Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Febrero 05 de 2012

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito”. Definición de la Real Academia perfecto para calificar la sentencia sobre Plazas Vega.

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo. A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente.

La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito. Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con un docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel “que cuelguen a esos hp”. En el testimonio presentando por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma. Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Edgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Y los colombianos nos seguimos preguntando, ¿Por qué Plazas Vega aún no está libre?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de once, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un es director de Medicina Legal. En todo caso, Plazas Vega ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como “autor mediato en un aparato organizado de poder”. Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado. Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

Iván Cepeda, "Vlado", Felipe Zuleta, Alfredo Molano y Hollman Morris, en un evento literario

El Centro de Pensamiento Primero Colombia, publicó la declaración del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, acerca de los ataques del aparato mediático de las Farc contra el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo. El texto es el siguiente:

El día viernes 27 de enero de 2012, el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, en calidad de representante del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, viajó a Panamá con el objetivo de presentar ante la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia y los medios de comunicación un documento respaldando el asilo político otorgado en ese país a la ciudadana colombiana María del Pilar Hurtado. En el mismo documento se aportaron pruebas de los nexos FARC con el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y de la militancia en la Comisión Internacional de las Farc, del periodista Hollman Morris, en calidad de corresponsal de guerra de ANNCOL (Medio informático de las FARC).

El día viernes antes de partir hacia Panamá el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, otorgó entrevistas en la FM radio:

http://www2.lafm.com.co/audios/colombia/27-01-12/abogado-jaime-restrepo-dijo-qu-1049 y en la W radio:

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-abogado-jaime-restrepo-afirma-que-tiene-pruebas-que-indican-que-el-periodista-hollman-morris-es-militante-de-la-comision-internacional-de-las-farc/20120127/oir/1613199.aspx denunciando con prueba documental a miembros del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y al periodista Hollman Morris.

La delegación del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, encabezada por el abogado Jaime A Restrepo Restrepo, regresó de Panamá al día siguiente, sábado 28 de enero de 2012 y encontró que ese mismo día el periodista Juan Diego Restrepo E, publicó el artículo titulado: ¿Abogado Jaime Restrepo, usted es alias “Samuel”?, publicado en Semana.com, en el link: http://www.semana.com/opinion/abogado-jaime-restrepo-usted-alias-samuel/17120http://www.kienyke.com/2012/02/01/jose-obdulio-el-guardian-de-la-moral/#.Tykph07Qmms.mailto5-3.aspx

INDICADOR DE IMPACTO:

El artículo calumniador publicado en Semana.com, advierte, bajo el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, una respuesta mediática vindicativa en contra de las acciones jurídicas, políticas y comunicacionales efectivas adelantadas por el abogado Jaime A Restrepo R y el Bloque Humanitario GRM, en contra del PC3, Movimiento Bolivariano de las FARC y el TPO (Trabajo Político Organizacional) del ELN. No es coincidencia el pronunciamiento del periodista calumniador el mismo día de regreso a Colombia. Se advierte a todas luces una ofensiva de los combinadores de todas las formas de lucha, para desacreditar al abogado denunciante, como respuesta al trabajo de contradictor realizado en Panamá. Se ponen en evidencia los nexos FARC con el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y de la militancia en la Comisión Internacional de las Farc, del periodista Hollman Morris en calidad de corresponsal de guerra de ANNCOL (Medio informático de las FARC)

EL CALUMNIADOR: El periodista y desinformador JUAN DIEGO RESTREPO E, quien publicó el artículo titulado: ¿Abogado Jaime Restrepo, usted es alias “Samuel”?, es columnista en la página Web de la ONG: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en la página del ELN: Rebelión.org, en la pagina Web de Nuevo Arcoíris; escribe como coordinador de la agencia de noticias del IPC, ostenta artículos publicados en ANNCOL y en otros artículos virtuales que ilustran no solo su posición ideológica sino además sus escritos de ataque a todo aquello que se relacione con el expresidente Álvaro Uribe Vélez o con las Fuerzas Militares de Colombia.

http://www.colectivodeabogados.org/Juan-Diego-Restrepo-E (La Guerra se mide por litros de sangre, dijo un oficial del ejercito colombiano)

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62526 (El Periodismo Colombiano atiza odios y remueve pasiones)

http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008264

http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001800

http://es.scribd.com/doc/39363594/Libro-Embrujo-WEB (Libro:Continuidad o Desembrujo?)
http://www.voltairenet.org/_Juan-Diego-Restrepo_?lang=es http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4609 http://www.clubfutbol.biz/forum/index.php?topic=338.0

PATRÓN MASIVO Y SISTEMÁTICO: Una vez lanzada al imaginario colectivo la calumnia y desinformación por su camarada periodista, iniciaron una campaña mediática a gran escala con su caja de resonancia mediática pro FARC y acudirán a sus maquinarias infiltradas en la administración de justicia y destinarán sus grandes capitales para comprar conciencias direccionadas a sicariar moralmente y desacreditar al abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, pretendiendo consecuencias jurídicas en contra del abogado objetivo.  Modus operandi que ya inicio en los siguientes medios que se han encargado de multiplicar la calumnia:

Página Web de las FARC:

http://anncol.info/index.php?option=com_content&view=article&id=843:es-usted-alias-samuel&catid=77:personal-tech&Itemid=596

Página Web de KienyKe :

http://www.kienyke.com/2012/02/01/jose-obdulio-el-guardian-de-la-moral/#.Tykph07Qmms.mailto

Twitter de León Valencia. (Denunciado por el abogado Jaime Arturo Restrepo, por crímenes de lesa humanidad determinados y ejecutados en su militancia con el ELN)

Twitter de Hollman Morris. (Denunciado por el abogado Jaime Arturo Restrepo, por su militancia en la Comisión Internacional de las Farc)

DENUNCIA PENAL: El Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, en cabeza de su representante calumniado y amenazado sistemáticamente en los artículos calumniadores y en las opiniones de los pie de páginas, presentará denuncia penal por el delito de calumnia contra el periodista JUAN DIEGO RESTREPO E,  HOLLMAN MORRIS, LEÓN VALENCIA, OSCAR SEVILLANO, y contra los comentaristas de los mencionados artículos que han injuriado y calumniado el nombre del abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo.

Adenda del Editor: Posterior a este comunicado se conoció que el gobierno de Panamá decidió ratificar el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado. Las FARC no perdonarán fácilmente esto.

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Febrero 03 de 2012

¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.

Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.

Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.

Petro, antiguo guerrillero del M-19 y hoy alcalde de Bogotá. Aquí en su extraña campaña de desarme

Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.

Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como “coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada” (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.

Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/delirium-tremens.html/feed 3 http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html#comments Fri, 03 Feb 2012 14:14:47 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5305 En respuesta a un fetiche

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

Febrero 3 de 2012

Para mí, como católico, fue una experiencia inolvidable. Cuando llegué a la Plaza de Bolívar me impresionó el río de gentes y se me erizó la piel, literalmente. (El grafitti del M-19 vive en la puerta del Palacio de Justicia, todavía está).

Logré llegar a la entrada de la Catedral, a la cual no iba desde la misa que se dio en honor al mismo Álvaro Gómez un día después de su vil asesinato. Lo que yo vi fue el rostro de esas gentes y lo que veía era el rostro de unas personas llenas de fe y de esperanza. Rezando el rosario, en silencio, como debe ser. Sentí un calor humano que sobrepasaba cualquier dimensión. En la Catedral, el silencio de la oración. Nadie se movía. Todos hacíamos un acto de fe.

De todas las imágenes que existen de Juan Pablo II, guardo cuatro, especialmente: su sonrisa, sus ojos azules, su cara de dolor ante su enfermedad y su rostro cuando Ali Agca, el turco, le disparó a quemarropa en la Plaza de San Pedro.

Juan Pablo II fue para mí el último gran líder de Occidente que rescató los valores básicos de la sociedad: la familia, la riqueza espiritual, el individuo y su responsabilidad frente al mundo. Fue un líder en toda la dimensión.

Atentado a Juan Pablo II

La sociedad está en crisis por la inversión de valores que está padeciendo. Juan Pablo II fue el líder que nos difundió todos los valores cristianos que necesita la sociedad de hoy. Una sociedad caída en el egoísmo, en el materialismo y en una relatividad moral a ultranza. Una sociedad donde se defiende el derecho a la vida de los animales, pero se permite el aborto a los humanos.

La Fe nos ayuda a sobrellevar las inmensas dificultades que padecemos a diario y si existe una razón para que Colombia sea uno de los países más felices del mundo debe ser, precisamente, porque la mayoría de los colombianos damos gracias a Dios y hacemos actos de fe, como el que se vivió durante esos días con la Reliquia del Beato Juan Pablo II.

Y en este caso, como con Uribe, existe un divorcio entre lo que piensan y opinan las matrices de opinión de Bogotá, como el fetiche que escribió un infame editorial en El Tiempo vs. la creencia popular. El sentir popular.

Puntilla. ¿No resulta irónico que se divulgue con bombos y platillos la ley antitrámites por parte del Gobierno de Santos Chamberlain y el Dr. Ortega de la DIAN nos ordena 11 formularios para declarar renta?… Devolviéndonos en el tiempo, no de los santos, al menos 30 años en materia de reportes de información tributaria. Muchas gracias al Dr. Ortega.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html/feed 1 http://www.periodismosinfronteras.com/continua-el-horror-judicial.html http://www.periodismosinfronteras.com/continua-el-horror-judicial.html#comments Wed, 01 Feb 2012 20:20:22 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5285 El veredicto de 608 páginas: continúa el horror judicial

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

31 de enero de 2012 

La sentencia que condena en segunda instancia al Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del palacio de justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los  dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido  que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas  por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio de las instituciones y de las Fuerzas Militares, orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución,  a las leyes y a los organismos de control  del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados  Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país  que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al Coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino  asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

Ex presidente Belisario Betancur Cuartas

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno  hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas?  ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las fuerzas militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega?  Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse?  Un proceso equitativo, lo que algunos llaman  “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena?  Nadie

Pablo Escobar financia muchas actividades criminales del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue una más de esas acciones

lo sabe.  No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia. El no convalidó la condena. El pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p.968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de  16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, que  “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. El tuvo que demostrar su inocencia.  Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El Coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer  cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–), pudieron haber sido cometidos.  ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Juez María Stella Jara

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato).  Esa teoría los lleva a caracterizar  al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica  de la sentencia de primera instancia y de la sentencia  reciente, donde encontró  muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”.  Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. (p 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que

Magistrado Hermes Darío Lara Acuña

en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales  de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p.935).  En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera.  El comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano,  César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”.  El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas  del Ejército aportadas por una de las partes, pues él estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a

Tirso Sáenz, uno de los falsos testigos que la fiscal Ángela María Buitrago intentó usar contra el coronel Plazas Vega

algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615).  Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera.  El critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

El explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos.  “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara,  “no  lo reconocen como la persona que sale” del palacio.  Hermens Darío Lara Acuña se pregunta  cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera,  logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p.935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del palacio de justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto,  la teoría de la estructura organizada de poder no funciona.  En primer lugar,  él destruye  el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él,  y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron  policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”.  Sobre esa base, Lara Acuña desbarata  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias  de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército nacional  “fue el que manejó  todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (páginas  957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

José Félix Lafaurie

Por Jose Félix Lafaurie

No es la primera vez que Human Rights Watch (HRW) despliega su desconcertante discurso en defensa de los derechos humanos con un doble y amoral rasero y un reduccionismo argumentativo, que evidencia su animadversión por la institución castrense. Solo que esta vez cayó en una indebida intromisión por no ser vocero oficial del gobierno americano. Su advertencia, de llevar al país ante la Corte Penal Internacional o reducir la ayuda militar, no asustó el Ministro de Defensa. En cambio, sus demandas para desmontar el Fuero Militar de la Reforma a la Justicia, tuvo un sonoro “Pues NO” del titular de Justicia. Y sonó a un intento por amordazar a nuestros militares y descalificar al Estado en su legítima lucha contra el terrorismo.

¿Qué hay detrás del activismo de HRW que exculpa a criminales, pero hostiga a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se pronuncia sobre el “Marco jurídico para la paz”, que abre troneras a las amnistías, desconoce normas internacionales en DDHH y DIH y permite que criminales amnistiados participen en política? ¿Por qué calla sobre la propuesta de las Farc para elevar a norma constitucional el canje humanitario, como si se tratara de una mercancía? ¿Dónde están sus pronunciamientos en favor de los 7.000 militares asesinados y los 20.000 heridos en la última década? ¿Por qué no hace sus discursos en el Batallón de Sanidad, donde asisten 4.600 hombres caídos en las minas que siembran las guerrillas?

Sus dardos contra el artículo que busca restituir y fortalecer el Fuero Penal Militar, acusan ignorancia y olvidan los derechos humanos de los militares, que también los tienen. El gobierno ha sido claro. El Fuero Penal Militar no es un privilegio, no es un instrumento de impunidad o un esguince a la comisión de delitos de lesa humanidad. Es, ante todo, una garantía de defensa técnica, para que la fuerza pública tenga como juez natural a aquellos que conocen el terreno y las particularidades de la guerra contra el narcoterrorismo.

José Miguel Vivanco, de HRW, y Juan Manuel Santos

La hostilidad ideológica de HRW, que presiona para que la Justicia Ordinaria conozca la totalidad de los hechos, desconoce al menos tres aristas: La primera radica en la eficacia de la Justicia Ordinaria. Un reciente estudio de Anif demuestra que sus resultados son “bastante mediocres”. Para solo mencionar un indicador: tiene pendientes por evacuar 2,9 millones de procesos, 6.337 por cada 100.000 habitantes en 2010, en comparación con 6.226 de 2000. Es decir, continúa acumulando una década después.

La segunda es que existen tácticas e infracciones de la estrategia militar que son de estricta competencia de la jurisdicción castrense. Por tanto requieren jueces especializados en la naturaleza del accionar en combate. Con un atenuante, los problemas de independencia que reclama HRW, hace rato fueron superados. Los jueces militares de hoy cumplen funciones exclusivas en este frente, que dejan sin piso la carencia de objetividad por la relación en la línea de mando.

Finalmente, el propio Ministro de Defensa designó a una comisión de expertos, de distintos linajes ideológicos, que tendrá la última palabra para el ajuste integral de la Justicia Penal Militar, en la que han estado empeñados los últimos gobiernos. De este esfuerzo es de donde surgirá un aparato fortalecido y aún más eficiente, incluido el Fuero Penal.

Por todas estas razones carece de fundamento su indebida intromisión. En cambio, bueno es decir, que todos los países en el mundo tienen para sus FFAA el fuero, en especial Estados Unidos que incluso impide que sus nacionales en funciones oficiales sean juzgados en terceros países. ¿Por qué HRW no hace lo propio con su principal financiador? ¿Es esa la amoralidad con la que actúa? El burro hablando de orejas.

@jflafaurie

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/el-burro-hablando-de-orejas.html/feed 4 http://www.periodismosinfronteras.com/todo-por-un-amigo.html http://www.periodismosinfronteras.com/todo-por-un-amigo.html#comments Sat, 28 Jan 2012 22:24:13 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5269 Todo por un amigo

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

Enero 28 de 2012

Durante las vacaciones pensé que, al mejor estilo de los libretistas, debería darle cristiana sepultura al personaje de Santos Chamberlain. Llegué a pensar en Jan Massaryk, un personaje muy importante al comienzo de la posguerra, heredero de una gran dinastía política en Checoslovaquia, con todo a su haber.

Cuando le tocó el turno, a Massaryk le dio por dialogar con Stalin, a quien consideró su amigo. Stalin le dijo a Massaryk que tanto a Checoslovaquia como a Rusia los une la historia y que los checos no podían ser incoherentes con su historia. Que tenían que unirse a una nueva alianza que crearía la URSS, la Cominform, para que Checoslovaquia se convirtiera en el principal aliado de la URSS en Europa del Este. De lo contrario…

Y así fue. Cuando se bajó del avión, al igual que Chamberlain, Massaryk le dijo al pueblo checo que de ahora en adelante y por siempre esta república estaría unida a la URSS. La historia de Checoslovaquia después de la posguerra es conocida de todos. Vivió una invasión y una persecución tan crueles bajo el régimen comunista peor que la de los judíos con los nazis.

Tomas Garrigue Masaryk lee la entrega de Checoslovaquia a Stalin

Todo porque Massaryk convirtió a Stalin en su mejor amigo. Massaryk murió con un remordimiento de conciencia infinito y se dice que su suicidio se debió, precisamente, al profundo dolor que sentía por haber tomado la decisión equivocada.

Durante un almuerzo de comienzo de año, un contertulio de mesa me comenta que “algún día yo me tendré que reivindicar con Chamberlain…”. Le expliqué, a mi contertulio, que “el buque Concordia se hundió en las costas del Mediterráneo porque, al parecer, el capitán fue a saludar a su mejor amigo”.

Para el 2012, Santos Massaryk nos anuncia que no hablaremos de reelección, pero sí de un intenso diálogo epistolar con el teólogo “Timochenko” y con las Farc. Con el beneplácito de su amigo y de todos los idiotas útiles, como diría Lenin, que se prestan para ello.

Como dice un amigo en Antioquia: “Dr. Rafa, vaca ladrona no olvida su portillo”. Dirían los taurinos que el toro volvió por su curso natural. Reculó y se fue para las tablas. El toro se rajó. Santos volvió por sus veletas posiciones.

Mientras tanto, el establecimiento se doblega. Algunas columnistas se enamoran del teólogo. Madame Holguín guarda un silencio cómplice, al igual que Santos, frente al tema de Rangel.

En 20 días las Farc han cometido 120 atentados. ¿Y Santos pretende dialogar con quién? ¿Será que definitivamente sí somos unos pendejos? Contrario a lo que pensaba Santos, Chamberlain está más vivo que nunca. Todo por un amigo.

Puntilla. Decía el tartufo: el mejor editorial es un aviso. ¿Será por esta razón que algunos medios de comunicación en Bogotá se encuentran rodilla en pie, como diría Chávez, frente a Santos?

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

28 de enero de 2012 

¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de la sala penal del TSB.

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en uno de los carnavales que frecuenta. ¿Será allí donde le filtran los rumores?

El Tiempo, en lugar de pedir disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite previo a su anuncio oficial”.

Esa extraña movida, que los abogados del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente, menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?

Lo que no dice El Tiempo es que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones, rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.

Entendemos el por qué de las vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia. No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor montaje judicial de la historia de Colombia.

Nada extraña, pues, que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era ratificada por el TSB, él entablará  el recurso de casación contra la misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios”. Son palabras mayores.

El Coronel Plazas ha sido acusado por la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de “desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido. Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.

Magistrado Hermes Darío Lara. Después de ser un enconado detractor del coronel Plazas Vega, encontró -después de haber sopesado todas las pruebas- que Plazas es inocente

Para vengarse de quienes los derrotaron en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los “desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio. Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador

René Guarín, guerrillero y secuestrador, fue durante varios años fuente de inspiración de la Fiscal Angela María Buitrago y de la juez Maria Stella Jara

indultado del M-19, René Guarín, quien ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado judicial.

El TEI declaró que existió “un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

De ese importante informe del TEI, que las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.

José Vicente Rodríguez, director científico de la exhumación de los cadáveres del palacio de Justicia, sostiene que los restos de los "desaparecidos" están en poder de la Fiscalía

Lo que decían en 1986 sobre falsos “desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

El 27 de febrero de 2011, él reveló tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis. Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.

Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del

Coronel Plazas Vega, héroe que salvó más de 200 personas de morir en manos del M19, hoy está condenado a 30 años de prisión

héroe militar que rescató los rehenes (244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel, sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen haya sido cometido.

Es un montaje grotesco pues la instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como tales) y realizó una operación de substitución de persona, según declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero (no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas. Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.

Tras semejante revelación, la juez María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero, al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar Villamizar.

Los tres oficiales habían sido acusados de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

¿Si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia  contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

Edgar Villamizar Espinel es un testigo suplantado por la Fiscalía General de la nación.

Esas graves ilegalidades fueron expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.

El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

¿Ante semejante acumulación de hechos que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más terribles odios políticos?

Los dos magistrados deberían reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su honor y su respetabilidad.  ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el poder judicial respeta el Derecho?

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

Enero 20 de 2012

Como el tema de Petro nos ocupará varias columnas de opinión y como yo suelo ubicar similitudes de personajes históricos o literarios con mis personajes, decidí que Aureliano Buendía es el nombre más adecuado para Gustavo Petro. Aureliano Buendía es el segundo hijo de José Arcadio, quien comanda un ejército revolucionario para luchar contra el régimen conservador en la obra de García Márquez Cien años de soledad.

Gustavo Petro, a su vez, hizo parte del M-19, un grupo guerrillero que luchó contra el sistema democrático. Ese movimiento sembró el terror en Colombia durante casi dos décadas hasta cuando en 1991, después de secuestrar a Álvaro Gómez Hurtado, se llega a la Constituyente.

La Constituyente de 1991 fue uno de los aportes más importantes de Álvaro Gómez en su vida política. Tan así que Gustavo Petro hace referencias a él y Navarro Wolf también.

Unas semanas antes de la toma del Palacio de Justicia, el comandante Aureliano, del M-19, quien luchaba contra el régimen conservador del momento, montó una serie de “cambuches” con sus partidarios en las afueras de la Plaza de Bolívar. La consigna era: Colombia se mueve, con el M-19.

Diría José Arcadio: “Quién se imaginaría que tiempos después quienes nos defendieron ese día ‘por la democracia, maestro’ están en la cárcel y quienes nos atacaron, algunos de ellos, se encuentran gozando de las mieles del poder y otros fingen de pastores”.

Petro anda apareciendo en los medios con animales alzados. Consejos de sus asesores

Dicen los taurinos que desde el primer toro se sabe cómo será la corrida. Los primeros anuncios de Petro no permiten visualizar algo bueno de su gestión como alcalde. Y denotan una ignorancia infinita sobre los temas esenciales para la ciudad, como bien comenta Peñalosa.

Otro hándicap es que a Petro solamente lo eligió 30% de los bogotanos. Petro arranca con 70% de bogotanos, como yo, que no votamos por él. A quien debería conquistar es a esa franja de 70% y eso no se logra a punta de “pura paja”, como dice María Isabel Rueda.

Ni contra las corridas de toros. “Toros sí, Petro No”, gritaban en la plaza de la Santamaría. Comenzó mal porque de entrada ya se enemistó con 200.000 personas que van a la temporada taurina en Bogotá.

Sin quererlo, Petro se encuentra como en una corrida de toros. Y cuando las corridas de toros no salen bien desde el comienzo, la tarde se vuelve larga y tediosa. Y si el toro no embiste, recula como Santos, que salió sin casta, se rajó y se fue para las tablas.

¿Petro sin salida? No necesariamente. A Petro solamente le queda una salida. Y esa salida es hacer las cosas bien, sin “chambonadas”. Y sin las provocaciones demagógicas de la izquierda.

Puntilla. ¿No resulta irónico que Petro defienda los espectáculos por la vida pero, a su vez, defienda el aborto para los humanos? Al igual que Camilo Sánchez.

Olivo Saldaña y el Dr. Jaime Restrepo

COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA.

El domingo 15 de enero de 2012, noticias UNO informó que Raúl Agudelo, alias “Olivo Saldaña” fungiría en calidad de testigo de la Fiscalía en la investigación que se adelanta por la presunta falsa desmovilización de la Compañía Cacica La Gaitana. El lunes 16 de enero de 2012 la directora de la ONG Manos por la Paz, Liduine Zumpolle, vistito en la cárcel la Picota a “Olivo Saldaña” llevando razón de la Fiscalía para que este colaborara con la justicia y se beneficiara en contraprestación del principio de oportunidad. En virtud de los anteriores acontecimientos en mi calidad de abogado defensor de Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña, me dirigí el miércoles 18 de enero al pabellón de alta seguridad de la Picota, donde mi defendido me manifestó, que recibió la oferta de mil millones de pesos, de un sector de las autodefensas ilegales desmovilizadas que se sienten traicionadas por el tema de la extradición, para que su dicho en el juicio comprometiera al Dr. Luis Carlos Restrepo, Excomisionado de Paz. También afirmó que uno de los extraditados del proceso de justicia y paz se comprometió a devolverle al narcotraficante Hugo Rojas unas tierras que le quito en el municipio de Caucasia Antioquia, en contraprestación a que direccione su dicho contra el Dr. Luis Carlos Restrepo, en el juicio del caso de la cacica Gaitana. Además me informo que para el día jueves 19 de enero de 2012, un día antes de la audiencia de formulación de cargos, recibiría según la razón de Zumpolle una comisión de la Fiscalía, donde le concretarían las condiciones del negocio jurídico (Principio de oportunidad).

Hoy Jueves 19 de enero de 2012 a las 19:07 del numero de celular 3016361699, los abogados defensores recibimos llamada de Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña, manifestando su voluntad de ceder a las pretensiones de la Fiscalía, aceptando cargos en contraprestación a los beneficios del principio de oportunidad.

Es pertinente informar a la opinión publica que en el pasado el dicho de Olivo Saldaña en las versiones libres de Justicia y Paz , en su declaración ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, sala de Justicia y paz y ante los medios de comunicación ha sido reiterativo y enfático en afirmar la inocencia del ex Comisionado de Paz y de los miembros de las fuerzas militares que participaron en la cuestionada desmovilización.

Así las cosas, considerando los anteriores hechos manifiesto ante la opinión publica mi voluntad irrevocable de renunciar a la defensa técnica de Raúl Agudelo alias Olivo Saldaña en Justicia y Paz y ante la Fiscalía 16 Seccional Contra la Corrupción y/o Jueces de Control de Garantías de Paloquemao por el caso de la Cacica Gaitana, amen de salvaguardar una posición moral de no prestarme como cómplice de una infame injusticia de presiones jurídicas y ofertas ilegales, que conducirán a la afectación jurídica del Dr. Luis Carlos Restrepo (ex Comisionado de Paz) y de miembros de las fuerzas militares que participaron de la desmovilización de la compañía Cacica la Gaitana de las FARC.

Atentamente,

Jaime Arturo Restrepo Restrepo.

Abogado Defensor de DDHH y DIH.