Miembros del ELN en la Universidad Nacional. Quien domine las universidades hoy, dominarán el país en 30 años

Por Olavo de Carvalho

Febrero 05 de 2012

Si ustedes quieren tener algún día en Brasil un movimiento conservador vigoroso, apto para conquistar y ejercer el poder, comiencen por meditar los siguientes puntos:

1. Los grupos que dominan la política, los medios y el mercado editorial provienen de las universidades y especialmente del movimiento estudiantil. La elevación de los líderes estudiantiles a las posiciones de poder lleva aproximadamente treinta años. Quien domine las universidades hoy dominará el país en treinta años.

2. Dominar las universidades no es un proceso espontáneo. Es el resultado de un trabajo sistemático de ocupación de espacios, de remoción de los adversarios, de mutua protección mafiosa y de conquista progresiva de los altos puestos, que no rinde frutos en menos de una generación: más treinta años, que pueden reducirse a diez, pues la conquista de la hegemonía universitaria y la formación de la nueva generación de estudiantes no son fases separadas, sino fundidas y superpuestas. El tiempo necesario para la formación de un movimiento político viable es, entonces, de cuarenta años aproximadamente.

El acierto de este cálculo es ilustrado por innumerables ejemplos. Data de los años ’60 el inicio de la conquista de las universidades de Europa, los Estados Unidos y América Latina por la “nueva izquierda” inspirada en la Escuela de Frankfurt y en aquello que sus críticos llegarían a etiquetar, sin mucha precisión, como “marxismo cultural”. Transcurridas cuatro décadas, la ideología de lo “políticamente correcto”, del feminismo, del gayzismo, del abortismo, del racialismo y del odio anti-occidental y anti-cristiano dominaba – y domina hasta hoy – la política, los medios y el mercado editorial en toda esa área (un tercio de la superficie terrestre).

3. El trabajo de conquista, primero de las universidades y después del poder en general, depende de dos condiciones: (a) sólo puede ser emprendido por organizaciones estables y duraderas, capaces de un esfuerzo concentrado y sistemático a lo largo de por lo menos dos generaciones; (b) exige organizaciones que estén firmemente decididas a realizarlo y que vean en ello su obligación más esencial e ineludible, al punto de sacrificar a dicho propósito todos sus demás intereses políticos, sociales, culturales, financieros, etc.

En todo el planeta, desde hace casi dos siglos, sólo se interesan seriamente por este objetivo las organizaciones ligadas al movimiento revolucionario mundial en todas sus variantes internas (comunismo, nazifascismo, tercermundismo, “nueva izquierda”, etc). Ninguna otra. No es de extrañar que la mentalidad revolucionaria, en sus varias versiones, incluyendo las más inconscientes de sí mismas, se haya convertido en la llave dominante del pensamiento político – y hasta de la moralidad pública- en todo el mundo occidental. Hoy en día, una nueva versión del movimiento revolucionario –el radicalismo islámico- está haciendo un serio, bien organizado y bien financiado esfuerzo para conquistar las universidades de Europa y los Estados Unidos. Si ese esfuerzo llega a tener éxito, será imposible evitar la islamización forzada de Occidente en el plazo de una o dos generaciones.

4. Los grupos conservadores, liberales (en el sentido brasileño), cristianos, judíos sionistas, etc, se han limitado a oponer a la hegemonía revolucionaria en las universidades el combate intelectual, la “guerra cultural” o “lucha de ideas”. Apuestan en ello lo mejor de sus fuerzas. Pero esta es una estrategia absolutamente impotente, pues lo que está en juego no es realmente ninguna “lucha de ideas” y sí una lucha por la conquista de los medios materiales y sociales de difundir ideas, algo totalmente diferente. Usted puede probar mil veces que tiene la idea correcta, pero si el sujeto que tiene la idea errada es el dueño de las universidades, de los medios y del movimiento editorial, lo que va a continuar prevaleciendo es la idea errada. Basta leer revistas como New Criterion o la Salisbury Review para notar que, en comparación con la “izquierda”, los conservadores tienen hoy una superioridad intelectual monstruosa. Y sin embargo, ellos no mandan sobre la más mínima cosa. En la política, la superioridad intelectual tiene apenas un valor instrumental muy relativo. Si usted no sabe usarla para quebrar la autoridad del adversario, para tomar el cargo de él y colocar allí a alguien de su confianza, ella no sirve para absolutamente nada.

El movimiento revolucionario ya entendió hace mucho tiempo que “ocupar espacios” no es vencer en debates letrados. Concentrándose en la “lucha de ideas2, negándose noblemente a practicar la ocupación de espacios, la infiltración en los puestos decisivos y el boicot a los adversarios, los conservadores dejan a los revolucionarios el ejercicio del poder y se conforman con la satisfacción subjetiva de sentir que son más inteligentes y moralmente mejores. El sentido de solidaridad mafiosa, por tanto, se les escapa por completo. Difícilmente un conservador o libertario llega a rector, a ministro o incluso a director de departamento, sin rodearse inmediatamente de auxiliares izquierdistas, sólo para probarse a sí mismo (y para gran satisfacción del adversario) que su respeto por las personas “está por encima de divergencias ideológicas”. Esa bellezura moral es fuente de tantos males políticos que llega a ser criminal.

5. La lucha por la ocupación de espacios puede incorporar una parte de debate político-ideológico, pero ésta debe ser una parte bien modesta. Lo esencial no es vencer a las “ideas” del adversario, sino al adversario mismo, sin importar que sea por medios sin ningún contenido ideológico explícito. Se trata de ocupar su lugar y no de demostrar que él está del lado errado. Esto se obtiene mejor mediante la desmoralización profesional, por la prueba de su incompetencia o su corrupción, por la humillación pública, que por un respetuoso “debate de ideas” que sólo logra conferirle dignidad intelectual a quien, la mayoría de las veces, no posee ninguna.

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Febrero 05 de 2012

“Aberración: Grave error del entendimiento. Conducta depravada, perversa, o que se aparta de lo aceptado como lícito”. Definición de la Real Academia perfecto para calificar la sentencia sobre Plazas Vega.

La sentencia viola los derechos humanos. Uno sostiene que no habrá delito ni pena sin ley preexistente que los defina. El delito de desaparición forzada que se le imputa al Coronel no existía cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Otro sostiene que la ley penal nunca será retroactiva sino en lo favorable al reo. A Plazas Vega se le está aplicando una norma penal retroactivamente.

La sentencia no respeta los principios fundamentales del derecho penal. La pérdida de la libertad debe ser siempre una medida excepcional y a nadie se le debe condenar sino con prueba inequívoca de su responsabilidad en el delito. Y cualquier duda se debe resolver en beneficio del procesado. A Plazas Vega se le condena únicamente con base en un supuesto testimonio de un suboficial del Ejército que habría viajado en helicóptero con un docena de hombres desde Villavicencio y participado en la recuperación del Palacio. Al regreso, en la Escuela de Caballería, habría oído decir al Coronel “que cuelguen a esos hp”. En el testimonio presentando por la Fiscalía no coinciden nombre y cédula del suboficial y análisis grafológicos mostrarían que la del documento no es su firma. Otros soldados sostienen que ese suboficial nunca salió del Meta en ese época y hay pruebas de que las Fuerzas Militares no tenía entonces helicópteros para transportar tantas personas. Como si no bastara, ese suboficial, Edgar Villamizar, ha sostenido en la Procuraduría que nunca rindió tal testimonio y que, de hecho, no estuvo en el Palacio de Justicia. ¿Sin pruebas, cómo se condena a Plazas?

Y los colombianos nos seguimos preguntando, ¿Por qué Plazas Vega aún no está libre?

Los hechos son oscuros. Ni siquiera es claro cuántos son los desaparecidos. Aunque la juez hablaba de once, el Tribunal ya los redujo a dos: una guerrillera del Eme y el administrador de la cafetería. Pero es posible que el último esté dentro de los cuerpos calcinados que se recuperaron del Palacio y cuyas identidades no se han establecido, según dice un es director de Medicina Legal. En todo caso, Plazas Vega ni comandó la operación ni tuvo nunca control sobre los rescatados o sobre los guerrilleros detenidos. ¿Cómo puede entonces ser responsable de las eventuales desapariciones?

Como no hay ninguna prueba de que Plazas haya desaparecido u ordenado desaparecer a nadie, lo condenan como “autor mediato en un aparato organizado de poder”. Esa teoría, construida por Claus Roxin para justificar las condenas de algunos oficiales nazis, tiene como base la ilegalidad de la estructura de la que hace parte el condenado. Se aplica a las organizaciones criminales, en las que se presume que los jefes saben de las actividades ilícitas de sus subordinados, y en casos en que, como en la Alemania nazi o la Perú después del golpe de Fujimori, no opera el estado de derecho. Pero de ninguna manera puede aplicarse a la Fuerza Pública en un estado derecho donde, por definición, se presume la licitud de sus actos. La sentencia se basa en que las FF.MM. son un grupo de bandidos.

Además la sentencia es, como mínimo, ignorante y, en el peor de los casos, de mala fe. En el Palacio los militares no cometieron crímenes de lesa humanidad y sin duda, si los hubiera, no son competencia de la Corte Penal Internacional. Tampoco hubo responsabilidad de Belisario Betancur y sus ministros. Pero eso amerita otra columna.

Iván Cepeda, "Vlado", Felipe Zuleta, Alfredo Molano y Hollman Morris, en un evento literario

El Centro de Pensamiento Primero Colombia, publicó la declaración del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, acerca de los ataques del aparato mediático de las Farc contra el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo. El texto es el siguiente:

El día viernes 27 de enero de 2012, el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, en calidad de representante del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, viajó a Panamá con el objetivo de presentar ante la Cancillería, la Corte Suprema de Justicia y los medios de comunicación un documento respaldando el asilo político otorgado en ese país a la ciudadana colombiana María del Pilar Hurtado. En el mismo documento se aportaron pruebas de los nexos FARC con el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y de la militancia en la Comisión Internacional de las Farc, del periodista Hollman Morris, en calidad de corresponsal de guerra de ANNCOL (Medio informático de las FARC).

El día viernes antes de partir hacia Panamá el abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, otorgó entrevistas en la FM radio:

http://www2.lafm.com.co/audios/colombia/27-01-12/abogado-jaime-restrepo-dijo-qu-1049 y en la W radio:

http://www.wradio.com.co/escucha/archivo_de_audio/el-abogado-jaime-restrepo-afirma-que-tiene-pruebas-que-indican-que-el-periodista-hollman-morris-es-militante-de-la-comision-internacional-de-las-farc/20120127/oir/1613199.aspx denunciando con prueba documental a miembros del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo y al periodista Hollman Morris.

La delegación del Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, encabezada por el abogado Jaime A Restrepo Restrepo, regresó de Panamá al día siguiente, sábado 28 de enero de 2012 y encontró que ese mismo día el periodista Juan Diego Restrepo E, publicó el artículo titulado: ¿Abogado Jaime Restrepo, usted es alias “Samuel”?, publicado en Semana.com, en el link: http://www.semana.com/opinion/abogado-jaime-restrepo-usted-alias-samuel/17120http://www.kienyke.com/2012/02/01/jose-obdulio-el-guardian-de-la-moral/#.Tykph07Qmms.mailto5-3.aspx

INDICADOR DE IMPACTO:

El artículo calumniador publicado en Semana.com, advierte, bajo el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, una respuesta mediática vindicativa en contra de las acciones jurídicas, políticas y comunicacionales efectivas adelantadas por el abogado Jaime A Restrepo R y el Bloque Humanitario GRM, en contra del PC3, Movimiento Bolivariano de las FARC y el TPO (Trabajo Político Organizacional) del ELN. No es coincidencia el pronunciamiento del periodista calumniador el mismo día de regreso a Colombia. Se advierte a todas luces una ofensiva de los combinadores de todas las formas de lucha, para desacreditar al abogado denunciante, como respuesta al trabajo de contradictor realizado en Panamá. Se ponen en evidencia los nexos FARC con el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y de la militancia en la Comisión Internacional de las Farc, del periodista Hollman Morris en calidad de corresponsal de guerra de ANNCOL (Medio informático de las FARC)

EL CALUMNIADOR: El periodista y desinformador JUAN DIEGO RESTREPO E, quien publicó el artículo titulado: ¿Abogado Jaime Restrepo, usted es alias “Samuel”?, es columnista en la página Web de la ONG: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en la página del ELN: Rebelión.org, en la pagina Web de Nuevo Arcoíris; escribe como coordinador de la agencia de noticias del IPC, ostenta artículos publicados en ANNCOL y en otros artículos virtuales que ilustran no solo su posición ideológica sino además sus escritos de ataque a todo aquello que se relacione con el expresidente Álvaro Uribe Vélez o con las Fuerzas Militares de Colombia.

http://www.colectivodeabogados.org/Juan-Diego-Restrepo-E (La Guerra se mide por litros de sangre, dijo un oficial del ejercito colombiano)

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62526 (El Periodismo Colombiano atiza odios y remueve pasiones)

http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000008264

http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001800

http://es.scribd.com/doc/39363594/Libro-Embrujo-WEB (Libro:Continuidad o Desembrujo?)
http://www.voltairenet.org/_Juan-Diego-Restrepo_?lang=es http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=4609 http://www.clubfutbol.biz/forum/index.php?topic=338.0

PATRÓN MASIVO Y SISTEMÁTICO: Una vez lanzada al imaginario colectivo la calumnia y desinformación por su camarada periodista, iniciaron una campaña mediática a gran escala con su caja de resonancia mediática pro FARC y acudirán a sus maquinarias infiltradas en la administración de justicia y destinarán sus grandes capitales para comprar conciencias direccionadas a sicariar moralmente y desacreditar al abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo, pretendiendo consecuencias jurídicas en contra del abogado objetivo.  Modus operandi que ya inicio en los siguientes medios que se han encargado de multiplicar la calumnia:

Página Web de las FARC:

http://anncol.info/index.php?option=com_content&view=article&id=843:es-usted-alias-samuel&catid=77:personal-tech&Itemid=596

Página Web de KienyKe :

http://www.kienyke.com/2012/02/01/jose-obdulio-el-guardian-de-la-moral/#.Tykph07Qmms.mailto

Twitter de León Valencia. (Denunciado por el abogado Jaime Arturo Restrepo, por crímenes de lesa humanidad determinados y ejecutados en su militancia con el ELN)

Twitter de Hollman Morris. (Denunciado por el abogado Jaime Arturo Restrepo, por su militancia en la Comisión Internacional de las Farc)

DENUNCIA PENAL: El Bloque Humanitario Germán Restrepo Maldonado, en cabeza de su representante calumniado y amenazado sistemáticamente en los artículos calumniadores y en las opiniones de los pie de páginas, presentará denuncia penal por el delito de calumnia contra el periodista JUAN DIEGO RESTREPO E,  HOLLMAN MORRIS, LEÓN VALENCIA, OSCAR SEVILLANO, y contra los comentaristas de los mencionados artículos que han injuriado y calumniado el nombre del abogado Jaime Arturo Restrepo Restrepo.

Adenda del Editor: Posterior a este comunicado se conoció que el gobierno de Panamá decidió ratificar el asilo otorgado a María del Pilar Hurtado. Las FARC no perdonarán fácilmente esto.

Plinio Apuleyo Mendoza

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Febrero 03 de 2012

¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.

Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.

Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.

Petro, antiguo guerrillero del M-19 y hoy alcalde de Bogotá. Aquí en su extraña campaña de desarme

Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.

Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como “coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada” (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.

Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/delirium-tremens.html/feed 3 http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html#comments Fri, 03 Feb 2012 14:14:47 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5305 En respuesta a un fetiche

Rafael Gómez Martínez

Por Rafael Gómez Martínez

Febrero 3 de 2012

Para mí, como católico, fue una experiencia inolvidable. Cuando llegué a la Plaza de Bolívar me impresionó el río de gentes y se me erizó la piel, literalmente. (El grafitti del M-19 vive en la puerta del Palacio de Justicia, todavía está).

Logré llegar a la entrada de la Catedral, a la cual no iba desde la misa que se dio en honor al mismo Álvaro Gómez un día después de su vil asesinato. Lo que yo vi fue el rostro de esas gentes y lo que veía era el rostro de unas personas llenas de fe y de esperanza. Rezando el rosario, en silencio, como debe ser. Sentí un calor humano que sobrepasaba cualquier dimensión. En la Catedral, el silencio de la oración. Nadie se movía. Todos hacíamos un acto de fe.

De todas las imágenes que existen de Juan Pablo II, guardo cuatro, especialmente: su sonrisa, sus ojos azules, su cara de dolor ante su enfermedad y su rostro cuando Ali Agca, el turco, le disparó a quemarropa en la Plaza de San Pedro.

Juan Pablo II fue para mí el último gran líder de Occidente que rescató los valores básicos de la sociedad: la familia, la riqueza espiritual, el individuo y su responsabilidad frente al mundo. Fue un líder en toda la dimensión.

Atentado a Juan Pablo II

La sociedad está en crisis por la inversión de valores que está padeciendo. Juan Pablo II fue el líder que nos difundió todos los valores cristianos que necesita la sociedad de hoy. Una sociedad caída en el egoísmo, en el materialismo y en una relatividad moral a ultranza. Una sociedad donde se defiende el derecho a la vida de los animales, pero se permite el aborto a los humanos.

La Fe nos ayuda a sobrellevar las inmensas dificultades que padecemos a diario y si existe una razón para que Colombia sea uno de los países más felices del mundo debe ser, precisamente, porque la mayoría de los colombianos damos gracias a Dios y hacemos actos de fe, como el que se vivió durante esos días con la Reliquia del Beato Juan Pablo II.

Y en este caso, como con Uribe, existe un divorcio entre lo que piensan y opinan las matrices de opinión de Bogotá, como el fetiche que escribió un infame editorial en El Tiempo vs. la creencia popular. El sentir popular.

Puntilla. ¿No resulta irónico que se divulgue con bombos y platillos la ley antitrámites por parte del Gobierno de Santos Chamberlain y el Dr. Ortega de la DIAN nos ordena 11 formularios para declarar renta?… Devolviéndonos en el tiempo, no de los santos, al menos 30 años en materia de reportes de información tributaria. Muchas gracias al Dr. Ortega.

]]> http://www.periodismosinfronteras.com/en-respuesta-a-un-fetiche.html/feed 1 http://www.periodismosinfronteras.com/mas-punaladas-traperas-contra-el-ejercito.html http://www.periodismosinfronteras.com/mas-punaladas-traperas-contra-el-ejercito.html#comments Thu, 02 Feb 2012 05:36:38 +0000 Ricardo Puentes Melo http://www.periodismosinfronteras.com/?p=5300 Más puñaladas traperas contra el ejército

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Febrero 01 de 2012

Hoy, los enemigos del ejército hicieron de las suyas. Aprovechando el escándalo que desató la ignominiosa ratificación de la condena contra el coronel Plazas Vega, con la que se “lucieron” los magistrados Fernando Pareja, de la camarilla de Mario Iguarán, y Alberto Poveda Perdomo, huilense consentido del jet set opita y pupilo del tenebroso ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, receptor de favores y agasajos de la mafia –y vaya uno a saber si también aceptante de millones de dólares para hacerle vueltas a la cosa nostra colombiana.

Así que, beneficiándose de este escándalo de la infame condena, y ocultándose en el hipócrita discurso de apoyo del camarada Santos al ejército (¡Si él fue quien empezó a destruirlo siendo ministro de Defensa..!), un numeroso grupo de miembros del INPEC allanó violentamente hoy el centro de reclusión militar de Tolemaida con el fin –eso suponemos- de buscar cualquier excusa para seguir atropellando y humillando a nuestros soldados recluidos allí, víctimas en su mayoría de montajes de fiscales y jueces, tal y como ha sucedido con el coronel Plazas.

Germán Vargas Lleras y Juan Manuel Santos ¿podrán destruir al ejército?

Los miembros del INPEC entraron a las celdas de los militares, les hurgaron sus pertenencias destrozándoles algunas cosas, intentaron provocarlos arrojándoles sus cosas al suelo, rasgando colchones y almohadas, exponiéndoles su ropa, requisándolos íntimamente y cometiendo toda clase de atropellos obscenos para hacerlos reaccionar y tener una excusa para golpearlos o enviarlos a una cárcel civil para que los guerrilleros recluidos allá los asesinen, tal y como ya han intentado hacer con el Mayor César Maldonado en la Picota.

El trabajo de destruir y humillar al ejército, que comenzó con bastante éxito Juan Manuel Santos, ha sido continuado por el entonces ministro Rodrigo Rivera y su equipo, y por uno que otro coronel y general a quienes pareciera que les han dado las medallas e insignias junto con un pote de vaselina tamaño familiar.

En este propósito de desgarrar a nuestra institución más querida, el ministro Vargas Lleras contó con la ayuda del sobrino de Juan Manuel Santos, Alejandro Santos –director de la Revista Semana- desde cuyo frente de ataque lanzaron calumniosas aseveraciones acusando a los militares recluidos en Tolemaida de tener un emporio del crimen donde las pruebas reinas del mismo eran el negocio de empanadas que tenía algún familiar, y la venta de huevos para el desayuno de otro pariente de los soldados. Fue con base en este escandaloso montaje de la Revista Semana, que Vargas Lleras envió a decenas de militares a cárceles comunes, a patios donde pululan los guerrilleros, dejándolos indefensos antes estos bandidos que ya han acuchillado a los desamparados militares a quienes se les despoja del fuero militar pasando por encima de la Constitución.

El Coronel Bonza, director del centro de reclusión de Tolemaida, permite los abusos del INPEC, compuesto en su mayoría por sindicalistas de izquierda que aprovechan cualquier cosa para descargar su odio contra los defensores de la Patria.

Este gobierno ya le dio la baja a más de 100 soldados, dejándolos sin sueldo y sin trabajo. Sus familias se mueren de hambre porque el coronel Bonza tampoco permite que los militares presos trabajen ni estudien.

Quienes entregaron sus vidas por la patria, sacrificando incluso el tiempo con sus familias, están siendo hoy tratados peor que a los delincuentes. Mientras los guerrilleros que ellos combatieron están en cargos públicos o con jugosísimos contratos que Santos les ha entregado, como el caso de León Valencia, nuestros militares son atropellados y humillados, tratados como basura.

¿Hasta dónde va a llegar este gobierno del oprobio? ¿Hasta cuándo los altos mandos militares seguirán permitiendo esto?

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El matrimonio de Viviane Morales y Carlos Alonso Lucio

Por Jaime Alberto Chaparro*

Febrero 01 de 2012

 La historia de la infamia, la ignominia y la impunidad se comenzó a escribir en Colombia desde el momento en que se tuvo la “brillante” idea de perdonar y olvidar los crímenes del extinto M- 19; cuando se recibió como visitantes “ilustres” en las altas Cortes a sus exmilitantes hoy convertidos en “honorables personas”; cuando la Corte Supremade Justicia desestimó las pruebas halladas en los PC de alias “Raúl Reyes” que fueron prueba en otros países para capturar terroristas pero casualmente en Colombia no lo eran; cuando esta es la hora que el país no sabe no conoce por parte dela Fiscalía qué pasó con los hallazgos obtenidos en los PC  de alias “Mono Jojoy” y  ”Alfonso Cano” que evidencian los diferentes nexos de la organización narcoterrorista FARC; cuando los militares que se juegan la vida todos los días en estricto cumplimiento de un deber legal como lo señala el Código Penal en aras de proteger esta nación, son perseguidos en el estrado judicial por fuerzas extrañas; cuando se nombró como Fiscal General dela Nación a la esposa de un exmilitante del grupo narco terrorista M 19; el día que ocurrió cada uno de los hechos que acabé de mencionar considero que fue el inicio de la historia de la infamia, la ignominia y la impunidad en Colombia.

*Abogado de la Universidad de La Sabana 

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

31 de enero de 2012 

La sentencia que condena en segunda instancia al Coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del palacio de justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los  dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido  que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas  por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio de las instituciones y de las Fuerzas Militares, orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución,  a las leyes y a los organismos de control  del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados  Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país  que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al Coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino  asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

Ex presidente Belisario Betancur Cuartas

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno  hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas?  ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las fuerzas militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega?  Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse?  Un proceso equitativo, lo que algunos llaman  “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena?  Nadie

Pablo Escobar financia muchas actividades criminales del M-19. La toma del Palacio de Justicia fue una más de esas acciones

lo sabe.  No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia. El no convalidó la condena. El pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p.968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de  16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, que  “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. El tuvo que demostrar su inocencia.  Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El Coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer  cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–), pudieron haber sido cometidos.  ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Juez María Stella Jara

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato).  Esa teoría los lleva a caracterizar  al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica  de la sentencia de primera instancia y de la sentencia  reciente, donde encontró  muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”.  Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso”. (p 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que

Magistrado Hermes Darío Lara Acuña

en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales  de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p.935).  En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera.  El comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano,  César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”.  El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas  del Ejército aportadas por una de las partes, pues él estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a

Tirso Sáenz, uno de los falsos testigos que la fiscal Ángela María Buitrago intentó usar contra el coronel Plazas Vega

algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615).  Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera.  El critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

El explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos.  “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara,  “no  lo reconocen como la persona que sale” del palacio.  Hermens Darío Lara Acuña se pregunta  cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera,  logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p.935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del palacio de justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto,  la teoría de la estructura organizada de poder no funciona.  En primer lugar,  él destruye  el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al palacio de justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él,  y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron  policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”.  Sobre esa base, Lara Acuña desbarata  la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas  desaparecidas” (p.616),  pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que  “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos”. (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias  de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército nacional  “fue el que manejó  todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (páginas  957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

José Félix Lafaurie

Por Jose Félix Lafaurie

No es la primera vez que Human Rights Watch (HRW) despliega su desconcertante discurso en defensa de los derechos humanos con un doble y amoral rasero y un reduccionismo argumentativo, que evidencia su animadversión por la institución castrense. Solo que esta vez cayó en una indebida intromisión por no ser vocero oficial del gobierno americano. Su advertencia, de llevar al país ante la Corte Penal Internacional o reducir la ayuda militar, no asustó el Ministro de Defensa. En cambio, sus demandas para desmontar el Fuero Militar de la Reforma a la Justicia, tuvo un sonoro “Pues NO” del titular de Justicia. Y sonó a un intento por amordazar a nuestros militares y descalificar al Estado en su legítima lucha contra el terrorismo.

¿Qué hay detrás del activismo de HRW que exculpa a criminales, pero hostiga a las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se pronuncia sobre el “Marco jurídico para la paz”, que abre troneras a las amnistías, desconoce normas internacionales en DDHH y DIH y permite que criminales amnistiados participen en política? ¿Por qué calla sobre la propuesta de las Farc para elevar a norma constitucional el canje humanitario, como si se tratara de una mercancía? ¿Dónde están sus pronunciamientos en favor de los 7.000 militares asesinados y los 20.000 heridos en la última década? ¿Por qué no hace sus discursos en el Batallón de Sanidad, donde asisten 4.600 hombres caídos en las minas que siembran las guerrillas?

Sus dardos contra el artículo que busca restituir y fortalecer el Fuero Penal Militar, acusan ignorancia y olvidan los derechos humanos de los militares, que también los tienen. El gobierno ha sido claro. El Fuero Penal Militar no es un privilegio, no es un instrumento de impunidad o un esguince a la comisión de delitos de lesa humanidad. Es, ante todo, una garantía de defensa técnica, para que la fuerza pública tenga como juez natural a aquellos que conocen el terreno y las particularidades de la guerra contra el narcoterrorismo.

José Miguel Vivanco, de HRW, y Juan Manuel Santos

La hostilidad ideológica de HRW, que presiona para que la Justicia Ordinaria conozca la totalidad de los hechos, desconoce al menos tres aristas: La primera radica en la eficacia de la Justicia Ordinaria. Un reciente estudio de Anif demuestra que sus resultados son “bastante mediocres”. Para solo mencionar un indicador: tiene pendientes por evacuar 2,9 millones de procesos, 6.337 por cada 100.000 habitantes en 2010, en comparación con 6.226 de 2000. Es decir, continúa acumulando una década después.

La segunda es que existen tácticas e infracciones de la estrategia militar que son de estricta competencia de la jurisdicción castrense. Por tanto requieren jueces especializados en la naturaleza del accionar en combate. Con un atenuante, los problemas de independencia que reclama HRW, hace rato fueron superados. Los jueces militares de hoy cumplen funciones exclusivas en este frente, que dejan sin piso la carencia de objetividad por la relación en la línea de mando.

Finalmente, el propio Ministro de Defensa designó a una comisión de expertos, de distintos linajes ideológicos, que tendrá la última palabra para el ajuste integral de la Justicia Penal Militar, en la que han estado empeñados los últimos gobiernos. De este esfuerzo es de donde surgirá un aparato fortalecido y aún más eficiente, incluido el Fuero Penal.

Por todas estas razones carece de fundamento su indebida intromisión. En cambio, bueno es decir, que todos los países en el mundo tienen para sus FFAA el fuero, en especial Estados Unidos que incluso impide que sus nacionales en funciones oficiales sean juzgados en terceros países. ¿Por qué HRW no hace lo propio con su principal financiador? ¿Es esa la amoralidad con la que actúa? El burro hablando de orejas.

@jflafaurie

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Gustavo Petro... el M-19 sigue vivo

Por Federico Arellano

Enero 28 de 2012

Independiente de mi calidad de veedor y opositor ciudadano, bien desde mi tribuna periodística, bien desde la posición política y jurídica que me depare el destino, siento la obligación y el deber civil de hacer un resumen para dar cuenta del desastroso desempeño de Gustavo Francisco Petro Urrego al frente de la administración distrital. No ha pasado ni un mes desde que asumió el cargo en propiedad y así parezca demasiado exigente, cuando se arranca tan mal, incluso desde antes de su posesión, se avizora un panorama negro para Bogotá y quienes desarrollamos nuestras vidas en la capital. Resumiendo: crónica de una muerte anunciada.

Por lo general me gusta encausar mis escritos haciendo memoria del asunto central, porque refresca la realidad y sirve para erradicar esa fatal amnesia selectiva que nos afecta de manera sistemática. No va a ser esta la excepción. Aunque ya se haya dicho mucho acerca del pasado de este siniestro hombre, bueno es recordar el dolor, la sangre y la impunidad que vive nuestro país y que en gran medida le es atribuible, así sus alianzas criminales para taparlo, aún subsistan.

Hay que comenzar diciendo que el exconvicto Petro Urrego, resolvió que los albores de la política –como él la concibe- deben darse en torno a la muerte y al espectáculo narcoterrorista, pues hizo sus primeros pinitos de la ejecución comunista en el Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, que fungía como brazo armado de la Alianza Nacional Popular (Anapo), organización comunista agitadora y ejecutora de la violencia, a través de cortinillas políticas y que tenía como una de sus principales figuras a María Eugenia Rojas alias “La Capitana”, madre del gran Sammy, otro destacado terrorista político. Petro, como insigne violador de los Derechos Humanos (título que supongo lleva con orgullo), participó entre otras en la toma a la Embajada de República Dominicana, los secuestros y asesinatos del periodista José Raquel Mercado, el gerente de Indupalma Hugo Ferreira Neira, el alto ejecutivo de una empresa petrolera Nicolás Escobar Soto y el secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador, candidato presidencial y director del periódico El Siglo. A esta ristra de delitos que adornan el prontuario del narcoguerrillero, debemos sumarle la no menos importante toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 en Bogotá. En este punto de la ringlera delictual del sujeto, debo detenerme para hacer una importante acotación. Paradójicamente, hoy por hoy el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega esta purgando una condena por el caso del Palacio, sin argumentos jurídico-fácticos sólidos que den sustento a tal decisión judicial. Mientras pasan los días de la injusta pena en contra del oficial, Petro y sus camaradas comunistas gobiernan en diagonal al sitio que fuera blanco de uno de los más atroces ataques a los Derechos Humanos, a la democracia y a la soberanía del Estado colombiano; desde el Palacio Liévano. No obstante, Petro dice que no tuvo nada que ver porque estaba preso en ese entonces, pero como acá todo vale y todo se olvida, entonces resulta que ahora este narcoterrorista es una paloma más de la Plaza de Bolívar, símbolo de la libertad, las garantías y adalid de los derechos de los asociados. La hilada de punibles cometidos por el burgomaestre no puede quedar en el olvido, recordemos que un pueblo que olvida su historia está condenado a su repetición.

Posteriormente fue condecorado y premiado con una embajada en Bélgica, desde donde previo a haber sido Representante a la Cámara, empieza su “lucha política-ideológica” que no es más que la causa que hoy se va apoderando de las instituciones, carcomiéndose los derechos de las víctimas y apalancando la impunidad, el homosexualismo, las aberraciones sexuales, el transgenerismo y la corriente LGBT, entre otros, sobre la base de su Política del Amor. Esta nueva, degenerada y desequilibrada política –por decir lo menos- hoy da cuenta de 27 días en los cuales Petro no ha hecho más que utilizar cortinillas de humo para desviar la atención de los ojos críticos, las veedurías y las contralorías de su pésima gestión administrativa, pues acá lo que necesitamos es un gerente. Y me pregunto: ¿aparte de fusiles, proveedores, granadas y cananas que más habrá administrado Petro?

Petro y Gina Parodi, la "política del amor", o del "todo vale"

La tipificación de delitos parece ser una práctica aún vigente en las conductas del Alcalde Mayor. Recordemos que antes de firmar su posesión, ya había generado pánico económico, con las declaraciones presentadas sobre un proyecto para fusionar las empresas de Energía, Teléfono y Acueducto, que causaron la baja de la cotización en la bolsa y la suspensión del mercado bursátil por tres días.

Otra gran demostración de su clientelismo populista y de su demagogia comunista son los nombramientos amañados y desatinados de su gabinete. Es así como en importantes cargos de dirección en el Distrito, ha nombrado personas que no son lo suficientemente competentes y carentes de experiencia para desarrollar los mismos. El nuevo gerente de la ETB, una de las empresas públicas de mayor envergadura y complejidad, siendo una de las más sólidas operadoras de telefonía de Colombia, es el señor Saúl Kattan. Él estuvo durante un año a la cabeza de la pizzería I love pizza en Miami. Antes había administrado Juan Valdez en Norteamérica, con resultados adversos y negativos para el balance de la Federación Nacional de Cafeteros. Y antes de viajar a Estados Unidos fue gerente de la franquicia de las tiendas de alquiler de videos Blockbuster, en las que hubo una importante inversión de empresarios de la colonia judía, que finalmente nunca despegó, según lo reveló esta revista.

Ahí no paran los descalabros. El (la) doctor (a) Tatiana Piñeros Laverde es el (la) nuevo (a) Director (a) de Gestión Corporativa de la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital. Es un transexual y digno ícono de la Política del Amor ya conocida por nosotros. Esta es una entidad que en teoría propugna por el tejido social, sobre la base de la moral y las buenas costumbres que deberían regir los designios de un Estado de Derecho. Es un rol que involucra el trabajo con niños fundado en procesos humanos, de prevención a la drogadicción, prostitución y en general por la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la dignidad ciudadana. Además Tatiana, deberá manejar 570 mil millones de presupuesto de una secretaría a la que la Alcaldía le encomendará gran parte de su programa de gobierno. ¡Ay, Dios!

No podemos pasar por alto otro sonado visillo, sofisma de distracción de la nefasta participación de Petro en la segunda magistratura más importante del Estado: las corridas de toros. ¿Será que al subversivo no le llaman tanto la atención temas como el de construir la Avenida Longitudinal de Occidente que tanto necesitamos, o la seguridad, o la movilidad, o la educación y la salud, como el de cazar una pelea con la afición taurina, aduciendo que no va a permitir espectáculos que giren en torno a la muerte? Esto sí es populismo puro y duro. Si alguien debería estar alejado y marginado de por vida del ejercicio político, por no solo permitir, sino protagonizar espectáculos de muerte de seres humanos, secuestros, crímenes de lesa humanidad, holocaustos, masacres y demás cantidad de vejámenes que hemos tenido que soportar en el país, es él y su admirable secretario de gobierno distrital, Antonio Navarro Wolf quien se jacta de decir “tuvimos que tomar las armas para llegar al poder” y hoy en día hasta expulsado del mismo Polo Democrático Alternativo.

Estos tipejos hoy son Progresistas. Poco y nada veo yo de progreso en los casi 30 días de mandato del alcalde y su gabinete, o gavilla mejor. El retroceso a las prácticas nocivas del comunismo hoy se respiran en nuestra ciudad y en poco tiempo habrán de tomarse la jefatura del Estado.

Oh, qué será qué será.. que en Bogotá el insoportable vaho y el tufillo del Partido Comunista, la Juco, la Anapo y demás manifestaciones comunistoides, mamertas y cómplices empañan los vidrios del Palacio de un alcalde que anda como Petro por su casa? Abrazo cálido. Seguimos trabajando. #nomasmentiras

@colconmemoria

presidencia@colombiaconmemoria.org

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