¿JUSTICIA O VERGÜENZA?

¿JUSTICIA O VERGÜENZA?

 

 

Por Rafael Nieto Loaiza

La corrupción es una plaga que corroe a la sociedad por dentro, mina la ciudadanía, debilita las instituciones y no nos permite atacar de manera eficaz y eficiente la miseria y la pobreza y el pavoroso déficit de infraestructura que nos agobian.

De manera que no se puede sino aplaudir los esfuerzos del aparato judicial por llevar a la cárcel a los responsables de tales desafueros. Pero la justicia debe ser eso, el ejercicio de darle a los responsables de violar la ley el castigo que se merecen, y no una  herramienta populista o de persecución política. Cuando se desvía, cuando pierde su rectitud e imparcialidad, cuando actúa como instrumento político o de venganzas personales o como complaciente caja de resonancia de la presión que los medios de comunicación ejercen, el aparato penal deja de ser la fuerza legítima del Estado contra quienes delinquen y se convierte en violencia revestida de legalidad que se cierne tenebrosa sobre los inocentes.

Mucho me temo que ese es el caso de los cuatro ex funcionarios del Ministerio de Agricultura a quienes acaban de privar de su libertad. Advierto que no tengo interés personal en el asunto: nunca he tenido trato con ellos o con el Ministerio o las entidades que de él dependen. Soy una especie urbana y ni mis padres ni mis hermanos ni yo hemos tenido finca o actividad agropecuaria alguna.

Estos jóvenes parecen ser los chivos expiatorios de un escándalo, el de Agro Ingreso Seguro, donde la desinformación ha cundido y el trabajo de la Fiscalía es vergonzoso. Para que el lector no se equivoque, aquí no se está juzgando a los particulares que fraccionaron sus propiedades, para efectos de obtener más subsidios en el programa de riego. Ese es un proceso distinto donde, si se prueba que se actuó dolosamente, la justicia debería ser implacable.

Tampoco se acusa a los ex funcionarios de haberse robado un peso o de haberse coaligado con particulares que lo hicieran. Está fuera de duda que eso no ocurrió. Se les imputa por “celebración indebida de contratos”, después de que el fiscal del caso no fuera capaz de sustentar los cargos de peculado. En otras palabras, se les acusa por la celebración de un contrato directo con un prestigioso órgano de la OEA, el IICA, y de no haber previsto suficientes blindajes para que los recursos no se desviaran.

Pero ocurre que a) contratos directos con el IICA han celebrado todos los ministros de Agricultura de las últimas décadas. ¿A ellos también los van a acusar?; b) el actual Ministro ha celebrado uno, con el mismo propósito, con la Universidad Nacional. ¿Acaso es ilegal contratar directamente con el IICA y en cambio no con la Nacional?; c) y ningún funcionario se le puede pedir que actúe más allá de lo razonable en la previsión de las conductas de los particulares y, sobre todo, no se le puede juzgar por los delitos que éstos puedan cometer.

Para rematar, a los acusados se les priva de la libertad dizque por su peligrosidad, por la posibilidad de que repitan su actuación supuestamente delictiva (¿cómo, si ya no son funcionarios?), y, para las dos mujeres, sin considerar que son madres cabeza de familia.

De manera que la Fiscalía considera que delincuentes confesos como los Nule ameritan irse para su casa, pero piensa que unos jóvenes tecnócratas que nada se han robado son tipos peligrosísimos que tiene que estar encerrados mientras que se les juzga. Y mientras tanto, Yidis Medina, confesa y culpable e investigada por secuestro, cuenta también con la protección de la Suprema y está dichosa cumpliendo sentencia en su casita. Esa es nuestra “justicia”.

Abril 17 de 2011