Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

31 de enero de 2012 

La sentencia que condena en segunda instancia al Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del palacio de justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los  dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido  que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas  por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio de las instituciones y de las Fuerzas Militares, orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución,  a las leyes y a los organismos de control  del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados  Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país  que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al Coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino  asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

Ex presidente Belisario Betancur Cuartas

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno  hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas?  ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las fuerzas militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega?  Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse?  Un proceso equitativo, lo que algunos llaman  “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena?  Nadie

Pablo Escobar financia muchas actividades criminales del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue una más de esas acciones

lo sabe.  No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia. El no convalidó la condena. El pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p.968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de  16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, que  “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. El tuvo que demostrar su inocencia.  Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El Coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer  cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–), pudieron haber sido cometidos.  ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Juez María Stella Jara

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato).  Esa teoría los lleva a caracterizar  al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica  de la sentencia de primera instancia y de la sentencia  reciente, donde encontró  muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”.  Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. (p 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que

Magistrado Hermes Darío Lara Acuña

en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales  de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p.935).  En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera.  El comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano,  César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”.  El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas  del Ejército aportadas por una de las partes, pues él estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a

Tirso Sáenz, uno de los falsos testigos que la fiscal Ángela María Buitrago intentó usar contra el coronel Plazas Vega

algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615).  Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera.  El critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

El explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos.  “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara,  “no  lo reconocen como la persona que sale” del palacio.  Hermens Darío Lara Acuña se pregunta  cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera,  logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p.935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del palacio de justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto,  la teoría de la estructura organizada de poder no funciona.  En primer lugar,  él destruye  el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él,  y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron  policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”.  Sobre esa base, Lara Acuña desbarata  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias  de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército nacional  “fue el que manejó  todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (páginas  957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

28 de enero de 2012 

¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de la sala penal del TSB.

Roberto Pombo, director de El Tiempo, en uno de los carnavales que frecuenta. ¿Será allí donde le filtran los rumores?

El Tiempo, en lugar de pedir disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite previo a su anuncio oficial”.

Esa extraña movida, que los abogados del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente, menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?

Lo que no dice El Tiempo es que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones, rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.

Entendemos el por qué de las vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia. No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor montaje judicial de la historia de Colombia.

Nada extraña, pues, que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era ratificada por el TSB, él entablará  el recurso de casación contra la misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios”. Son palabras mayores.

El Coronel Plazas ha sido acusado por la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de “desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido. Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.

Magistrado Hermes Darío Lara. Después de ser un enconado detractor del coronel Plazas Vega, encontró -después de haber sopesado todas las pruebas- que Plazas es inocente

Para vengarse de quienes los derrotaron en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los “desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio. Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador

René Guarín, guerrillero y secuestrador, fue durante varios años fuente de inspiración de la Fiscal Angela María Buitrago y de la juez Maria Stella Jara

indultado del M-19, René Guarín, quien ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado judicial.

El TEI declaró que existió “un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

De ese importante informe del TEI, que las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.

José Vicente Rodríguez, director científico de la exhumación de los cadáveres del palacio de Justicia, sostiene que los restos de los "desaparecidos" están en poder de la Fiscalía

Lo que decían en 1986 sobre falsos “desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

El 27 de febrero de 2011, él reveló tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis. Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.

Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del

Coronel Plazas Vega, héroe que salvó más de 200 personas de morir en manos del M19, hoy está condenado a 30 años de prisión

héroe militar que rescató los rehenes (244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel, sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen haya sido cometido.

Es un montaje grotesco pues la instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como tales) y realizó una operación de substitución de persona, según declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero (no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas. Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.

Tras semejante revelación, la juez María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero, al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar Villamizar.

Los tres oficiales habían sido acusados de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

¿Si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia  contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

Edgar Villamizar Espinel es un testigo suplantado por la Fiscalía General de la nación.

Esas graves ilegalidades fueron expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.

El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

¿Ante semejante acumulación de hechos que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más terribles odios políticos?

Los dos magistrados deberían reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su honor y su respetabilidad.  ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el poder judicial respeta el Derecho?

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

16 de enero 2012

Contra lo que algunos estiman en este momento, no creo que el señor Timochenko le esté pidiendo “diálogo” al presidente Santos. Lo hizo en uno o dos mensajes, pero cambió de táctica y de tono, cuando vio que podía ir más lejos. Timochenko, en su último texto, del 9 de enero, está exigiendo cosas, antes de dialogar. El hombre es astuto. Está pidiendo, por ejemplo, que le despejen el Catatumbo, que le retiren los “miles de soldados y decenas de naves artilladas en plan de guerra” que él cree que el Estado colombiano ha ubicado allí, “en Cúcuta, Ocaña, Tibú y otras localidades”. Luego de consultar probablemente con el poder militar venezolano, el pérfido Timochenko le exige a Colombia que esa zona de frontera quede sin protección para poder él moverse sin tropiezos. En seguida, Hugo Chávez se propuso como “mediador” en cualquier intento de  diálogo con las Farc. ¿Qué están preparando las Farc y Caracas en esa región?

Algo muy grave sin duda pues cuatro días después seis municipios de Norte de Santander fueron atacados por las Farc (en Tibú, Teorama, Sardinata, Hacarí, San Calixto y Convención) lo que dejó tres civiles muertos, tres civiles heridos, dos policías heridos, un tramo de oleoducto Petronorte volado y una torre eléctrica demolida.

El plan de Timochenko es completo pues pretende, además, utilizar a la población de esa región como fuerza de choque. El jefe de las Farc está tratando de instigar el odio de clase y la sospecha, los mejores ingredientes de la guerra civil, para confundir y dividir  a la población de esa zona de valor estratégico. No es sino ver la caricatura que hace de los dos bandos que, según él, existen allí: por un lado, las empresas petroleras, de carbón y de palma aceitera (que él diaboliza con los epítetos de “transnacionales” y “depredadoras”), y del otro los cultivadores, colonos e indígenas que son, según el falso refrito marxista, las “víctimas” de los primeros.  Si ese párrafo no es una amenaza contra las empresas y contra la población en general del Catatumbo ¿qué es?

Lo más infame: en ese mensaje, que él intitula “Sin mentiras, Santos, sin mentiras”, Timochenko intenta lavarse las manos por su matanza de rehenes del 26 de noviembre pasado en Caquetá. Las Farc no son culpables, dice el jefe terrorista, el culpable es el Gobierno. Timochenko exhibe allí el odio que siente por los periodistas que no bailan con él, al amenazar a Herbin Hoyos por su labor de apoyo a las familias de los secuestrados por la banda narco-terrorista. Esa es la tercera amenaza grave que contiene el texto del jefe de las Farc. El gobierno debe proteger a Herbin Hoyos, y a los periodistas, pues Timochenko los ha amenazado a todos.

Eso es lo que algunos columnistas, unos por ceguera y otros por desidia, llaman la “retórica menos belicosa” de Timochenko, o el “cambio de tono de Timochenko”.  Una conocida  periodista llega a ver al jefe terrorista como “un pulcro escritor”.

Timochenko, "un pulcro escritor", según aseguran algunos 'periodistas'

Sin duda es muy “pulcro” ese individuo, determinador del asesinato de monseñor Duarte Cancino, en marzo de 2002, entre otros crímenes, como lo acaba de anunciar el juez segundo especializado de Cali. “Pulcro” pues Timochenko afirma que la verdad no existe, pues ésta depende “de quién y con qué difusión la afirme”, que lo que dice un comunista es verdad, y lo que dice un “burgués” es mentira. A ese grado de miseria intelectual han llegado algunos mandarines de la izquierda bogotana, que no temen arrastrarse por el lodo ante las baratijas ideológicas de las Farc.

Esos mandarines están entusiasmados, pues Timochenko lanzó la propuesta de “retomar la agenda que quedó pendiendo (sic) en El Caguán”. No ven que así se va conformando la nueva trampa contra Colombia. Desde el primer minuto en que el presidente Santos le diga sí al diálogo que propone Timochenko, la maquinaria internacional de las Farc se pondrá de nuevo en marcha. Los Pérez Esquivel, los mamertos norteamericanos y españoles, el chavismo latinoamericano y la extrema izquierda europea, se pondrán a aullar en coro: Santos debe paralizar las operaciones de las Fuerzas Armadas y aceptar la “solución negociada” que proponen las Farc. Santos debe hacer que  la “justicia transicional”, en vía de incrustación en la Constitución,  se encargue de encontrar la brecha para que nadie sea juzgado ni castigado (pues esa es la meta de esa curiosa “justicia”), y que se abra enseguida la gran fiesta bárbara: que todos esos criminales tengan permiso para  entrar en actividad proselitista y propagandística en Colombia, que se relance la Unión Patriótica, y que se instale una asamblea constituyente donde la voz cantante la tengan ellos y sus asesores extranjeros. Y que Colombia calle, y sufra.

Esa agenda de desborde del Gobierno comenzará con la apertura de cualquier tipo de diálogo. Pues lo que interesa no es el dialogo, sino el rito, el gesto. Con él, las Farc podrán comprarse una amnistía de hecho. Su meta es que les retiren la clasificación de organización terrorista en Estados Unidos y en  Europa, que esas potencias  le retiren el apoyo a Colombia y que los gobiernos “progresistas” les permitan a las Farc abrir “oficinas de paz” en cada capital. Si lo logran vanos habrán sido los éxitos formidables de Colombia contra las Farc de los últimos diez años.

Esa es la receta para hacerle un corralito a Santos y para enterrar definitivamente la línea de firmeza contra la inseguridad. Santos un día les pide “gestos de paz” a las Farc y otro rechaza toda idea de un nuevo Caguán. ¿Cuál es la línea verdadera?  Timochenko hará “gestos de paz”, sin duda, mientras continúa la guerra, con ayuda de las Bacrim, para empujar a Santos hacia un pantano: para que converse en alguna parte, en una zona desmilitarizada, como prefiere Timochenko, o en el extranjero, como sugieren las buenas almas del Gobierno.  Y, sobre todo, como pide el ex presidente Andrés Pastrana. Quien le cedió a las Farc 48 000 km² durante tres años, convirtiéndose en el responsable del mayor auge que éstas hayan tenido en toda su historia, ahora  aparece como el más perspicaz negociador “de la paz”. Él le aconseja a Santos abrir un diálogo en el exterior y no se sabe qué otra cosa. Pues Santos había puesto alta la barra para conversar con las Farc: un cese al fuego unilateral, la entrega de sus armas y que liberen a todos sus secuestrados (Reuters, 10 de enero de 2012). Eso es mucho pedirle a Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias Timochenko, quien se siente apoyado por algunos para exigir todo antes de dialogar.

Mientras tanto, los colombianos, civiles y militares, siguen poniendo los muertos como acabamos de verlo en Norte de Santander.Colombia no tiene nada que negociar con las Farc, salvo su rendición incondicional definitiva.

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Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

9 de enero de 2012

Hace más de un año, en noviembre de 2010, la Procuraduría General compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia del nuevo material probatorio que tenía sobre  los presuntos vínculos de la ex senadora destituida Piedad Córdoba con las FARC.  No se trata únicamente de los documentos y correos electrónicos encontrados en  los computadores de Raúl Reyes, ni de los registros digitales que estaban en poder del “Mono Jojoy”, decomisados durante la Operación Sodoma, ni  de las pruebas  básicas invocadas por la Procuraduría al inhabilitar a esa ex senadora. Se trata de algo más: de  intercepciones telefónicas legales realizadas por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) de conversaciones  entre la  ex parlamentaria y miembros de la organización terrorista, especialmente con un tal alias “Manolo”, del frente 30 de las FARC.  (Ver El Tiempo, 19 de noviembre de 2010).

La información producida por la DIJIN corrobora obviamente los hechos tenidos en cuenta por la Procuraduría al firmar la inhabilitación de la señora Córdoba para ejercer cargos públicos durante 18 años.  Por esa razón, la Procuraduría anunció, el 19 de noviembre de 2010, que abría un nuevo proceso por Farc-política, y sobre Piedad Córdoba, esta vez basado en los datos encontrados en centenares de archivos  del “Mono Jojoy”.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte,  también recibió documentación  acerca de la contribución financiera, o donación, que Piedad Córdoba habría hecho al señor Ricardo Montenegro, ex candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014, donación perfectamente ilegal pues ésta habría sido efectuada cuando ella era senadora, violando así la disposición que prohíbe a los funcionarios públicos hacer donaciones a partidos y a candidatos.

Más grave: las autoridades tienen la prueba de que Piedad Córdoba pasó información secreta, o como dice El Tiempo, “privilegiada”,  a las FARC para tratar de impedir que  las fuerzas del orden pudieran rescatar al coronel Mendieta, según un mensaje del 14 de septiembre de 2008, de Iván Márquez, donde éste asegura que Piedad Córdoba,  bajo el alias de “Gaitán”,  les envió esa información.  “Gaitán envía lo siguiente: que el Ejército está cerca del coronel Mendietta (sic), por los lados de la Clínica. Planean sacarlo a la fuerza. Conocen el sitio preciso”, escribe el jefe terrorista.

Piedad Córdoba en uno de los encuentros en Venezuela contra las bases estadounidenses en Colombia

El Tiempo decía el 22 de noviembre de 2010 que el expediente que manejaba la Procuraduría en ese momento tenía “otros apartes explosivos” que comprometen a la ex senadora y que hablan, sobre todo,  de un  “contacto con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de los capturados en mayo pasado que han sido relacionados con  actividades de la política en el occidente del país” y que hay  todo un “capítulo” sobre “el aparente envío de plata desde Venezuela”. Es decir de “más de 10 500 correos y chats intervenidos” enviados y recibidos por dos asesores de Piedad Córdoba, Ricardo Montenegro y Andrés Vásquez, donde aparecen millones de dólares  enviados a ese grupo desde Venezuela.

¿Por qué un año después de semejantes revelaciones de El Tiempo la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación guardan tan estricto silencio sobre esas investigaciones?  ¿Quién está frenando las dos investigaciones sobre Piedad Córdoba? ¿Alguien está intrigando para que los archivos digitales del “Mono Jojoy” sean declarados ilegales, como lo fueron los de Raúl Reyes?

Ese chocante silencio contrasta con el ruido estruendoso que está haciendo el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo contra la ex jefe del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010. Esa oficina ha llegado al colmo del delirio megalomaniaco  de amenazar al  mismo Presidente Ricardo Martinelli, y al establecimiento dirigente panameño, con entablarles una demanda  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  “si  no retiran” el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado.

En otras palabras, el tenebroso colectivo, involucrado en tres expedientes de desfalco contra el Estado colombiano por unas “falsas victimas”,  está cometiendo excesos en el exterior que le costarán caro a Colombia. Esa opaca oficina, gracias al extraño silencio del presidente Juan Manuel Santos, se acaba de convertir  en emisario y agentes de presiones indebidas contra Panamá. ¿No tiene Colombia un embajador allá? ¿Bogotá quiere mostrarle los dientes a Panamá? ¿En que terminará esa aventura?

Parece que en estos días los colombianos tenemos que tragar culebras enormes. Fuera de tener que soportar al cuestionado juez Garzón como asesor presidencial, ahora tenemos que aceptar que el Colectivo de abogados se convierta en el substituto de la canciller Holguín.

¿Qué puede un observador deducir de esto?  ¿Se puede excluir el hecho de que el Colectivo de abogados, por razones misteriosas, que podrían pasar por Caracas,  está frenando con todo lo que puede las investigaciones sobre Piedad Córdoba y la FARC-política en la Procuraduría y el la CSJ, al mismo tiempo que, en sentido contrario, trata de acaparar funciones muy delicadas del sistema diplomático colombiano para hacer regresar a Colombia, a rajatabla,  la ex directora del DAS para crucificarla en un proceso stalinista  sin garantías?

La histeria oficial contra María del Pilar Hurtado,  la funcionaria que cumplió con su deber al indagar, entre otras cosas, sobre las obscuras andanzas internacionales de Piedad Córdoba, y la abulia judicial respecto de Piedad Córdoba, hacen parte de una misma operación: impedir el destape del escándalo de la FARC-política. Es decir, los amigos de Piedad Córdoba  no quieren que ésta sea condenada penalmente por sus servicios a las FARC e intrigan para  que, por el contrario, los funcionarios del pasado gobierno, que no estaban dispuestos a cerrar los ojos ante lo que estaba haciendo Piedad Córdoba, sean  castigados mediante grotescos procesos estalinianos.  Es lo que el ex presidente Álvaro Uribe llama, con gran precisión,  un proceso de “venganzas criminales” instigadas por oficinas  “que no han aclarado sus vínculos con la guerrilla y han engañado al Estado con falsas víctimas como los casos de Mapiripán, Las Pavas y las inexistentes fosas comunes de La Macarena”.

Lo que está ocurriendo muestra, pues, la perniciosa influencia que está ejerciendo el Colectivo de abogados sobre el Gobierno de Santos y el fuerte deterioro que ello implica para la ejemplar conducta diplomática que Colombia mantenía hasta ahora.

¿Con esos nuevos amigos, el gobierno de Santos  terminará por poner en cuestión el derecho de asilo y la Convención de Ginebra de 1951?

Y pensar que todo este derrumbe moral y diplomático existe porque la cúspide del poder aspira a erradicar de la memoria de los colombianos los inmensos avances que hizo el país gracias al gobierno de Álvaro Uribe. Pero aspirar es una cosa. Coronar es otra.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/quien-esta-frenando-la-investigacion-contra-piedad-cordoba.html/feed 16 http://www.periodismosinfronteras.com/la-impostura-de-las-pavas-invasion-y-tentativa-de-expropiacion-ilegal.html http://www.periodismosinfronteras.com/la-impostura-de-las-pavas-invasion-y-tentativa-de-expropiacion-ilegal.html#comments Mon, 02 Jan 2012 22:19:25 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5106 La impostura de Las Pavas: invasión y tentativa de expropiación ilegal

Eduardo Mackenzie

Resumen de Colombian News

Con La Hora de la Verdad, Periodismo sin Fronteras

y numerosos artículos de la prensa colombiana

1 de enero de 2012

Los parámetros esenciales del affaire. Don José Macías, dueño de la hacienda “Las Pavas”, corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción de El Peñón, sur de Bolívar, le contó al noticiero La Hora de la Verdad, de Fernando Londoño Hoyos, el 29 de diciembre de 2011, la historia de su familia y de su predio. Su abuelo, un agricultor huilense, fue víctima de las Farc pues tuvo que salir de su tierra en noviembre de 1971 ante las amenazas de esa gente. José Macías y su familia se trasladaron entonces al norte del departamento del César, donde compraron, cerca de Copey, una finca para cultivar algodón y arroz. A principios de los años 1990,

Coronel Mejía Gutiérrez, otra víctima de las infamias de las ONG con la complicidad de funcionarios oficiales

tuvieron que huir de nuevo ante la violencia guerrillera. Sólo pudieron regresar en 2003, luego de que el Ejército, al mando del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, pacificara la región. En venganza por esa heroica acción, amigos de la guerrilla, mediante la técnica del falso denuncio, logran que el coronel Mejía sea puesto preso. El autor del falso denuncio salió del país protegido por la Fiscalía. El coronel Mejía sigue preso.

Don José Macías y su familia se trasladaron pues al sur de Bolívar. Compraron allí, en 2003, una finca, “Puerto Libre”, de 620 hectáreas, en el municipio de Regidor. Esta les fue vendida por los herederos de don Máximo Sanabria. En abril de 2004, José Macías, junto con la firma Palmeros de la Costa, empieza a negociar la compra de otra finca de la región, Las Pavas, en el corregimiento El Peñón. Su propietario, el ganadero Jesús Emilio Escobar, quería apartarse un poco de la actividad por temor a la guerrilla la cual le había robado 1 500 cabezas de ganado y trataba de secuestrarlo, por lo cual él se ausentó provisionalmente dejando a sus administradores y trabajadores en la hacienda. Escobar nunca “abandonó” sus tierras. En diciembre de 2006 culminó la compra-venta. Los compradores nunca supieron que algunas personas reivindicaban esas tierras. Don José Macías y sus socios del grupo Daabon (Dávila-Abondano, que nada tienen que ver con el grupo homónimo involucrado en el pleito de AIS), poseen hoy l4 predios de Las Pavas (1 123 has, de un total de 2 842 has). De finca ganadera, Las Pavas comenzó a ser adecuada para el cultivo de la palma de aceite (o africana). Las primeras siembras en 80 has fueron hechas en 2008. En 2010 había sembradas 150has. En 2012 hay sembradas 230 has.

Aprovechando el desorden causado por las fuertes lluvias y las inundaciones en la región, doce individuos armados irrumpen en la finca Las Pavas, el 15 de enero de 2009, en nombre de una Asociación Campesina de Buenos Aires (Asocab). Llegan armados con machetes y otras armas blancas. Obligan a los trabajadores y contratistas a cesar el trabajo y a abandonar la hacienda. Los líderes de la ocupación son cuatro. Entre éstos se destacan tres: el jefe, Misael Payares, un propietario de dos hectáreas de tierra en la vecina San Martín de Loba, Eliud Alvear Cumplido, un falso campesino que podría ser un profesor de colegio (contra él cursa un proceso por falsedad en documento en un juzgado de la región), y Etni Torres Moreno. Los jefes de la invasión anuncian que han decidido “retomar sus parcelas tras ocho años de desalojo”. Otros aducen que “en 2003 fueron obligados a salir de allí por los paramilitares”. Otro activista asegura que esa finca había sido “abandonada” por los dueños originales “hace más de una década”. Eliud Alvear sostiene por su parte que “las tierras [de Las Pavas] son nuestras”. El objetivo de los invasores, dicen, es “recuperar” más de mil hectáreas de tierra por haber sido “expulsados” de ellas. Algunos de los invasores son ex trabajadores de Las Pavas.

Francisco de Roux S.J., uno de los artífices de esta expropiación criminal

José Macías y sus socios denuncian ante la policía la invasión y piden el desalojo de los invasores. Estos no son desalojados pues los asesores de Asocab, grupo dirigido por el cura Francisco de Roux, Provincial de los jesuitas en Colombia, instauran una tutela. El modus operandi de los invasores es curioso: permanecen en la hacienda durante el día y por la noche se van a sus casas. La ocupación durará seis meses. Durante ese tiempo los invasores no cultivan la tierra. No hacen nada. La acción de desalojo que había sido proyectada por la policía es suspendida por orden de un juez de San Martín de Loba quien, sin practicar pruebas, acoge el punto de vista de los agresores. Esa decisión es apelada y los dueños de la finca ganan el recurso. El 14 de julio de 2009, la policía hace, por fin, el desalojo por orden judicial, sin incidentes ni violencias, y con la participación de varios organismos oficiales.

La transmisión de la propiedad de los terrenos atacados por Asocab es totalmente clara. Jesús Emilio Escobar, quien no es pariente ni “testaferro” del difunto criminal Pablo Escobar, como los agitadores trataron de hacer creer, compró en 1983 varios terrenos que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, había adjudicado a campesinos. Esos predios son: Las Pavas, Si Dios Quiere, No te Canses, y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba. En marzo de 2007, Jesús Emilio Escobar registró en la Notaría 9 de Barranquilla la venta de esas tierras (1.717 has) a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A. La primera es filial del grupo Daabon y la segunda es de propiedad de José Macías, quien más tarde le compra el 50% al grupo Daabon.

Tras la expulsión, Asocab instaura una segunda tutela. Esta es repartida al mismo juez de San Martín de Loba quien falla de nuevo a favor de los invasores. Gracias a eso, tres mujeres siguieron ocupando la finca. Pero se retiraron definitivamente por su cuenta semanas más tarde, dice José Macías.

El 5 de febrero de 2010, una pretendida “clínica jurídica” de la Universidad Javeriana, de la cual hace parte el abogado Juan Felipe García, y que cuenta con el respaldo de Francisco de Roux, presentó un memorial sobre el caso de Las Pavas ante la Corte Constitucional. Dos meses más tarde, el 8 de abril, ésta avala la tesis de Asocab sobre el supuesto “abandono” de la finca. En julio de 2010, dicha Corte ordena “devolver” la hacienda a las 121 familias en razón de que éstas habían sido “desplazados por las autodefensas unidas de Colombia”.

Probablemente advertida de que la Corte Constitucional fallaría en ese sentido, Asocab lanza la segunda ocupación de Las Pavas, el 4 de abril de 2010. De nuevo, un grupo armado de machetes irrumpe en la hacienda. La violenta operación había sido anunciada desde febrero de 2010. ¿Los invasores contaban con que hubiera sangrientos incidentes el día de la toma? Es factible. Hábiles, los propietarios de la hacienda evitan las provocaciones. Los invasores dicen representar “131 familias”. Pero el listado de las mismas varía sin razón. Algunas familias son fraccionadas para hacer aparecer dos familias en lugar de una. En realidad, el núcleo central está integrado por cuatro o cinco familias. Algunos de los presuntos “desplazados” no viven siquiera en Colombia. Otros viven en ciudades lejanas, como Bogotá. Otros han fallecido (pero piden parcelas). Junto con los falsos “desalojados”, el día de la segunda invasión se presentan varias Ongs colombianas y extranjeras, como Christian Aids, Swiss Aids, así como el representante comunista Iván Cepeda, invocando la falsa calidad de “garante” de ese “retorno”. También llegan 43 “guardias indígenas” del Cauca (probablemente del sindicato indígena Cric), a bordo de un bus pagado por el grupo de Francisco de Roux. Cuatro días después, el 8 de abril, la Corte Constitucional da a conocer su fallo en el que pretende (sin haber investigado en el lugar de los hechos) que hubo un “abandono” de la finca por parte de José Emilio Escobar. Los dueños de Las Pavas refutan esa tesis. En vano pues Rodolfo Campo Soto, directivo del Incoder (el antiguo Incora), sin practicar pruebas, inicia una acción de extinción de dominio de Las Pavas.

Seguros de su triunfo, los invasores cometen entonces un error: exigen el apoyo del vicepresidente Angelino Garzón. Se reúnen con él en Bogotá y éste envía el expediente a la Fiscalía para que verifique si hubo o no un desplazamiento forzado en Las Pavas. Una fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, Fiscal Quinta Especializada de la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento, abre la investigación a finales de 2010 y entrega su informe el 11 de noviembre de 2011. La providencia de la fiscal dice que no hubo despojo de tierras ni incursión de paramilitares, que no hay desplazados, que la Asocab miente. En efecto, Pedro Moreno, miembro de la Asocab, quien había hecho en 2009 la primera denuncia de desplazamiento, se retracta ante la notaría única del municipio de El Peñón, el 15 de junio de 2011. Dice que todo eso hacía parte de un “montaje”, que no hubo desplazados ni en 2003, ni en 2006, ni en 2009. En su declaración agrega: “Me siento arrepentido de haber denunciado a esas 131 familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso era una farsa, guardé silencio durante muchos años, pero no resistí el temor y la mentira, pido perdón porque incurrí en un falso testimonio, que nunca hubo ese desplazamiento como tampoco hubo ese asentamiento en la finca”. Pedro Moreno subraya que su grupo nunca estuvo asentado en Las Pavas, que el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), dirigido por el padre Francisco de Roux, los asesoró, que en esas discusiones apareció la idea de hacerse pasar por desplazados, acusar al señor Escobar de narcotráfico y organizar un falso retorno a la finca, el cual se cumplió en 2009.

Iván Cepeda y colombianos y colombianas por la paz organizaron esta "protesta" luego de que se conociera su fraude de Las Pavas

La fiscal Martínez también estudió la declaración de Rafael de Jesús Cárcamo García, de Asoproducacao. Este había sido intermediario en la venta de la hacienda Las Pavas al grupo Daabon. Cárcamo informó que el señor Escobar estuvo dispuesto a entrar en negocios con Asocab pero que el Incoder había dicho que no tenía el dinero para el préstamo. Cárcamo declaró que en esa aventura participaban intelectuales de izquierda y que en algunas reuniones había hombres armados con camuflado y botas y que varios campesinos y el sacerdote Francisco de Roux eran guerrilleros. En vista de eso, la fiscal quinta ordenó abrir investigaciones por falsedad y rebelión contra ellos.

La fiscal Myriam Martínez Palomino agregó: “Se le investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas en especial al señor Etni Torres Moreno quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado… de la misma manera se indagará quien es ese (sic) intelectual llamado Francisco conocido dentro de los miembros de Asocab como ‘Pacho’ según informaciones de Cárcamo García, en el mismo sentido al profesor Eliud (sic) Alvear Cumplido si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla”.

Para la fiscal cartagenera no hubo desplazamiento y la zona del pleito “no aparece referenciada como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia”. Tampoco existe siquiera un registro de prensa sobre un pretendido desplazamiento de 2003. Tras interrogar a numerosos testigos, así como a funcionarios del Incoder, la fiscal constató que “ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires ha sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias”. Es decir que los campesinos del caso nunca tuvieron la calidad de desplazados.

La funcionaria constató que tal desplazamiento nunca ocurrió, que los miembros de Asocab eran personas que jamás vivieron en la finca Las Pavas, que no tenían casa ni vivienda allí, que todos vivían en el corregimiento de Buenos Aires, municipio El Peñón, y que eran propietarios de casas. Las falsas victimas vivían y trabajaban en ese lugar y nunca fueron desplazados. Estableció además que los jefes de la invasión tampoco eran campesinos: uno era albañil, otro ex concejal, un tercero antiguo inspector de Policía, un cuarto topógrafo. La mayoría de los adultos eran trabajadores de la hacienda, con contratos y salarios.

Logo de la ONG británica CHRISTIAN AID, partícipe del despojo

La fiscal concluyó que se está ante un caso de “falso desplazamiento forzado” y que esas personas habían recibido toneladas de ayuda humanitaria del programa presidencial Acción Social, el cual no verificó si se trataba efectivamente de desplazados. Por ello, dijo la fiscal, las falsas victimas tendrán ahora que reembolsar al Estado. Ella explicó que los invasores recibieron ayudas pues sabían que debían fingir la calidad de desplazados para “pedir que les otorgaran esos predios de las Pavas”. Y que al actuar así obraron “dolosamente y violaron la ley penal, el debido proceso, entre otros principios” de derecho.

En otras palabras, que el caso de Las Pavas, no era más que una operación ilícita con falsas víctimas y que en ello operaban varias Ongs que estaban decididas a robar  enormes sumas de dinero tanto a particulares como al Estado colombiano, bajo la apariencia de un acto de justicia social.

Ante esas revelaciones estalló el escándalo en la prensa. Bajo la presión de los medios, que comenzaron a hablar de un posible nuevo intento de Ongs radicales para apropiarse de bienes ajenos y desfalcar ilegalmente dineros del Estado colombiano, bajo el pretexto de una acción “social” y “humanitaria”, como había ocurrido en el caso de la presunta “masacre” de Mapiripán, la Fiscal General, Viviane Morales declaró que respaldaba el informe de la fiscal Myriam Martínez Palomino y pidió que se abriera investigación penal por fraude procesal contra el grupo del sacerdote de Roux (la Ong PDPMM) y los abogados que hacen parte de la “clínica jurídica” de la Universidad Javeriana, propiedad de los jesuitas. La Fiscal General anunció también que investigará personalmente el caso. Por su parte, Germán Vargas, ministro del Interior, declaró a la prensa que “se están prefabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”.

Furiosos con las revelaciones de la valiente fiscal Myriam Martínez, los jefes de la invasión iniciaron una campaña para desacreditar e intimidar a la funcionaria. Tratan, al mismo tiempo, de convencer a los medios y a la justicia de que la ocupación de Las Pavas es una recuperación de tierras legítima y que las familias son “víctimas de los paramilitares”. Su argumento central es éste: como en la región hubo guerrillas (Farc y Eln) y paramilitares, las 131 familias son “desplazados forzados individuales” de unas tierras que habían sido “abandonadas” por Jesús Emilio Escobar y ocupadas por ellos. Como deben reconocer que la zona de Las Pavas no ha sido  corredor estratégico de las guerrillas (pues no hay allí cultivos ilícitos, ni explotaciones mineras, ni  pasan  carreteras importantes, ni ferrocarriles, ni oleoductos, aunque la guerrilla Eln sigue teniendo una cierta influencia) los abogados de la operación hablan de desplazados forzados “individuales” pues no hay registros oficiales de masivos desplazamientos violentos.

También han desatado una campaña en Colombia y el extranjero contra el cultivo de la palma de aceite, basados en la idea absurda de que ese cultivo “causa daños a la naturaleza”. Eso es falso. El cultivo de palma de aceite es un vector importante de rehabilitación socio-económica en Colombia y otros países. La industria de los combustibles vegetales ve también en esa planta una gran promesa de desarrollo.

El congresista comunista Iván Cepeda, quien detesta la idea de una redención de la población campesina mediante los

Iván Cepeda con Misael Payares

ingresos que deja la palma de aceite, podría ser objeto de una investigación disciplinaria de la Procuraduría General por haber participado en la segunda invasión de Las Pavas, informó la prensa el 27 de diciembre de 2011. Presentada el 5 de diciembre de 2011 por los dueños de la hacienda ante el Procurador General, Alejandro Ordoñez, la denuncia dice que Iván Cepeda “pudo haber cometido una gravísima falta disciplinaria por haber apoyado el supuesto delito de invasión perpetrado por las más de 120 familias que se tomaron la hacienda Las Pavas, en abril del presente año”. Los demandantes aportaron como prueba un video de la televisión colombiana donde se ve a Cepeda hablando con uno de los ocupantes durante la invasión.

Los funcionarios oficiales que intervinieron en esta aventura, así como los voceros campesinos y los instigadores políticos y “jurídicos” de la invasión a Las Pavas podrían haber incurrido en graves delitos, como falsa denuncia, corrupción agravada, intento de robo de tierras, cuatrerismo, asociación para delinquir, tentativa de secuestro, tentativa de homicidio y rebelión. De esos delitos podrían ser acusados igualmente los activistas de Ongs como Christian Aids, Swiss Aids, quienes se prestaron a una farsa “humanitaria” francamente delictuosa. La Compañía de Jesús debería examinar sin duda la conducta del su agitado Provincial Francisco de Roux.

En la operación también están involucrados agitadores extranjeros. Mauricio Valiente, del comité ejecutivo del Partido Comunista Español, es miembro de un “colectivo” que dirige violentas campañas difamatorias contra Colombia en Europa. Valiente acompañó al falso desplazado Misael Payares en un costoso viaje de propaganda de éste por España y Suiza. En todo caso, el grupo de Francisco de Roux parece ejercer el férreo control toda la operación. Los miembros de Asocab no tienen autorización para dar declaraciones a la prensa. Ésta solo puede (en principio) interrogar a los voceros del PDPMM.

El plan inicial de Asocab era comprarle a precio vil la finca a Jesús Emilio Escobar cuando vieron que éste sufría las arremetidas de las guerrillas. Según la investigación de la fiscal, una parte menor del precio (40%) sería financiada por las Ongs extranjeras y el 60% restante por un crédito del Incoder. Asocab reconocía entonces la existencia de un propietario legítimo de esas tierras. Empero, por una razón que no ha sido aclarada del todo, Asocab cambió de orientación y decidió atacar los derechos de propiedad de Jesús Emilio Escobar. A partir de ese momento fabrican la versión de que ellos, los miembros de Asocab, son los “legítimos ocupantes” de Las Pavas “desde 1996”, y que habían sido “desalojados violentamente en 2006”. Añaden que Jesús Emilio Escobar era un “mafioso”. En vista de eso y de la falta de dinero de Asocab, Escobar optó por vender esas tierras a conocidos empresarios. La operación para expropiar ilegalmente Las Pavas arreció entonces.

Jonathan Glennie, director de Christian Aid en Colombia

El Incoder había emitido, en junio de 2006, un concepto en el que “reconoce” (sin haberlo verificado lo dicho por los interesados) la “posesión” de Las Pavas por los campesinos “desde 1998”.  Sin embargo, el Incoder, en una resolución del 25 de mayo de 2010, corrigió esa versión errónea y excluyó todo proceso de extinción sobre los predios de Las Pavas y aledaños pues esas haciendas, dice, tienen dueño y están siendo explotadas. Las firmas Aportes San Isidro y C.I. Tequendama tienen allí, en efecto, cultivos de palma de aceite. En mayo de 2011, fue archivado el proceso por extinción de dominio. Pero la citada “clínica jurídica” pidió a la Corte Constitucional que ordenara reabrir ese proceso.

En 2010, los invasores inventaron otro ángulo de ataque. Alegaron ante el Incoder que los dueños de Las Pavas violaron las normas ambientales porque “secaron los ríos” para favorecer los sembrados de palma de aceite. En vista de eso, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente emitió un concepto favorable al grupo invasor en el que se afirma que en Las Pavas existen cultivos extensivos de palma de aceite y que eso ha generado “impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad”  y, por lo tanto, un “deterioro a los ecosistemas”. Tales afirmaciones son rechazadas por los propietarios de Las Pavas pues, dicen, el Incoder no ha comprobado la existencia de los pretendidos “daños ecológicos”. Don José Macías explica que los humedales que se encuentran en Las Pavas no han sido alterados ni afectados por los cultivos de palma.

La situación actual de la finca Las Pavas es incierta, a pesar de la providencia de la Fiscalía: el predio sigue ocupado permanentemente por cinco u ocho personas. En algunas ocasiones logran reunir a 80 personas para hacer mítines y convocar a la prensa. Entre tanto, los invasores siguen amenazando con armas blancas a los propietarios y a los trabajadores, y les impiden trabajar. Al mismo tiempo, los invasores están entrando ilegalmente ganado a Las Pavas. Ni el Incoder, ni la policía, ni la prensa han informado de dónde viene ese ganado. Todos parecen ignorar si éste ha sido robado en otros predios, o si pertenece a los invasores. Este asunto del ganado confirma, en todo caso, que los supuestos “desplazados” están, por el contrario, sedentarizados en alguna parte y son poseedores de tierra, sobre todo en Buenos Aires.

En julio de 2011, la Corte Constitucional emitió un fallo en el que ordenaba entregar Las Pavas a las 121 familias, “desplazadas por paramilitares”. Tras las revelaciones de la Fiscalía, el presidente de la CC, Juan Carlos Henao, declaró que tal sentencia, basada únicamente en reportes vagos del programa Acción Social, podría ser “reversada si se encuentran irregularidades”. Henao pidió a los organismos del Estado ser “más exigentes” al reunir y entregar información sobre temas tan delicados como el de los desplazamientos forzados de población.

Los propietarios de Las Pavas piden que el Estado ordene la expulsión definitiva de los invasores y restablezca los plenos derechos de los dueños de la hacienda. José Macías pide al ministro del Ambiente visitar el lugar para verificar personalmente que no es cierto lo que dicen los invasores acerca de los “daños ambientales” en su finca. Irresponsable, Juan Manuel Ospina, director del Incoder, sin verificar nada, sin haber ido a la finca, y sin enviar siquiera un inspector, pontifica a través de los medios acerca de esos supuestos “daños ambientales”. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien había apoyado varias veces a Asocab y ordenado incluir Las Pavas en el programa de Restitución de Tierras del Gobierno, tampoco responde a los llamados urgentes de don José Macías.

El escándalo de Las Pavas alertó a la opinión pública sobre los atropellos que algunos extremistas están cometiendo contra el Estado y la empresa privada. No solo está el caso de las falsas victimas de Mapiripán y de Santo Domingo, sino que ahora estalla el siniestro asunto de Las Pavas. ¿Cuántos otros casos semejantes al de Las Pavas pueden haber existido en el pasado y cuántos otros están en gestación en Colombia?

Vea aquí la decisión de la Fiscal de Cartagena:

la decision de la fiscal de cartagena caso las pavas

Escuche las declaraciones de José Macías en La Hora de la Verdad:

Entrevista de Fernando Londoño Hoyos

La Hora de la Verdad, Bogotá

Radio Súper, Bogotá, 29 de diciembre de 2011:

http://www.4shared.com/mp3/9tKi7gAF/JOSE_MACIAS_001.html

http://www.4shared.com/mp3/hpdtQUmB/JOSE_MACIAS_002.html

http://www.4shared.com/mp3/rUEbHr4i/JOSE_MACIAS_003.html

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

27 de diciembre de 2011

¿Juan Manuel Santos es el presidente de todos los colombianos? El 7 de agosto de 2010, él dijo que sería el presidente de la Unidad Nacional. Lo que es otra cosa. No se encuentra en ese primer discurso como presidente en ejercicio esa frase clave, esa noble promesa que suelen hacer los presidentes democráticos al ser investidos. Supongamos, sin embargo, que Juan Manuel Santos hizo ese anuncio, aunque lo haya hecho a su manera, es decir, al evocar no tanto el principio constitucional que todos conocemos, el del artículo 188, que dice que el presidente de la República “simboliza la unidad nacional”, sino un sistema de gobierno que estaría basado en una coalición muy amplia, si no total, de partidos políticos. No deberíamos olvidar ese matiz.

Si Juan Manuel Santos es el presidente de todos los colombianos ¿por qué no defiende, desde su eminente posición, a todos los colombianos? El no lo hace. No lo hace cuando deja desamparado e indefenso al colombiano más ilustre. El ex presidente Álvaro Uribe fue insultado públicamente por el jefe de Estado venezolano, en ceremonia oficial y en presencia del presidente Santos, y éste no se atrevió a abrir la boca para rechazar eso. A su vez, el títere que Chávez tiene en Quito insultó más tarde al presidente Uribe en presencia del presidente Santos y éste, de nuevo, guardó silencio. El presidente Santos no es el presidente de todos los colombianos cuando hace eso.

Cuando Santos deja que Rafael Correa cometa, en Bogotá, la fechoría de tildar al presidente Uribe de “paramilitar” y “mafioso” y cuando lo deja injuriar a toda Colombia, desde una radio bogotana, no es el presidente de todos los colombianos.

Santos tampoco es el presidente de todos los colombianos cuando permite que otros distinguidos colombianos, como José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel, entre otros, sean amenazados por el déspota venezolano. Hugo Chávez, quien acoge en su país a los sanguinarios jefes de las Farc, anuncia que meterá en la cárcel a dos intelectuales colombianos si entran a Venezuela. Chávez no se había ridiculizado tanto como ahora.

Juan Manuel Santos y su nuevo mejor amigo, Hugo Chávez

Al eructar de esa manera, Hugo Chávez imita a su amigo sirio Bashar al Assad quien mete a la cárcel a cuanto periodista, occidental o no, encuentra pues cree que así logrará impedir que el mundo vea cómo sus esbirros masacran al pueblo.

Como los demócratas del continente americano se están organizando a escala internacional para hacerle frente al expansionismo totalitario de Caracas, Hugo Chávez está al borde de una crisis de nervios. La creación de la Fundación Internacionalismo Democrático, bajo la dirección del ex presidente Álvaro Uribe, y los diálogos en Bogotá con políticos venezolanos, exaspera a Chávez. Eso explica su violenta rabieta contra José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel, y contra todos los uribistas de la Tierra. Pero no solo es eso. Chávez sabe que ese internacionalismo democrático podrá convertirse dentro de poco en realidad palpitante y en hechos precisos.

Horas antes de dejar su cargo en manos de Juan Manuel Santos, el presidente Álvaro Uribe presentó dos demandas contra el régimen de Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el Estado colombiano había constatado varias veces la presencia de las FARC en ese país. Un jefe opositor venezolano, Alejandro Peña Esclusa, estaba a punto de presentar un informe en La Haya sobre ese mismo punto, antes de ser encarcelado en Caracas por orden de Chávez.

Como todo el mundo sabe, el presidente de Venezuela tiene tres querellas ante la Corte Penal Internacional, aparte de la que introdujo el presidente Uribe. Esas demandas podrían cobrar toda su actualidad en los próximos meses. Sobre todo a causa del hecho de que el nuevo jefe de las FARC, tras la muerte en combate de Alfonso Cano, sigue escondido en Venezuela, desde donde dicta órdenes para atacar a Colombia. Quien le da refugio a tal personaje para que cometa crímenes en total impunidad corre el riesgo de alertar a los jueces de La Haya. Estos podrían abrir de nuevo esos expedientes y obligar a Chávez a responder por esos actos. Y a explicar por qué, y en nombre de quién, un país soberano protege a una organización reconocida como narcotraficante y terrorista por Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

El Presidente Santos debe decir qué piensa de la nueva amenaza de Chávez contra los uribistas. Deberá decir cuál será su actitud ante las entrevistas que realizará el presidente Uribe en territorio colombiano con políticos del continente y del mundo. ¿Serán mal vistas? ¿Serán obstruidas para no disgustar al “nuevo mejor amigo”? ¿Serán vetadas, sobre todo cuando sea con líderes antichavistas? El divorcio entre el presidente Santos y el uribismo es un hecho. Sin embargo, esa ruptura no puede ser pretexto para que se le recorten las libertades, prerrogativas y seguridades que la Constitución y las leyes colombianas le otorgan a los ex presidentes de la República. Tampoco puede ser pretexto para limitar las libertades de los uribistas.

También deberemos ver cómo se comporta la justicia ante esto. Hugo Chávez quiere no sólo encarcelar en Venezuela a los uribistas. El quiere que los encarcelen en Colombia. Ya lo está logrando con la ayuda de sus agentes infiltrados en las cortes y sus montajes. A eso se quieren sumar otros ahora.

Tras la gesticulación de Chávez contra José Obdulio Gaviria y Alfredo Rangel saltó a la palestra un senador colombiano que, en lugar de defender a sus compatriotas, se puso del lado del tirano extranjero y dijo que era más conveniente que la justicia colombiana ¡les “abriera procesos” y se encargara de ellos! Ese personaje, que deshonra la condición de senador, aplaude a Chávez y asegura que hablar con la oprimida oposición venezolana es “interferir en asuntos internos de Venezuela”. Ese senador es de los que impulsa en estos momentos una reforma que pretende no sólo otorgarle inmunidad a los jefes de las Farc, sino el derecho de convertirse, tras una hipotética “desmovilización”, en senadores, representantes, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República. La miseria moral es una enfermedad contagiosa.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

23 de diciembre de 2011

La Fiscal General Viviane Morales deberá explicarle al país cómo un elemento confidencial de un sumario entregado a la Fiscalía General fue robado de sus oficinas y fue a parar a las manos de Vladimir Florez, alias Vlado, caricaturista de la revista Semana, y de Claudia Julieta Duque, jefe de comunicaciones del Colectivo de abogados Alvear Restrepo.

Una memoria USB que pertenecía al difunto jefe paramilitar Carlos Castaño, ex jefe de las AUC, había sido cedida a la Fiscalía por el ex paramilitar Hebert Veloza, alias ‘HH’, en 2008. Esa memoria USB hace parte de un importante expediente penal que está bajo la responsabilidad de la Fiscalía General.

¿Por qué esa memoria, que hace parte de la reserva de un sumario, fue a caer en las manos de terceros que, aparentemente, no tienen nada que ver con ese asunto? ¿Quién extrajo esa memoria USB del expediente? ¿Fue un hurto? ¿Un juez autorizó eso? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién le entregó a Florez y a Duque esa memoria? ¿Quién mueve los hilos de esa nueva intriga?

Vlado y Duque utilizaron esa memoria USB, que la prensa no ha visto, para montar una campaña infame contra un periodista, Ernesto Yamhure Fonseca. Ellos inventaron que Yamhure tenía “algo que ver” con paramilitares, que él había “violado la frontera de lo profesional o académico, para convertirse en “una cosa más estrecha”. ¿Qué es la “cosa más estrecha”? Nadie lo sabe.

Facsimil de una de las columnas de Ernesto Yamhure

A causa de la actuación de ese dueto, Yamhure recibió amenazas de muerte y tuvo que renunciar a su trabajo. Perdió la columna que escribía en El Espectador, salió del noticiero La Hora de la Verdad y de Caracol Radio.

No es la primera que el mamertismo comete infamias contra un editorialista. Quienes defienden la libertad de la prensa deben ver en esa tenebrosa operación de Vlado y Duque una amenaza contra todos los periodistas del país.

Florez y Duque tratan de engatusar a la opinión con el cuento de que en la memoria USB robada hay un “documento” que permite pensar que Carlos Castaño “conocía de antemano las columnas de Yamhure y tenía injerencia sobre su contenido”. Se trata obviamente de un embuchado más del siniestro Colectivo de Abogados. ¿Cuál es ese “documento”? Nadie ha visto nada. Como esa impostura se desinfló, tratan ahora de revivir, por otra vía, el mismo conejo.

Esta vez es un fiscal de Montería (Córdoba) quien salta al ruedo. El ha citado a Yamhure para que rinda indagatoria, en Bogotá, por “presuntos vínculos con el paramilitarismo”. El cuento es así: que Freddy Rendón Herrera, alias el “Alemán”, dijo hace dos años que éste había sido “asesor” de Carlos Castaño. Durante dos años existía esa grotesca “declaración” y nadie había dicho nada, ni siquiera a Yamhure. Ahora, cuando el debate entre la Fiscal General, Viviane Morales, y el ex Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, está más álgido, aparece esa nueva historia.

El “Alemán” miente. El es un psicópata con una carrera criminal enorme. Su palabra no vale mucho. La misma Corte Suprema de Justicia constató eso, durante el proceso del senador Suarez Mira. Allí el “Alemán” incurrió en falsedad testimonial con facilidad asombrosa. La Procuraduría también conoce sus trampas y sabe, sobre todo, que el “Alemán” juró vengarse de todo el mundo, del gobierno de Álvaro Uribe, de Luis Carlos Restrepo, de Yamhure.

La historia de Ernesto Yamhure es la de un joven universitario de 24 años que decidió un día servirle a su país y adentrarse en uno de los procesos de desmovilización de paramilitares más fascinantes e importantes del mundo. Su tesis de grado, laureada por la Universidad del Rosario, aborda con gran precisión esa temática. En 2008, cuando Yamhure regresó a Colombia, tras un periodo como funcionario de la embajada de Colombia en Suecia, Luis Carlos Restrepo lo contrató para que redactara las memorias de la desmovilización de las autodefensas AUC. De ello salió la Memoria Documental del Proceso de Paz con las Autodefensas, obra en tres volúmenes publicada por la Presidencia de la República de Colombia.

No es cierto que Carlos Castaño haya “corregido” un artículo de Ernesto Yamhure. Este, como todo periodista que se respeta, verificó la información dada por una de sus fuentes, antes de firmar una columna para El Espectador y otra para El Nuevo Siglo. En ese momento, finales de 2002, la situación era confusa. Las AUC acababan de anunciar que harían un cese al fuego unilateral para entrar en diálogo con el gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Pero había otros sectores que se decían “disidentes” del grupo de Castaño. (Ver “Columbian Rightists Declare Cease-Fire as Prelude to Talks”, The New York Times, Nov. 29 2002, y “Otros 1 500 paramilitares anuncian que cesarán hostilidades”, El Tiempo, Bogotá, 29 de noviembre de 2002). En lugar de escribir tonterías, Yamhure pidió precisiones a su fuente. Nada más  honesto y legítimo que eso.

Yamhure no fue un espía de Luis Carlos Restrepo, como alucina el “Alemán”. Tampoco fue “asesor” de Castaño. Yamhure sirvió de canal de comunicación durante los primeros momentos del proceso para dejarle en claro a Castaño que el objetivo del Ejecutivo era lograr un cese real de hostilidades que condujera al desarme y que las reglas debían ser claras. El hizo eso en perfecta coordinación con el Alto Comisionado para la Paz. Si hacer eso y entrevistar al jefe paramilitar convertía al periodista en “asesor”, hay muchos otros “asesores” de Castaño trabajando en los principales diarios y revistas del país, sin que el Colectivo de Abogados organice intrigas contra ellos. ¿Por qué sólo Yamhure, y Salud Hernández, ponen iracundos a esa gente? Porque son íntegros e independientes.

Las veces que Yamhure fue a Ralito para sondear las posibilidades de un diálogo y enterarse como periodista, antes y después del cese al fuego, sobre la verdadera intención de las AUC, lo hizo con el permiso del Alto Comisionado para la Paz. El gobierno no quería un falso proceso como el del Caguán. Ese detalle es ocultado por los intrigantes pues saben que la ley 782 de 2002 dice que las personas o los funcionarios que, con autorización del Gobierno, hayan participado en el proceso de desmovilización de las autodefensas “no incurrirán en responsabilidad penal por razón de su intervención” en ello. Desde ese momento, Yamhure fue objeto de amenazas de muerte e intimidaciones. Las Farc, el partido comunista y el Polo Democrático querían sabotear ese proceso. Carlos Lozano decía en esos días: “No está claro si el Estado busca desmontar los grupos paramilitares o legalizarlos a través de redes de informantes y soldados campesinos”. Gustavo Petro insistía en que el presidente Uribe buscaba “indultar” a las autodefensas. Los dos se equivocaban y los artículos de Yamhure lo demostraba.

Vlado y Duque deberán explicar otros puntos de su cuento, pues ellos se limitan a agitar lo que les interesa (el montaje contra Yamhure), pero se hacen los sordos cuando se les pregunta de dónde sale la tal memoria USB, quien se las dió y qué contiene exactamente. Pues esa memoria puede incluir otros datos. ¿No figuran allí unas cuantas plumas de varios medios bogotanos? Ese dúo escoge lo que le interesa y esconde el resto. Su maniobra es simplemente abyecta.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

17 de diciembre de 2011

Un proceso por los hechos de 1985 en el Palacio de Justicia acaba de dar un paso importante en la buena dirección. El juzgado 51 penal del circuito de Bogotá absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero, al coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al sargento (r) Gustavo Arévalo de los cargos que una fiscal les imputaba por la supuesta “desaparición” de 11 personas en la operación que le permitió al Estado colombiano rescatar el Palacio de Justicia, el cual había sido asaltado a sangre y fuego, el 6 de noviembre de 1985, por la organización terrorista M-19. La decisión favorable a los citados militares en retiro coincide con lo que distinguidos juristas y una gran parte de la opinión pública esperaban desde hace años.

El General Iván Ramírez Quintero era el jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici) en la fecha de la toma al Palacio de Justicia. La juez 51, María Cristina Trejos, estimó que existe una ”duda razonable” sobre la presunta responsabilidad del General Ramírez y de sus dos subalternos en la pretendida desaparición de once personas que algunos afirmaban que salieron vivas de ese edificio.

Inicialmente, Iván Ramírez había sido acusado de haber participado en tales

General Iván Ramírez

“desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que esos oficiales no tenía nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condena contra ellos únicamente por la presunta desaparición de Irma Franco, una guerrillera del M-19 que tomó parte en el asalto.

Sin embargo, la juez María Cristina Trejos desestimó ese cargo y absolvió a Ramírez, a Blanco y a Arévalo pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

Ese fallo es un vuelco significativo por dos razones. Primero porque confirma que el tema de los supuestos “desaparecidos” en el asunto del Palacio de Justicia es cada vez menos creíble. Ese punto ya había sido cuestionado totalmente, con excelentes argumentos y revelaciones, por el Tribunal Especial de Instrucción del 31 de mayo de 1986.

El informe del TEI concluyó que existía prueba suficiente para concluir que los “desaparecidos” fallecieron en el cuarto piso del palacio, a donde fueron conducidos como rehenes por los terroristas, en los primeros momentos del asalto, y que el número de cadáveres calcinados y no identificables (en 1986) aparecidos en el cuarto piso necesariamente corresponden al de las supuestas víctimas “desaparecidas”.

Lo mismo fue alegado por la defensa del Coronel Plazas Vega. Ahora, con la sentencia de la juez María Cristina Trejos, vuelve a aparecer ese punto de los “once desaparecidos” como una forma de impostura. Una vez más, la hipótesis de los “desaparecidos” del palacio de justicia se derrumba.

El Coronel Alfonso Plazas Vega y su abogado, el Dr. Jaime Granados

No podía ser de otra manera. Recordemos lo que ocurrió el 27 de febrero de 2011. Ese día el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá, hizo una transcendental revelación a los periodistas Ricardo Puentes Melo y Fernando Londoño Hoyos. Declaró que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia, que le había entregado a él, al doctor Rodríguez Cuenca, 64 de ellos para que tratara de identificarlos y que la Fiscalía General se había quedado con 27 restos humanos los cuales correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

¿Después de tal revelación cómo se puede seguir hablando de “desaparecidos” del palacio de justicia? Esas personas murieron a causa de la acción del M-19 en esa toma sangrienta. Los jefes del M-19 de esa época son los que deben responder por esas muertes, pues hasta hoy no lo han hecho y se han concentrado en acusar de ello a los militares, bajo el subterfugio de los “once desaparecidos”. Pero ese montaje se ha hundido.

En segundo lugar porque, por la primera vez, un juez de la República constata que el protagonismo de los militares que actuaron en la defensa y rescate del Palacio de Justicia es mil veces menos ilegal de lo que los acusadores suponían, y que las acusaciones contra ellos son “dudosas”. Por eso la juez María Cristina Trejos reveló, en su sentencia del 16 de diciembre de 2011, que la duda es más fuerte que las suposiciones acusatorias.  Ella condenó hace siete meses al General Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por los “desaparecidos” del Palacio de Justicia. Esa sentencia ha sido fragilizada por ella misma.

Petro, miembro de la banda del M19, hoy alcalde electo de Bogotá

Hasta ahora dos altos militares que liberaron a más de 244 rehenes, e impidieron que el M-19 se consolidara en ese edificio y realizara un golpe de Estado bajo la forma de un “juicio popular” contra el presidente de la República de la época, Belisario Betancur, como habían planeado, han sido juzgados y condenados a penas de prisión severísimas a pesar de que la instrucción de esos procesos no ha podido aportar prueba alguna contra ellos. Por eso muchos juristas, periodistas y observadores estiman que los procesos del General Arias Cabrales y del Coronel Alfonso Plazas Vega aparecen como una persecución política pues rebosan de vicios de enorme gravedad.

El abogado del general Ramírez, John Fernando Vásquez, demostró que su defendido no estuvo presente durante la recuperación del Palacio de Justicia. El logró probar, sobre todo, que las acusaciones que lo mostraban como ligado a las “desapariciones” son “inconsistentes” y “no han sido acopiadas dentro del juicio”, como informó El Espectador, este 16 de diciembre.

Lo más interesante es que uno de los pilares de la acusación contra el general Ramírez era el testimonio de un señor Édgar Villamizar quien, como hizo valer el abogado John Fernando Vásquez, no figura en el expediente pues el nombre que aparece en éste es de un tal Édgar Villareal, persona totalmente desconocida hasta el día de hoy.

Edgar Villamizar no estuvo jamás en los episodios del Palacio de Justicia, ni fue testigo de nada pues está probado que él se encontraba en Granada (Meta) en esos días de noviembre de 1985. Además, el verdadero señor Edgar Villamizar declaró ante Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, en junio de 2011, que alguien había suplantado ilegalmente su nombre en el proceso del Coronel Plazas Vega y que la fiscal Ángela María Buitrago había cometido el enorme error de no verificar quien le había dado la misteriosa versión mediante la cual alguien pretendía enlodar al coronel Plazas.

Edgar Villamizar, poniendo en peligro su vida y la de su hijo (pues teme ser víctima de un atentado que silencie su voz definitivamente), declaró ante el Procurador General que él no había sido testigo de nada, que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, que no conocía al Coronel Plazas, que nunca le había oído pronunciar a éste frase alguna, que nunca había ido a la Fiscalía a testimoniar, que no había firmado el llamado “testimonio” que la fiscal instructora había hecho valer como auténtico, a pesar de las fuertes protestas del abogado de la defensa quien denunció ese documento como una prueba falsa.

La pregunta es: si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al coronel Plazas basada únicamente sobre esa “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia en estos momentos el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Coronel Plazas Vega, no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (firmado Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

No es posible que en un proceso ese falso testimonio sea desechado y declarado “dudoso” y en otro proceso, sobre los mismos hechos, sea tomado como válido, desconociendo las declaraciones del propio Edgar Villamizar ante el Procurador General, no cuestionadas por nadie hasta el día de hoy.

Otro elemento que disparó las dudas de la juez María Cristina Trejos es la presencia en ese expediente del testimonio de Ricardo Gámez Mazuera, quien dijo haber sido miembro del Coici. Sin embargo, ese testimonio, que también fue esgrimido contra el Coronel Plazas Vega, fue desechado por la fiscal Buitrago. El testimonio de Gámez Mazuera fue, en efecto, desestimado por sus graves irregularidades. La Fiscalía le pidió a éste que testimoniara ante el consulado de Colombia en Bruselas (pues Gámez residía en Bélgica), pero éste no quiso comparecer. Gámez mintió todo el tiempo pues la Fiscalía comprobó que no había sido policía ni había estado en los hechos del Palacio de Justicia y tampoco había sido miembro de los servicios de inteligencia del Ejército.

El Coronel Plazas, por otra parte, no tuvo nada que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate y no podía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

La revelación obtenida por el periodista Ricardo Puentes Melo, y el análisis realizado por el doctor Fernando Londoño Hoyos, son de importancia capital: ello implica que el proceso y la condena penal de primera instancia contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega se ha derrumbado definitivamente.

El Coronel Plazas no pude seguir privado de libertad. El debe ser puesto en

El antropólogo forense José Vicente Rodríguez Cuenca fue muy claro al afirmar que "la Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos"

libertad inmediatamente. El fallo en segunda instancia, esperado por millones de personas en Colombia, no puede pasar por encima de lo que fue revelado, por fin, ante el país, por intermedio del Procurador General, ni pasar por alto lo que acaba de decidir la juez María Cristina Trejos. La sentencia de primera instancia que condenó al Coronel Plazas, detenido desde julio de 2007, es espuria e ilegal. El ente fallador de la segunda instancia debe  corregir esa infamia y absolver de todo cargo al Coronel Alfonso Plazas Vega. El General Jesús Armando Arias Cabrales, detenido desde octubre de 2008, también debe ser puesto en libertad. Los dos altos oficiales están presos en instalaciones militares de Bogotá.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

30 de noviembre de 2011

El pasado lunes, mediante un mensaje electrónico, le pedí al senador Roy Barreras que archivara su proyecto de acto legislativo que pretende introducir en nuestro ordenamiento jurídico la polémica “justicia transicional”. Envié el mismo mensaje a los otros 17 miembros de la comisión primera del Senado pues al día siguiente ellos iban a examinar ese texto.

Bautizado por Roy Barreras con la pomposa etiqueta de “marco legal para la paz”, ese proyecto, de ser aprobado, aportará nuevos problemas al país pues en lugar de facilitar la paz prolongará el activismo que la hace imposible y aumentará aún más el caos de la justicia.

La iniciativa del senador Barreras, que cuenta con el apoyo del presidente Santos, es nefasta en general pero tiene sobre todo un artículo que preocupó enormemente, desde el comienzo, a los colombianos. El artículo 2 de ese texto abre la posibilidad de otorgarle a quienes dejaren las armas la posibilidad de hacer política, elegir y ser elegidos. El único límite a semejante privilegio es que el interesado no haya cometido crímenes de lesa humanidad. Se trata, obviamente, de un obstáculo evitable.

En otras palabras: ese proyecto, pieza central del presidente Santos para sentar las bases de un diálogo con las Farc y el Eln, busca exceptuar a miles de terroristas y narco traficantes de esas bandas del castigo penal y social que merecen. Es más, pretende permitirles que se conviertan, de la noche a la mañana, en intocables agitadores, caudillos, politiqueros, congresistas, jueces, alcaldes, gobernadores y, finalmente, en árbitros, si no dirigentes, de la vida política nacional. Esa manera de  conseguir “la paz” es muy extraña pues equivale, en realidad, a propinarle a la frágil y asediada democracia colombiana el golpe más solapado y demoledor.

Colombia no sale del asombro desde hace más de veinte años al ver que los operadores del M-19 no fueron sancionados por sus crímenes, ni por su espantosa destrucción del palacio de Justicia de Bogotá. Permitimos, por el contrario, que fueran amnistiados y que se convirtieran en caciques políticos, congresistas, ministros, gobernadores y alcaldes, lo que desembocó en el actual desastre de la justicia y en la explosión de la corrupción en algunas ciudades. Lo que nos espera con los miles de eventuales “desmovilizados” de las Farc y del Eln, haciendo y deshaciendo en la vida política del país, será mil veces peor.

Gustavo Petro, antiguo terrorista del M-19 y hoy alcalde electo de Bogotá, con Roberto Sáenz, concejal comunista de Bogotá y hermano del comandante de las FARC

A manera de respuesta, el senador Roy Barreras me envió, horas después, un corto comunicado de prensa en el que asegura que, como “inevitable consecuencia” de la matanza de las Farc del 26 de noviembre pasado, él había decidido “suspender” la presentación del artículo segundo de su proyecto de acto legislativo y avanzar en la discusión del resto del texto. “Presentaré mañana lunes en mi ponencia solamente el artículo 1 que contiene los instrumentos de justicia transicional que necesita el Gobierno para evitar el colapso de justicia y paz y de leyes similares”. La senadora Karime Mota me envió el mismo texto.

La respuesta del senador Roy Barreras es inquietante. El no acepta retirar el artículo 1 de su proyecto pues sólo lo “suspende”. Es decir, que dentro de unos días o semanas, cuando la cólera nacional contra la reciente masacre de las Farc haya decaído, el podrá sacarlo de la manga de nuevo bajo otra forma.

Sin embargo, la revista Semana había creído necesario dar a entender que Roy Barreras había retirado del todo la peligrosa iniciativa. “Tras masacre de uniformados, retiran propuesta de vocería política a desmovilizados”, afirmó el 28 de noviembre de 2011. Pero no, nadie ha retirado nada. Todo queda en suspenso, lo que es otra cosa.

A partir de ese momento la ambigüedad se apoderó de la comisión primera. El partido conservador pidió a sus cuatro senadores que no apoyaran la iniciativa de Roy Barreras. “Pensar en diálogos y marcos legales es una solemne ingenuidad. La única solución es el imperio de la ley y de la fuerza, de manera que si se está hablando de marcos legales para el diálogo yo no estoy de acuerdo con eso”, declaró José Darío Salazar, presidente de esa formación.

El bando liberal fue tibio. El senador Juan Fernando Cristo  se limitó a decir que siempre hubo “mucha duda frente a la oportunidad y conveniencia de ese acto legislativo”. Juan Manuel Galán pidió “claridad” para que el proyecto de Barreras no termine siendo “una ley para la impunidad ni de punto final”. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, estimó que los desmovilizados “no tendrán vocería política, como en un momento se pensó” pero que el resto del proyecto debe ser aprobado, “a pesar del asesinato de cuatro uniformados secuestrados por las Farc”. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, si bien señaló que “definitivamente se cierra la puerta” a lo de la vocería para los ex terroristas, dio a entender que más tarde podrían retomar esa idea, pues los asesinatos de los cuatro rehenes “no puede hacernos cerrar los ojos frente a lo que es el sueño que tiene el país hacia el futuro”.

Como se ve el plan de abrirle espacios políticos a los jefes y cuadros de las bandas terroristas para negociar con ellos el futuro de Colombia sigue vigente, aunque por razones de prudencia ante el inmenso dolor popular por el nuevo crimen de las Farc esa idea haya sido, aparentemente, dejada en suspenso.

Esa maniobra prueba que tres días después de un nuevo crimen de lesa humanidad de las Farc, contra cuatro miembros de la Fuerza pública que estuvieron en cautividad atroz durante más de doce años, los sectores afectos al Gobierno son incapaces de dotarse de una política real de firmeza contra el terrorismo. Parece que la lógica dominante, más allá de la fraseología acostumbrada, estipula que como la  continuidad militar de las Farc está en peligro hay que preservarles, al menos, una continuidad política, a través de “diálogos de paz” y de abrirles ventanas para que hagan protagonismo político. Es enfoque es monstruoso.  Colombia, por el contrario, debe impedir lo uno y lo otro.

“Todo el mundo ha visto lo que son las Farc”. Esa frase se repite con razón en todas partes en estos días. La tristeza es inmensa. Sin embargo, las medidas concretas para poner fin a esas atrocidades, para desmantelar definitivamente a las Farc, siguen siendo rechazadas.

A pesar del espectáculo de horror que ofrecen las Farc, de sus actos homicidas con los cuales nos dicen que para ellos la paz carece de sentido, que toda negociación es una farsa, una minoría sigue empeñada, por razones ideológicas, en proteger por todos los medios la continuidad de ese aparato criminal. Hay personas que tratan de reeditar el experimento del M-19 que entregó las armas para después poder continuar, en el terreno político, su trabajo de zapa contra las instituciones y contra la democracia. Para algunos ha llegado la hora de que las Farc y el Eln se sumen a ese proceso de demolición.

Colombia no puede permitir que los crímenes de las Farc y del Eln queden impunes. Debe impedir que los delincuentes más feroces de la historia nacional sean recompensados con privilegios políticos.

Lo que algunos pretenden hacer aquí no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Tras la derrota de Alemania hitleriana el proceso de Núremberg castigó a todos los jefes nazis sobrevivientes. Los que no fueron juzgados fueron marginalizados de la vida política de ese país. Tras la caída del muro de Berlín, los comunistas de Europa del Este no fueron premiados con leyes que los catapultaban a la vida política del país. Eso no ocurrió ni siquiera en la ex URSS donde ningún dirigente del partido comunista regresó al poder por esa vía.

¿Por qué se quiere permitir que los jefes de las Farc después de hacerle la guerra más implacable al país durante 50 años, puedan volverse dirigentes políticos de Colombia? Sólo gente que odia profundamente a Colombia puede urdir un plan tan siniestro como ese.

El proyecto histórico de las Farc de destruir la democracia y edificar una sociedad totalitaria en Colombia sigue para  ellos vigente y tratará de ser perpetuado, incluso tras una derrota militar aplastante, mediante unas falsas negociaciones de paz y la creación de unos “espacios políticos”.

Mientras países que fueron víctimas del comunismo, como Camboya, están juzgando a los dirigentes del régimen genocida de Pol Pot, en lo que algunos llaman “el Núremberg de Camboya”, Colombia no quiere saber de un proceso general de los crímenes cometidos por las guerrillas comunistas.

¿Tendrá Colombia que imitar a la Camboya de hoy, quien aceptó que un tribunal internacional juzgue a los genocidas?

Por la liquidación de 1,7 millones de camboyanos durante el régimen de terror (1975 – 1979) están juzgando en estos días a Khieu Samphan, jefe de Estado, Nuon Chea, ideólogo y número dos de los Khmer Rojos (el PC camboyano) y Ieng Sary, exministro de Relaciones Exteriores. Kaing Guek Eav, alias Duch, quien dirigió el centro de torturas S-21, en el que 16.000 personas murieron, fue condenado a 35 años de prisión en julio de 2010.

Los crímenes por los cuales son acusados esos individuos son genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, asesinato, tortura y persecuciones por razones religiosas y de raza. Guardadas proporciones, son crímenes idénticos a los que cometen las Farc.

El Congreso de Colombia, en lugar de perder su tiempo en discusiones sobre proyectos suicidas destinados a garantizar la impunidad y la supervivencia política de los narcoterroristas, debería votar por la apertura de un proceso histórico general sobre los crímenes del comunismo en Colombia, por un Núremberg de las Farc.

Que la marcha contra las Farc del 6 de diciembre próximo sea la ocasión para discutir y difundir esta idea.

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

4 de diciembre de 2011

Los colombianos saldrán a las calles el 6 de diciembre de 2011 para demostrar su repudio masivo, una vez más, a las Farc. Ese día, no habrá acción más noble que la de salir a las  plazas y avenidas de Colombia a decir, a exteriorizar, a gritar nuestro desprecio inmenso y definitivo contra esa  organización criminal que acaba de asesinar a cuatro policías y militares, rehenes indefensos y debilitados que estaban en su poder, tras más de doce años de cautividad inhumana en la selva.

El objetivo de las manifestaciones del 6 de diciembre no puede ser más claro: decir que las Farc no deben  seguir existiendo en Colombia.  La manifestación no será contra la violencia en general, sino contra la peor violencia que sufren los colombianos desde hace más de 50 años: la violencia de las Farc. Pero no será sólo para luchar contra la violencia de las Farc. Será para luchar contra todo lo que representan las Farc: sus ideas, sus métodos, sus mentiras, su cinismo, su cobardía. Esa criminalidad específica,  que logra dotarse de voceros “legales” y que se pretende “política”, debe ser extirpada de nuestra tierra, pues ellos  son la negación de todo lo que los colombianos hemos construido: la libertad,  la fraternidad, la prosperidad, la elevación moral, espiritual e intelectual.

Familiares de los secuestrados asesinados llorando tras el anuncio de la ejecución

La violencia de las Farc es la peor de todas las formas de violencia, pues es la única que aspira a destruir las bases mismas de la sociedad y los valores sobre los cuales ésta reposa.  La obsesión de ellos es empujar el país hacia  la nada, hacia la miseria y la opresión de una minoría ilegítima y terrorista.  La violencia de las Farc por eso no es sólo perversa  sino  anti histórica.  Con sus matanzas, con sus secuestros, con su narco-tráfico y con sus atrocidades en serie, las Farc esperan recuperar el terreno que perdieron en los ocho años del heroico gobierno del presidente Álvaro Uribe.  Contra ese hipotético regreso, el pueblo se levanta y la manifestación del 6 de diciembre es para decir eso: No más Farc.

Cuando marchemos pensaremos en los otros 14 rehenes “políticos” y en las decenas de otros secuestrados “comunes” que aún están en las garras de esa banda.  Pero también pensaremos en los militares  que están en la cárcel por defender nuestras vidas y nuestras instituciones, como  el general Arias Cabrales, el general Uscátegui, el coronel Plazas Vega, el mayor Ordóñez. Ellos no han cometido un sólo delito y están, sin embargo, en prisión y han sido condenados  a penas injustas al final de procesos aberrantes y escandalosos.  En juicios estrafalarios donde no fueron escuchados pues lo que primaba era la orden de condenarlos para aterrorizar a la ciudadanía y a cada miembro de la Fuerza Pública.  Todos ellos, como los rehenes secuestrados, deben ser puestos en libertad.

Las Farc secuestraron a los rehenes “políticos” para obligar al Estado y al Gobierno a ceder y desmilitarizar sectores claves del territorio colombiano, en favor del narco-terrorismo. Los militares fueron echados a la cárcel para obtener lo mismo: para que los oficiales y las tropas tuvieran miedo de combatir  y vencer a los depredadores históricos del pueblo colombiano pues la amenaza era caer luego  en las redes intrincadas de jueces diabólicos y corruptos. Con tales métodos las Farc quieren  dejar sin defensa  todo el territorio nacional.

Las manifestaciones del 4 de febrero de 2008 unieron, por primera vez, a los colombianos, del país y del exterior, contra tal perspectiva, en un acto de repudio unánime. Esas manifestaciones nunca dividieron al país, como pretenden los agitadores de las Farc.

Las marchas del 6 de diciembre de 2011 tendrán el mismo carácter: no levantan consignas ambiguas y tendenciosas, como la de que debemos luchar contra “los violentos de este país”, como pretenden los enemigos de la marcha. Ni contra “cualquier forma de violencia”, como quieren los que tratan de confundir a todo el mundo y hacer de las Farc no un agresor sino un agredido.  La marcha sí es de la “ciudadanía  toda” y de “Patria unida”, pero dentro esa “unidad” no estarán jamás las Farc, las cuales se auto-excluyeron de la comunidad nacional al tratar de sojuzgar por la violencia más despiadada a esa misma comunidad nacional.

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