Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie

¿Quién puede creer en la pertinencia de la demanda por “traición a la patria” que el llamado “colectivo de abogados Alvear Restrepo” acaba de  registrar contra el presidente Álvaro Uribe?

Sólo un grupo de fanáticos sin escrúpulos, y sin respeto por el país, puede inventarse una acusación más estrafalaria y provocadora.

Esa demanda no tiene sentido desde el punto de vista factual, ni  legal. Es cierto, la Corte Constitucional declaró “inexistente” la ampliación del acuerdo de cooperación y defensa entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, de octubre de 2009, pero lo hizo invocando unos supuestos errores técnicos de trámite, no un asunto de fondo. Una nueva ley será presentada al Congreso y restablecerá y ampliará el acuerdo.

Lo dijo muy bien El Colombiano, de Medellín, este 6 de septiembre: “Ningún juez probo y competente del mundo podría calificar la celebración de [ese] convenio como un acto que tienda a menoscabar la integridad territorial de Colombia, ya que lo que se busca con él es combatir a la guerrilla narcotraficante y terrorista en nuestro país. Tampoco podría considerarse que al permitirse la colaboración de Estados Unidos, ya sea a través de estos convenios o del Plan Colombia, se esté sometiendo el país a un domino extranjero. Más bien lo que vemos es una manifiesta persecución contra el Presidente Uribe, y un ánimo de figuración de varios abogados… que no juristas. ¡No hay derecho!”.

El “colectivo de abogados” no es autónomo. Es dirigido, en realidad, por la FIDH, una Ong basada en París y controlada por  fuerzas políticas.  Esa Ong “de derechos humanos”, cuyo financiamiento es muy opaco, durante ocho años soñó con la destitución del Presidente Uribe. Ahora, ella tiene una sola obsesión: montar un juicio contra al ex mandatario colombiano, en Colombia, o en el extranjero, para  castigarlo por su excelente desempeño en defensa del sistema democrático. Para orquestar ese hostigamiento, la FIDH envió a Bogotá hace unos meses a uno de sus abogados, quien llegó pidiendo “garantías” de todo género. El es miembro del citado “colectivo”.

Nadie olvida que la FIDH criticó violentamente  a los millones de colombianos que el 4 de febrero de 2008 expresaron, en inmensas manifestaciones, en Colombia y en el extranjero, su repudio a las Farc. En cambio, la acción sectaria pro-Farc del 6 de marzo de 2008 fue respaldada por la FIDH.

Miembros de la FIDH, jefes del Colectivo Alvear Restrepo

La FIDH viene preparando la operación judicial contra los responsables colombianos desde  el 7 de marzo de 2008 cuando lanzó un comunicado en el cual  presentó  la muerte del jefe terrorista Raúl Reyes, ex número dos de las Farc, como un “crimen internacional” y como una “ejecución extrajudicial”.

En esos días, esa Ong redactó  un borrador para entablar una demanda en París contra el jefe de Estado colombiano, pero  echó marcha atrás pues vio que no tendría éxito. Ya había conocido un estruendoso fracaso, en octubre de 2007, cuando intentó hacer arrestar en Alemania y/o en Francia al ex secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld.

Dos responsables de la FIDH fueron enviados enseguida a Quito y a México para  recabar apoyo diplomático para la nueva campaña anticolombiana. Entraron en contacto con familiares de las 24 otras personas que perecieron en el campamento de Raúl Reyes  el 1 de marzo de 2008, para utilizarlos como masa de maniobra.

Meses después lograron la apertura del proceso penal de Sucumbios, donde lideres colombianos fueron acusados, como el ministro de Defensa en ese momento, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, el general Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. Ellos fueron acusados de “crimen internacional” y “ejecución extrajudicial”.

En junio de 2009, el juez Daniel Méndez, de la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos, ordenó la captura de Juan Manuel Santos. El 2 de octubre de 2009,  el juzgado tercero de Sucumbíos pidió a la Corte Nacional de Justicia, la extradición de Santos. Todo eso les fracasó ante el claro rechazo expresado por el presidente Álvaro Uribe. Durante la reunión sostenida en Cancún, en febrero de 2010, Uribe se lo dijo de frente a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. “Una nación como la nuestra, azotada por tanto tiempo por el terrorismo, no puede abandonar a quienes han librado la batalla contra el terrorismo”, remató Uribe.

La farsa de Sucumbios estaba diseñada para que un fiscal colombiano firmara órdenes de captura contra esas personalidades. No lo logró pero el asunto avanza al ritmo de las necesidades del gobierno de Quito. Cuando Rafael Correa finge querer restablecer las relaciones con Colombia, pues necesita comprarle a Bogotá energía eléctrica, el juicio parece olvidado. Cuando quiere  mostrar otra cara, el juicio resurge intacto.

En abril pasado, un juez anuló parte de ese juicio por fallas procesales, pues los acusados no habían sido notificados. Ahora, el 3 de septiembre de 2010, en Lago Agrio, la Fiscalía ecuatoriana volvió a acusar al general Montoya, hoy embajador en Santo Domingo,  y a pedir “prisión preventiva” para él.  Ese es el juego de esa gente: mantener la tensión para demoler psicológicamente a sus víctimas.

Nunca antes en su historia, la República de Colombia había visto amenazada la libertad de su Presidente y de un ex Presidente, y de altos miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, la movilización contra esas intimidaciones parece mínima, pues el principal instrumento de éstas, el colectivo Alvear Restrepo sigue siendo intocable.

Es hora de que las autoridades y la opinión colombiana conozcan  el origen y la cuantía de la financiación de ese “colectivo de abogados”, en qué bancos depositan sus dineros, cuál es su nómina completa y cuáles son sus relaciones exteriores. Un organismo que pretende acusar y enjuiciar a un ex presidente de Colombia por “traición a la patria”, y que mantiene en salmuera una grave acusación contra el Presidente en ejercicio, debe mostrar, por lo menos, su legitimidad y su lealtad a Colombia.  Hasta hoy el tal “colectivo” no llena esas dos condiciones. Nadie sabe en Colombia qué es realmente ese colectivo, ni quien lo dirige exactamente, aunque si conoce los nefastos efectos de su labor.  Los inicuos procesos contra los militares que se jugaron la vida en la defensa del Palacio de Justicia, en 1985,  la ola de obscuras acusaciones por los llamados “falsos positivos” contra cientos de militares y policías, lo que mina de hecho la moral de las tropas que defienden la seguridad del país, es en gran parte obra de ese curioso organismo.

El proceso de Sucumbios, y la demanda contra el ex presidente Álvaro Uribe por “traición a la patria”, hace parte de una misma operación. Esta buscaba en 2008 desestabilizar la presidencia de Uribe y hoy busca encerrarlo, a él y a los altos mandos mencionados, incluido el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una nueva farsa judicial.

La FIDH recibe subsidios del Estado francés y de la Unión Europea, entre otros. ¿Un organismo así financiado puede jugar con la estabilidad interna de un país democrático y amigo de Francia? ¿La Cancillería  colombiana no tiene derecho a preguntarse y a investigar por qué la FIDH se embarcó en esa aventura contra el buen nombre y la libertad y la integridad física y moral de dos jefes de Estado de Colombia?

8 de septiembre de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

A estas alturas del paseo, ya nada debería sorprendernos. Hemos observado el giro inexplicable de la política pública sobre seguridad; y también sufrimos el recrudecimiento de los ataques terroristas que se ha desbordado en campos y ciudades. Todo gracias al aire que se le dio a la extrema izquierda mediante el abrazo y los honores militares rendidos al tirano de Miraflores cuya enorme comitiva llegó cargada de maletines extrañamente similares a los que llegaron a la campaña presidencial de Argentina; la diferencia es que allá ganó Cristina mientras que aquí pareciera que los terroristas hubieran conseguido los recursos necesarios para arreciar sus ataques contra la población inerme.

Las célebres locomotoras del progreso santista no aparecen por ningún lado. En cambio, sí desfilan por montones los vagones macabros rebosados de las víctimas de una democracia babosa que no termina por convencer a millones que votaron por la continuidad de la Seguridad Democrática.

Militares: ¿son homicidas, como dice el ministerio de Defensa..?

Las ideas del presidente Uribe, su esfuerzo titánico de ocho años para combatir la narcoguerrilla, pareciera que han ido a parar a la letrina donde el cura Giraldo deposita parte de su humanidad.

Hace unos cuantos años, observamos inermes cómo el ministro Camilo Ospina junto al fiscal Mario Iguarán asestaban un navajazo a la yugular del Ejército sepultando la Justicia Penal Militar y entregando los soldados a la Justicia Ordinaria, en manos de la mafia. Tiempo después, el entonces ministro Santos expulsaba del ejército a 27 oficiales acusándolos de Falsos Positivos sin más pruebas que un mentiroso informe elaborado por el general Carlos Suárez Bustamante (La Machaca), al servicio de Cepeda y Piedad Córdoba, y también rubricado por el guerrillero amnistiado Carlos Franco. El informe fue avalado por el general Fredy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Armadas, y desde entonces la Fiscalía General de la Nación y las Cortes han hecho fiestas con el ejército, volviéndolo trapo de limpieza.

Con la llegada de Rodrigo Rivera pensamos que eso iba a mejorar. Y más aún con el nombramiento de Rafael Guarín como viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, viceministerio encargado también del tema de Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, un documento que nos llegó por el correo de la brujas, apunta a que todo esto empeorará y que el ejército será sometido, atacado con más crueldad, desde las entrañas mismas del ministerio que debería protegerlos y cuidar su derecho al debido proceso.

El documento de marras es un documento firmado por la señora Aurora Ramírez de Araoz, Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, y en donde oficia a todos los Jueces de Instancia, Fiscales y Jueces de Instrucción a que diligencien un informe –por orden del Sr. Rafael Guarín- donde relacionen todos los preliminares y sumarios que a la fecha cursan en cada despacho judicial por el delito –léase bien- de HOMICIDIO EN COMBATE.

Para quienes conocen del tema jurídico, este delito no existe. Hay bajas en combate, criminales muertos en combate… pero no homicidios en combate. Los homicidios todos tienen cárcel.

Lo que nos está diciendo aquí la Dra. Aurora Ramírez de Araoz, por orden del Dr. Rafael Guarín, es que las bajas de guerrilleros y terroristas en combate que han hecho los militares, son homicidios dignos de castigo. Y si las bajas en combate son homicidios, nuestros soldados son –por fuerza- homicidas, asesinos.

En la guerra jurídica y mediática que libran contra el ejército, la izquierda terrorista comienza a implantar sus términos cambiando los que condenan a los terroristas. Por ejemplo, a los secuestrados por la guerrilla los llaman “retenidos”, a los guerrilleros asesinos los llaman “rebeldes” y a los criminales dados de baja los llama “homicidios en combate”. Todo, para conseguir la ansiada beligerancia para los terroristas.

Beligerancia que puede salvarlos de la cárcel, de las condenas por narcotráfico, homicidios, asonadas, secuestros, extorsión, concierto para delinquir y un sinnúmero de delitos que podrían esperarlos para cuando sean capturados vivos, a menos que sean “asesinados” por nuestros soldados.

Copia del esperpento

Es muy extraño que la Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, y el viceministro Rafael Guarín, abogado experto en antiterrorismo, contrainsurgencia y guerra irregular, desconozcan que el delito “Homicidios en combate” no está tipificado en nuestro código, aunque posiblemente los del Colectivo Alvear Restrepo estén haciendo lobby para que sea incluido en la reforma a la justicia que está marchando.

Consultamos a los abogados Miguel Fierro (Un millón de voces contras las FARC), y Víctor Cetina, profesor universitario; están ambos de acuerdo en que las bajas en combate que ocasione el ejército, son totalmente legítimas, en cumplimiento a un deber constitucional; en tanto que los muertos que ocasione la guerrilla son –esos sí- homicidios. En un fuego cruzado entre delincuentes y soldados, las bajas de bandidos nunca podrán tipificarse como un delito de “Homicidio en Combate”… eso es totalmente absurdo.

¿Será que está en marcha un nuevo proyecto gubernamental de “ablandamiento” para ir caminando hacia lograr la beligerancia de la guerrilla…? ¿Será que esto no fue más que un error del viceministro y de la Directora ejecutiva de Justicia Penal Militar..?

Nos preocupa también el llamado urgente a reportar estos “homicidios”. ¿Ocurrirá una masiva condena a militares valientes…? ¿Formará parte este expediente de “homicidios” de algún acuerdo oculto con las Cortes y la Fiscalía…? ¿Van por la cabeza de Uribe..?

No lo sabemos aún porque, aunque hemos tratado de contactar al Dr. Guarín y al ministro Rivera, no recibimos respuesta. Si la hay, con gusto la anexaremos.

Entretanto, quedamos con la zozobra de tal vez estar contemplando el principio del fin.. pero no de la guerrilla sino de nuestro ejército.

(“Homicidos en Combate”… ¡Qué barbaridad..!   )

Nota: Si los militares son “homicidas”, ¿quienes los defendemos y protestamos a su favor qué somos…? ¿Cómplices de homicidio..?

Septiembre 07 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

Desde estas páginas digitales hemos denunciado una y otra vez la infiltración de la guerrilla y el narcotráfico en entidades como la Fiscalía General de la Nación, donde el contubernio mafioso y la compra de testigos se ha vuelto una cosa tan natural como las masacres de las FARC sin que las ONG falsamente llamadas de “Derechos Humanos” se manifieste siquiera una sola vez, ni respecto a lo uno ni a lo otro.

A la Fiscal de Hierro, Ángela María Buitrago Ruíz, la tumbó el descubrimiento que hizo Periodismo Sin Fronteras respecto a la verdadera identidad de René Guarín Cortés, un secuestrador terrorista y guerrillero que mantiene una estrecha amistad con la señora Buitrago y con la tristemente célebre juez María Estela Jara Gutiérrez, amistad que les sirvió para cometer prevaricato en el caso infame que le montaron al coronel Plazas Vega con los dólares y los oficios –claro que sí- del colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que –sospechamos- es el brazo jurídico de la guerrilla.

La fiscal Ángela María Buitrago... ¿Terminará en la cárcel..?

Algunos magistrados de la Corte Suprema se espantaron de la enormidad de las pruebas de este prevaricato, y hablaron con el Fiscal encargado Mendoza Diago quien, no sabemos si de buena o mala gana, destituyó fulminantemente a la fiscal Buitrago, vergüenza de la Justicia colombiana.

De inmediato, las ONG comunistas se reunieron y redactaron una protesta para exigir la restitución de la fiscal prevaricadora.

A veces uno no sabe si la perversidad de los comunistas hacen que cometan errores tan garrafales como ese.

Con la carta de apoyo a la fiscal Ángela María Buitrago, pusieron en evidencia ante el país el amasijo oscuro de intereses políticos criminales que mueven las decisiones judiciales en Colombia. Todos los firmantes, absolutamente todos, tienen afinidad con el Partido Comunista Colombiano, ya sea de manera abierta o soterrada. El Partido Comunista, para quienes lo ignoran, ha fundado, dirigido y sostenido a todos los movimientos terroristas del país, incluidos las FARC y el M-19, guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia y a la que pertenecen el principal testigo contra Plazas, René Guarín Cortés, y Gustavo Petro Urrego excandidato presidencial por el Polo Democrático –entre otros varios bandidos.

María Estela Jara, huye de Colombia

Los manejos tenebrosos de la Fiscalía, infiltrada por guerrilleros y dineros de narcos, lograron que Ángela María Buitrago acaparara la investigación sobre los hechos del Palacio de Justicia; investigación que ya había realizado un altísimo Tribunal, junto con la Procuraduría General de la nación, pero que los narcoguerrilleros del M-19, hoy vestidos de candidatos presidenciales, senadores, gobernadores, oenegeros, funcionarios gubernamentales de Derechos Humanos, abogados de colectivos, generales del ejército y miembros de ONG de víctimas –todos con apariencia pulcra pero llenos de inmundicia por dentro- no iban a permitir que pasara a la historia sin cobrarse sádicamente las derrotas de que fueron objeto tanto en el palacio de Justicia como en otros hechos por los que claman su venganza criminal.

A eso se dedicó exclusivamente la fiscal Ángela María Buitrago: A vengar a los hampones de la guerrilla y el narcoterrorismo.

Guillermo Mendoza Diago, Fiscal General de la Nación (e). Se anota un hit

Obviamente, esto no lo iba a mencionar el Fiscal General de la Nación (e ), Guillermo Mendoza Diago. En cambio, dijo a la prensa que esta señora no hacía bien su trabajo porque de 137 procesos que tenía a su cargo, más de la mitad estaban sin ser tocados desde el 2008.

La fiscal de Hierro -con aleación de prevaricato, diría yo-, envalentonada por su impunidad, creyó que podía seguir cometiendo sus fechorías sin que nadie ni nada la tocara. Pero se equivocó.

Para que se vea que aquí no todo es garrote para la Fiscalía General de la Nación, aplaudimos con esperanza la decisión del Fiscal Mendoza Diago y esperamos que nuevos vientos soplen por el búnker de la Fiscalía. Vientos de verdadera Justicia, de respeto a los Derechos Humanos y de garantías al debido proceso. Ojalá que la limpieza siga.. todavía hay mucho por barrer allí.

Se está cayendo el Muro de Berlín de la Fiscalía; felicitaciones al señor Mendoza Diago. Y mucho cuidado.

Por que si bien ésta fue una decisión valerosa del Fiscal Mendoza Diago, él no debe olvidar que sus nuevos contradictores no son ningunos niños exploradores. Son personas y organizaciones respaldadas por grupos extremistas que no le perdonarán a Mendoza haber destituido a una de sus principales fichas en la Fiscalía.

Las organizaciones y personas que se delataron como amigos, patrocinadores o compinches de la fiscal Ángela Buitrago, son:

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice (de Iván Cepeda, el hijo del peligrosísimo profariano Manuel Cepeda).

Iván Cepeda, el hijo del tenebroso Manuel Cepeda, está furioso con la decisión de Mendoza

Familiares de los Desaparecidos del Palacio de Justicia (del secuestrador, terrorista y guerrillero del M-19, René Guarín Cortés).

Comisión Colombiana de Juristas; US Office on Colombia – Usoc; Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep; Corporación Jurídica Libertad; Asociación Nomadesc; Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Comité de Integración Social del Catatumbo; Corporación Sembrar.

Corporación por la Dignidad Humana; Proceso de Comunidades Negras; Minga; Corporación Yira Castro; Humanidad Vigente; Fundación Guagua; Galería de la Memoria Tiberio Fernández; Fundación Territorios por Vida Digna; Corporación Nueva Gente; Asociación Campesina de Antioquia. Cristianas y Cristianos por la Justicia y Paz; Movimiento de Víctimas Capítulo Antioquia; Instituto Popular de Capacitación; Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia.

Gustavo Gallón, Germán Romero, Jorge Eliécer Molano, Ana Beatriz Sánchez, Daniel Prado Albarracín, Cristina Espinel, Luisa Fernanda Montes Ocampo, Vladimir Tamara, María Isabel Casas Herrera, Eduardo Matías Camargo, Diana Salamanca.

Como se ve, una larguísima lista de gente de cuidado, organizaciones con financiamiento abundante y de procedencia desconocida, y de nexos indiscutibles con grupos extremistas de alta peligrosidad.

La fiscal Ángela María Buitrago, no obstante, puede irse tranquila. El daño que ocasionó a hombres de bien y a sus familias, fue incalculable. Sin embargo, esa gloria poco le durará porque no podrá escurrirse en silencio como su cómplice la Juez Jara, hacia la vida deliciosa de la comisión de estudios en el exterior a costillas de los impuestos de los colombianos. La fiscal Buitrago tendrá que cargar a donde vaya su mamotreto de ignominias y transgresiones contra Colombia

Quizá algún día llegue la justicia y ella y la juez Jara sean reseñadas por la Interpol y  terminen juntas en una cárcel donde les haga compañía Piedad Córdoba, Gloría Inés Ramírez, Gloria Cuartas, Gema López y otras ilustres madrastras de la patria que están capando calabozo.

Septiembre 06 de 2010

Por Alberto Acosta – Movimiento de Restauración Nacional

El próximo año se cumplirán 20 años de promulgada la nueva constitución de Colombia, resultado de un movimiento nacido en las universidades y que se extendió por todo el país con el nombre de la Séptima Papeleta. La generación que creció durante este periodo se formo bajo una nueva concepción de Estado y de valores ¿Qué consecuencias trajo para nuestro país esa multitudinaria expresión estudiantil que la subvirtió el orden constitucional que regia a Colombia desde 1886? ¿Es la juventud actual víctima de esa nueva concepción liberal y de izquierda?

Movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta

El Movimiento Séptima Papeleta tuvo su origen entre los estudiantes universitarios como una expresión de inconformismo y rechazo a la profundización de la violencia en Colombia que había desencadenado en los asesinatos de los candidatos a la presidencia Luis Carlos Galán (Partido Liberal), Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica) y Carlos Pizarro Leongómez (AD-M19). Desde sus inicios recibió amplio respaldo de la prensa liberal y de círculos adictos al gobierno liberal, que veían la oportunidad para reformar radicalmente la conservadora constitución de 1886, además que coincidió con intereses globales que promovían grandes reformas institucionales en Hispanoamérica para implementar el consenso de Washington sobre el diseño institucional económico y de promoción de derechos civiles y políticos; contó además con el respaldo de varios sectores de izquierda que veían la oportunidad como única opción de supervivencia ante el inminente derrumbe de la URSS. Recordemos que ya el M-19 ya había formulado un “gran diálogo nacional” al gobierno de Belisario Betancur, y tanto el EPL como las Farc con Jacobo Arenas, en diversas ocasiones habían propuesto la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. La mitad de los grupos insurgente de  la Coordinadora Nacional Guerrillera guerrillas continuo en la lucha armada, pero la otra mitad aprovechó la situación para someterse a las leyes de amnistía e indulto y aprovechar así esa jugosa y singular oportunidad política que se presentaba. 

Estos jóvenes entusiastas e idealistas se movilizaron como nunca antes en la historia de Colombia para que en las

Constitución de 1886

 elecciones del 11 de marzo de 1990 se promoviera una séptima papeleta para expresar su voluntad de cambio y convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia con el fin de reformar la Carta Magna de 1886. Aunque este tipo de reforma constitucional no estaba autorizado en la Constitución, los votos contabilizados fueron tan numerosos que dicha convocatoria fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces máximo órgano encargado de velar por la Constitución, y respaldada por el entonces presidente electo Cesar Gaviria.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el presidente para el 9 de diciembre de 1990, y que dio como resultado la siguiente conformación: 25 liberales, 21 del M-19 Y la Unión Patriótica, 20 conservadores, 2 protestantes cristianos y 2 indígenas. El gobierno nombró otros  2 del Ejército Popular de Liberación EPL, 1 del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y 1 del Movimiento Armado Quintín Lame, grupos insurgentes que se habían desmovilizado. Los grupos guerrilleros fueron entonces premiados no solo con la amnistía e indulto sino también con la autoridad de presentar las reformas que bien consideraran indispensables en la Constitución vigente.

Dichos constituyentes no solo decidieron reformar la constitución sino hacer una nueva poniéndose por encima del constituyente primario que la haba convocado para reformar y no substituir la constitución de 1886. Pese a la oposición de sector conservador liderado por Álvaro Gómez Hurtado, los sectores liberales y de izquierda se impusieron para redactar una nueva constitución, con las premisas de la paz, la justicia social, la participación popular, las libertades y los derechos ante la población en general, que no entendía de asuntos jurídicos, que dicho texto de inspiración europea traería la Paz y la Prosperidad para la nueva Colombia. Nace así la Constitución de 1991 aprobada mayoritariamente por sectores liberales y de izquierda socialista (70%). Los jóvenes que habían creado e impulsado la séptima papeleta tan solo tuvieron a Fernando Carrillo como su único representante.

La séptima papeleta

Hoy son esos mismos sectores los que defienden la constitución del 91. No importa cuántos estragos haya causado tal papeleta (me refiero a la constitución), que a idolatrado la libertad individual sin compromisos, sin deberes nacionales y sin responsabilidades sociales, la estructura del Estado se multiplicó con nuevos órganos, especialmente de control, que aumento el tamaño y costo burocrático del Estado. Los valores nacionales fueron sustituidos por corrientes idealistas importadas de culturas ajenas a la nuestra. La generación nacida desde entonces creció en un ambiente de destrucción de la Familia y del Matrimonio, en el que la dosis mínima era amparada como un derecho, en la que la educación religiosa era catalogada como un atentado al Estado en una nación mayoritaria y tradicionalmente católica, en la que los delincuentes gozaban de las máximas garantías procesales y a las Fuerzas legitimas del Estado se les cohibía y obstaculiza para cumplir su función de salvaguardad la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, en la que los ejecutores de Justicia y los generales de las Fuerzas Militares quedaron a merced del Congreso, sometiéndose entonces a los intereses de los partidos políticos de turno. En lugar de conseguir la paz y erradicar por fin la violencia, la Constitución del 91 la encrudeció y retrocedió en más de un siglo en materia de institucionalidad, legalidad y seguridad de la Nación. No bastaron las numerosas constituciones liberales del siglo XIX como ejemplo para aprender que ese pensamiento ajeno a la idiosincrasia del pueblo colombiano traería más guerras, más inestabilidad y más decadencia de las nuevas generaciones.

Hoy los jóvenes debemos asumir el nuevo reto de restituir los valores, principios y doctrina de la Constitución de 1886, más afín a la identidad nacional de nuestro pueblo, con el fin de reconstruir los cimientos del Estado nacional católico que había consagrado la Magna constitución de Núñez, catalogada por Laureano Gómez como “la obra cumbre de la inteligencia nacional” y “la primera síntesis consciente de la personalidad jurídica de Colombia”, en clara oposición a la supremacía de las leyes positivistas sobre las eternas leyes morales que proclamo el núcleo liberal-izquierdista en la pérfida papeleta del 91.

Eduardo Mackenzie

 Por Eduardo Mackenzie

No es cierto que la senadora Piedad Córdoba, y el llamado grupo de “Colombianos y colombianas por la paz”, hayan condenado la horrible y cobarde matanza de 14 policías cometida por las Farc en Doncello, Caquetá. 

Por el contrario, el comunicado de Piedad Córdoba pone en duda ese hecho, pues comienza diciendo: “Si las afirmaciones de los medios de información son verdaderas […]”. Es decir que ante el silencio que mantienen las Farc sobre esa nueva atrocidad estamos ante una mentira de las autoridades. 

Después, ella disculpa ese hecho criminal al calificarlo como un simple “acto de guerra”. Al hacer eso, Piedad Córdoba juega con el delito de apología del delito y no hace más que dar a los criminales el estatus de beligerantes. Córdoba vuelve a repetir lo que dicen las Farc. Estas, al criticar la condena de la masacre expresada por Catherine Ashton, responsable de política exterior y seguridad de la Unión Europea,  minimizaron su crimen diciendo, a través de su agencia de noticias Anncol, según Radio Caracol, que “en el marco de un conflicto hay muertos, heridos y retenidos”. 

La senadora Córdoba afirma que “No todo método en la guerra es válido”. Lo que quiere decir que la violencia que ejercen las Farc es legítima y que lo criticable es únicamente algunos “métodos” que no serían “válidos”.

Es cierto que Córdoba lamenta que los guerrilleros hayan rematado a los heridos, y que algunos de éstos hayan sido quemados vivos, aunque ella no emplea siquiera esa frase sino una diferente, de connotación atenuada, de “incinerar los cuerpos de los agentes estatales”, como si éstos hubieran sido quemados cuando ya estaban muertos. Algunos de esos policías, en realidad, estaban vivos cuando fueron consumidos por las llamas producidas por las cargas explosivas de los terroristas.

En su comunicado, Piedad Córdoba acepta ese acto ignominioso como un “acto de guerra”. Es decir, ella envía este mensaje: si no los hubieran rematado ni incendiado, hubiera estado bien llevar a cabo ese “acto de guerra”.

Piedad Córdoba en un foro de DD.HH en La Sorbona, París. !Qué cinismo..!

Causa horror constatar que eso es lo que piensa y lo que proclama una senadora colombiana que se dice “liberal” y que asegura  luchar por los derechos humanos, y que ese tipo de discurso infame no desate la menor controversia en la prensa colombiana.  

Al final de su comunicado, ella insiste en poner en manos de las Farc la verdad de lo que ocurrió al invitarlas a que digan qué pasó y a que detallen si utilizaron el métodos de rematar e “incinerar los cuerpos” de los policías: “Llamamos a la guerrilla de las FARC EP a pronunciarse públicamente acerca de lo sucedido, precisando su responsabilidad o no, en los métodos usados contra los combatientes policiales.” 

La senadora tampoco expresa piedad alguna, ni declara su solidaridad moral a las familias de los policías asesinados, pues la frase que emplea para eso carece de verbo. Esa frase dice así: “Nuestra solidaridad con las familias de los policías y con todas las familias de los quienes han perdido la vida en los últimos días en el marco del desarrollo del conflicto armado interno que vive Colombia.” 

Al final, aparece la motivación real del comunicado de Piedad Córdoba, la cual es muy distinta de lo que la prensa creyó haber leído: explotar la muerte de esos heroicos policías para impulsar la impostura del “diálogo político, la humanización de la guerra y la solución negociada al conflicto social y armado”.

El Espectador dijo el 5 de septiembre de 2010 que Piedad Córdoba exigió a las Farc “respuestas claras” sobre la muerte de los 14 policías en Doncello. No es cierto. Tampoco es cierto que la carta de Córdoba haya señalado que la matanza, considerada como un todo,  “merece nuestro absoluto rechazo”. Lo que ella rechazó fue el acto de rematar e incinerar a los citados servidores públicos.

¿Las autoridades judiciales del país seguirán impasibles y haciendo como si no vieran ni entendieran nada acerca de las ilegalidades que viene cometiendo esa “senadora”?

Septiembre 06 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

La prensa de izquierda –que es casi toda-, al servicio de los intereses de la guerrilla, publicó con gran escándalo un supuesta agresión contra el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, frente a sus oficinas en el centro de Bogotá.

Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y ha sido reproducida por salas de prensa de sindicatos ultraizquierdistas, ONG de Derechos Humanos, y un sinnúmero de organizaciones que muestran como prueba de la agresión a un grupo de hombres de la tercera edad en actitud calmada, a damas elegantes y tranquilas, y a un puñado de jóvenes pacíficos que sostienen una de las pancartas de apoyo a los militares injustamente perseguidos por este tenebroso Colectivo Alvear Restrepo.

Aquí están los "peligrosísimos" manifestantes que "agredieron" al Colectivo Alvear Restrepo

Para satanizar la protesta, el Colectivo Alvear miente una vez más –como ya es usual en ellos- y dice que el plantón fue una “agresión” encabezada por el ex senador Enrique Gómez Hurtado, el activista Rodrigo Obregón y el director Jurídico de Unoamérica, Jaime Restrepo; “agresión” –dicen los Alvear- que se originó por la “justa labor en defensa de los Derechos Humanos”.

La verdad es que esta protesta contra el colectivo Alvear Restrepo, y en defensa de los militares sobre los que ellos han caído con saña, se viene realizando desde el 2 de julio de 2010, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y es organizada por la unión de Movimientos Nacionalistas Colombianos, MONACO, con la participación de la inmensa mayoría de organizaciones de víctimas de la guerrilla, de Derechos Humanos, de reservistas; fundaciones de familias de secuestrados por la guerrilla (guerrilla que los Alvear defienden), y asociaciones civiles que buscan una Colombia libre de guerrilleros y narcotraficantes.

El Partido Conservador se unió en esta ocasión porque se estaba protestando también por el denuncio que interpuso el Colectivo Alvear Restrepo ante la CAC contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, disque por traición a la patria. ¡Qué cinismo..! Una ONG profariana, que defiende guerrilleros y ataca a quienes sostienen la democracia, acusando a Uribe de traición a la patria. ¡Si al colectivo Alvear les importa un bledo la patria..!

Tampoco es cierto lo de la tal “agresión”. Ni Rodrigo Obregón, ni Enrique Gómez, ni Jaime Restrepo agredieron a nadie. Y de ellos, solamente Restrepo tomó el megáfono para lanzar las consignas de protesta contra estos mañosos oenegeros.

Eduardo Carreño Wilches, presidente del Colectivo Alvear Restrepo, y Carlos Lozano, acusado por sus relaciones con las FARC

Para que se den una idea de lo sucedido, les cuento que las oficinas del Colectivo Alvear Restrepo quedan en el piso 25 de un edificio que da frente al parque Santander, diagonal al Museo del oro de Bogotá. El pequeño grupo de manifestantes llegó hasta al parque y se ubicó a más de 50 metros de la entrada del edificio, donde funcionan muchísimas entidades y oficinas de particulares. El Colectivo, como ya se dijo, tiene un piso completo por el que paga cerca de tres mil millones de pesos (Un millón y medio de dólares) que quién sabe cómo hará para conseguir, aunque suponemos que los recibe de negocios varios e innombrables, porque ni siquiera el negociazo que tienen montado con las víctimas da para tanto.

El asunto es que la protesta era muy simbólica, más para poner en conocimiento de los transeúntes las maquinaciones de los Alvear Restrepo, que con el propósito de que estos abogados nos escucharan desde su blindado y ultra lujoso piso 25 del edificio de Avianca.

A los diez minutos de iniciada la protesta pacífica y simbólica, un piquete de energúmenos apareció saliendo del edificio cargando pancartas de las supuestas víctimas de crímenes de Estado. Estos personajes, que parecían haber salido de un pabellón de alta peligrosidad de alguna cárcel, comenzaron a lanzar improperios de grueso calibre contra las señoras y los ancianos, y se dedicó a provocar a los jóvenes de la protesta quienes, no obstante, guardaron compostura y no cedieron a ese juego a sabiendas de que, si lo hacían, al otro día estarían acusados de intento de asesinato o quién sabe qué idiotez macondiana de las que se inventan estos roñosos abogados que tienen en sus manos a la mayoría de jueces y fiscales de Colombia y que, por ello, han puesto tras las rejas a decenas de militares y hombres de bien utilizando falsos testigos y manipulaciones que en un país decente ya los tendrían a todos los del Colectivo Alvear y sus auxiliadores en la cárcel.

La misma razón que unió a diversos movimientos patriotas en MONACO, es la que los congrega cada día Primero de cada mes: La defensa de nuestra patria contra los ataques infames de la dupla narcotráfico y guerrilla que hoy, sin abandonar los fusiles y las minas antipersona, han abierto otro frente que ha puesto fuera de combate a nuestros héroes. Y éste es la guerra jurídica contra militares, que ha enviado a decenas de ellos a la injusta prisión. Lo más curioso de los Alvear Restrepo, es que persiguen a quienes más han golpeado  a la guerrilla y el narcotráfico.

Nadie puede negar que el Colectivo de abogados Alvear Restrepo es la ONG que más ha perseguido a colombianos de bien. Tenemos la íntima convicción de que ellos son el brazo jurídico de la guerrilla.  Entre sus más codiciados trofeos de caza, están oficiales como el coronel Plazas Vega, los generales Arias Cabrales, Uscátegui, Rodriguez, Fracica y varios más que han sido valientes combatientes contra la guerrilla y el narcotráfico.

Ya es de público conocimiento que entre los miembros del Colectivo Alvear Restrepo hay integrantes amnistiados de la guerrilla, defensores de guerrilleros y terroristas activos. No por nada está afiliado a la FIDH, una ONG europea que ha liderado campañas virulentas y mentirosas contra nuestro país.

Es por eso que no nos sorprende que una ONG que supuestamente defiende los Derechos Humanos, pretenda negarnos el legítimo Derechos a manifestar nuestra opinión públicamente de una manera pacífica y legítima. Así son los terroristas en todo el mundo: asesinan y violan los derechos humanos de los demás, y luego –cuando surge la protesta en su contra- claman como si fueran ellos las víctimas.

Ese mismo colectivo de abogados Alvear Restrepo, que lanza alaridos por la defensa de los Derechos Humanos, es quien realmente los viola en este país valiéndose de argucias, de falsos testimonios, de calumnias y mentiras; atropellan los más elementales derechos de los ciudadanos y se ufanan de su incalculable flujo de dólares y euros, de su casi omnipotente poder, de su control sobre la justicia y del apoyo recibido por entidades internacionales que creen en sus mentiras o que son abiertamente sus cómplices.

Este Colectivo Alvear Restrepo tiene un negocio muy bien montado con las supuestas víctimas de crímenes de Estado de este país. Donde quiera que el ejército combate a la guerrilla, acuden al sitio, adoctrinan a la población de las cercanías, les montan la película, les hacen aprender el libreto y les pagan una irrisoria suma para que la “víctima” permita que el Colectivo Alvear Restrepo la represente. En un plazo de alrededor de cinco años, la demanda de los Alvear contra la nación les produce millones de dólares. Y ellos sólo han pagado unos 150 dólares a quien representan. Todo un negociazo.

Por estas cosas y otras, es que tenemos la convicción íntima y personal (amparada en la Constitución como Derecho), de que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo es aliado de la guerrilla y que se ha mimetizado desde hace mucho tiempo como una organización defensora de Derechos Humanos, nada menos que con estatus consultivo ante la OEA. Ha engañado con bastante éxito al mundo entero mediante sus oficinas en Bruselas, Suiza y otros países desde donde se manejan las finanzas y la guerra política internacional.

Como ya mencionamos, aquí en Colombia funcionan en el edificio Avianca en un piso completo, totalmente blindado, avaluado en cerca de TRES MIL MILLONES DE PESOS mensuales. Poseen una flotilla de vehículos blindados para movilizar a los cabecillas de la organización narcoterrorista a quienes defienden.

Debido a su fabuloso poder financiero y político, el Colectivo Alvear Restrepo ha logrado infiltrar y manipular a ciertos sectores de la Fiscalía, la Procuraduría, varias ONG, la Defensoría del Pueblo y numerosos jueces a quienes corrompen con los recursos a su alcance. También utilizan su poder e influencias para comprar a los grandes medios de comunicación que publicitan sus comunicados y hacen eco de sus injurias. Se sabe que el Colectivo manipula con ofrecimientos de ascensos, comisiones en el exterior e invitaciones a otros países pagas por los destinatarios. ¿Sería con algo de esto que la juez Jara –la que condenó injustamente a Plazas Vega, cometiendo prevaricato- viajó a estudiar fuera de Colombia, con todo pago..?

Para nadie es desconocida la antigua estrategia narcosubversiva respecto a utilizar la desinformación y la presión a través de los medios masivos de comunicación y de los entes gubernamentales que garantizan los derechos fundamentales, hacia los fallos judiciales.

Debido a este historial tétrico, es que la ciudadanía protesta legítimamente contra este Colectivo de Abogados que defiende terroristas y bandidos de la guerrilla. Y con esto no pretendemos ignorar el derecho a la legítima defensa que tiene cualquier persona, por más criminal que sea. Pero también pedimos que los ciudadanos de bien, habilidosamente expuestos como delincuentes por estos señores del Alvear Restrepo, dispongan de ese derecho sin que se sigan comprando testigos falsos en su contra y sin que se les siga prohibiendo el derecho al debido proceso, como hasta ahora ha sucedido.

Pedimos con ansias que el gobierno Nacional investigue el origen de las finanzas del Colectivo Alvear Restrepo, y que si se comprueba nuestra sospecha –de que éstas provienen de grupos narcoterroristas- se les aplique todo el peso de la ley, sin importar cuán poderosos sean ni qué ríos de dólares y euros entren en sus arcas.

Solicitamos con justa razón que el gobierno nacional deje de lado el miedo al Colectivo Alvear Restrepo –sea cual fuere la causa de éste, si la extorsión o la coacción- y se comprometa con los militares perseguidos política y jurídicamente por las organizaciones narcoterroristas. Los militares están enfrentando esta guerra solos, sin más acompañamiento ni solidaridad que las protestas que estamos realizando cada mes.

Reclamamos que el Ministerio del Interior y Justicia, en cambio de reunirse con los magistrados y jueces a tomar chocolatico con queso, tome las acciones necesarias para garantizar que los fallos de segunda instancia estén ausentes de presión política, y que se obre exclusivamente en Derecho

Rogamos también para que el gobierno nacional sea el que lidere la batalla jurídica, política y financiera contra las organizaciones proguerrilleras, y que se expongan a sus cabecillas que hoy se pasean impunemente por el Congreso, las gobernaciones, y hasta en las candidaturas presidenciales.

Se haga o no se haga esto, nosotros, los patriotas verdaderos, estaremos reuniéndonos cada día primero de cada mes para protestar pacíficamente contra la alianza de la narcoguerrilla con la justicia que tiene sindicados a ciudadanos de bien como si fueran hampones.

La unión de Movimientos Nacionalistas Colombianos, MONACO, exige desde ya que, al igual que otros protagonistas de la historia, como Francisco de Paula Santander, Nariño o José María Córdoba, el coronel Alfonso Plazas Vega sea reconocido como un héroe nacional por sus invaluables servicios a Colombia y sus aportes a la paz y la justicia. Exigimos que el coronel Plazas Vega sea reconocido por lo que es: un patriota ejemplar, un militar valiente y un defensor incansable de los Derechos Humanos, como ningún otro.

Septiembre 05 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

No se asusten. Esto no lo digo yo, sino que parece ser el lema de la guerrilla de las FARC, de las ONG “defensoras” de Derechos Humanos, de los grandes medios de comunicación y, tristemente, de muchos funcionarios del gobierno.

Durante años, las FARC y sus amigos de la Comisión Intereclesial de Justicia y paz, la ONG del cura Giraldo, han arrebatado las tierras a los negros de Curvaradó obligándolos a desplazarse y amontonarse en sitios infectados de miseria y enfermedades mientras que las buenas tierras son cercadas por la dupla FARC-Jesuitas. El negocio es rentable: las FARC desplazan a los negros del Chocó y la ONG del cura jesuita Giraldo les saca fotos exponiendo la pobreza a que son empujados con el fin de recoger platica de las ONG europeas, en especial de una holandesa; obviamente ese dinero que llega a montones no es usado para aliviar las penurias de la comunidad negra, sino que es desviado para otros menesteres más profarianos.

Manuel Moya y Graciano Blandón, dos patriotas asesinados ante la indiferencia del gobierno

Los negros, que hacia el 2002 hicieron bullir su sangre de guerreros africanos, se rebelaron contra el cura vergajo, contra las ONG y contra las FARC. Pero no empuñaron armas sino que hicieron su lucha por la vía democrática y obtuvieron una primera victoria ganando las elecciones del Consejo Mayor de Curvaradó, que quedó muy bien representado en un par de gladiadores de ébano llamados Manuel Moya y Graciano Blandón.

Moya se presentó ante el Congreso de la República y denunció a la ONG Justicia y Paz, de Giraldo, asegurando que los estaban obligando a vivir en una especie de repúblicas independientes donde ni el ejército ni la Policía podían entrar, pero sí lo hacían libremente los miembros de las FARC. Esas “repúblicas independientes” son conocidas hoy como “Comunidades de Paz”, y ya sabemos que allí las FARC esconden sus armas, se refugian ellos y adoctrinan a los esclavos negros de este cura jesuita que lleva como estandarte la antiquísima costumbre de la Orden de Loyola de someter a los humanos bajo el yugo de la servidumbre para explotarlos de todas las maneras posibles. Los negros de estas Comunidades de Paz son esclavos.. ni más, ni menos.

Moya y Blandón también fueron hasta la OEA, guarida mayor del mamertismo internacional. Ilusamente pensaron que serían escuchados. Pero lo que lo lograron fue que alertaran a los guerrilleros de las pretensiones de este par de valientes de llevar las denuncias internacionalmente. Expusieron sus quejas hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes les prometieron darles alguna respuesta en breve.

Manuel Moya y Graciano Blandón en la OEA, pensando ilusamente que los ayudarían

También ilusamente acudieron al Palacio de Nariño donde les palmearon la espalda y los felicitaron por valientes. Pero no les brindaron protección ni tomaron medidas en contra de las atrocidades que estaban denunciando. Es curioso que el manejo de los Derechos Humanos en la Presidencia de Álvaro Uribe lo hayan tenido los guerrilleros del M-19 y algunos amigos milicianos de las FARC. ¡Qué coños iban a proteger a estos hombres…!

¿Por qué quien los recibió en la Casa de Nariño no tomó las medidas necesarias para cuidar a estos hombre que habían recibido amenazas a montón..? Supongo que porque no había plata para cuidar a un par de negros, descendientes de esclavos. Mientras que a Petro o Piedad Córdoba les proveen de pequeños ejércitos para que los acompañen a las casas de lenocinios, a los honestos y patriotas solamente nos regalan una cartillita con instrucciones donde se nos enseña a “desconfiar de los extraños”. Ni para papel de baño sirve la pinche cartilla.

El asunto es que, como era de suponerse, Manuel Moya y Graciano Blandón fueron asesinados finalmente por las FARC. Los destrozaron con una granada. Ahí mismo, quienes no les proveyeron de protección salieron a dar declaraciones, a rasgarse las vestiduras y a llorar sobre los cadáveres de quienes a la vuelta de un par de años serán lo que siempre fueron: Un par de negros incómodos para todo el mundo. Quienes sí acompañaron a los guerreros de Curvaradó, fueron los jóvenes del Movimiento Nacionalista Estudiantil, Vanguardia. Pero ellos sufrieron la ira cuasi divina del cura Giraldo quien se automontó unas amenazas de muerte y acusó a estos muchachos de buscar asesinarlo. El resultado fue que la vida de estos jóvenes cambió drásticamente debido a la persecución de que fueron objeto. Aún hoy se puede ver en los rostros de varios de ellos la inquisidora persecución de que fueron objeto por cuenta del cura infame y su portentoso tinglado judicial y miliciano

José Obdulio Gaviria se pregunta por qué las autoridades colombianas no les dieron protección. Yo le pregunto al Dr. Gaviria qué esperaba dándole el manejo de los Derechos Humanos a guerrilleros, y el control de la autoridad policial a narcotraficantes. Qué esperaba usted, Dr. Gaviria, si el gobierno colombiano no ha tenido el coraje de investigar y enfrentar a estos mal llamados “defensores de Derechos Humanos”, por miedo a los editoriales del New York Times o el Washington Post, o por pavor ante las declaraciones de los congresistas demócratas amigos de las FARC.

¿Qué más se puede pedir si nuestra tabla de salvación, el Ejército Nacional, ha sido atacado desde las mismas entrañas del gobierno, quitándoles el Fuero Militar y entregándolos a la Justicia Ordinaria, en manos de amigos de las FARC, para que les levanten cargos basados en falsos testigos y los hundan en una cárcel para toda su vida…? Y la cosa no va a mejorar porque el principal persecutor de los militares, ya sea por ignorancia o aconsejado por su amigo Fidel Castro y su hermanito Enrique –íntimo de Tirofijo- es hoy presidente de Colombia.

Pero, en fin…. El asunto de Curvaradó no terminó en diciembre de 2009, fecha del asesinato aún impune de estos negros que debieron llevar con honor unos suspensorios enormes; asesinato cometido poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les contestó la petición a Moya y Blandón, mandándolos a comerse un cerro de boñiga y diciéndoles que no fueran embusteros, que los de las FARC ni los de Justicia y Paz los habían amenazado de muerte.

El pasado 31 de agosto, Germán Marmolejo, otro negro corajudo que tomó las banderas de los ilusos Moya y Blandón (hubiera sido un honor conocerlos), fue atacado a bala en la carretera que conduce de Turbo a Apartadó, en Urabá. A duras penas llegó a la estación de Policía en su automóvil agujereado por decenas de proyectiles.

Las FARC y las ONG han empujado a los negros de Curvaradó a vivir como animales

Todo parece indicar que ni las FARC, ni la ONG del cura Giraldo, ni el gobierno, ni la OEA creen que los negros tengan derecho a gobernarse libremente y elegir sus propios representantes. No solamente nuestros ancestros los enviaron al moridero invivible que es el Chocó, sino que una vez que ellos lo convirtieron en algo habitable, y que se encontraron allí minas de oro y platino, ahora todos quieren sacarlos de sus tierras, encerrarlos en corrales y tomarles fotos para pedir dinero a los idiotas útiles de Europa que con sus euros alimentan la pobreza y las masacres en Colombia.

Para consuelo de los negros de Apartadó y Cuvaradó, y de miles de patriotas que se preguntan por qué el gobierno simplemente no envía una brigada del ejército para que ponga orden en ese territorio de matones oenegeros, les confieso que yo tampoco lo entiendo.

Es más, el gobierno hace exactamente lo contrario: saca al ejército de las regiones donde han puesto orden y han traído paz.

Así sucedió en Puerto Berrío, que en otras épocas fue territorio de maleantes, guerrilleros y narcotraficantes. El coronel Alberto Acosta, con su gestión, llevó prosperidad y paz a la región, tanto que la comunidad lo premió agradecida por su invaluable labor.

Pero la dicha se acabó cuando el guerrillero amnistiado Carlos Franco y el general Carlos Suárez Bustamente, alias La Machaca, se inventaron que por allá había Falsos Positivos y envainaron al coronel Acosta y a otros oficiales igualmente dignos y honorables. Redactaron un informe tan mentiroso como insulso y se lo llevaron a Fredy Padilla de León, amigo de La Machaca, y al entonces ministro Juan Manuel Santos.

Ese 29 de octubre, el coronel Acosta fue fulminantemente destituido junto a otros 26 valientes militares. Sin una prueba, sin un juicio justo…  ¿La razón…? Pues que varias ONG profarianas, junto a Piedad Córdoba, Iván Cepeda, los mamertos del Polo y unos senadores demócratas de Estados Unidos, le habían pedido las cabezas de estos hombres a cambio de que siguieran fluyendo los dólares de ayuda que, paradójicamente, se destinan mayormente a pagar la protección de los auxiliadores de las FARC.

El horror y el delito regresaron a Puerto Berrío. Los narcos se ufanan de su amistad con la Machaca y asesinan a la misma entrada del batallón militar. Pero los soldados no pueden hacer nada porque si intervienen, la Fiscalía les cae encima y los acusa de Falsos Positivos. La Machaca sigue en el ejército porque también es amigo de Juan Manuel Santos y, según nuestras fuentes, tiene pruebas que comprometen en mafia y asesinatos a varios miembros del alto gobierno.

Por esa misma razón, porque estamos en manos de las mafias, es que en Curvaradó muy seguramente terminarán asesinando a Marmolejo y a quien se les pare de frente a los oenegeros y a las FARC. Les profetizo otra cosa: El gobierno no intervendrá porque si lo hace se le vienen encima Chávez, Castro, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, los hermanos Samper, César Gaviria y los demócratas gringos.

Mientras Juan Manuel Santos le rinde honores militares al principal patrocinador de los asesinos, y mientras se da picos con Lulla da Silva, el instigador maestro del socialismo asesino en Latinoamérica, los negros de Curvaradó van a terminar volados en pedazos o sometidos a la esclavitud de curas guerrilleros.

Así que, mis negros, vayan buscándole cajón a Marmolejo. O hagan lo que me aconsejaron a mí los de una Fundación supuestamente defensora de la libertad de prensa: “Cállense la jeta y no jodan más…”

Aunque tenemos una tercera opción: Defendamos nuestra patria y recuperemos nuestro país que hoy está en manos de guerrilleros y narcotraficantes. Por supuesto, esta última alternativa va de la mano con la primera.

Dios lo proteja, Marmolejo… Porque este gobierno no lo hará.

Para la mafia, ni los negros ni ninguno de nosotros valemos un centavo.

Septiembre 01 de 2010

Por Alberto Acosta Ortega

Juan Pablo II nos dijo que la familia es la iglesia doméstica y santuario de vida; así mismo podemos afirmar con radical certeza que la familia es la patria doméstica y escuela de virtud. Todos los hombres pasan por esa primera escuela de formación humana, es su inaugural y más definitiva aproximación a la sociedad, en ella aprende, se forma y se entrena para la vida y para la Nación. Una familia sana es una familia de vida, como madre y maestra se constituye en la más importante institución de cualquier sociedad.

¿Qué pasa cuando ese pequeño núcleo social se distorsiona y se debilita? Ya lo estamos viviendo: Hogares disfuncionales donde los hombres maltratan a sus mujeres, padres que abusan de sus hijos, pequeños asesinados por sus propios progenitores, infantes que asesinan sin compasión a sus hermanos y compañeros, donde el afecto es sustituido por drogas, vicios, violencia, delincuencia generalizada, convirtiéndose estos en referentes de hombres y mujeres en formación y modelos que replicaran para toda su vida. Privados de un referente de fe, de cultura, de tradiciones y valores, estos nuevos ciudadanos se preparan para convertirse en el gran problema social del mañana. ¿Cuántos gastos no nos evitaríamos en leyes, cárceles y policía si la familia fuera ese santuario de vida y ejemplo de Iglesia, del que hablaba Juan Pablo II?

¿Nuestros niños estarán seguros siendo adoptados por una pareja gay?

La tradición, fuente de sabiduría acumulada por generaciones como resultado de experiencias de nuestros antepasados, confirma que la familia debe ser la institución de mayor importancia para una sociedad. Pero hoy las instituciones liberales han bajado de categoría poniéndola al mismo nivel de un trato comercial en notaría, para estos subversivos el individuo se ha convertido en el sujeto de todos los derechos y privilegios sin más límite que el que imponga su propio egocentrismo, como si la persona se debiera a si misma y no a la sociedad. Para quienes desconfían de la tradición y de la historia, también existen estudios científicos que confirman esa verdad histórica, muchas universidades de Europa y de EE.UU han concluido que la familia es “la estructura ideal para criar a los hijos, apoyada por un matrimonio estable, el divorcio representa un riesgo para la salud psicológica y física de los pequeños, los hijos de parejas divorciadas o de hogares monoparentales e incluso los nacidos en unión libre tienen más probabilidades de cometer actos delincuenciales, suicidarse y abusar de drogas ilícitas.” Es decir es la sociedad en general la que al final de cuentas es la que paga más caro esa destrucción familiar.

Las uniones libres, las uniones de hecho, el concubinato, el divorcio y la poligamia, han creado una sociedad que se caracteriza por vivir para el placer y no disfruta del placer de vivir. Con el pretexto de la libertad de los individuos y el libre desarrollo de la personalidad, la Constitución del 91 y su principal órgano interpretativo le han dado certeras puñaladas al pilar de la sociedad, para derribarla y subvertir con ello el orden social. No contentos con esto, estos subversivos constitucionales quieren demolerla definitivamente tumbando su principal característica distintiva: la diferencia sexual que debe haber en el vínculo matrimonial; que la confundiría con cualquier otro tipo de sociedad, quitándole el valor, la función y el modelo que representa esa minúscula primera sociedad natural y precursora del orden social.

Entre tantos tipos de sociedad que se pueden dar entre dos personas, el matrimonio es la única que exige la

¿Es este el tipo de padres que educarán a nuestra niñez..?

 participación de un hombre y una mujer, en todas las demás no es indispensable ni excluyente. Es una diferenciación que no la establece las constituciones, ni los hombres, ni otras instituciones, sino la misma naturaleza, que le ha asignado funciones definidas y especiales a cada sexo, característica en las especies animales y en los humanos. Para los subversivos constitucionales no fue suficiente aprobar, sin la intervención del pueblo o de sus legítimos representantes en el Congreso, la unión conyugal entre personas del mismo sexo sino que ahora quieren aprobar el sodomonio y la adopción de niños, como si este ultimo fuera un derecho de los adoptantes y no de los infantes, como si se trataran de juguetes destinados a complacer o llenar el vacío de aquellos que por su propia voluntad han optado por no engendrar vida.

Bradford Wilcox, un sociólogo de la Universidad de Princeton y actual director del National Marriage Project de la Universidad de Virginia afirma con absoluta verdad que “El matrimonio es algo más que una relación privada emocional. También representa un bien social“, las conclusiones de sus investigaciones fueron presentadas en Bogotá invitado durante el Congreso Internacional de la Familia, realizado en la Universidad de la Sabana. También comprobó que los hijos de madres solteras, de uniones libres o de divorciados son más propensos a generar inadaptabilidad en la sociedad y a riesgos como la drogadicción, la delincuencia y la deserción escolar o a conseguir un buen título profesional o un trabajo. En el caso de niños criados por homosexuales, una investigación, elaborada por el doctor George A. Rekers, profesor de neuropsiquiatría y ciencias del comportamiento en la escuela de medicina de la Universidad de Carolina del Sur, en EEUU plantea que la mayoría reconoció haber padecido fuertes emociones, tales como miedo, ansiedad, aprehensión, vergüenza, enojo y mayores niveles de estrés, ya que no sólo tienen que enfrentar su condición de huérfanos abandonados sino la de no tener padre o madre, lo que provoca en los menores diversos traumas y trastornos del comportamiento que incluso llegan a tendencias e intentos suicidas o homicidas.

La figura materna y paterna son el entorno ideal para el buen desarrollo de los niños, en eso coinciden así lo numerosos expertos que demostraron con cifras en la mano las tendencias de problemas psicológicos que presentan a futuro las personas criadas por homosexuales. Aseguraron por ejemplo, que el 36% de los casos de los mujeres que crecieron bajo la tutela dé una pareja legal formada por dos mujeres presentan una tendencia a la homosexualidad, en contra del 2% delas que provienen de una madre soltera. Cifras mayores resultaron en el caso de los hombres, eso sin tener en cuenta que el promedio de duración en las relaciones entre personas del mismo sexo es de un año y medio, lo que origina inestabilidad afectiva y emocional para las pequeñas criaturitas. Otro dato trágico es que entre los homosexuales la pederastia es más común, poniendo en grave riesgo a los niños que son adoptados por homosexuales. Se concluye entonces, de acuerdo a la experiencia internacional y apoyándose con diversos estudios e investigaciones, que en materia de adopciones debe prevalecer el derecho de los niños o niñas con posibilidad de ser adoptado, no el de posibles adoptantes.

Quienes promueven el sodomonio son una minoría entre la minoría, en los mismo homosexuales no existe el mínimo interés de casarse, un ejemplo es Dinamarca, donde la unión civil homosexual es permitida desde 1989, allí solo el 3% de los homosexuales se casa,  y no les interesa porque su misma condición  les impide tener relaciones afectivas estables, son altamente promiscuos, su motivación es el placer sexual, son narcisistas, egocéntricos y utilitaristas.

Esperamos que la Corte Constitucional, renovada en un 70%, ponga fin a esta pretensión de una minoría en contra de la institución familiar. Confiamos que no desafíe, como es de costumbre, al Congreso y a la sociedad; ya que en ese caso estaría violando directamente la Constitución de Colombia que define expresamente que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia“ – Art 42 C.P.C.

Es hora de reaccionar y oponernos a este igualitarismo constitucional, no esperemos que se incrementen los índices de violencia familiar, la delincuencia juvenil, el maltrato infantil y los abusos sexuales para alertarnos; entonces ya será demasiado tarde para enfrenta una sociedad en caos, una humanidad en decadencia, una Nación derrumbada.

Agosto 31 de 2010

Por Ricardo Puentes Melo

Hoy se cumplen 24 días del gobierno de Juan Manuel Santos, y han sucedido muchas cosas. Unas buenas y muchas más malas.

Entre las malas, están los nombramientos como ministros de una serie de personas que bien podrían estar tras las rejas, en el monte echando bala y extorsionando campesinos, o frotándose las manos y rogando a la virgen de los malandros que se corone el viajecito de la avioneta a Miami; vía Caracas, claro está.

Un fotomontaje muy diciente

Se sorprende uno de ver que el doctor Santos nombra a un candidato de las FARC para la presidencia, a un involucrado con los dineros de la mafia narcotraficante, a una amigota de Chávez que más parece trujillana que colombiana, a un gay que le construyó a Pablo Escobar una mansión por cárcel (embolsillándose algunos dólares por la vuelta), a otros relacionados con narcos de Casanare, la Costa… En fin: el gabinete parece más la nómina de Julio Mario Santodomingo que el equipo de tecnócratas que publicita el mismo don Julio Mario y los Santos, y que según ellos salvarán a Colombia de la ruina moral y financiera en que la dejó Uribe.

Juan Manuel Santos fue elegido gracias a que más del 85% de los colombianos votamos por la continuidad y el afianzamiento de la seguridad democrática del presidente Uribe. Santos alcanzó poco más de 9 millones de votos, no por sus méritos (que no conozco, pero que los debe tener), sino por los de Álvaro Uribe Vélez, hoy señalado como mentiroso por Juan Manuel y su nuevo amigo Hugo Chávez. Creo que deberían respetarse esos nueve millones de voluntades, en cambio de pagarnos con traición arrodillando a Colombia ante el tirano venezolano cuyos dólares financian las FARC para que asesinen a nuestros compatriotas.

Santos nunca fue querido por nuestras Fuerzas Militares. Y con razón. Les acabó el fuero militar a los soldados, los entregó en manos de la justicia profariana, los pisoteó y los humilló ante organismos internacionales de “Derechos Humanos”; pero al mismo tiempo se endilgó él mismo victorias militares que nunca planeó ni ejecutó pero sí capitalizó hábilmente para hacer creer a la opinión pública que este frustrado oficial de la Armada era en realidad un gran estratega militar. Y la verdad es otra, dr. Santos; el ejército que usted aplastó sirviéndolo en bandeja de plata a los enemigos jamás contó ni con su apoyo ni con la debida justicia que debía emanar del Ministerio de Defensa.

Con ese apoyo de los militares y sus familias en ceros, Santos inició su campaña presidencial. Y habría seguido en ceros si la labor febril y convencida de un hombre no hubiera logrado darle un giro a las reservas militares y sus familias, muchas de ellas víctimas del mismo Santos.

Ese hombre que nos convenció a los incrédulos de apoyar a Juan Manuel Santos se llama Gustavo Muñoz Roa.

Gustavo Muñoz acompañando a soldados abandonados a su desgracia por cuenta de la narcojusticia

Fue dura su lucha porque la deuda de Santos con los militares era enorme: Los oficiales inocentes que despidió acusándolos falsamente de Falsos Positivos, el montaje contra el Almirante Arango Bacci que puso preso a este digno oficial y que luego la justicia obligatoriamente tuvo que reconocer como una víctima inocente, el boicot contra la Justicia Penal Militar, la inequidad en salarios, el abandono de los militares acusados impúdicamente por los enemigos, la desidia con quienes estaban en cárceles, la falta de garantías y el desconocimiento del derecho de ellos al debido proceso, la apatía frente a oficiales perseguidos por los hechos del Palacio de Justicia, como el coronel Plazas Vega y el general Arias; y el del general Uscátegui, otro perseguido por el grupo de abogados Alvear Restrepo cuyos integrantes están fuertemente ligados a la guerrilla del M-19, misma que se tomó el Palacio de Justicia, que masacró magistrados y ciudadanos, y que hoy tiene en su mira a quienes combaten la narcoguerrilla. Santos prefiere hacer acuerdos y tomarse fotos con los cabecillas del M-19, que defender a quienes guardan el orden constitucional de la República.

Así, pues, Gustavo Muñoz Roa libró una batalla contra el natural escepticismo y animadversión hacia Santos. Muñoz emprendió maratónicas jornadas reuniéndose con reservistas militares, policías, y con sus familias. Visitó los centros de reclusión, los hospitales, las guarniciones; se entrevistó con las asociaciones de reservistas, recibió en su oficina de campaña a los perseguidos por la justicia y escuchó atentamente cada caso que le plantearon. Lo vieron conmoverse al punto de las lágrimas mientras los heridos en combate o con minas antipersona le narraban sus penurias y enseñaban sus mutilaciones. Nos dijo que Santos había hecho lo que había hecho porque debía obediencia a Uribe, y que cuando llegara a la presidencia de Colombia, todo iba a cambiar.

Las cosas, para ser sinceros, sí cambiaron: Ahora se les obliga a nuestros valientes a que rindan honores militares al tirano Chávez.

La tropa sigue desilusionada, decepcionada de los políticos que, como Santos, dicen una cosa y luego hacen otra.

Quienes le creímos a Gustavo Muñoz, y que apoyamos a nuestros militares, tuvimos una pequeña esperanza de que Muñoz Roa estuviera en el cargo cumpliendo las promesas hechas en campaña y velando por los intereses de los militares y policías a quienes respeta, admira y apoya sin duda alguna.

Hoy la cartera la ocupa Rodrigo Rivera quien, en principio, parecía que haría bien su papel. Aunque todavía es prematuro asegurar algo, la gestión de Rivera no pasa de discursos en el Senado. No hay acciones claras de apoyo, no hay hechos concretos de mejoramiento al sistema salarial y de pensiones. No hay fortalecimiento de la Justicia Penal Militar; y tampoco hay apoyo fáctico a los que están en manos de la narcojusticia. Si Rodrigo Rivera no le pasa al teléfono a quienes lo apoyaron en la campaña -a sus amigos-, menos va a pararles bolas a unos pinches soldados que han tenido que vender hasta sus televisores para pagar abogados que los defiendan.

Ese cuentico de que “Le llegó la hora a Colombia”, solamente se lo creen los de la camarilla de Santos y sus ministros; y, por supuesto, los enemigos del país, que son los nuevos amigos del gobierno.

Lástima por Gustavo Muñoz, y lástima por los soldados y policías a quienes habría podido ayudar, y que creyeron en que habría un cambio favorable.

Abandone la política, Dr. Muñoz Roa, parece que eso no es para gente decente. Cada día que conozco más a los políticos prefiero a las pirañas.

Agosto 31 de 2010

CUBA Y EL CANAL DE PANAMÁ

 Por Ricardo Puentes Melo

Con la llegada de Núñez al poder –que detentó en posteriores administraciones en las que él era asesor-, los oligarcas liberales quedaron sin influencia política y sin parte del manejo presupuestario de la nación, y esto ocasionó un descontento que se fue agravando con el paso de los días. José Manuel Marroquín, un hombre pacifista dentro de la dirigencia del partido conservador, asumió la presidencia durante un periodo de enfermedad del anciano Sanclemente, y aprovechó para sacar adelante reformas que incluyeran a los jefes liberales decretando medidas para la transparencia de las elecciones. Los liberales frenaron su deseo de guerra ante estas disposiciones con las cuales se sentían satisfechos. Sin embargo, Sanclemente regresó al poder y acabó de un solo tajo con este proyecto de medidas.

Entonces, los liberales le declararon la guerra al gobierno conservador. Cabe reafirmar que la razón principal de esta guerra no fue la causa de los pobres, sino el hecho de que los conservadores no participaban a los liberales del poder y de la repartición de los contratos y los dineros públicos.

Construcción del Canal de Panamá

Años antes, en 1878, Aquileo Parra había firmado con Francia un contrato para construir un canal interoceánico. Los Estados Unidos estaban interesados en construir otro canal en Nicaragua pero los franceses, para la época de la Guerra de los Mil días, debido a que no habían podido terminar el canal y estaban a punto de perder su inversión, le ofrecieron a los norteamericanos venderles el canal de Panamá a medio construir y, de ñapa, les prometieron el dominio sobre toda la región de influencia de éste.

Presidente William McKinley

William Mc Kinley, presidente de Estados Unidos, protestante metodista, se rehusó firmemente a las pretensiones de los franceses, quienes actuaban soterradamente a escondidas de Colombia. Tampoco quiso el presidente norteamericano inmiscuirse en el conflicto colombiano de Panamá.

Corría el año 1898. Cuba todavía era una colonia española y los isleños sufrían tratos degradantes de parte de las fuerzas militares del gobierno español. Los abusos eran difundidos ampliamente por la prensa de Estados Unidos que publicaba constantes notas de repudio en reportajes del New York World, dirigido por  Joseph Pulitzer, y en el New York Journal, dirigido por William Randolph Hearst. Los Estados Unidos tenían inversiones en la isla que no estaban siendo respetadas, como tampoco lo estaban siendo los derechos humanos de los cubanos que clamaban por ayuda al presidente Mc Kinley.  Poco después, el comercio entre Cuba y Estados Unidos se interrumpió. Se percibían vientos de guerra. La opinión pública reclamaba una intervención en favor de Cuba, y presionó ferozmente al Congreso de los Estados Unidos para que interviniera militarmente.

Era el primer año del mandato de Mc Kinley y él no quería intervenir a pesar de la decisión del Congreso. 

Un año antes, en 1897, el presidente del gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta, había intentado solucionar el

José Martí

 conflicto concediendo al pueblo cubano y a los portorriqueños una autonomía parcial; también suprimió los campos de concentración en Cuba, creados por el capitán general de la isla, Valeriano Weyler. Pero estas medidas resultaban insuficientes para los insurgentes cubanos -dirigidos por José Julián Martí hasta 1895 y por Máximo Gómez desde entonces-. Los cubanos querían su independencia completa.

Los revolucionarios cubanos siguieron solicitando la ayuda de Estados Unidos, mientras luchaban valientemente contra el imperio español. A pesar de que Mc Kinley no quería intervenir militarmente, envió el acorazado Maine al puerto de La Habana -al cual arribó el 25 de enero de 1898- con el propósito de proteger las vidas y bienes de los ciudadanos norteamericanos residentes en la isla. Menos de un mes después, el buque explotó misteriosamente y doscientas sesenta personas murieron. Redfield Proctor, senador de los Estados Unidos, pronunció un discurso en el Senado en marzo de 1898 en el que describió las inhumanas condiciones de vida que había presenciado en Cuba. Como consecuencia de esto, el Congreso presionó nuevamente al presidente Mc Kinley para que exigiera a España que se retirara inmediatamente de Cuba.

Para mediar en el conflicto sin necesidad de llegar a una confrontación armada, el gobierno estadounidense ofreció comprar a Cuba y le pidió a España que les vendiera la isla. Gracias a los oficios de los esbirros del Papa en Estados Unidos, el general Miguel Correa no sentía temor de una posible intervención militar de Estados Unidos, así que el gobierno español rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 

El acorazado Maine

Contra todo lo previsto por el general Correa, Estados Unidos le declaró la guerra a España inmediatamente mientras el Congreso norteamericano emitía resoluciones donde reconocían la independencia de Cuba. Mc Kinley quiso dejar muy en claro que, a pesar de la intervención de Estados Unidos, jamás reclamarían dominio sobre la isla ni contraprestación alguna, aparte de la seguridad de sus ciudadanos, sus bienes y sus vidas.

En diciembre de 1898, en un tiempo record de tres meses, Estados Unidos ganó la guerra y, gracias a ello, se consolidó como una potencia mundial. Pagó una millonaria suma en dólares a España por Filipinas y Puerto Rico, mientras dejaba a Cuba en completa libertad de dirigir sus destinos.

Entretanto, en Colombia –como ya vimos- los terratenientes liberales y conservadores aún eran partidarios de explotar grandes extensiones de tierra con pretensiones endógenas, internas y locales, utilizando la mano de obra barata de campesinos mestizos, indios, mulatos y negros, a quienes prácticamente tenían esclavizados. Sin importarles mucho los sufrimientos de los desfavorecidos, los comerciantes preferían una política dirigida hacia la exportación de materias primas. Esto ocasionó, en últimas, las principales diferencias en cuanto a lo que debía ser una política de economía nacional.

La mayoría de quienes preferían el librecambio, el libre comercio, la libre competencia y el control de la economía en manos de particulares, se unieron bajo las banderas del partido liberal; en tanto que quienes estaban a favor de la explotación de campesinos a manos de terratenientes, y a favor de la defensa de los latifundios y el control económico en manos de las instituciones proeclesiales que se habían heredado de la Colonia, se arroparon bajo las sábanas del conservatismo.

Sin embargo, los dos bandos, tanto liberales como conservadores (ambos dirigidos por católicos), eran conducidos por las clases dominantes cuyos representantes se habían dividido por sus preferencias en estas cuestiones. Así que, como siempre, quienes en realidad peleaban esas guerras –y todas las demás- fueron las clases populares. Ni los latifundistas ni los comerciantes burgueses empuñaron las armas para pelear personalmente sus guerras. Engañaron a los campesinos mestizos, mulatos, indios y negros con promesas que jamás cumplieron. Igualmente, los sacerdotes, desde cada púlpito en cada parroquia donde ejercían su poder, también participaron del engaño amenazando a sus fieles con la excomunión o el infierno si no tomaban las armas para defender a sus líderes políticos y religiosos, nombrados –decían y aún dicen ellos- directamente por Dios.

Con todo, no se puede desconocer que algunos liberales de la época declaraban que la inmensa mayoría de colombianos, que eran campesinos paupérrimos, tenían derecho a ser reconocidos como trabajadores libres con derechos acordes a la tendencia norteamericana. Y tampoco se podrá ocultar que los conservadores no quisieron soltar la mano de obra barata y se aprovecharon de los intereses comunes con la Iglesia para que ésta, por medio de la religión, declarara que esas ideas liberales y norteamericanas eran producto de las maquinaciones del diablo.

Es muy claro que la Iglesia Católica brindó todo su apoyo al partido conservador; y que los gobiernos conservadores favorecieron impúdicamente los intereses económicos de la Iglesia. También es muy claro que, muy por encima de los ideales liberales, tanto los dirigentes liberales como los conservadores buscaban su propio bien; querían el poder para sí mismos. Los cacareados ideales liberales en pro de la defensa de las clases populares bien pronto se olvidaron durante y después de las guerras. Tanto que, especialmente en esta guerra de los Mil días, muchos comerciantes –los más poderosos comerciantes eran liberales- se enriquecieron aún más con la importación y venta de armas de fuego y municiones. Después de la guerra, la aristocracia liberal y conservadora no tuvo reparo en unir sus capitales para fundar bancos y diferentes empresas prósperas que surgieron gracias al sacrificio de los pobres –la milicia rasa- quienes hicieron posible la riqueza de esas familias que aumentaron sus caudales sobre la sangre del pueblo que ofrendó sus vidas y las de sus hijos en guerras que nunca fueron suyas.  Nuevamente, quienes resultaron ganadores, fueron los oligarcas y la Iglesia.