Jacques Thomet

Por Jacques Thomet

Un journalisme d’investigation, París

http://www.jacquesthomet.com/

Traducido del francés por Colombian News

FARC: sus nuevos crímenes de lesa humanidad han hundido los planes del presidente Santos para rehabilitarlas y pavimentar así el camino para su reelección en 2014.

Para mantener sus prebendas, los políticos de todas las tendencias recurren a los artificios más retorcidos, a expensas del pueblo. Sucedió en Francia, con las maletas de potentados africanos a favor del clan Chirac-Villepin. Ahora es el caso de Colombia y de su presidente Santos. Para por lo menos mantenerse en el poder en 2014 y quizás para postularse después a la cabeza de la ONU, el turbio heredero de la oligarquía acaba de perder esa doble apuesta.

Juan Manuel Santos estrecha la mano del antiguo secuestrador y guerrillero, Gustavo Petro -hoy alcalde de Bogotá

Sus dos planes, uno oficial con un proyecto para abrirle el panorama político a los terroristas que se rindan, y el otro, secreto, sobre unas conversaciones de paz con ellos, han volado en pedazos. La matanza de cuatro militares y policías rehenes que las FARC tenían en su poder desde hacía más de doce años, con una bala en la cabeza o en la espalda, explica ese traspiés. Oficialmente, cursaba en el Congreso un proyecto de ley de origen gubernamental que pretendía permitir la reinserción de los terroristas a la vida política si deponían las armas. En secreto, el Presidente Santos esperaba abrir en diciembre esos diálogos de paz con lo que queda de las FARC tras la eliminación de su líder, Alfonso Cano.

Esta revelación fue hecha por Fernando Londoño, ex ministro del Interior del presidente Álvaro Uribe, en su programa de radio “La Hora de la Verdad”. Los nuevos crímenes contra la humanidad de las FARC, con el asesinato el sábado de cuatro policías y militares rehenes, destruyeron las abyectas iniciativas. Poco después de que fuera conocida la noticia de ese acto bárbaro, el Congreso archivó el estudio de la rehabilitación política de los eventuales rebeldes arrepentidos. En cuanto al presidente Santos, su mítico proyecto de dialogar en diciembre con las FARC  (pero con quien), para darse un gran pantallazo, se fue al agua.

Jacques Thomet

Por Jacques Thomet*

Es necesario organizar un referendo para eliminar la actual Corte Suprema de Justicia, la cual está más que nunca en manos de la mafia y de las FARC.

No me corresponde decirles a los colombianos lo que tienen que hacer.  Sin embargo, no veo cómo las redes sociales colombianas de Facebook, que lograron organizar la mayor movilización popular contra el terrorismo de las FARC en febrero de 2008, se puedan abstener ahora de organizar una nueva iniciativa consistente en organizar un referendo que vote el desmantelamiento de la actual Corte Suprema de Justicia (SCJ).

Los ocho años de incesante lucha liderada por el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2008) contra los asesinos de las FARC se ha derrumbado como un castillo de naipes con la confirmación que acaba de hacer la CSJ en el sentido de que los archivos encontrados en las computadoras de alias “Raúl Reyes”, el ex número dos de las FARC,  muerto el 1 de marzo de 2008, a pesar de la validación de su contenido que había hecho Interpol, no tienen valor probatorio para inculpar a los cómplices de los rebeldes.

El llamado del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, contra  la decisión anterior de la CSJ de rechazar  el uso de las informaciones de esos computadores, memorias USB y discos duros, fue rechazado ayer por la CSJ.

Esa decisión permitirá a todos los cómplices de las FARC en Colombia, al más alto nivel, no sólo escapar a la justicia, sino también entablar demandas contra el Estado colombiano y exigir descomunales reparaciones económicas.

Es inocultable que la Corte Suprema de Justicia ayudó con su decisión a los acusados de farcpolítica

Ese ya es el caso del ex diputado Wilson Borja, un agente de las FARC. Demandado por su complicidad activa con la guerrilla gracias a los datos encontrados en los archivos de “Raúl Reyes”, su proceso fue archivado abruptamente por la CSJ. Esa entidad corrompida hasta la médula (ver mis artículos sobre eso), justificó tal decisión por “la ausencia del protocolo necesario, como la presencia de agentes de la policía judicial de Colombia y de Ecuador en el campamento de Raúl Reyes”, al momento del ataque militar colombiano contra el campamento del jefe terrorista.

¿Quién visto a la Corte Suprema de Estados Unidos cuestionar el ataque mortal contra el terrorista Ben Laden realizado por fuerzas especiales de EE.UU., y seguido por la captura de videos, sin la presencia de un funcionario de policía judicial o de un fiscal?

En el caso colombiano, la operación Fénix contra “Raúl Reyes” no se habría podido realizar si Bogotá hubiera invitado a la policía judicial ecuatoriana a subir a bordo de los helicópteros de combate de Colombia pues todo indica que el gobierno ecuatoriano era en ese momento cómplice del  mantenimiento de las FARC en Ecuador. El campamento de “Raúl Reyes” estaba a menos de dos kilómetros dentro de Ecuador, muy cerca de la frontera con Colombia.

Si el pueblo colombiano no reacciona exigiendo la abolición de esa Corte Suprema de Justicia mediante un referendo, no sólo Wilson Borja, sino mañana la activista de las FARC Piedad Córdoba, expulsada de su escaño en el Senado gracias a las pruebas encontradas en las computadoras de “Raúl Reyes”, y todos los otros cómplices de los masacradores, podrán recuperar sus posiciones y ganar, en vez de la celda de prisión que se merecen, miles de millones de pesos, es decir millones de dólares, a expensas de las víctimas del terrorismo.

Agosto 7 de 2011

*Blog Un journalisme d’investigation, Paris

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Traducido del francés por Colombian News

Jacques Thomet

Por Jacques Thomet

Blog Un Journalisme d’investigation, Paris

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En el histórico repunte de los años de Álvaro Uribe, ustedes reencontraron el orgullo de enarbolar la bandera colombiana  en sus ventanas, su dignidad de hombres y mujeres finalmente liberados del miedo, pero sobre todo su libertad de ir y venir por su país sin arriesgar la vida.

Por desgracia eso sólo fue un sueño hecho realidad durante un Eldorado de ocho años (2002-2010), bajo la mano férrea de Álvaro Uribe, un paréntesis primero mutilado y luego minado antes de su inminente destrucción por el régimen político-judicial actual, bajo la presidencia de una “mano negra”: la de su jefe de Estado, Juan Manuel Santos.

Para sobrevivir, vivir bien y evitar los obstáculos, como un caballo ante la barra en una competencia equina, su presidente se amancebó, sin decirlo, pero haciéndolo, con todos los enemigos de vuestra democracia. Los terroristas de las FARC, animados por la debilidad del gobierno ante sus cómplices, han reanudado sus brutalidades en todo el país. Bajo la bota del nuevo presidente, los jueces se regodean poniéndole fin a la persecución de los cómplices de los guerrilleros, en Colombia y en el extranjero.

Algunos ejemplos: el abandono de la investigación contra un vasallo de las FARC, Wilson Borja; la ausencia de inculpación de Piedad Córdoba, una cómplice activa y probada de esos mismos criminales (ver mis archivos); y la decisión de Bogotá de no solicitar la extradición de un agente de las FARC en Chile, Manuel Olate. ¿La razón? Las pruebas contra esa gente, encontradas en los computadores de Raúl Reyes –ex número dos de las FARC, muerto el 1 de marzo de 2008– no pueden ser invocadas como pruebas porque ese decomiso fue considerado como “ilegal” por los jueces cómplices de los asesinos, por haber sido éste realizado  a un kilometro dentro del Ecuador, a pesar de la presencia allí de los terroristas colombianos.

Yo puedo testimoniar de esa realidad ecuatoriana, pues mis entrevistas con Raúl Reyes en marzo de 2004, publicadas por la AFP, se llevaron a cabo en esa área dentro de Ecuador, y no en Colombia.

En un discurso de esta semana, ante los productores de café, Santos denunció la existencia de una “doble mano negra” en Colombia, una de extrema izquierda y otra de extrema derecha. Esta última serían los periodistas que tienen el valor de criticar su deriva en favor de los terroristas.

Si hay una “mano negra” en este bello país, famoso por la competencia, la dedicación, la amabilidad y la pasión por el trabajo de su pueblo, que yo conozco bien, esa es la de Juan Manuel Santos. Este heredero del poderoso grupo mediático El Tiempo, nacido con cucharita de plata en la boca, y formado por su familia para que fuera presidente un día, es la copia exacta de los Presidentes de pacotilla, entre serios e irresponsables, que vacilan entre dos aguas, que los 46 millones de colombianos se han dado en la historia reciente, con la excepción de Álvaro Uribe, quien confirma esa regla no escrita.

Una verdadera mafia dirige de nuevo este país, como en los tiempos de Ernesto Samper, el presidente liberal (1994-1998), que fue financiado por el cartel de Cali por la suma de seis millones de dólares. Su cómplice fue “suicidado”, su ministro de Defensa, Fernando Botero (hijo del famoso pintor y escultor), fue condenado a 30 meses de prisión antes de partir al exilio en el extranjero, y una gran cantidad de testigos liquidados.

El Magistrado Arrubla y Juan Manuel Santos

Exceptuado de condena por un Congreso a su servicio, este siniestro corrompido, que sigue campante en Bogotá, tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos pero conserva su poder de hacer daño, como lo demuestra el nombramiento de gente suya a altos cargos, como Viviane Morales, nombrada Fiscal General de la Nación en 2010 por Santos.

Los próximos días nos dirán si esa mujer, la primera que llega a esa responsabilidad en Colombia, abraza o no la causa de una justicia independiente, en un país donde los jueces de la Corte Suprema están al servicio de la mafia y de los terroristas, como lo he demostrado en mis innumerables artículos.

Las dudas me asaltan a priori. Durante casi dos años, al final de su segundo mandato, Uribe sufrió un golpe de Estado jurídico de parte de esa misma Corte Suprema, que se negó a elegir, a pesar de lo que exige la Constitución colombiana, a uno de los tres magistrados propuestos por el presidente para el cargo de Fiscal General. Recién elegido, Santos se arrodilló ante el dictado de esos magistrados y aceptó presentarles una nueva terna. Así fue como fue designada Viviane Morales.

Pero no descarto que haya una buena sorpresa, si esa alta funcionaria, francófila, francófona y, por lo tanto, imbuida de las virtudes de la independencia judicial, llega a poner fin al suplicio del coronel Alfonso Plazas Vega.

Este héroe de la lucha contra el M-19 fue condenado el año pasado a 30 años de prisión por una juez,  con pruebas falsas, por la supuesta desaparición de once sobrevivientes de la masacre causada por ese grupo terrorista, contra casi un centenar de magistrados que fueron tomados como rehenes y asesinados por los asaltantes del Palacio de Justicia de Bogotá, que los terroristas incendiaron para destruir los archivos contra los barones de la cocaína que estaban a punto de ser extraditados a los Estados Unidos. El jefe de los traficantes, Pablo Escobar, le pagó seis millones de dólares al M-19 para que realizara esa operación.

Las revelaciones de esta semana del periodista independiente Ricardo Puentes, quien ha sido amenazado de muerte, confirmaron el montaje hecho contra el coronel Plazas. El principal testigo de cargo, Edgar Villamizar, acaba de declarar ante el Procurador General, Alejandro Ordóñez, que nunca estuvo presente durante el ataque al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, y que su presunta confesión no había sido firmada por él.

Esta dramática revelación confirma todo lo que he escrito sobre este tema desde hace dos años. Una justicia corrupta en manos de la mafia y de los terroristas, sigue haciendo de las suyas en Colombia, con la “bendición” de las autoridades, incluido Juan Manuel Santos.

Traducido del francés por Colombian News

26 de junio 2011

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/carta-ustedes-viven-en-la-putrefaccion-politica-y-judicial.html/feed 12 http://www.periodismosinfronteras.com/la-cpi-debe-investigar-a-jueces-colombianos.html http://www.periodismosinfronteras.com/la-cpi-debe-investigar-a-jueces-colombianos.html#comments Sat, 05 Jun 2010 15:01:24 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=1332 LA CPI DEBE INVESTIGAR A LOS JUECES COLOMBIANOS

Jacques Thomet

Por Jacques Thomet

El triunfo de Juan Manuel Santos en la elección presidencial, que le asegura ser elegido el 20 de junio próximo en la segunda vuelta para suceder a Álvaro Uribe, ha eclipsado una terrible decisión dictatorial: el encarcelamiento ordenado por una juez cómplice de la mafia contra el ex Jefe de la lucha contra el blanqueo de capitales, Mario Aranguren, y su adjunto, Luis Eduardo Daza, únicamente porque ellos cumplieron su misión!

La Corte Penal Internacional (CPI) deberá juzgar un día a todos los miembros de esa magistratura colombiana corrupta hasta el tuétano y cómplice tanto de los traficantes de drogas como de la barbarie terrorista de las FARC. Ex-Jefe de la UIAF (Unidad administrativa especial de Información en el Análisis Financiero), el equivalente colombiano del Tracfin ( del ministerio de Hacienda francés) y de todos los organismos encargados de combatir los delitos financieros en el mundo, Mario Aranguren, conocido por su integridad, así que su adjunto, son castigados con la cárcel por  investigar al mafioso Asencio Reyes y sus relaciones sulfurosas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los miembros de esa “Corte que suprime la justicia” –su apodo actual–, son conocidos por sus vínculos probados con el narcotráfico y con los terroristas de las FARC, como este blog lo ha revelado en varias ocasiones. El juez español Baltasar Garzón, quien acaba de ser nombrado, por siete meses, asesor del director de la CPI, el argentino Ocampo, conoce bien a Colombia por haber ido varias veces a una reserva indígena. El podría restaurar su reputación, algo decrépita desde que fue suspendido en España, si hace comparecer ante la CPI a los magistrados colombianos, incluida la juez Jenny Jiménez, por complicidad con los criminales.

Al mismo tiempo que la justicia colombiana le concede el beneficio de la casa por cárcel a un asesino bajo las órdenes del jefe paramilitar Don Berna, Mario Aranguren será internado en la cárcel en la Picota, llena de matones, terroristas y mafiosos, los mismos que él había combatido!

La Corte Penal Internacional debe investigar los nexos de jueces con la mafia

¿Qué esperan sus homólogos de las UIAF del mundo entero, incluidos los franceses de Tracfin, para denunciar este atentado contra la justicia?

Los informes de la UIAF sobre tres altos magistrados presuntos culpables de actividades ilegales habían designado cuatro personas en 2008: el ex presidente del Consejo de Estado, Rafael Osteau de Lafont Pianeta, el magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas (su ex Presidente), el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader. Mario Iguarán, el Fiscal General en esa época, conocido por sus vínculos con la extrema izquierda, había archivado el caso sin ninguna acción adicional, a pesar de la acumulación de indicios. Esos funcionarios son sospechosos de tener estrecho contacto con Giorgio Sale, un hombre de negocios italiano detenido y encarcelado en su país en noviembre de 2006 por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. El estaba relacionado con Salvatore Mancuso, el líder paramilitar colombiano extraditado a los Estados Unidos el 15 de mayo de 2008 junto con otros 14 jefes paramilitares. En su restaurante, La Enoteca, en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia, los magistrados de Bogotá tenían mesa franca…

Según una investigación realizada por la revista Semana, de Bogotá, en junio de 2006, 20 de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia había aceptado una invitación para viajar a Neiva (800 km al sur de Bogotá) con sus esposas, el 9 de junio de ese año, para festejar la designación por sus pares de Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los billetes de avión Bogotá-Neiva-Bogotá (cuyo costo fue de más de 10.000 dólares), más el hotel y las fiestas para toda esa gente (por una cantidad indeterminada) fueron pagados por Asencio Reyes Serrano. Propietario de la agencia de viajes “Viajes y Turismo Basán”, este personaje posee un edificio en copropiedad con José María Ortiz Pinilla, extraditado a los Estados Unidos en 2007 por tráfico de drogas. “Nosotros no íbamos a comprobar quien pagó los gastos del viaje y no vimos ningún mal en ese desplazamiento”, respondió sin identificarse uno de los magistrados a la revista Semana. Esa respuesta dice mucho acerca de la facilidad con que se prevarica en la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene nada que ver con la de los Estados Unidos. Yesid Ramírez Bastidas también recibió un regalo de Giorgio Sale, en el año 2006: un costoso reloj de oro, marca Locman. ¡Él mismo lo admitió!

Conclusión (provisional, espero): los mafiosos deambulan por las calles, sobornan a los jueces, pero quienes luchan contra ellos terminan en la cárcel! La senadora Piedad Córdoba, agente de las FARC, aún no ha sido oída, y mucho menos inculpada, a pesar de la apertura de una investigación en su contra en 2008, la cual ha sido confirmada este año. Usted comprenderá por qué, a veces, me canso de gritar en el desierto en este modesto blog ante el silencio cómplice de los medios de comunicación y ante la inercia del ministerio público colombiano.

Junio 3 de 2010

LOS ESTADOS UNIDOS ALBERGAN A UN CONGRESISTA QUE ES CÓMPLICE DE LAS FARC Y DE LA SENADORA PIEDAD CÓRDOBA. LA ADMINISTRACIÓN OBAMA ESTÁ EN EL DEBER DE ENJUICIARLO

Jacques Thomet

Por Jacques Thomet

Esta denuncia que hago, reviste la mayor gravedad, pero está basada en hechos reales y probados; se refiere al Representante (no Senador, como lo anota la prensa colombiana) James McGovern (Demócrata del Estado de Massachusetts). El gobierno colombiano negó una solicitud de Piedad Córdoba para que este representante Demócrata la acompañara en la liberación de seis secuestrados de las FARC, liberación anunciada por los terroristas desde el 21 de diciembre de 2009, y que todavía no se ha materializado.

Es difícil no recordar el horror de esta promesa. Las FARC, que tienen al menos a 800 secuestrados en su poder, todavía no suministran los nombres de cuatro de los seis secuestrados próximos a ser liberados –algunos de ellos han estado encadenados durante 11 años-, y su cómplice, la senadora colombiana Piedad Córdoba, acreditada por la guerrilla para recibir a los rehenes, intenta montar un nuevo espectáculo, como lo ha hecho en las liberaciones anteriores a cuenta-gota, invitando personalidades amigas de la guerrilla a acompañarla.

Mis revelaciones sobre la elección de Barack Obama obviamente aún sufren la atención de los medios de comunicación mundiales, pero quién sabe si la prensa americana no terminará por examinar este escándalo.  ¿Se imagina a un senador americano vinculado a los terroristas talibanes para frustrar la ayuda de los EE.UU a Afganistán?

“No me lo imagino”, dirá usted. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo en Colombia con James McGovern.  Y por ello es que Álvaro Uribe excluyó su nombre, propuesto por Piedad Córdoba.

Nancy Pelosi, Piedad Córdoba y James McGovern

Si la justicia americana hace su trabajo, el demócrata James McGovern algún día será llamado a declarar por la Fiscalía norteamericana. McGovern es mencionado por el portavoz del Ministerio Público, James C. Jones, en los 37.000 documentos incautados en los ordenadores de Raúl Reyes, el cabecilla de las FARC muerto por el ejército colombiano el 1 de marzo de 2008. ¡Estos documentos mencionan la intermediación de McGovern y su intención de ayudar a los terroristas de las FARC…! ¡Y esto, como si los guerrilleros hubieran tenido, aunque fuera por un segundo, la intención de hacer la paz..!

Al contrario, todos los mensajes y textos de Raúl Reyes, que publico en mi libro sobre los Secretos de la operación Betancourt (fayard), demuestran la determinación de los terroristas de proseguir la lucha armada, y el deseo de Piedad Córdoba para que Ingrid Betancourt no fuera liberada (que fue liberada por el ejército, el 2 de julio de 2008). Ahora bien James McGovern estuvo a la cabeza del grupo de presión anticolombiano frente al Congreso norteamericano, desgraciadamente con éxito, me atrevo a decir, ya que esto significará para mí otro escándalo. Es debido a la presión de McGovern que el congreso norteamericano ha rechazado la adhesión de Colombia al Tratado de libre-comercio (TLC) con los Estados Unidos, y ahora también está presionando para que se disminuya la ayuda norteamericana a la lucha contra la droga y las FARC, conseguida en el 2000 gracias al Plan Colombia, que los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana habían firmado en Cartagena el 31 de agosto.

Piedad Córdoba y sus cómplices de las FARC en su visita a Venezuela

Ha llegado el momento,  a la luz de estas precisiones, de alertar la nueva administración estadounidense sobre la intoxicación de la cual fue víctima, incluso antes de asumir su cargo, por parte de McGovern y Compañía.

El equipo de Barack Obama asegura que no esta a favor -a priori- de la integración de Colombia al TLC, hasta tanto la situación de los derechos humanos no mejoren, en particular, respecto a las sindicalistas. Esto es lo que siempre ha dicho McGovern. Repiten lo que el representante Demócrata ha dicho desde siempre; con falsedad.

Pero la situación real de los Derechos Humanos en Colombia es otra.  Los crímenes contra los sindicalistas se redujeron en un 82% desde 2002, ¡fecha de la primera elección de Álvaro Uribe a la Presidencia de Colombia! ¡Este país esta experimentando una renovación, un renacimiento de libertad sin precedentes, con editorialistas y columnistas que tratan al jefe del Estado de todos los nombres y lo acusan como desean, sin preocuparse de retaliaciones, ¡algo que no sucede ni siquiera en Francia o en Estados Unidos..!

Tal libertad y apertura existe a pesar del terrorismo vigente de las FARC, terrorismo que McGovern se cuida muy bien de no estigmatizar abrigando, sin esperanza, la idea de convertirse en el salvador de Colombia gracias a sus vínculos con los FARC.

Colombia y los EE.UU demuestran una tolerancia asombrosa con sus enemigos. Ni James McGovern ni Piedad Cordoba han sido llamados todavía ante las respectivas justicias de sus países.

Y creo que ha llegado el tiempo de poner fin a esta deshonra.