‘Timochenko’, nuevo jefe de las Farc, “desde joven se involucró con la izquierda, al entrar a las Juventudes Comunistas (Juco)”.

En El Espectador, Lisandro Duque certifica que alias ‘Alfonso Cano’ militó en las juventudes del Partido Comunista: “ambos fuimos miembros de la Juco en los setentas”, dijo.

Una hagiografía que intentó construir Hugo García (El Espectador) sobre Manuel e Iván Cepeda nos recuerda que Manuel y Yira, padres de Iván, “se conocieron en Bogotá en la Juventud Comunista (Juco)” y que después de vivir décadas en la URSS y Cuba, la familia regresó a Bogotá y, “para 1975, a sus 13 años (…), Iván ya hacía parte de la Juco y seguía a pie juntillas el ejemplo de sus padres”.

En Wikipedia leemos que ‘Iván Márquez’ “en 1977 se vinculó a las Juventudes Comunistas (Juco). Allí hizo parte de las redes de apoyo de las Farc (…); fue congresista en la década de 1980 (…) por la UP junto a Braulio Herrera”.

En entrevista para estudiantes de comunicación, Carlos Lozano, director de Voz, semanario del PC, recuerda cómo tuvo “bajo (su) responsabilidad la coordinación de la separata ‘Juventud’, que salía mensualmente, y la página semanal juvenil de ‘Voz proletaria’. La elaborábamos con un equipo de estudiantes, hombres y mujeres, de mucha calidad, entre ellos, Jorge Enrique Botero”. Lozano y Botero, claro, también fueron Juco.

Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, ambos congresistas del Polo Democrático

Wikipedia dice de alias ‘Joaquín Gómez’, tercero al mando de las Farc, que “fue profesor durante años en la U. de la Amazonia, al tiempo que militaba en la Juventud Comunista (Juco)”.

El jerarca comunista Álvaro Delgado recuerda, enternecido, su paso por Armenia, en donde conoció el fervor comunista de Jorge Rojas, director de Codhes, y del psicópata alias ‘Braulio Herrera’.

Wikipedia informa que alias ‘Raúl Reyes’ “nació en La Plata (Huila).
Ingresó a la Juventud Comunista de Colombia (Juco) a los 16 años. Posteriormente, se inició en el movimiento sindical mientras trabajaba para una planta de leche de Nestlé”.

A la inteligencia militar nunca le pareció que ese común denominador fuera coincidencia. Algunos políticos, periodistas y académicos, en cambio, aseguran que sí; que todos pasaron por la misma escuela de formación política hace años, pero que sus caminos se separaron. Esa es una vía argumental para permitir que la acción encubierta del PC2 sea refugio imbatible para atacar al Estado y para defender a la guerrilla.

El Colectivo de abogados del Partido Comunista (Juco) es el mejor estratega militar: han definido como criminal toda acción del Estado; personalizan en un oficial el presunto crimen y se apoderan de la vocería de las ‘víctimas’. Lograda la sanción penal, quedan legitimados para reclamar millones de dólares al Estado.

Ese dinero no es para enriquecimiento propio, como se está diciendo. ¡No! Con él se financian más denuncias, defensas de guerrilleros y viajes de propaganda negra contra el propio Estado.

El colectivo creó un círculo vicioso infernal, pues pretende destruir la moral de combate de las tropas, la autoestima de los gobiernos y la confianza de los ciudadanos.

¿Por qué en un comunicado del 4 de noviembre, Movice, Sintraunicol y una asociación de ‘derechos humanos’ lanzaron un S.O.S. para ‘salvar a niños campesinos de un bombardeo’ en el sitio preciso en donde se escondía ‘Cano’? ¡Cumplía su tarea! ¡Quería salvar a ‘Cano’ de la prisión o de la muerte!

Colombia no está combatiendo contra ‘llaneros solitarios’. Cada organismo creado durante los 80 años de historia por el PC2 tiene un papel. Incluso, también, alguna finalidad tuvo inventarse el fantasma del PC3.

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Noviembre 09 de 2011

En 20 de abril del 2010, el general González, comandante del Ejército, redondeó los preparativos para activar la fuerza de trabajo conjunta contra Alfonso Cano. Luego de la ceremonia inaugural -con asistencia del presidente Uribe-, el general Joya Duarte y su segundo, el coronel Herrera, abordaron un helicóptero; no querían perder un minuto. El afán produjo descoordinación, chocaron dos aeronaves y ambos oficiales murieron.

Los guerreros recogen los despojos, encomiendan a Dios el alma de sus compañeros, secan una lágrima furtiva y ocupan la trinchera de los caídos. Esa misma noche, el general Suárez ya estaba al frente de la Fuerza.

Combatir a los terroristas no es juego de niños. Muchos soldados cayeron asesinados en las operaciones contra Cano, quien ordenó minar los caminos, desplazar campesinos desafectos -o sospechosos de serlo-, asesinar indígenas y confiscarles casas, muebles y animales. Cano concentró toda la capacidad de fuego posible para defender su santuario -o, mejor, su guarida-. Durante los 18 meses de ofensiva de la civilización, representada por el Ejército, contra la barbarie de las Farc, la defensa y los ataques más activos y letales de Cano no provinieron de las montañas, sino desde Bogotá, Cali y Popayán. Unas oenegés adscritas o cómplices de las Farc, hicieron denuncias y pusieron trabas a la acción de las autoridades; mientras otras, que imitaban aquel canto de las sirenas que casi enloqueció a Odiseo, prometían ‘solución política negociada’ o liberación de secuestrados, pero, eso sí, si se dejaba tranquilo a Cano.

Iván Cepeda, director de MOVICE, junto a Piedad Córdoba y Hugo Chávez

Los primeros días de este noviembre cundía el pánico entre los leales amigos ‘legales’ de Cano. No quedaba otra opción que la fuga. Había sido inútil enviar a centenares de combatientes desde la cercana costa pacífica. Se sentía la derrota. Desolado, el jefe de las Farc aceptó la humillación de tener que separarse de sus ‘marxistas’ barbas y de sus gafas de carey y asumió la pinta de un lampiño cooperador oenegero internacional. El 4, por la mañana, se dispuso a esperar un vehículo que lo alejara del infierno. Inteligencia militar, mientras tanto, nutría la acción de la tropa. No se permitió el acercamiento de carros de los ‘cooperadores’ y, al contrario, comenzó un desembarco masivo de hombres que realizarían una operación rastrillo definitiva.

Al comprobar esto, desesperados, los ‘cooperadores’ pidieron lanzar un SOS para salvar a Cano. A las 9:45 apareció el comunicado ‘denunciando ante la comunidad nacional e internacional’ que “desde las 9:00 a.m. (4 de noviembre), 24 helicópteros del Ejército bombardean indiscriminadamente las veredas (…) Chirriadero y Yarumal del Resguardo Indígena de Honduras (…). A su paso, el bombardeo ha dejado animales muertos y multitudes de niños, niñas, mujeres y hombres atemorizados…”.

Mentían. La balacera fue desde tierra, contra los helicópteros y sus ocupantes. Los tipos del comunicado se jugaron el todo por el todo para obstruir la acción de las autoridades. Pidieron una avalancha de protestas para amilanarlas, porque bastaría un día sin presencia militar para salvar a su líder. Esa desembozada acción criminal no les sirvió. Cano murió y ahora las autoridades los investigan a ellos.

Entre las ‘organizaciones firmantes’ de la ‘denuncia’ vi a Sintraunicol. ¡Claro! Recordé que fueron ellos quienes otorgaron poder al Colectivo de Abogados para denunciarme por calumnia, aquella vez que participaron en una asamblea terrorista en Quito. ¡Ah, y otra vez el Colectivo! Escribí ‘nomadesc’ en Google y, ¡qué casualidad!, apareció su blog como un link del José Alvear Restrepo. Y, claro, no podía faltar ‘movice’, la tapadera fundada por Iván Cepeda, aquella que citó, conjuntamente con el Secretariado, la marcha del 6 de marzo contra el ‘terrorismo de Estado’.

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Septiembre 22 de 2011

¡Sí! 1985 fue año ominoso para Colombia. El Estado hacía agua. Los carteles de la droga vivían su esplendor criminal. Como demonios exterminadores, asesinaban a quien los enfrentara, en particular si eran jueces, policías o periodistas. Además, M-19, Farc y Eln -que abandonaron las cárceles por iniciativa gubernamental-, en lugar de un compromiso de paz serio, utilizaron la apertura política de Belisario para ganar nuevas posiciones de fuerza.

¡Sí! 1985 fue año abominable para Colombia. La Unión Patriótica, que ingenuamente llegamos a considerar como la vía para que el Partido Comunista se zafara de su vieja política de la combinación de urnas y armas y pudiera desmovilizar a las Farc, fue, al contrario, la paganini en la oprobiosa guerra de la coca que libraron las Farc y el cartel de Medellín.

¡Sí! 1985 fue año azaroso para Colombia. La alianza para luchar contra la extradición de colombianos sellada por el cartel y el M-19 -aduciendo coincidencias nacionalistas- produjo el hecho más luctuoso de todos: la destrucción del Palacio de Justicia y la masacre de la Corte.

¡Sí! 1985 fue año vitando para Colombia. Hasta la naturaleza nos castigó con Armero.

Estas tragedias se incubaron desde 1984, cuando el cartel ordenó exterminar a quienes apoyaran la extradición. El 30 de abril sacrificaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara, y el primero de mayo amanecimos en Estado de Sitio. Aplicando el artículo 121 de la Constitución del 86, el Ejecutivo trasladó facultades de juzgamiento de civiles a la Justicia Penal Militar. Un decreto con fuerza de ley liberó a los inermes, vulnerables y amedrentados jueces ordinarios del conocimiento de ciertos delitos y pasó la competencia a la Justicia Penal Militar. ¿Cuáles delitos? Narcotráfico y porte ilegal de armas.

El decreto 1.058 del 84 puso en cintura a los engreídos y amenazantes narcos y guerrilleros. Los comandantes de Brigada no se achicopalaban con las amenazas ni se dejaban seducir con sobornos. Muchas figuras de la mafia y de la guerrilla no salían de su asombro al verse en cárceles que nunca creyeron tener que visitar, porque los comandantes de Brigada, en condición de jueces, y con procedimientos sumarios, los condenaron. Todos los condenados, sean ellos políticos de izquierda o de derecha, están hoy, y para siempre, inhabilitados para ser elegidos al Congreso o a la Alcaldía de Bogotá.

Mockus y Petro en un marcha política en Bogotá

Gustavo Petro es uno de ellos. Él lo niega y recurre a la desmesura argumentativa: “La extrema derecha teme que yo gane (…) son enemigos de la Constitución del 91″. Después entra en materia procesal y exclama: ¡cómo que inhabilitado si ya estuve 15 años en el Congreso! ¡Bueno! También ocurrió con el senador Escrucería y con el concejal embolador, quienes ocultaron sus antecedentes y fueron elegidos. Bastó que alguien hiciera conocer esa inhabilidad ante la justicia para que les decretaran pérdida de investidura. Igual habrá de suceder con Petro, siempre y cuando no impere un designio prevaricador en aquellos a quienes compete decidir.

Dice Petro que no fue condenado sino sancionado (¿? ¡caray!); que el arma de defensa personal no era delito y que contra él dictaron una resolución y no una condena. ¡Falso! En 1985 el porte de armas estaba tipificado en el decreto 100 de 1980, título Delitos contra la seguridad pública, capítulo Delitos de peligro común, artículo 201.

¿Imaginan ustedes si esta misma circunstancia que narramos -pruebas en mano- la viviera un uribista condenado por narcotráfico o porte de armas?

Él alega que fue amnistiado. ¡Efectivamente! En 1990, el Tribunal Superior de Bogotá le revocó una resolución de acusación por los crímenes del Palacio de Justicia. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

NOTA:

Gustavo Petro Urrego fue condenado y pagó la pena por porte ilegal de armas entre 1985 y 1987.

La ley de indulto que luego se le concedió como autor intelectual del asalto al Palacio de justicia es la Ley 77 de 1989, es decir fue promulgada dos años después de que Petro pagó la pena por el delito por el cual fue condenado y nunca amnistiado. Los delitos de Petro como autor intelectual de lo sucedido en el Palacio de Justicia le fueron perdonados en 1990.

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Agosto 30 del 2011

¡Para qué hacer el papel de rey de burlas en el sainete de la impunidad!

Denuncié hace meses, por calumnia, a periodistas de dos grandes medios. ¡Ingenuo! Aquí el aparato judicial solo tiene direccionales de izquierda. Como respuesta: a) me imputaron calumnia por escribir sobre sindicalistas que firmaron manifiesto de apoyo a las Farc; b) declararon ilegal mi prueba reina: el archivo Reyes; c) La grabación de mis conversaciones y las piezas procesales reservadas se emitieron por radio y TV sin que nadie se inmutara.

Comparemos: el ‘profesor Cienfuegos’ fue acreedor de subrogados penales y presunciones favorables. A Bernardo Moreno, Arias y el staff de Minagricultura se los calificó como delincuentes de alta peligrosidad. Ahora están en la mira del Colectivo el general Montoya y Luis Carlos Restrepo, dos héroes de la lucha contra el terrorismo. Plazas Vega está en la cárcel; los determinadores del holocausto son prohombres. ¡Para qué hacer el papel de rey de burlas en el sainete de la impunidad!

Juan Paz publicó este domingo un estremecedor reportaje fotográfico. Después de que Uribe propinara una paliza dialéctica y moral al jefe comunista Iván Cepeda y a sus carnales del Colectivo Alvear Restrepo, las ‘víctimas’ (los derrotados por Uribe) fueron a lamer heridas, rumiar odios y urdir nuevas tramas en una finca de Chía. Al ex presidente ya no lo persiguen con ruidosos ataques dinamiteros o sigilosos francotiradores. Ahora lo acribillan con denuncias penales y con una masiva propaganda negra internacional.

El controvertido magistrado Ivan Velásquez, León Valencia (alias comandante "Gonzalo"), las periodistas Natalia Springer y Claudia López, e Iván Cepeda

En las fotos de Juan Paz, Cepeda, el jefe comunista, posa con cara de rey de la tribu, a quien abrazan, sonrientes y comedidos, sus alfiles: 1) el ex comandante ‘Gonzalo’, del Eln (en pose de vicario de la moral, quien recibe jugosos honorarios por impartir excomuniones a uribistas y absoluciones a los demás); 2) Claudia López y la directora de la MOE (detentadoras de la rara atribución de determinar cuál votación es ‘atípica’ y cuál, en cambio, fue santificada por la inspiración del Espíritu Santo); 3) dos señoras de la plantilla de una empresa de medios (TV y FM Radio) y -¡oh sorpresa!-; 4) don Iván Velásquez -magistrado de la ‘parapolítica’, del caso Tasmania y de las borracheras en Yopal-, a quien abrazan todos -y todas- y posa cual mascota: obsecuente, obediente y leal.

León Valencia, en Mis años de guerra (o, ‘Años de crímenes’), confiesa que su ‘vena’ investigadora le viene de militar en el Eln, porque allí le ordenaron recoger información con todos los “detalles de las relaciones entre narcotraficantes y dirigentes políticos de las regiones y del país” (pág. 197).

Según eso, el infame montaje político judicial contra Uribe, tuvo: 1) un capital semilla (miles de millones) entregado por el gobierno a Renovación Socialista (Arco Iris) como premio a su desmovilización; 2) una metodología formulada por el Eln; 3) un magistrado investigador parcializado, quien suele emborracharse con las figuras señeras de la oposición a la Seguridad Democrática. 4) la presencia ominosa, tras bambalinas, de un duendecillo burlón, que ríe y ríe, puesto que el plan estratégico trazado por el Comité Central del Partido Comunista -fundador de las Farc- es perifoneado, juguetonamente, por un aparato mediático cuyos propietarios podrían ser (¡Dios no lo quiera!) las primeras víctimas del Socialismo del Siglo XXI, cuyo triunfo parecen desear.

¿Víctimas de Uribe, esos, los de las fotos? ¡Pero si viven como pachás por obra de la Seguridad Democrática! ¡Pero si están disfrutando de las libertades de movilización y expresión, antes conculcadas por el terrorismo de las Farc, el Eln y las Auc! ¡Pero si los tipos obtienen ingresos que solo los pueden pagar unas empresas boyantes porque reina la confianza inversionista y la seguridad! ¡Pero…!

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria 

El síndrome ‘pseudología fantástica’ (mitomanía) no es curable. ¿Cómo tratar clínicamente -pregunta López Gijón- la mentira patológica, la continua fabricación de falsedades groseras, la caterva de fantasías inciertas, el engaño complejo sistemático -diferente a la mentira ordinaria-? Según los psicólogos (¡ojo, investigadores judiciales!), el proceso mendaz se vuelve inconsciente y el sujeto se cree sus afirmaciones cada vez más fantásticas. Es trastorno de personalidad narcisista o histriónico, un mecanismo de reducción de la ansiedad por algo de lo que el enfermo no se siente orgulloso. Ante una realidad demasiado anodina y dolorosa de soportar, el paciente miente para obtener atención y ventajas materiales y sociales. Parece que el mentiroso patológico suele ser inteligente y educado.

La semana pasada tuve interesante rifirrafe en Twitter. La revista digital Kien&Ke publicó una semblanza titulada ‘El papá llanero de Daniel Coronell’. El antetítulo contradecía su biografía ‘oficial’: “El padre de Coronell ni es judío ni acaudalado ni poderoso, es llanero”. “Pocos saben -decía K&K-, quién es Coronel Mancipe (el papá), así, con una sola L al final del apellido”. El cronista, sin pereza, develó el misterio: “Es más llanero que el río Cravo. Nació (…) en 1940 en Tame (Arauca). Sus papás (los abuelos de don Daniel) también nacieron en ese departamento”.

¡Sorpresa! Daniel, quien llegó a ser presidente de la comunidad judía de Colombia, informaba que su judaísmo era raizal; que su padre y su tío llegaron de Yugoslavia en brazos de los abuelos, perseguidos por la horda nazi; hacía pensar que su ADN no tenía espirales sino estrellas de David. Como comprobarán en este perfil http://bit.ly/ihhyJZ, Coronel magnifica la aventura de sus abuelos con detalles asombrosos sobre la visa de su padre (ilustre ‘profesor, escritor y embajador’), a quien sus descomedidos paisanos llaman Biyiyo a secas.

Daniel Coronel, pillado en la violación de la ley mosaica

Como casi todos los mortales tendemos a creerle a la gente (excepción hecha de Coronel), nadie averiguó por tales orígenes cuasi épicos. Pero -según Kien&Ke- son más falsos que una moneda de cuero. Hacer yo esa observación en Twitter fue lo que alebrestó a Coronel, a sus áulicos y a sus validos. Movió fichas, hizo presiones y… en el artículo en Kien&Ke desapareció al minuto el antetítulo; y la doble L campeó por toda la página.

¿Por qué, se preguntarán, darle trascendencia a ese embuchado? ¡Allá él y su mitomanía!, dirán. ¡No! Él se encumbró con mentiras sobre sí y maltrata a los demás con el mismo recurso. Eso, que conlleva una injusticia infinita, daña, además, la confianza pública, máxime que el sujeto tiene una inteligencia y malicia del tamaño de la de Tartufo. Al urdir la trama narrada, no dejó cabo suelto. ¿Por qué mencionó Yugoslavia como cuna, no a Alemania, Austria o Polonia? Para evitar tener que construir engorrosas invenciones sobre ancestros. Yugoslavia no existe y, en el fondo, nunca existió. Por eso, a cualquier metiche lo pudo despachar con que su familia procedía, por ejemplo, de Metohija, una de las cinco repúblicas y de las varias regiones autónomas de la efímera Yugoslavia. La doble L también fue un ardid efectivo. Con ese leve cambio creó una zona gris para que los curiosos eskenazis piensen que es sefaradí, y estos, que es eskenazi.

Más fácil cae un mentiroso que un cojo. El inconsciente le jugó una mala pasada y terminó delatando sus móviles en una de sus columnas contra el periodista y político William Vinasco. Este solicitó ingreso al Carmel Club, fundado por la comunidad judía. Coronel descalificó ese deseo como “necesidad de aceptación social”. ¿Cómo calificará entonces una tramoya que, para poder ser coronada, supuso someterse a una circuncisión?

Julio 06 de 2011

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

En El cementerio de Praga, Umberto Eco trae escenas alucinantes que parecen ficción. Simón Simonini, protagonista -personaje con quien Eco integra y ensambla 10 o más sucesos históricos de Europa de finales del siglo XIX-, pasa la vida consumando asesinatos, falsificaciones, traiciones y complots políticos. Escribe, por ejemplo, panfletos en los que incrimina a liberales, judíos y masones que, según Simonini, son la encarnación del Mal.

Un episodio dramático de la historia de Francia, el ‘Caso Dreyfus’, es incluido por Eco en el cuerpo de la novela. La historia dice que el capitán Dreyfus, judío alsaciano, fue ‘escogido’ por la ultraderecha antisemita francesa como víctima para protagonizar un simulado complot antipatriota en el seno del ejército francés. Con ello buscaban hacer estallar un movimiento nacional antijudío, primero, y tender una cortina de humo para ocultar al verdadero traidor, su conmilitón, el comandante Ferdinand Esterhazy.

La banda criminal que planeó semejante iniquidad (el capitán fue condenado a pagar cadena perpetua en Cayena) no calculó la entereza de espíritu de Dreyfus ni la inquebrantable lealtad de esposa y hermano. Pruebas en mano, recorrieron redacciones de periódicos, curules de senadores, salones de los demócratas… La sociedad francesa estaba partida en dos: dreyfusianos y antidreyfusianos; la pluma encumbrada de Emilio Zola, y la aparición de una nueva categoría política, los intelectuales, terminó modificando la correlación de fuerzas, e inclinó la balanza en favor de la justicia. Dreyfus fue liberado y reivindicado.

René Guarín, un curtido, indultado y gritón guerrillero y secuestrador

Los colombianos no conocíamos a la fiscal ante la Corte Suprema Ángela María Buitrago. De un momento a otro, ante la mirada indiferente o cómplice de Mario Iguarán, comenzó a cobrar notoriedad porque enfiló baterías contra los militares y contra algunos personajes de la vida pública, siempre identificados con un rótulo que ella parece odiar: uribista. Hizo llave con conocidas organizaciones especializadas en la defensa judicial de guerrilleros y en representar a los que ellos llaman ‘víctimas del terrorismo de Estado’. Sus intervenciones y autos denotaron siempre sesgo político, que, parece, a nadie preocupó y cuyas consecuencias nadie alcanzó a medir. La funcionaria se fue tomando confianza y, al final de su tiempo, como fiscal, dejaba ver un propósito evidente: producir efectos políticos con cada frase que decía o escribía. El auto por medio del cual imputa cargo de injuria y calumnia a Francisco Santos y a mí es un monumento universal a la justicia ‘clasista’, a la aplicación del derecho penal del enemigo, al abatimiento del régimen político liberal. Colombia, ¡qué cosa terrible!, camina hoy por el sendero de la justificación del ‘crimen altruista’ como ‘arma de lucha política de los oprimidos y explotados’, y la fiscal Buitrago terminó siendo emblema de esa corriente de pensamiento.

El juicio al coronel Alfonso Plazas Vega fue la apoteosis del ‘frente judicial de lucha’: 1) por las víctimas actuó un curtido, indultado y gritón guerrillero y secuestrador, René Guarín; 2) parte civil: uno de los abogados fue defensor de los cuadros del ‘M’ desde las ya lejanas épocas del holocausto; 3) por los operadores judiciales, una fiscal de absoluta confianza de ciertos colectivos de abogados; y unos técnicos capaces de falsificar piezas judiciales que justifiquen una sentencia condenatoria contra Plazas.

No contó esa banda con que saltaría a la palestra alguien dispuesto a ser el epígono de Zola: el director de periodismosinfronteras.com, Ricardo Puentes. Primero desenmascaró a Guarín, y ahora desenterró al ‘testigo’ en cuyas palabras fundaron la condena a 30 años contra Plazas. ¡Me suplantaron!, denunció ante el Procurador. La banda inventó la diligencia y puso la firma… ¡Colombia no sale de su asombro!

Junio 17 de 2011

Saúl Hernández Bolívar

Por Saúl Hernández

La democracia tiene sus bemoles. Bien decía Churchill que se trata del peor sistema de gobierno conocido a excepción de todos los demás. Es decir, es la única alternativa pero está lejos de ser perfecta, precisamente por ser obra humana. Las pruebas de ello las vemos a diario.

Muchos se preguntan por qué el país de mejor desempeño económico en el área y uno de los de mayor crecimiento económico en el mundo en los últimos años, como es Perú, cayó en manos de un caudillo antisistema, golpista, nacionalista, populista, izquierdista y demás, en vez de haber asegurado un tránsito tranquilo a un gobierno que mantuviera el crecimiento sin coartar las libertades.

Lamentablemente, en nuestros países prima una gran capa de votantes que tienen vacíos tanto sus estómagos como sus cabezas —pues la ignorancia generalmente va de la mano de la pobreza—, a los que basta con ofrecerles promesas ilusorias e imposibles de cumplir para obtener sus votos.

La economía peruana ha crecido a un ritmo admirable y sostenido, pero eso no se ha visto reflejado fielmente en el bienestar de los más necesitados porque ese no es un efecto automático. Sin embargo, por mucho que se vitupere al sistema capitalista, este es el único que ha demostrado con hechos su capacidad para brindar bienestar y sacar gente de la pobreza.

Para el comunismo, en cambio, ese ni siquiera es un propósito. A este sistema le es difícil alcanzar bienestar para todos porque la riqueza no se logra por decreto y toda decisión que restringe la iniciativa privada también limita el crecimiento. Por eso, como lo reconoce Felipe Quispe, activista indígena boliviano, el comunismo no es para que los pobres tengan zapatos sino para que todos —pobres y ricos— usen alpargatas, o sea, para que todos sean pobres. Lo que ofrece el comunismo es una igualdad por lo bajo, una igualdad reivindicativa que algunos confunden con justicia.

Lulla, Kirchner y Chávez

Claro que la izquierda ha hecho actos de contrición en países como Chile y Brasil. La llamada ‘Concertación chilena’ gobernó su país por dos décadas con el rótulo de izquierda pero con políticas de derecha. Lo mismo pasó con Lula, de quien se temía que llevara al Brasil por la senda de la estatización de la economía. Nada más errado. No fue sino posesionarse para emprender reformas neoliberales —como la pensional y la laboral— que llevaron a los radicales del Partido de los Trabajadores, su partido, a tildarlo de traidor.

Muchas corrientes de izquierda reconocen que la economía de mercado es la que produce desarrollo y, por tanto, han decidido estimularla o, por lo menos, no obstaculizarla, y tratan de marcar diferencias suprimiendo los excesos del neoliberalismo y propendiendo por reformas sociales humanizantes. El sueño de muchos es alcanzar el estado de bienestar europeo —hoy convertido en pesadilla por la quiebra de varios países—, pero nuestros países están lejos de ese nivel. Entonces, solo queda esperar que el paso que ha dado Perú sea el de practicar un izquierdismo light mientras la economía continúa su marcha exitosa.

El problema es que Ollanta Humala no parece ser un pragmático dispuesto a gobernar cuatro años con inteligencia y sentido común sino un fanático que intentará atornillarse al poder valiéndose de todas las artimañas y sin importar que apenas ganó con un dos por ciento de ventaja, para imponer el modelo chavista. No en vano se rumora que los dinerales que gastó en la campaña fueron aportados por Hugo Chávez.

No será pues progreso lo que tengan los peruanos. Y todo por no tener argumentos en la cabeza para dudar de los ofrecimientos de quienes prometen llenarles el estómago.

Junio 17 de 2011

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Los estudiosos debieran repasar la historia de la ley 684 del 2001. Su vida, pasión y muerte es museo vivo del secular enfrentamiento conceptual entre el partido de los ‘caguaneros’ y el de la ‘Seguridad democrática’, en el cual se enmarca el debate ‘conflicto armado interno sí; conflicto armado interno no’.

Corría el 2001. Colombia era el caos. Luego de años de veleidades apaciguacionistas, el Gobierno y el Congreso abandonaron el lenguaje de “solución negociada del conflicto social y político armado” (inventado por la propia organización terrorista Farc) y asumieron el idioma confrontacional, con la adopción de instrumentos propios de una política de seguridad y defensa nacional.

Antes, Caguán había llenado de razones al Gobierno y a la sociedad para no combatir. Marulanda dejó su silla vacía, pero con el discurso que leyó ‘Joaquín Gómez’ embelesó a la bigornia. Desde ese día fue lugar común que “mientras no superáramos las causas objetivas de la guerra no habría paz; que la culpa del terrorismo era la injusticia; más aún, que el verdadero terrorista era el Estado; y las Farc, las protectoras de las víctimas de ese Estado y las garantes de la vida y el progreso del pueblo”.

Ese lenguaje de las ‘causas’ nos fue inoculado hábil y sutilmente, casi subliminal, con un guión tipo película infantil: leyeron un inventario de marranos y gallinas robados a los campesinos por el malévolo gobierno de burgueses y terratenientes; y describieron a soldados, policías, alcaldes y jueces como una feroz e insensible horda de criminales de Estado.

Pastrana, plantado por "tirofijo"

Curiosamente, nunca nadie le ripostó a ‘Marulanda’ recordándole que el ataque a las ‘repúblicas independientes’ fundadas por el Partido Comunista había ocurrido varias décadas atrás. Estar alzados en armas por algo tan remoto en el tiempo y tan superado por la modernidad y por la Constitución era parecido a lo que pasó con los soldados filipinos, que permanecieron en las selvas desde 1944 hasta 1974, convencidos de que todavía se peleaba la Segunda Guerra Mundial.

La defenestrada ley 684 rompió el embrujo ‘caguanero’ y era panacea contra el empecinado virus terrorista encarnado en Auc y Farc. Institucionalizaba la acción integrada de las autoridades y la comunidad para hacer uso de la fuerza, porque “es deber de todos los colombianos apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas”; hablaba de inteligencia estratégica e involucraba en la tarea a todo el mundo: ejecutivo, legislativo y judicial.

¿Saben qué pasó? Pues aquellos activistas que se empeñan siempre en que digamos que sí, que aquí sí hay una guerra civil, la demandaron ante la Corte Constitucional, porque era ‘guerrerista’. ¿Entonces? ¿Hay o no hay guerra? Claro que sí, según ellos, pero una guerra justa, si se veía desde la perspectiva de las Farc; e injusta, si se veía desde la perspectiva del Estado. Por la época en que ciertas oenegés firmaron la demanda contra la ley ‘guerrerista’, publicaron el libro Colombia, ¡nunca más! En él se lee: “Frente a un levantamiento en armas por parte de grupos que reclaman cambios fundamentales en las estructuras económicas, sociales y políticas (Farc), un Estado tiene dos alternativas: un tratamiento político negociado para buscar soluciones a los reclamos justos, o un tratamiento militar para exterminar la rebelión (…) La opción fundamental del Estado colombiano ha sido claramente la segunda, pero no reduciendo la acción de exterminio a los alzados en armas, sino llevándola a amplias capas de población civil desarmada (…)”.

Guerra es guerra. Si el gobierno Uribe hubiera podido aplicar el sistema de teatro de operaciones que autorizaba esa ley, otro gallo cantaría. Por eso se empeñaron en derogarla. No podían darle esa gabela al Estado.

Mayo 18 de 2011

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

En septiembre del 2002, terroristas atacaron una población nariñense. Uribe, alertado, se puso al frente del contraataque: -Que despeguen los helicópteros que están en Cali -ordenó. -No se puede, señor Presidente, los helicópteros son del ‘Plan Colombia’, exclusivos para luchar contra la droga, no para el ‘conflicto armado’. Incrédulo, Uribe dijo que las tropas llegarían a defender a la comunidad en lo que fuera: “a pie, en mula, en camioncitos”, mientras levantaban la absurda restricción. Teóricos zurumbáticos calificaron por años a las Farc como ‘oposición armada’ e indujeron a hacer declaraciones de neutralidad y a admitir delegados o ‘diplomáticos’ del terrorismo.

Los antecesores de Uribe dedicaron sus mejores esfuerzos a ‘amansar’ a los terroristas y a intentar una ‘solución negociada’. Una carta de Samper al canciller de Alemania, Kohl, es tan tierna con los terroristas, que parece que le estuviera hablando de algún sobrino díscolo: “Su Excelencia: la actividad de la guerrilla continúa ofreciendo las mayores dificultades, sin que las propuestas de reconciliación hayan sido consideradas. Estimaríamos de conveniencia (…) propiciar un diálogo útil y constructivo (con Farc y Eln) que permita alcanzar un sano entendimiento y la paz duradera”.

Palabras apaciguadoras inmovilizan a las tropas. Ciudadanos de más de 200 municipios quedaron desprotegidos, sin cuarteles de policía, porque las Farc los destruyeron. Parodiando a Maquiavelo, el caos se acentuó, porque a un príncipe débil sucedió otro más débil; 40.000 kilómetros de territorio fueron despejados y los habitantes, abandonados a su suerte. Pero esa guerrilla a la que muchos adularon y trataron como ‘fuerza insurgente’, representante de reivindicaciones populares, embrión de un nuevo Estado (The Washington Post calculaba que triunfaría en cinco años), la guerrilla, digo, desilusionó a todos con su catadura asesina y vandálica.

Ernesto Samper y Piedad Córdoba

Con Uribe, el cuento de que estábamos en una guerra civil o conflicto interno armado se difuminó: el tal mando unificado mostró ser una caterva que nunca se reunía o fingía ‘Plenos virtuales’; lo del control territorial era una ilusión que se desvaneció, pues cuando el Estado decidió regresar a los municipios, salieron despavoridos. Y lo único que aprendieron las Farc de DIH fue que una fuerza beligerante podía tomar ‘prisioneros de guerra’. Creyéndose tal, secuestraron soldados y policías y los ofrecieron como mercancía de canje para ‘intercambios humanitarios’.

Con Uribe se acabó el lenguaje diplomático, melifluo y condescendiente. Un impuesto de patrimonio financió la reconstrucción de los cuarteles y los policías regresaron. Varias oenegés nacionales y extranjeras pusieron el grito en el cielo e intentaron impedirlo, alegando que un ‘actor del conflicto interno’, la policía, no podía instalarse en medio de los civiles (ajenos al conflicto); que eso equivalía a usar la población civil como ‘escudos humanos’, en franca violación del DIH. ¡Uribe no respeta el principio de distinción!, dijeron.

Cuando supieron que, además, la policía tenía instrucciones de conformar grupos de cooperantes; pagar recompensa a informantes; y que se conformarían batallones de soldados campesinos, los expertos ‘conflictólogos’, como viudas orientales, rasgaron sus vestiduras y arrancaron sus cabellos, gritando que Uribe no sabía o no quería saber nada de DIH. Fue cuando él les respondió: “¡No reconozco en los grupos violentos (ni guerrilla ni paramilitares) la condición de combatientes; mi gobierno los señala como terroristas!”.

Hay señales ominosas de que estamos regresando al embrujador lenguaje que ya alguna vez nos impuso el terrorismo. ¿Será que al perro sí lo capan dos veces?

Mayo 11 de 2011

José Obdulio Gaviria

Por José Obdulio Gaviria

Nos falta decisión para acompañar a las autoridades en el combate por el trono moral. Sabemos que la causa de la seguridad es justa y la del terrorismo es criminal; pero oímos, indiferentes, cómo criminalizan sistemáticamente las operaciones de la fuerza pública. No exigimos que se las trate con objetividad y respeto.

Una revista y una cadena de emisoras “políticamente correctas” y “progres” venden como verdad este sofisma inventado por las propias Farc (ver ‘Sofismas del terrorismo en Colombia’): que combatirlas es una insensatez; que son inderrotables porque “tienen el apoyo del pueblo”; que qué cuentos de seguridad democrática; que bastará mantener un intercambio epistolar para que logremos un ‘acuerdo de paz’, y que, para el efecto, entreguemos la personería nacional a ‘Colombianos y colombianas por la paz’.

¡Qué raro! Para ellos, los operativos de la fuerza pública siempre conllevan mala fe, sevicia, irrespeto de los derechos humanos. Recuerdo cómo denigraron de quienes dieron por sentado la autoría de las Farc en los actos terroristas de El Nogal, la Universidad Militar y Caracol. Ellos, en cambio, ¡hicieron cerrada y férrea defensa del “buen nombre” de las Farc! Con insidia, echaron a rodar la bola sobre la constitución de una organización terrorista que quería ‘poner a pelear a la izquierda y la derecha dentro del gobierno’. La banda Farc, ni corta ni perezosa, ordenó a su periódico Anncol, y a todos sus panegiristas, repetir el cuento en cuanta ocasión tuvieran a la mano.

En la Colombia real -en los barrios de Bogotá y en los departamentos-, la cosa es a otro precio. Tomemos una muestra cualquiera. En el Diario del Otún de Pereira, Jaime Castaño Torres escribió en su columna ‘Todos contra el Ejército… pero piden seguridad’: la moda de la semana ha sido darle duro al Ejército por el problema de la prisión de Tolemaida. Darío Arismendi se hizo lenguas denunciando el “horrible hecho” y todos le hicieron coro, pero, a renglón seguido, pasan a pedir resultados al Ejército contra la guerrilla. El columnista Castaño nos recordó que existen la guerra política y la guerra jurídica y puso como ejemplo bien conocido el tildar a priori todo procedimiento de la autoridad como un ‘falso positivo’.

Perdimos el trono moral con el acuerdo Obama-Santos

Poca trascendencia dimos a la pérdida del trono moral con el acuerdo que firmaron Obama-Santos. En el documento se da por sentado que en Colombia hay un genocidio contra los sindicalistas. Desde Medellín, el profesor Darío Acevedo puso los puntos sobre las íes en su blog y le dio elementos al Gobierno para que se defienda de tamaño embuste: “La violencia en Colombia afecta a gentes de carne y hueso, a personas de todos los estamentos, clases sociales, oficios y profesiones. Algunos sectores han sido más vulnerados que otros. No sé si habrá estadísticas (sobre) qué porcentaje de campesinos han sido asesinados por motivos o causas políticas o por ser jornaleros. Tampoco hay cifras sobre hacendados (…), ganaderos o cultivadores (…) víctimas de la violencia. (…) cada quien, a su manera, llora sus muertos. Los familiares de médicos, de dirigentes políticos, de policías y soldados, de maestros, de jóvenes barriales, de mujeres, de dirigentes cívicos (…). Los sindicalistas no han estado exentos del mal llamado ‘conflicto armado’ y una Ong (la Escuela Nacional Sindical), de la que soy socio fundador y aún activo, ha venido realizando estudios estadísticos sobre la manera como la violencia afecta el sindicalismo colombiano (…). En el periodo en que se aplicó la política de Seguridad Democrática (…) los informes se impregnaron de un sesgo ideológico y político (…): mostrar que Colombia era el país más inseguro del planeta para el ejercicio del sindicalismo, en el que más dirigentes sindicales eran asesinados y en el que la situación documentada desde 1986 se había puesto peor en los últimos años”.

Abril 14 de 2011